Tiendas por Departamento Ripley S.A — Res. 1000-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y Actos de Hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos); Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios), Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades).

materia de jornada de trabajo, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la entrega de boletas de pago de remuneraciones, respecto de los meses de abril a junio de 2020 y conforme a Ley, a favor de cuatrocientos dos (402) trabajadores, detallados en el parágrafo 6 de la resolución de primera instancia, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 32,723.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración básica de los meses de mayo a agosto de 2020, respecto de cuarenta (40) trabajadores (ver cuadro N° 1 del parágrafo 21), así como el pago del mes de agosto 2020, respecto de ochenta y un (81) trabajadores (ver cuadro N° 2 del parágrafo 21), tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,669.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las disposiciones sobre horario y jornada de trabajo, modificando y cambiado el número de horas a laborar, incrementando el número de horas por día, en perjuicio de 205 trabajadores detallados en el parágrafo 30 de la resolución de primera instancia, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 79,077.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 19 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 135,536.00.

i. La resolución apelada es nula por carecer de una debida motivación toda vez que no argumenta por qué llega a la conclusión de que la empresa no ha cumplido con su obligación de entregar las boletas de pago a sus trabajadores.

Asimismo, no se ha tomado en consideración que desde el mes de abril de 2020 y con ocasión de la pandemia, así como las medidas de restricción dictadas por el Gobierno, la entrega física de las boletas de pago fue reemplazada por la entrega digital de estas a través del correo electrónico y/o a través de la plataforma “Portal de Personas”, donde las boletas y en general toda documentación laboral permanecen a disposición de los trabajadores, además, el propio Tribunal de Fiscalización Laboral mediante Resolución N° 368-2021- SUNAFIL/TFL, ha señalado que remitir las boletas vía WhatsApp, es un mecanismo mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de la obligación del empleador. En ese sentido, tal como se informó a la Inspectora, la empresa ha enviado las boletas de pago de los trabajadores a través del uso de las herramientas de tecnología de la información en observancia al Decreto Legislativo N° 1499, por lo que, no se puede requerir acreditar la recepción por parte del trabajador y mucho menos alegar que no se ha presentado medio probatorio alguno que acredite la entrega de las boletas, asimismo, no requiere firma de recepción del trabajador, en ese sentido, se vulneraría el principio de presunción de veracidad. ii. La Sub Intendencia realiza un análisis normativo erróneo respecto a la suscripción de los convenios al señalar que ha constatado que los convenios en el que se establecía la reducción de la jornada y reducción de la remuneración por un periodo adicional, no son válidos en tanto no se encuentran debidamente suscritos por los trabajadores, lo cual causa indefensión al omitir lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2020-TR. iii. La Sub Intendencia confunde la compensación que realizan los trabajadores con una errónea premisa de cambio de horario y/o jornada laboral, pues conforme a lo señalado en los considerandos 27 al 35 de la resolución apelada se realiza un sobreesfuerzo en tratar de demostrar que la empresa ha realizado un cambio de horario y jornada de trabajo sin aceptación expresa de parte de los trabajadores; sin embargo, en ningún momento se ha acreditado que esto haya sucedido, por el contrario, mediante el convenio antes mencionado se acordó compensar la licencia con goce de haberes otorgados durante los meses en los que las actividades de la empresa estuvieron paralizadas, en ese sentido, lo único que hizo la empresa fue coordinar los horarios, pues es imposible que todos los trabajadores compensen al mismo tiempo, para ello, es importante tener presente los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral mediante la Resolución N° 019-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 052- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 134-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala. iv. La resolución apelada vulnera el debido procedimiento y el principio de legalidad al imputar infracción respecto a la medida inspectiva de requerimiento, por cuanto la empresa ya había presentado documentación con

la cual demostró haber cumplido con sus obligaciones sociolaborales, no obstante, conforme a lo señalado mediante Resolución N° 082-2021- SUNAFIL/TFL, el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, en consecuencia, la empresa no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad.

