Tiendas por Departamento Ripley S.A.C — Res. 336-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: horas extras), Registro de control de asistencia (sub materia: incluye todas). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

cumplimiento de lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; en mérito a la solicitud de inspección presentada por el trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no efectuar el pago íntegro de la remuneración convencional desde julio de 2015 hasta octubre de 2017 al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia y salida, con las formalidades de ley (horas y minutos de salida), del periodo de agosto a diciembre de 2013 y del 21 de abril de 2015 al 17 de octubre de 2017, lo que afectó al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, cuya verificación fue programada para el día 5 de febrero de 2018 a las 16:00 horas, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Respecto al supuesto no pago de la remuneración, existen descuentos remunerativos que sí se encuentran sustentados en horas incumplidas por el trabajador entre abril de 2015 y octubre de 2017 según las boletas de pago.

2 Mediante Resolución de Intendencia N° 580-2022-SUNAFIL/ILM, se ha corregido lo consignado en la Resolución de Sub Intendencia N° 1181-2019 SUNAFIL/ILM/SIRE5, respecto a las infracciones imputadas, conforme puede observarse en los considerandos 3.5 a 3.7. de la citada resolución recurrida.

ii. Mientras que en el Acta de Infracción se refieren al no pago integro de la remuneración, en la resolución apelada se ha señalado que es imposible verificar si ello realmente resulta así, pues el incumplimiento se centraría más bien en un aspecto formal de no haber señalado las horas trabajadas en sobretiempo, que no se habrían consignado en las boletas de pago y en las planillas. Esta contradicción evidencia que justamente se imputó una infracción cuyo supuesto de hecho, en realidad, nunca se verificó. Si la autoridad sancionadora consideraba que la falta podría ser otra y que es imposible verificar el incumplimiento imputado, no debió acoger la sanción. Ante ello, al amparo del artículo 46 literal a) de la LGIT y los literales d) y e) del artículo 54 del RLGIT, es exigible una motivación fáctica y jurídica suficiente para que se impute la infracción.

iii. Si el trabajador no cumple con sus horas de trabajo o no asiste a trabajar sin justificación, entonces no se le abona ese tiempo de trabajo. Se ha considerado que los descuentos serian inválidos por dos razones. El primero, porque “del registro de control de asistencia y de las boletas de pagos exhibidas se observa que los montos descontados no guardan consonancia con la jornada laboral que se habría incumplido”; sin embargo, los inspectores no explican si el monto descontado que figura en las boletas de pago es mayor o menor que las horas incumplidas, si no hay horas incumplidas o si estas son más. Los inspectores únicamente han copiado los montos de descuentos de horas incumplidas y han dicho que son inválidos sin señalar siquiera cuantas horas son incumplidas que figuran en el registro de asistencia del trabajador. Los inspectores no sustentan porque la totalidad de lo descontado es invalido, debiendo ser reintegrado al trabajador como si no hubiera tenido una sola hora incumplida. Y el segundo, porque “en las boletas de pago no se consignó cantidad alguna de horas incumplidas dentro de la jornada”; sin embargo, el hecho de que no se haya consignado dicha información en las boletas de pago no implica que las horas incumplidas no se hayan producido, como se puede apreciar del registro de control de asistencia. Por lo expuesto, se solicita dejar sin efecto la imputación del numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

iv. Se pretende sancionar por no haber tenido un registro de control de asistencia a lo que, en realidad, fueron algunas marcaciones de salida ausentes por parte del trabajador. Es arbitrario y desproporcionado calificar ambos hechos como si fueran lo mismo, de esta manera, se evidencia la falta de motivación fáctica de la infracción imputada.

v. Frente a la medida de requerimiento, no se puede realizar ninguna medida de cuestionamiento, ya que no es impugnable por regulación expresa del artículo 14 de la LGIT, debiendo hacerlo dentro del procedimiento sancionador. Recién cuando

exista una resolución definitiva, será considerado infractor, no estando por tanto obligado a autoinculparse antes y cumplir con acatar un requerimiento sin un procedimiento sancionador. Por ello, es cuestionable que la empresa sea sancionada por no cumplir la medida de requerimiento, pese a que dicha infracción se configura cuando no exista certeza del incumplimiento de fondo, cuando no se ha ejercido el derecho de defensa o sin que se conozca la real imputación, considerando que con el Acta de Infracción se conocerá los cargos y el sustento de los mismos. Por ello, el incumplimiento de la medida de requerimiento no podría ser considerada una infracción adicional, pues al momento de su emisión aun opera el principio de presunción de inocencia a favor del administrado.

