Tiendas por Departamento Ripley S.A.C — Res. 1303-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago de los meses de junio y julio 2020 a favor de los extrabajadores (…), tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,118.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el 16 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Una de las medidas de restricción dictadas por el gobierno fue reemplazar la entrega física de las boletas de pago por una entrega digital; por lo que, de conformidad con inciso 2, artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310, se decidió remitirlas a través de correos electrónicos, con el fin de que puedan estar a disposición de los afectados. No obstante, la autoridad de primera instancia mantiene un indebido criterio, sin tener en cuenta que la normativa citada señala que no se requería acreditar la recepción por parte del trabajador. Asimismo, en el marco de la crisis sanitaria, se publicó el Decreto Legislativo N° 1499, de fecha 10 de mayo de 2020, el cual simplificó la entrega de todos los documentos laborales, facilitando que sean remitidos por medios virtuales. En virtud de ello, existe fundamento para que se desestimen las infracciones indebidamente impuestas, lo contrario contraviene la Resolución N° 368-2021-SUNAFIL/TFL, donde se determina que hasta el envío de boletas vía WhatsApp es un mecanismo que comprueba el cumplimiento de la obligación. ii. En el caso del señor Luis Quispe, se puede observar que en su Curriculum Vitae coloca como correo electrónico: (…)hotmail.com, dirección a la fueron remitidas las boletas de pago de junio y julio de 2020. Respecto a la señora Edith Chávez, en su solicitud de empleo 2017, se señala como correo electrónico: (…)gmail.com, dirección a la que fueron remitidas las boletas de pago de junio y julio de 2020. Lo que hace suponer que los mencionados correos pertenecían a los trabajadores en controversia, pues fueron señalados por ellos mismos. iii. La resolución apelada adolece de una debida motivación, primero porque no argumenta debidamente por qué llega a la conclusión que la inspeccionada no ha cumplido con su obligación de entregar las boletas de pago a sus trabajadores; y,

segundo, no ejerce una adecuada interpretación jurídica y fáctica sobre los hechos y normativa aplicable; por tanto, el pronunciamiento causa indefensión debiendo declararse la nulidad del mismo. iv. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, cuestionan que se haya requerido adoptar las medidas necesarias para cumplir con la entrega de las boletas, cuando nunca se configuró tal incumplimiento, pues se demostró que la inspeccionada consignó las boletas de pago y que cuenta con medios probatorios que lo respaldan. Para los casos en los que no se cumpla con la medida, es imposible que se determine la supuesta ilegalidad de la conducta de manera previa a la emisión del Acta de Infracción, puesto que la existencia de una infracción debe entenderse como los hechos verificados que sustentan la imputación recogida en el acta en mención; es más, recién con la notificación de la imputación de cargos se inicia la etapa de instrucción del procedimiento administrativo. Siendo así que, el administrado no puede realizar ninguna medida de cuestionamiento, debiendo hacerlo dentro del procedimiento sancionador, recién cuando exista una resolución definitiva; por tanto, está obligado a auto inculparse antes. Al respecto, Sunafil está obligada a probar que la inspeccionada incumplió, en virtud del principio de presunción de inocencia, el fundamento de ello ha sido tratado en la normativa internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), como nacional (artículo 24 de la Constitución Política del Perú y numeral 9, artículo 248 de la Ley N° 27444). Por lo cual, consideran que imponer una multa por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento contraviene el principio de presunción de inocencia, debiendo declararse la nulidad de la sanción. v. La resolución apelada lesiona el principio de concurso de infracciones, orientando a la Inspección de Trabajo a ser una herramienta con ánimo punitivo que no orienta un mejor cumplimiento de las normas laborales, sino que genera sanciones desmedidas a los administrados. Por lo cual, en el caso se determine que la inspeccionada incurrió en las presuntas infracciones, solicitan se imponga únicamente la de mayor gravedad. vi. Se adjuntan las evidencias de envíos de las boletas de pago de junio y julio de 2020; por lo que, solicitan se aplique la reducción de multa conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 del RLGIT. Además, se debe tener en cuenta el contenido del literal a) del numeral 2 del artículo 257 del TUO LPAG.