i. Si bien en el expediente inspectivo obran copias de las Boletas de Pago, estas no cuentan con la firma respectiva en señal de conformidad de su recepción por parte de los trabajadores involucrados; no obstante, en el escenario extraordinario del Estado de Emergencia, la inspeccionada no ha demostrado una comunicación con los trabajadores comprendidos en el caso particular, a través de los medios electrónicos, específicamente de su correo electrónico personal. En ese sentido, resulta innegable la obligación de la inspeccionada de cumplir con sus obligaciones sociolaborales, pudiendo inclusive hacer uso de medios digitales para dar cumplimiento a la entrega de boletas de pagos de remuneraciones, respecto de los meses de abril a junio de 2020, a favor de los cuatrocientos dos (402) trabajadores, lo cual no ha sucedido, incumplimiento tipificado en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. ii. En cuanto a que se habría vulnerado el principio de presunción de veracidad, es de precisar que, de acuerdo a lo señalado en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores que se formalicen en las Actas de Infracción se presumen ciertas y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses pueda presentar el administrado. En ese sentido, al no haber presentado medio probatorio que desestime lo señalado por el personal inspectivo comisionados, carece de sustento lo alegado por la inspeccionada. iii. Con vista a la documentación de los convenios que hace referencia la inspeccionada, presentada por la misma durante la etapa inspectiva, en consonancia con lo determinado por la Autoridad de primera instancia en el considerando 32 de la resolución apelada, dichos convenios de reducción de jornada laboral y consecuente reducción de remuneraciones, no se encuentran con la señal de conformidad, por lo que no se tiene certeza que existe aceptación expresa de la reducción o modificación del horario o jornada de trabajo, máxime si del contenido de dichos convenios se precisa textualmente “(...) para poder proceder necesitamos que responda el correo confirmando tu aceptación mediante un “Recibido. Conforme”. En autos no se evidencia documentación alguna en el que los trabajadores hayan emitido su conformidad. Es así que, se puede corroborar que la inspeccionada no ha cumplido con las disposiciones sobre horario y jornada de trabajo, modificando y cambiando el número de horas a laborar, incrementando el número de horas por día, en perjuicio de 205 trabajadores detallados en el considerando 30 de la resolución apelada, incumplimiento tipificado en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. iv. El personal inspectivo dejó constancia, en el undécimo hecho constatado del Acta de Infracción, que la inspeccionada no cumplió a cabalidad con la medida

2 Notificada a la impugnante el 09 de noviembre de 2022, véase folio 135 del expediente sancionador.

inspectiva de requerimiento de fecha 19 de noviembre de 2020, el mismo que vencía con fecha 25 de noviembre de 2020. v. Sobre la supuesta falta de motivación, se puede concluir que el Acta de Infracción reúne los requisitos esenciales establecidos en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT, para su validez. Por lo que se encuentra debidamente motivada y sirve de sustento para el procedimiento sancionador. Así, no existe una falta de motivación en los términos que alega la inspeccionada, sino que, por el contrario, de la lectura de la resolución de sanción y de la apelada, se encuentran debidamente motivadas, en tanto que se ha detallado los hechos que motivaron la sanción, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. vi. Se desestima lo argumentado en este extremo del recurso de apelación, debido a que no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que invaliden el presente procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1845-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha inaplicado el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG: se ha vulnerado el principio de tipicidad en tanto la conducta infractora imputada no tiene relación con los hechos que la sustentan. Así se sanciona a la empresa por no cumplir con las disposiciones sobre jornada de trabajo, cuando en el fondo la sanción es por haber compensado de forma unilateral la licencia con goce de haber compensable otorgada en contexto COVID-19. El numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT tipifica el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Sin embargo, de forma incongruente, se viene justificando esta imputación en un aparente incumplimiento de la normativa sobre licencias otorgadas en el contexto COVID-19. ii. Al respecto, la empresa sí se encontraba habilitada para recuperar los días de licencia compensable oportunamente pagados, pero no laborados, con o sin autorización del trabajador. En el presente caso, no se ha establecido una secuencia lógico-jurídica entre la presunta acción (compensación de la licencia) y la consecuencia jurídica (incumplimiento sobre disposiciones de jornada de trabajo). En el supuesto negado que se determinase la existencia de incumplimientos en dicha materia, se debió encausar en el referido a las disposiciones relacionadas con licencias, conforme lo establece el 25.6 del artículo 25 del RLGIT. iii. Se ha inaplicado el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020: la compensación ejecutada por la empresa de forma unilateral es válida. La intendencia desconoce que las horas de labores realizadas por los trabajadores fuera de su jornada habitual corresponden estrictamente a la recuperación de la licencia con goce de haber compensable otorgada en el contexto del COVID-19, y no a una modificación colectiva de horario de trabajo. Dicho error no ha permitido aplicar la norma correcta para el presente caso, que es el numeral 26.1 del artículo 26 Decreto de Urgencia N° 029-2020. Para sustentar dicha posición, se está alegando que el numeral 26.2 literal b) del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 dispone expresamente que, a falta de acuerdo corresponde compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. Sin embargo, la intendencia viene realizando una aplicación aislada e indebida de estas normas, sin tomar en cuenta que desde que se autorizó la reactivación económica de la recurrente, resultaba aplicable lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. Así, la imposición de multas desconoce la reactivación progresiva de las actividades económicas. iv. Así, la licencia con goce compensable establece obligaciones para la empresa mientras sus actividades no estuvieran reguladas en el numeral 4.1 del artículo 4 de la norma citada. Queda claro que la licencia debe ser compensada por el trabajador, por lo que la empresa tiene derecho a hacer efectiva dicha compensación. Ello, queda claro, priorizando el acuerdo para definir la forma y oportunidad de la compensación, pero en caso de no llegarse a un acuerdo, las horas no trabajadas