i. En principio, al haber sobrepasado el plazo de cuatro (4) años que tiene la autoridad inspectiva para determinar el incumplimiento relacionado con el registro de control de asistencia del periodo agosto a diciembre de 2013, declara la prescripción. Es así que, solo analiza la responsabilidad de la inspeccionada por la ausencia de las marcaciones de salida en el registro de control de asistencia del trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo en varios días, del periodo que va del 21 de abril de 2015 al 17 de octubre de 2017.

ii. Expone que, la autoridad sancionadora impuso multa a la inspeccionada por no haber pagado íntegramente la remuneración de los meses de julio de 2015 hasta octubre de 2017 al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo (excepto octubre de 2015) al existir descuentos indebidos en dicho periodo.

iii. Sobre el particular, la inspeccionada pretende sustentar que los descuentos en las remuneraciones que le correspondían al referido trabajador se debían a que incumplió sus horas de trabajo, lo que se reflejaría en los montos consignados en las boletas de pago de dichos meses. No obstante, para poder comprobar que hubo horas de trabajo incumplidas, no basta que las boletas contengan la cantidad de la remuneración que se descuenta bajo el concepto “Dsct. Hrs. Incumplidas”, sino que además dichos documentos deben consignar los días u horas que se le están descontando del periodo mensual, lo cual no ha sido puesto en las boletas como lo pudieron verificar los inspectores comisionados.

iv. Por otra parte, indica que a los inspectores del trabajo no les corresponde determinar las horas de trabajo incumplidas por el trabajador afectado; por el contrario, si la inspeccionada, en ejercicio de su poder directivo consideró que no se cumplió con la jornada o el horario de trabajo, debió aclarar ante el personal inspectivo cuántas horas y/o minutos ha considerado como tardanzas o salidas anticipadas en el periodo de julio de 2015 a octubre de 2017 (excepto octubre de 2015).

3 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, véase folio 93 del expediente sancionador.

v. Asimismo, expone que en el caso de autos no se puede establecer las horas incumplidas por el trabajador con tan solo ver el registro de control de asistencia, ya que para hacer el cálculo de las horas de trabajo ordinarias totales se requiere contar con las marcaciones completas, lo cual no se tiene al menos en los siguientes periodos:  En julio de 2015, se aprecia que el día 25 se registró la entrada a las 11:48:20 horas; sin embargo, no se registró marcación de salida.  En agosto de 2015, se aprecia que el día 29 se marcó a las 10:42:41 horas su ingreso; sin embargo, no se registró marcación de salida.  En noviembre de 2015, se aprecia que los días 6 y 27 se marcó a las 10:47:13 y 11:32:34 horas respectivamente, pero no se registró marcación de salida en estos días.  En diciembre de 2015, se aprecia que los días 17 y 31 se marcó su ingreso a las 11:44:02 y 09:57:23 horas respectivamente; empero, no se registró marcación de salida. En enero 2016, en el día 10, solo se consigna la hora de entrada a las 10:28:15.  En marzo de 2016, en los días 5, 18, 24 y 30 se marcó su ingreso a las 10:43:05, 11:38:28, 10:34:15 y 11:35:24 horas respectivamente, pero no existe marcación de salida en dichos días.  En abril de 2016, el día 10 se marcó solo la entrada a las 10:38:04 horas, pero no la de salida.  En mayo de 2016, el día 7 se registró su marcación de entrada a las 10:28:08 horas, pero no su registro de salida.  En junio de 2016, el día 15 se registró su marcación de entrada a las 10:35:09 horas, pero no la de salida.  En julio de 2016, el día 14 se registró su marcación de entrada a las 11:32:38 horas, pero no la de salida.  En setiembre de 2016, el día 25 se registró su marcación de entrada a las 11:42:00 horas, pero no de la salida. vi. Por lo anterior, al no existir información clara y detallada en el registro de control de asistencia y en las boletas de pago, la autoridad sancionadora correctamente no ha dado validez a los descuentos efectuados por la inspeccionada en la remuneración que le corresponde al trabajador afectado; por lo que debe confirmarse la multa impuesta por la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

