Tiendas por Departamento Ripley S.A.C — Res. 706-2024

Antecedentes

1 Corregido mediante Resolución de Intendencia N°133-2024-SUNAFIL/IRE-JUN 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios)), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo y horas extras). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago integro y oportuno de las remuneraciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 16,856.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incumplir las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, superando las 48 horas semanales de trabajo, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,575.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago correspondiente a las horas extras, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,575.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de fecha 09 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,884.00.

i. Señala que la resolución vulnera los principios de Tipicidad y Legalidad, porque se exige cumplir con una formalidad que no ha sido prestablecido como requisito para el acuerdo virtual de la reducción de remuneraciones en contexto COVID 19. ii. Se comete un error al considerar que las labores realizadas con posterioridad a la jornada laboral califican como horas extras, pues se trata de la compensación de la licencia con goce de haber otorgada en el contexto del COVID 19. iii. La resolución vulnera el Principio de Razonabilidad y Legalidad al acoger la multa por incumplimiento de la Medida Inspectiva de Requerimiento.

i. Sin embargo, de los documentos proporcionados por el sujeto inspeccionado, se observa que los correos remitidos señalan que la falta de respuesta sería considerada como aceptada la propuesta; conclusión equivocada, debido a que la norma contempla el acuerdo entre trabajador y empleador, que conste en medio escrito o virtual, que, para tener la naturaleza de acuerdo, el consentimiento debe ser expreso. Tal como lo esboza el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución n° 079-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. ii. Por tanto, al no acreditar la existencia de un acuerdo expreso con los trabajadores que justifiquen la reducción de la remuneración, esta decisión se convierte en unilateral, y por ende afecta el derecho fundamental a la remuneración; hecho proscrito por las disposiciones legales emitidas en el contexto del COVID 19. Por lo que se concluye, que el sujeto inspeccionado incurrió en la infracción contenida en el numeral 24.4 del RLGIT. iii. Al respecto, como es de público conocimiento el Estado de Emergencia Nacional, estuvo vigente hasta el último 27 de octubre de 2022, por lo cual la compensación por las horas dejadas de laborar en mérito a la licencia con goce de haber otorgada debía realizarse a partir de dicha fecha, y no como erradamente lo realizó el sujeto inspeccionado. En esa línea, si bien las actividades económicas se fueron reactivando por fases y por sectores económicos, según las diferentes disposiciones del gobierno central; ninguna de ellas autorizaba la recuperación de las horas dejadas de laborar (licencia con goce de haber) antes de que se levante la emergencia nacional. Por tanto, se concluye, que los trabajadores realizaron jornadas mayores a las 48 horas, vulnerando lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política del Perú.

3 Véase folio 84 del expediente sancionador.

iv. En esa línea argumentativa, mediante Decreto Supremo n°157-2020-PCM de 26 de setiembre de 2020, se aprueba la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID 19, estando vigente desde octubre de 2020, dentro de las cuales se encuentran los centros comerciales y las tiendas en general. Y más aún porque según el D.S. 116-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia, también establece a Junín en cuarentena focalizada, lo que implica que no podía reactivarse las actividades económicas comprendidas en las fases. v. Por lo que, podemos concluir que si sujeto inspeccionado inició su reactivación ésta fue a partir de octubre de 2020, fecha desde la cual podría aplicar la compensación de las horas dejadas de laborar; y de no ser así, por encontrarse en cuarentena focalizada, en fecha posterior que coincida con el levantamiento de la emergencia nacional. Y dado que, la investigación se circunscribe a las horas laboradas mayor a las 48 horas en la semana, de los meses de julio y agosto de 2020, se advierte que el sujeto inspeccionado incurrió en la infracción contenida en el numeral 25.6 del RLGIT relacionada a la jornada de trabajo. vi. Al respecto, como se detalló líneas arriba, no correspondía al sujeto inspeccionado, aplicar la compensación unilateral, por lo que, respecto de las horas laboradas en sobretiempo, tampoco correspondía que los trabajadores mencionados en el cuadro n° 04 del Acta de Infracción, realicen las horas extras detalladas en el Anexo 1 de la misma acta; y considerarlas a cuenta de las horas dejadas de laborar por la licencia otorgada. Más aún si no se cumple con las situaciones expuestas en el D.U. 029-2020 que en su artículo 26.2.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 155-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Al respecto, el inciso d) del artículo 4 del Decreto Supremo No, 011-2020 solo señala que el acuerdo debe ser mediante soporte físico o virtual, no preestablece ni impone ninguna forma determinada además de dichos requisitos. Un acuerdo virtual también comprende un intercambio de mensajes [virtuales] en los términos expresados en la propuesta. En atención a ello, es que debemos recordar que el silencio también puede considerarse como declaración de asentimiento, cuando dadas las circunstancias, razonablemente no se permita otra interpretación, cuando el silencio aparece como una declaración de asentimiento y el que calla es consciente de ello.