pero pagadas igualmente deben compensarse. Así, la empresa, se encuentra en posibilidad de acordar o no con sus trabajadores la modalidad de compensación de sus licencias con goce compensable y, de no llegar a un acuerdo, se encuentra en la potestad de programar su compensación con trabajo efectivo, dentro de los límites generales del poder de dirección establecidos por el artículo 98 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. v. Por tanto, la impugnante no está sujeta a las limitaciones de compensación establecidas en el artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y, por tanto, la programación de labores posteriores a la jornada laboral diaria con fines compensatorios es perfectamente viable y no puede ser considerada como sobretiempo, sino como recuperación de licencia compensable. Así lo ha reconocido el Tribunal de Fiscalización Laboral en la resolución 019-2021-sunafil/TFL Primera Sala. vi. Además, existe una aplicación errónea de las normas vinculadas con la jornada de trabajo. Ello porque el horario de trabajo no fue modificado, ya que las labores realizadas con posterioridad a la jornada habitual corresponden a la recuperación de la licencia con goce de haber compensable oportunamente otorgada. Así, a lo largo del procedimiento sancionador se han citado una serie de dispositivos legales que regulan el tratamiento de las labores efectuadas con posterioridad a la jornada laboral, para lo cual ha tomado como base el Decreto Supremo N° 007-2002-TR (TUO de la Ley de Jornadas de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-TR. vii. Sin embargo, las horas realizadas luego de la jornada laboral no correspondían a una modificación del horario de trabajo de los trabajadores involucrados, sino que fueron asignadas por nuestra Empresa para recuperar las horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber compensable prevista por el Gobierno en el marco de las medidas de emergencia tomadas para el control de la pandemia de la COVID-19. Así, la aplicación errónea de la normativa de las disposiciones sobre el horario de trabajo ha llevado a brindar una protección indebida a un supuesto de hecho que no tiene asidero legal. viii. Por otro lado, existe una inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, ya que la resolución de intendencia incurre en un vicio de motivación. En el presente caso, la Intendencia incurre en una motivación aparente porque al momento de pronunciarse sobre los extremos del recurso de apelación vinculados a las infracciones sobre no acreditar el pago íntegro de remuneraciones (24.4) y no cumplir con las disposiciones sobre horario y jornada (25.6), confunde los argumentos y los termina consolidando. De esta manera, dejó incontestada la apelación respecto a la segunda imputación (sobre la cual se está presentando recurso de revisión). ix. Al respecto, la defensa para desacreditar cada infracción es distinta. Por un lado, respecto de la tipificada en el numeral 24.4, se ha señalado que no corresponde

