Tiendas por Departamento Ripley S.A.C — Res. 1132-2025

Mediante Orden de Inspección N° 36756-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2025-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sancionar económicamente a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 255-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 24 de febrero de 2022, notificada el 28 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

Con fecha 25 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1170-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, argumentando lo siguiente:

Mediante la Resolución de Intendencia N° 1901-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de diciembre de 2022, notificada el 12 de diciembre de 2022, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 31 de diciembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1901- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el MEMORÁNDUM-002603-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 29 de agosto de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1901-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción de multa impuesta de S/. 11,572.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relacionales laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 13 de diciembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.

De la revisión de los argumentos i) al v), se advierte que la impugnante sostiene esencialmente, que, en un inicio, al no estar su actividad catalogada como esencial conforme al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, debía otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación según el artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. No obstante, con la posterior ampliación del listado de actividades esenciales mediante los Decretos Supremos N° 080-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 117-2020-PCM, sus labores adquirieron dicha condición dentro de la fase 3 de reanudación, lo que, a su criterio, facultaba a la empresa a disponer de manera unilateral la compensación de las licencias otorgadas entre marzo y junio de 2020.

Al respecto, el artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 dispuso expresamente que:

En ese marco, debe recordarse que el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, vigente a la fecha de los hechos, dispuso la paralización del sistema productivo nacional, con excepción de las actividades esenciales expresamente enumeradas en su articulado (salud, alimentos, medicamentos, agua, combustible, telecomunicaciones, actividades financieras, pensiones, entre otras), pudiéndose ampliar esta lista únicamente de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores competentes, siempre que fueran estrictamente indispensables.

Así, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE, publicada el 03 de abril de 2020, se incorporaron como indispensables ciertas actividades del rubro textil y confecciones, circunscritas a la producción de mascarillas, ropa hospitalaria y de protección médica, y a sus proveedores de insumos.

En tal sentido, no se contempló como parte de las actividades esenciales el objeto social de la inspeccionada. Cabe precisar que la continuidad de las actividades esenciales respondía a la protección del interés público en un contexto de emergencia sanitaria, finalidad distinta a la actividad económica desarrollada por la empresa. Por ello, resulta erróneo sostener que la inclusión en fases de reanudación económica convirtiera a su giro en esencial.

Ello se corrobora con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 10 de mayo de 2020, que incorporó el literal o) al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiendo que: “o) Servicios para las actividades comprendidas en las cuatro fases de la estrategia de ‘Reanudación de actividades’, aprobada por Decreto Supremo N° 080- 2020-PCM, conforme a su implementación”. Esta disposición evidencia que la reactivación económica en fases no equivalía a considerar dichas actividades como esenciales, sino a autorizar progresivamente la reanudación del aparato productivo

En ese orden de ideas, el argumento de la recurrente, referido a que la reactivación de sus actividades en la fase 3 la convertía en esencial y la habilitaba a imponer compensaciones unilateralmente, debe ser desestimado.

Aunado a ello, es oportuno reiterar que el artículo 26.1 del Decreto de Urgencia N° 029- 2020 se aplicaba únicamente a las actividades expresamente reconocidas como esenciales por el D.S. N° 044-2020-PCM y modificatorias, sin que se incluyera al giro de la inspeccionada. De otro lado, las acciones a cargo del empleador en el marco de la emergencia debían regirse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en concordancia con el bloque de constitucionalidad de protección de derechos laborales.

En tal perspectiva, no se verifica que la normativa vigente a la fecha de los hechos haya autorizado de forma expresa la imposición unilateral de labores en sobretiempo como mecanismo de compensación de horas durante el Estado de Emergencia Nacional.

Por las razones expuestas, los argumentos de la inspeccionada, en el sentido de que su giro adquirió la condición de esencial con la fase 3 y que ello le confería legitimidad para imponer unilateralmente la compensación de horas, deben ser desestimados. En efecto, su actividad no fue catalogada como esencial, sino incluida en la estrategia de reanudación progresiva, situación distinta. Asimismo, el artículo 26.2 del D.U. N° 029- 2020 exigía acuerdo entre las partes en el sector privado para la compensación de horas, sin prever facultad unilateral del empleador.

En consecuencia, a la luz de los principios de legalidad y tipicidad establecidos en el TUO de la LPAG, y considerando que la facultad de dirección del empleador regulada en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-97-TR no es absoluta, corresponde concluir que la inspeccionada no se encontraba habilitada para imponer sobretiempo ni compensación unilateral de horas durante el Estado de Emergencia Nacional. Por tanto, se desestiman los argumentos i) al v) vinculados a este extremo.