2 Notificada al impugnante el 17 de abril de 2023, conforme obra a folios 54 del expediente administrativo sancionador.

i. El numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310 establece que, en caso de uso de tecnologías de la información, se debe garantizar la constancia de su emisión y un adecuado acceso por parte del trabajador. La entrega de las boletas no estuvo acreditada; recién se acredita con los correos presentados en el recurso de apelación, por lo que no se enerva su responsabilidad, aunque configura la subsanación de dicha infracción. ii. El artículo 40 de la LGIT dispone que la solicitud de reducción es resuelta por la Autoridad Administrativa de Trabajo de primera instancia, por lo que el inferior en grado deberá proceder a evaluar si la documentación presentada por la inspeccionada acreditaría la subsanación de las citadas infracciones y, de ser así, proceda a aplicar el beneficio de reducción que corresponda. iii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la inspeccionada acreditó el cumplimiento de la obligación con los medios probatorios presentados en el recurso de apelación. Por lo que se acredita que no cumplió con la MIR en el plazo otorgado. iv. No existe concurso de infracciones, considerando que las conductas que han configurado las infracciones son distintas; la primera se refiere a la omisión de entregar las boletas de pago al trabajador (incumplimiento de las obligaciones sociolaborales), mientras que la segunda se refiere a no cumplir con una clase de medida inspectiva que se adopta para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales; por ende, correspondía sancionar a la inspeccionada por incumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de noviembre de 2020, adicionalmente a la sanción por entregar las boletas de pago. v. El inferior en grado ha motivado con suficiencia la decisión de sancionar a la impugnante, no advirtiéndose algún vicio de nulidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 335-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes argumentos:

i. Se han vulnerado los principios de razonabilidad y debida motivación al multar por no cumplir presuntamente toda la medida inspectiva. Así, se emitió una medida respecto de las boletas de junio a septiembre de 2020 a favor de los dos trabajadores, habiendo acreditado la empresa que las mismas fueron enviadas a los correos electrónicos de los trabajadores afectados. Emitida la medida, la autoridad decidió extender el Acta de Infracción porque consideró que no se había acreditado la entrega de las boletas de junio y julio de 2020, pero no sustentó por qué arribó a dicha conclusión, no desarrollando por qué la documentación no fue suficiente. ii. Se vulnera el derecho de defensa porque fue recién con la resolución de subintendencia que se conoció la razón por la que la autoridad no tomó en cuenta las constancias de envío correspondiente a los meses de junio y julio. La autoridad de segunda instancia no se ha detenido a analizar los medios probatorios presentados. De ser así se hubiera acreditado que el envío al correo (…) hotmail.com sí era válido porque se emitió al correo proporcionado por el mismo colaborador a la Empresa. iii. Se ha inaplicado el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, vulnerando el principio de legalidad al multar a la empresa por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Ello porque el inspector emitió una medida para exigir el cumplimiento de una obligación inexistente. Así, resulta válida la remisión de boletas por medios digitales, conforme lo ha corroborado el propio tribunal en las resoluciones Resolución No. 424-2021- SUNAFIL/TFL, 368-2021-SUNAFIL/TFL, entre otras. iv. De acuerdo con lo señalado en la Resolución N° 082-2021-SUNAFIL/TFL y un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. En consecuencia, no estaba obligado a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad.

v. Inaplicación de los artículos 154 del TUO de la LPAG y 40 de la LGIT ya que la intendencia no atendió la solicitud de reducción de multa pese a considerar que sí se subsanó la infracción relacionada a la entrega de boletas de pago.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones leves

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

9 Resolución de Sala Plena Nº 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se

ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

10 De acuerdo con las normas vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas de investigación.

cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

11 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 12 De folios 120 a 130 del expediente de actuaciones inspectivas.

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de

requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

13 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago de los meses de junio y julio 2020 a favor de los extrabajadores (…). Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el 16 de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 335-2023- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 289-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 335-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250924RZR HR: 91822-2020