vii. Que, la inspeccionada cuestiona que estos hechos hayan sido imputados como si no contaran con dicho registro, subsumiéndole en el numeral 25.19 del artículo 25

del RLGIT. Sin embargo, esta Intendencia no comparte la posición de la inspeccionada, ya que en pronunciamientos anteriores se ha interpretado que la información relativa a las horas y minutos de salida de la jornada laboral reviste especial trascendencia en la medida que su omisión en el registro implica apartarse de la finalidad para la cual fue creado, que es documentar el tiempo de labores de los trabajadores en forma permanente; y, con ello, se afectan otros derechos laborales, por ejemplo, al impedirse verificar si se ha realizado trabajo en sobretiempo por el periodo fiscalizado. Por ende, al amparo del artículo 31 literal c) de la LGIT, considera correcta la calificación jurídica que se ha efectuado de los hechos constatados por los inspectores, referidos a la ausencia de las horas y minutos de salida en el registro de control de asistencia del trabajador afectado, en atención a la especial trascendencia del deber infringido.

viii. Asimismo, puntualiza que la inspeccionada no cumplió con lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 29 de enero de 2018, en tanto no demostró haber realizado acciones que reviertan los incumplimientos de las obligaciones de pago íntegro de las remuneraciones y horas extras adeudadas al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo en el plazo otorgado.

ix. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan la infracción en la que incurrió la inspeccionada, la cual ha sido debidamente determinada por la autoridad de primera instancia; sin perjuicio de la prescripción declarada en los considerandos 3.9 a 3.17 de la resolución apelada, sin que afecta el monto de la multa determinada por el inferior en grado en tanto las infracciones no prescritas subsisten.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

580-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,277.50, por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 46 del RLGIT y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 12 de abril de 2022.

Con fecha 05 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 580-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues se vulnero el principio de tipicidad, debido a que no es lo mismo que el trabajador no haya marcado su hora de salida en algunos días a que la empresa no cuente con un registro de control de asistencia. Asimismo, indica que se imputa una infracción cuyo supuesto de incumplimiento no se ha producido. ii. Expone que se evidencia la falta de motivación fáctica de la infracción imputada. iii. Cita la Resolución N°169-2021-SUNAFlL/TFL, indicando que se debe ponderar los hechos a fin de no aplicar la norma automáticamente, porque la norma aplicable al procedimiento sancionar es de tipo garantista para el administrado. iv. Añade que no solo se ha vulnerado el principio de tipicidad, sino también el de razonabilidad. v. Expone la inaplicación de los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV y el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues se vulneraron los principios de presunción de licitud, verdad material y del debido procedimiento porque se les resta mérito probatorio a los documentos presentados por la empresa. vi. Que, en la Resolución N° 056-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que, ante la comisión de una infracción, la presunción de licitud prevista en el artículo 9 del artículo 248 de la LPAG, obliga a la Administración a atribuir la responsabilidad de la infracción solo si esta ha sido demostrada de forma fehaciente. vii. Que, está demostrado contar con evidencia suficiente y objetiva acerca de su responsabilidad, en consecuencia, se ha configurado la causal de nulidad tipificada en el inciso 10.1 del TUO de la LPAG.

viii. Indica que, el hecho de que no se haya consignado una información en la boleta de pago, ello no configura la infracción de no pago de la remuneración íntegra y oportuna, que es la infracción imputada. ix. Alega la aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT, que no debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento por cuanto la empresa sí cumplió con sus obligaciones legales y esta contenía una serie de vicios, por tanto, fue emitida de forma ilegal. x. Refiere que, no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, pues no se respeto el principio de legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

potestad sancionadora administrativa12, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

12 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos” (énfasis añadido).

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT 6.17 El artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR13, que determina las disposiciones sobre el Registro de Control de Asistencia y de Salida en el Régimen Laboral de la Actividad Privada (en adelante D.S. N° 004-2006-TR), preceptúa que todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. (énfasis añadido)

13 DECRETO SUPREMO N° 004-2006-TR – DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y DE SALIDA EN EL RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA “Artículo 1.- Ámbito Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas. No existe obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día.”