reintegro de remuneraciones porque se arribó a un acuerdo con cada trabajador para la reducción temporal de la jornada laboral y, consecuentemente, la reducción de la remuneración. En relación a la infracción tipificada en el numeral 25.6, lo que en realidad está en discusión es si era válida o no la compensación unilateral realizada por la empresa para recuperar la licencia otorgada al inicio de la pandemia. Dicha confusión no ha permitido que la intendencia se pronuncie adecuadamente sobre los hechos que desacreditan las infracciones en mención. x. Además de ello, la intendencia traslada la carga de la prueba a la impugnante, al pretender que sea ésta quien acredite que no ha incurrido en el supuesto incumplimiento cuando es claro que le corresponde dicha carga a la administración. Sobre dicho aspecto, el Tribunal de Fiscalización laboral se ha pronunciado en la Resolución No. 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Así, se ha realizado una motivación defectuosa al no existir relación de causalidad entre las premisas y conclusiones a las que se aluden. xi. Se inaplica el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, pues se ha vulnerado el principio de legalidad al multar a la empresa por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Así, los inspectores emitieron una medida para exigir el cumplimiento de una obligación inexistente. Ello, incluso cuando la impugnante ya había presentado documentación con la cual demostró haber cumplido con sus obligaciones sociolaborales referente a lo contemplado en la medida inspectiva de requerimiento. xii. Así, acreditar la entrega de la boleta de pago, desde abril de 2020 se hizo de forma digital, en atención a las medidas de restricción adoptadas por el gobierno. Dicha entrega se hizo mediante el uso de tecnologías de la información, por lo que no es legal que se requiera acreditar la recepción por parte del trabajador. Además, respecto al mandato de acreditar el pago de la remuneración básica en forma íntegra a favor de los trabajadores, TDR suscribió convenios con estos donde se establecida la reducción de la jornada laboral y, en consecuencia, la reducción de la remuneración. xiii. Así, la existencia de un acuerdo mediante soporte físico o virtual tiene como consecuencia la validez de cualquier convenio que establezca la reducción de la jornada y remuneración. En este caso, los trabajadores manifestaron su voluntad mediante un soporte virtual, pues los convenios fueron remitidos vía correo electrónicos a cada uno de sus trabajadores, a través del cual se precisó que de no responderse la comunicación, se entendía como aceptado lo propuesto por la empresa. Al no responder se estaría manifestando la voluntad tácita, mediante vía virtual, de suscribir el mencionado convenio. Dicha afirmación se ve reforzada considerando que los trabajadores no realizaron reclamo alguno, no respondieron ni dijeron nada. xiv. Así, la impugnante no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad, no habiendo incurrido en infracción alguna.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones Leves y Graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el principio al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional,

está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

9 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 11 “Constitución Política del Perú Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

“(...) Al respecto, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, (...) Sentada esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento (…)” (Fundamentos 4 y 5 de la STC N° EXP. N° 5085-2006-PA/TC)

FIGURA N° 01

12 Cfr. Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 13 De folios 119 a 127 del expediente administrativo sancionador.

FIGURA N° 02

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

14 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una

15 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

“7.4.5. El Inspector comisionado establece el plazo para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, procurando tener en cuenta, los siguientes factores: a) Cantidad de trabajadores afectados. b) Gravedad y naturaleza de la infracción. c) Urgencia de la medida de requerimiento. d) Razonabilidad. e) Cualquier otro factor que, a su juicio, le permitan evaluar la duración de dicho plazo”.

16 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 03:

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con la entrega de boletas de pago de remuneraciones, respecto de los meses de abril a junio de 2020 y conforme a Ley, a favor de cuatrocientos dos (402) trabajadores. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración básica de los meses de mayo a agosto de 2020, respecto de cuarenta (40) trabajadores (ver cuadro N° del parágrafo 21), así como el pago del mes de agosto 2020, respecto de ochenta y un (81) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva El administrado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento del 19 de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. –Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1845-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6624-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Intendencia N° 1845-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de noviembre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6624-2020- SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 1845-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de noviembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 1845-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.44 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250807RZR - HR: 93236-2020