Tiendas Multimoda Sociedad Anónima — Res. 727-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo: Registro trabajadores y otros en la Planilla) y Seguridad Social (Subgrupo: Inscripción en la seguridad social). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia relaciones laborales, por no acreditar el registro en planilla electrónica de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en la seguridad social en salud desde el 02 de enero de 2019 de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44- B del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en la seguridad social en pensiones desde el 02 de enero de 2019 de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 9,450.00.

i. La inspeccionada sostiene que no existió vínculo laboral con los señores Vázquez Delgado y Torres Aguilar, ya que no le prestaron servicios personales ni directos, sino que fueron contratados por su representante para realizar labores de vigilancia externa, sin ingresar a sus locales y sin supervisión o control directo.

ii. Se alega que el servicio se brindaba una vez por semana, de manera autónoma, sin subordinación ni órdenes, por lo que el inspector de trabajo habría incurrido en una incorrecta aplicación del principio de primacía de la realidad al no verificar directamente dicha prestación de servicios. iii. Asimismo, se cuestiona el análisis realizado respecto a la cláusula novena de los contratos de locación, señalando que esta no impide que el locador sea asistido en sus funciones, sino que prohíbe la cesión del contrato a terceros, siendo ello coherente con el artículo 1766 del Código Civil. iv. En relación al registro en la planilla electrónica y a la afiliación a los regímenes de seguridad social, se reitera que, al no existir vínculo laboral, no corresponde la inscripción de dichas personas en planilla ni su afiliación al seguro social. v. Finalmente, respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se reafirma que no corresponde acreditar la inclusión de Vázquez y Torres como trabajadores, en tanto no existe relación laboral con la inspeccionada.

i. Señala que, del análisis del expediente se verifica que los contratos de locación de servicios suscritos con los señores Vázquez y Torres fueron celebrados por la inspeccionada mediante su representante legal, actuando en nombre de la persona jurídica, y no a título personal como se alegó. Además, las cláusulas contractuales demuestran que los servicios de vigilancia se prestaban en horarios determinados, con obligación de informar sobre hechos relevantes, y sin posibilidad de delegar la ejecución del contrato, lo cual denota un carácter personalísimo en la prestación de los servicios. ii. En ese marco, la autoridad inspectiva está habilitada a aplicar el principio de primacía de la realidad ante cualquier discrepancia entre lo declarado y lo constatado durante la inspección, priorizando los hechos sobre las formas contractuales. De la actuación inspectiva se concluye que los trabajadores prestaban servicios directamente en los locales de la inspeccionada en Lima y Trujillo, siendo responsables exclusivos del cumplimiento del contrato, sin posibilidad de transferir sus funciones, lo que refuerza la existencia de una relación directa y subordinada. iii. Por tanto, la subordinación alegada como inexistente se ve desvirtuada por el hecho de que los trabajadores estaban sujetos a un horario fijo, ejecutaban labores bajo requerimientos específicos de la inspeccionada y no podían modificar ni delegar las características del servicio. Todo ello revela que, más allá del nombre del contrato, la relación era laboral en tanto los trabajadores actuaban conforme a las directrices de la inspeccionada, prestando servicios de vigilancia directamente vinculados a la protección de su patrimonio.

iv. Por último, respecto a la medida inspectiva de requerimiento, se precisa que, conforme a los artículos 5 de la LGIT y 18 del RLGIT, los inspectores están facultados a requerir al sujeto inspeccionado la adopción de medidas correctivas dentro de un plazo determinado, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento. En el caso concreto, la inspeccionada fue requerida para subsanar incumplimientos en materia de relaciones laborales y seguridad social en un plazo de cuatro días hábiles, pero optó por no atender dicho requerimiento, por lo que, al haberse acreditado la existencia de vínculo laboral, corresponde asumir las consecuencias derivadas de su obstrucción a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Tiendas Multimoda Sociedad Anonima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 23 de setiembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1556-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

i. Alega que, no se aplicó correctamente el principio de primacía de la realidad, dado que el Inspector comisionado no cumplió con verificar in situ los servicios brindados por los trabajadores afectados. ii. Sostiene que no se valoraron adecuadamente los fundamentos expuestos en su recurso de apelación, vulnerándose su derecho al debido procedimiento.

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los elementos de una relación laboral y el contrato de locación de servicios

a) Prestación personal de servicios: Es un elemento esencial del contrato de trabajo que implica que el servicio debe ser brindado de manera directa y personal por el propio trabajador, quien debe ser necesariamente una persona natural.

b) Remuneración: Corresponde al total de lo que el trabajador percibe por la prestación de sus servicios, ya sea en dinero o en especie, independientemente de la forma o denominación que se le otorgue, siempre que constituya un ingreso de libre disposición.

c) Subordinación: Se refiere a la situación en la que el trabajador se encuentra sujeto a las órdenes, instrucciones y directivas del empleador, quien tiene la facultad de supervisar y sancionar el desempeño del trabajador en el desarrollo de sus labores.

como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)”

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

Sobre la desnaturalización de los contratos de locación en el caso concreto

i) Prestación personal de servicios: Al respecto, se señala que los locadores Torres y Vásquez “prestan servicios personales y director a favor del sujeto inspeccionado como encargados de Seguridad, Vigilancia y Custodia de los puestos comerciales que tiene el sujeto inspeccionado en Lima y Trujillo”.