ii. Por otro lado, la Empresa no adeuda pago alguno por concepto de horas extras a favor de 18 trabajadores, debido a que las horas de trabajo realizadas fuera de la jornada laboral, durante los meses de julio y agosto de 2020, no califican como sobretiempo, toda vez que corresponden a la recuperación de las horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber compensable prevista por el Gobierno, en el marco de las medidas de emergencia tomadas para el control de la pandemia de la COVID-19.

iii. Pese a ello, la Intendencia considera que se tratarían de horas extras por cuanto la Empresa no habría logrado acreditar que celebró convenios con los trabajadores, mediante los cuales, hubiere acordado la compensación del otorgamiento de licencia con goce de haber antes de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, conforme a lo señalado en el numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia Ne 029- 2020. En este punto, debemos señalar que estos acuerdos no eran exigibles, por cuanto TDR ya había obtenido autorización de reactivación de actividades: por lo que, le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto de Urgencia No. 029-2020; y, por ende, ya se encontraba habilitada para hacer efectiva la compensación unilateral

iv. Por tanto, con la exclusiva finalidad de que no continúe acumulando días de licencia -que incuestionablemente debían compensarse-, la Empresa dispuso la forma y oportunidad de compensación. Cabe resaltar que, el esquema de compensación propuesto por la Empresa se ajusta a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, pues busca liquidar el adeudo que tienen los trabajadores de forma dosificada.

v. Incluso, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución No. 19-2021- SUNAFIL/TLF, validó la compensación unilateral de las licencias con goce otorgadas en el marco del Estado de Emergencia una vez que se reactivaron las actividades de las empresas, en aplicación del principio de razonabilidad. En esa Iinea, el Tribunal concluye que no se aprecia un daño ni al interés público ni al bien jurídicamente protegido (remuneraciones), dado que los trabajadores gozaron de licencia con goce de haber calificada como compensable por ley desde un inicio. Por tanto, aplicar una sanción por compensar dichas horas una vez reanudadas las actividades de las empresas resulta en un exceso de punición.

vi. Asimismo, con relación a esta problemática, en la Resolución No. 52-2021- SUNAFIL/TLF el Tribunal señaló que la situación de acreedor que asume el empleador frente al trabajador le faculta a proponer que la compensación se realice con horas de trabajo o mediante descuentos de su remuneración. En ese sentido, y en aplicación del artículo 17 del RTFL, interponemos el presente recurso de revisión a fin de que se proceda a RECTIFICAR el sentido de la Resolución de Intendencia y EXCLUIR de la misma las multas impuestas por la presunta comisión de infracciones calificadas como muy graves.

vii. Sobre el particular, Morón Urbina menciona que, en el Derecho Administrativo la caducidad se refiere a plazos establecidos por el ordenamiento que tienen la naturaleza de terminales, y de no ser cumplidos, conlleva a consecuencias extintivas. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular.