Es importante precisar que los argumentos vi) y vii) planteados por la impugnante serán resueltos en conjunto dada su afinidad temática. A través de los mismos, la recurrente sostiene esencialmente que la resolución impugnada adolece de defectos de motivación ya sea por ausencia o por incongruencia.

Sobre el particular, debemos señalar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional —máximo intérprete de la Constitución— se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento,

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En ese entendido del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

En particular, corresponde precisar, contrario a lo alegado por la impugnante, la resolución impugnada mantiene coherencia, pues en su considerando 3.4 no se reconoce en ningún momento que las actividades económicas de la empresa tengan la condición de esenciales, reiterándose incluso que, aun con la estrategia de reactivación económica, estas continuaban calificadas como no esenciales; además, se estableció que las resoluciones invocadas carecen de carácter vinculante al no constituir precedentes de observancia obligatoria.

Siendo así, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica un supuesto de

En consecuencia, se verifica que el presente procedimiento administrativo sancionador no ha incurrido en alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, toda vez que se ha garantizado el respeto al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa de la recurrente a lo largo de su tramitación. Por lo que, se desestiman los argumentos expuestos.

Al respecto, se advierte que mediante su argumento viii), la impugnante sostiene que se ha vulnerado el principio de tipicidad, en tanto la sanción se habría fundamentado en la compensación unilateral de las licencias con goce de haber otorgadas en el contexto del COVID-19, mientras que la infracción imputada está referida a normas sobre jornada de trabajo.

Sobre el particular, corresponde precisar que, conforme a la premisa fáctica verificada en los considerandos 4.8 al 4.11 del Acta de Infracción, la conducta de la inspeccionada consistió en imponer de manera unilateral la compensación de las licencias con goce de haber otorgadas durante el Estado de Emergencia Nacional. Tal decisión impacta directamente en la jornada de trabajo de los trabajadores afectados, en tanto los obliga a laborar en exceso respecto de la jornada máxima legal, con el objeto de compensar horas no laborada.

En efecto, la inspección del trabajo constató que la impugnante no presentó acuerdos de compensación suscritos con los trabajadores, pese a que el artículo 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 exigía pacto expreso entre las partes para tal efecto. De este modo, correspondía que las licencias se compensaran únicamente al término del Estado de Emergencia y mediante mecanismos acordados bilateralmente, no por imposición unilateral del empleador.

En esa línea, la resolución sancionadora desarrolló adecuadamente que la empresa no estaba comprendida en el listado de actividades esenciales, de modo que la compensación unilateral impuesta supuso una transgresión al límite de la jornada máxima legal. Por tanto, resulta correcta la subsunción efectuada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, referido a la vulneración de la jornada máxima de trabajo, toda vez que la conducta de la inspeccionada generó una extensión indebida de la misma en perjuicio de sus trabajadores.

Finalmente, al administrada a través de su argumento ix), sostiene que se han vulnerado los principios de licitud y de verdad material, puesto que no se acreditó con medio probatorio alguno que los trabajadores afectados hayan sido obligados a laborar en sobretiempo, siendo que, a su criterio, la compensación de horas podía ser dispuesta unilateralmente

Sobre el particular, el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que: “las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras que no cuenten con evidencia en contrario”. Dicho principio se deriva de la presunción de inocencia prevista en el artículo 2 inciso 24 literal e) de la Constitución, según la cual toda persona se considera inocente mientras no exista pronunciamiento en contrario.

Sin embargo, en el presente caso la autoridad administrativa ha actuado conforme al principio de verdad material, establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG), constatando que la inspeccionada no presentó acuerdos válidos de compensación de horas, pese a la exigencia expresa del artículo 26.2 del D.U. N° 029-2020, a mayor abundamiento, se verificó que, pese a dicha ausencia, se dispuso unilateralmente la compensación de la licencia con goce de haber. Tal constatación enerva la presunción de licitud, pues acredita objetivamente la configuración de una conducta infractora.

En consecuencia, no se advierte vulneración alguna al principio de presunción de licitud. Por el contrario, ha quedado acreditado que la inspeccionada impuso unilateralmente mecanismos de compensación de licencias con goce, lo cual transgrede el límite de la jornada máxima de trabajo y se subsume correctamente en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.