14 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR 15 Texto vigente en la fecha de las actuaciones inspectivas.

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia16 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia. 6.11. En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. (…) 6.16 Si el inspeccionado logra probar ante el inspector actuante, en ejercicio de su derecho de defensa durante la fase de fiscalización, el incumplimiento reprochado — en este caso, la ausencia en la marcación del registro de asistencia— que ha merecido su reacción oportuna (dada en un lapso inmediato con respecto a la ocurrencia de los hechos sancionables, como ocurre en este caso, según se ha anotado en la línea temporal graficada en el considerando 6.14), el inspector actuante deberá examinar los actuados de forma cuidadosa para poder emitir una propuesta de sanción adecuadamente motivada. De esta forma, deberá examinarse si el empleador, a través del ejercicio del poder de dirección, busca encausar cierta acción u omisión de sus trabajadores resultante en un incumplimiento del que sea responsable, siempre que el incumplimiento

16 Véase la sentencia recaída en el expediente Nº 02111-2010-PA/TC- LIMA, Fundamento jurídico 42, tercer párrafo: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

detectado se extienda en un periodo igualmente inmediato (como en este caso, donde tras la detección por la inspección del trabajo de la falta de registro, se produjo la respuesta inmediata del empleador). Así, de verificarse que el lapso por el que se extendió el posible incumplimiento puede entenderse válidamente subsanado —y no exista un periodo de incumplimiento mayor al de la posible conducta subsanadora— no correspondería imputar responsabilidad al administrado, por la falta de determinación de un comportamiento culpable y en aplicación del principio de razonabilidad. 6.17 En ese sentido, el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, establece la obligación de la inspección del trabajo y de la autoridad administrativa sancionadora de la aplicación coordinada de los principios de tipicidad y de razonabilidad (recogidos en los incisos 4 y 10, respectivamente, del artículo 248 del TUO de la LPAG), lo cual satisface un estándar adecuado para la imputación de responsabilidad administrativa en este tipo de casos. 6.18 Siendo que, en el caso de autos, se aprecia que, analizada de forma conjunta los medios de prueba alcanzados por el sujeto inspeccionado en la fase inspectiva del procedimiento —descritos en el numeral 6.13 y 6.14— se verifica que éste ha tenido una conducta dirigida a garantizar el cumplimiento del registro de asistencia por parte de su personal; tal es así que, con inmediatez, desde conocida la omisión en el marcado del registro de asistencia y siendo que el periodo en el que este hecho se ha comprobado representa un lapso igualmente encuadrable dentro de la inmediatez, se advierte que el empleador ejerció su poder de dirección frente a sus trabajadores para disponer que cumplan con su deber de marcar el cuaderno de registro de asistencias que implementó, en su calidad de empleador y garante del mismo”.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva

consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

17 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados- numeral sexto- en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento pues no cumplió con la totalidad del pago de los montos descontados en la remuneración del trabajador.

Sobre la supuesta inaplicación del principio de presunción de veracidad, licitud y tipicidad por parte de las instancias previas

18 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

vigente, las cuales, necesariamente, deberán confrontarse a través de los medios probatorios que recabe la autoridad a cargo del procedimiento de fiscalización.

19 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No efectuar el pago integro de la remuneración convencional desde julio de 2015 hasta octubre de 2017 al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No contar con el registro de control de asistencia y salida, con las formalidades de ley (horas y minutos de salida), del periodo de agosto a diciembre de 2013 y del 21 de abril de 2015 al 17 de octubre de 2017, lo que afectó al trabajador Alexander Hernán Nolazco Galindo. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, cuya verificación fue programada para el día 5 de febrero de 2018 a las 16:00 horas. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 580-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de abril de 2022, emitida por la Intendencia Metropolitana de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 589-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 580-2022-SUNAFIL/ILM, en los extremos referidos a las infracciones tipificadas en el numeral 25.19 del artículo 25 y el numeral 46.7 de artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C. y a la Intendencia Metropolitana de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240403JCR