viii. Si bien con fecha 18 de enero de 2022, la Sub-Intendencia amplió el plazo de caducidad por 3 meses adicionales, esta decisión arbitraria se sustentó únicamente en una aparente necesidad de revisión minuciosa de la información que obra en autos; sin embargo, la Resolución de Sub-Intendencia se ha limitado a replicar los argumentos del Informe Final y del Acta de Infracción (incluso se utiliza exactamente los mismos cuadros sin tomarse el trabajo de por lo menos identificar el supuesto número de horas extras trabajadas por día- las cita de forma Es decir, no existió argumento ni contrargumento adicional que justifique la ampliación, genera)). menos por 3 meses. No cabe duda de que Es evidente que la Sub-Intendencia solo intentó cumplir con el requisito legal y amplió a su conveniencia este procedimiento. Dicho ello, NO SE CUMPLIÓ CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIONALIDAD DE LA AMPLIACIÓN NI DE LA EXTENSIÓN DEL TIEMPO DE DICHA PRÓRROGA HASTA EL MÁXIMO POSIBLE, contraviniendo deliberadamente lo establecido en el artículo 259 del TUO de la LPAG y el principio de debido procedimiento al emitir un acto sin contar

con la suficiente motivación. El administrado no puede verse perjudicado por la demora innecesaria y el incumplimiento de los plazos internos establecidos por ley. Sobre el particular, es importante traer a colación lo señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 230-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala:

ix. En el presente caso, operó el plazo de caducidad, porque la Imputación de Cargos se notificó el 19 de abril de 2021 y la Resolución de Sub-Intendencia el 18 de abril de 2022, superando ampliamente el plazo máximo de 9 meses dispuesto por nuestra legislación (11 MESES y 28 DÍAS).

x. Todo lo expuesto fue comunicado a la Intendencia en su recurso de apelación. Se le hizo énfasis en que la emisión de las diferentes normas, y especialmente, la emisión del Decreto Supremo No. 083-2020 equiparó la calificación de esencial a las actividades realizadas por TDR, por lo que TDR se encontraba en el supuesto del 26.1 y no en el 26.2 del Decreto de Urgencia No, 029-2020, pudiendo hacer efectiva la compensación de la licencia con goce de forma unilateral no incurriendo en una infracción alguna; no obstante, la Intendencia omitiendo el análisis efectuado resolvió confirmar la multa Impuesta.

xi. En vista a estas consideraciones, solicitamos al Tribunal proceda a aplicar correctamente el ordenamiento legal vigente y se sirva a RECTIFICAR el sentido de la Resolución de Intendencia y EXCLUIR de la misma la multa impuesta por incurrir aparentemente en la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

xii. En el presente caso, la Autoridad pretende que TDR no compense las horas producto de la licencia con goce por el COVID 19 hasta el fin de la emergencia nacional, lo cual ocurrió en octubre del 2022.Es decir, TDR debió esperar más de 2 años para recién recuperar las horas pagadas, mas no trabajadas. Esta línea de análisis no encuentra fundamento jurídico, sino que también no es razonable. Esto se debe a que, la Empresa retorno a sus labores en agosto del 2020; por lo que, desde ese momento los trabajadores podían compensar sus horas.

xiii. En efecto, bajo el razonamiento de la Autoridad, la Empresa únicamente podía compensar las horas con el fin de la emergencia nacional o de manera excepcional con un acuerdo suscrito por los trabajadores, como se muestra en la siguiente imagen. Ante ello, la Empresa realizó las diligencias necesarias para obtener dicho acuerdo; por lo que, en los correos enviados tuvo que aplicar la aceptación por la no

respuesta, dado que existe una clara necesidad de mercado en la recuperación de las horas.

xiv. Sin embargo, su interpretación de las normas en estos casos es irrazonable, ya que ante supuestos en los cuales los trabajadores no responden ni están dispuestos a negociar la compensación de las horas, la Empresa no podría recuperarlas o tendría que esperar hasta el fin de la emergencia nacional, En ese sentido, el empleador es un acreedor de las horas, como lo señala la Resolución No. 52-2021-SUNAFIL/TLF, por lo que, válidamente puede enviar el régimen de compensaciones de horas, ya que es una actividad esencial, la cual inicio funciones desde el año 2020.

xv. Las observaciones advertidas por la Autoridad supuestamente corrigen la incorrecta compensación de horas de la Empresa, lo cual carece de sentido y fundamento normativo, ya que TDR realizó un mecanismo adecuado de cobro de horas, dado a las licencias con goce de haber productos de la pandemia. En efecto, esta compensación de horas no debe ser consideradas horas extras, sino el pago de las horas dejadas de laborar.

xvi. Al respecto, es preciso señalar que los Inspectores no valoraron los medios probatorios presentados por la Empresa, mediante las cuales se demuestra que el presente esquema de compensación es razonable, legal y aceptado por los trabajadores de manera virtual. Incluso, el Inspector no esté de acuerdo con la aceptación de los trabajadores, la Empresa tenía la facultad de compensar las horas de manera unilateral por su calificación de actividad esencial.

xvii. Por ello, consideramos que el sustento de la Medida Inspectiva de Requerimiento es insuficiente y, evidencia que el personal inspectivo no procuró realizar todas las diligencias necesarias para acreditar fehacientemente el incumplimiento, sino que se limitaron a verificar los puestos de control de horas y proponer la sanción.

xviii. Por tanto, y conforme a lo señalado por su Despacho también mediante Resolución N° 145-2021-SUNAFIL/TFL, el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, En consecuencia, TDR no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento porque no se respetó el principio de legalidad, no habiendo, por tanto, incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

10 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016.

afrontar los casos en los que los procedimientos iniciados por los órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los administrados involucrados”11.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

11 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 12 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

a) plazo para resolver b) ampliación excepcional del mismo debidamente sustentada y justificada c) pronunciamiento de la autoridad competente sobre dicha ampliación a través de una resolución d) potestad de ser declarada de oficio o a pedido de parte; y e) la subsistencia de las actuaciones de fiscalización y de determinados medios probatorios luego de la declaración de caducidad, bajo ciertos supuestos

De la Resolución de Intendencia N° 2-2022-SUNAFIL/IRE-JUN/AMPLIACION

13 Resolución N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 27 de julio de 2021. 14 De conformidad con los “Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Jurídicos, Opiniones Jurídicas e Informes Legales”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, la DGDNCR emite opinión jurídica respecto de los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales (7.2.1)

SUNAFIL/IRE-JUN/AMPLIACION, solicitado mediante Informe-00002-2022-SUNAFIL/IRE- JUN/SIRE por la Sub Intendencia de Resolución.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo 6.14 El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”15.

a) plazo para resolver b) ampliación excepcional del mismo debidamente sustentada y justificada c) pronunciamiento de la autoridad competente sobre dicha ampliación a través de una resolución d) potestad de ser declarada de oficio o a pedido de parte; y e) la subsistencia de las actuaciones de fiscalización y de determinados medios probatorios luego de la declaración de caducidad, bajo ciertos supuestos.

15 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 16 De conformidad con los “Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Jurídicos, Opiniones Jurídicas e Informes Legales”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, la DGDNCR emite opinión jurídica respecto de los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales (7.2.1).

con el pronunciamiento sobre la caducidad. Por tanto, corresponde complementar la postura de esta Sala con dicho pronunciamiento en el análisis del presente procedimiento.

Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN INICIO Imputación de cargos N° 138-2021-SUNAFIL/IRE- JUN 19/04/2021 FIN Resolución de Sub Intendencia N° 217-2022- SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE 18/04/2022

organización de primer y segundo nivel en una estructura; siendo en el caso de SUNAFIL, concluyéndose lo siguiente:

“funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad” (fundamento N° 3.4.4.5 de la Resolución N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala) (énfasis añadido).

Sobre la imparcialidad del órgano que conoce del pedido de ampliación del plazo de caducidad y la motivación

17 Punto I.11.3.2.1 de la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1272.

máximo que establece el artículo 259 del TUO de la LPAG, para terminar con su actividad, no sustentándose lo razonable de la decisión en torno a los hechos expuestos y descritos en el expediente.

Sobre la caducidad operada en el presente procedimiento

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Sobre la nulidad de oficio de la Resolución de Intendencia N° 2-2022-SUNAFIL/IRE- JUN/AMPLIACION

SUNAFIL/IRE-JUN, iniciándose la contabilidad de los nueve (9) meses desde la misma fecha, podemos determinar que el plazo de caducidad administrativa debió verificarse el 19 de enero de 2022.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Intendencia N° 2-2022-SUNAFIL/IRE- JUN/AMPLIACION, de fecha 17 de enero de 2022, emitida por la Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Junín, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C, recaído en el expediente sancionador N° 134- 2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de la Intendencia Regional de Junín, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Junín y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.49 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C, y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240724MLA HR: 60968-2021