Ello, encuentra sustento en la cláusula novena del contrato de locación de servicios a través de la cual se señala que “EL LOCADOR no podrá modificar, alterar o sustituir las características de sus servicios al ejecutarse el presente contrato ni transferir parcial o totalmente su prestación a terceros, siendo totalmente responsable sobre la ejecución y cumplimiento del presente contrato”.

De esta forma, la referida clausula, evidencia el carácter personalísimo de las funciones desempeñadas por los mencionados “locadores”, a tal punto que se prohíbe la delegación de las funciones de vigilancia hacia un tercero, debiendo realizarla ellos mismos. Así, se acredita este primer elemento de la relación laboral.

ii) Remuneración: De la revisión realizada a los actuados de la etapa inspectiva, se observa que los locadores percibían pagos mensuales regulares, conforme consta en el cuadro resumen obrante en fojas 4 del expediente, lo cual pone en evidencia la existencia de una contraprestación reiterada y continua, propia de una relación de trabajo.

iii) Subordinación: Sobre este elemento, de la lectura integra de los artículos de los contratos de locación suscritos, se evidencia que los referidos “locadores”, en realidad se desempeñaban bajo subordinación, cumpliendo un horario de trabajo y con la obligación de reportar a su empleador cualquier incidente que suceda.

En efecto, el artículo tercero del mencionado contrato establece la obligación de los locadores de prestar sus servicios de vigilancia y guardianía en horario nocturno 1 día a la semana, sábado o domingo según necesidad, en el horario de 10:00 p.m. hasta las 06:00 am.

Por su parte, el artículo octavo establece la obligación de los mencionados locadores de reportar a su empleador “sobre cualquier hecho o circunstancia que se produzca en el puesto comercial relacionado con los servicios de vigilancia y guardianía”.

Asimismo, conforme ya se señaló previamente, el precitado articulo noveno señalan que “no podrá modificar, alterar o sustituir las características de sus servicios al ejecutarse el presente contrato (…)” esta cláusula revela que los “locadores” no tenían control sobre la forma de prestación del servicio, sino que se encontraban subordinados a la forma establecida por su empleador.

De esta forma, se evidencia el poder de dirección con el que contaba la impugnante, al establecer un horario, un lugar para la prestación de servicios, la forma en que estos serían prestados, además de la obligación de prestación personal de los mismos Así, se evidencia la existencia de la subordinación, elemento que diferencia un contrato civil de uno de naturaleza laboral.

los elementos esenciales que la configuran. En tal sentido, correspondía que los mencionados trabajadores fueran inscritos en la planilla electrónica de la impugnante.

Figura N° 01: Extracto del Acta de Infracción

Sobre la obligación de la impugnante de registrar en planilla a sus trabajadores

“Artículo 4-A.- Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) El empleador deberá registrarse, así como a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes, de acuerdo a los siguientes plazos: a) Trabajador, prestador de servicios a que se refiere el numeral ii) del literal d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, personal en formación - modalidad formativa laboral y

otros, y personal de terceros: dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados (…)”.

Respecto a las infracciones tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

“Artículo 3.- Asegurados: Son asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores. (....)

Artículo 5.- Registro y Afiliación El Registro de Entidades Empleadoras y la inscripción de los afiliados regulares se realiza ante el IPSS en la forma y en los plazos establecidos en los reglamentos. Es obligación de las Entidades Empleadoras registrarse como tales ante el IPSS y realizar la inscripción de los afiliados regulares que de ellas dependan, así como informar el cese, la suspensión de la relación laboral y las demás ocurrencias señalados en los reglamentos. (...)"

“Artículo 7.- Son asegurados del Seguro Social de Salud los afiliados regulares y potestativos y sus derechohabientes.

Son afiliados regulares: los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores, y los pensionistas que reciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia. Las personas que no reúnen los requisitos de afiliación regular, así como todos aquellos que la Ley determine, se afilian bajo la modalidad de asegurados potestativos”.

“Artículo 3.- Son asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, con la excepción a que se refiere el artículo 5, los siguientes: a) Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por día, semana o mes; (...)” (énfasis añadido).

“Artículo 2.- Corresponde a los trabajadores, cualquiera sea la modalidad de trabajo que realicen, afiliarse a las AFP en los términos establecidos por la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones generales que para dicho efecto dicte la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (la Superintendencia).

Artículo 4.- La incorporación al SPP se efectúa a través de la afiliación a una AFP, bajo los procedimientos de afiliación previstos en la ley. Tal incorporación es voluntaria para Subintendencia de Fiscalización e Instrucción todos los trabajadores dependientes o independientes. Las personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes pueden afiliarse voluntariamente a la AFP que elijan, en calidad de afiliados potestativos. (...)”

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Figura N° 02: Extracto de la medida inspectiva de requerimiento

Figura N° 03: Extracto del Acta de Infracción

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”8, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo

RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

hábiles. En consecuencia, se evidencia que la medida analizada fue emitida en virtud de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el registro en planilla electrónica de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad social No acreditar la inscripción en la seguridad social en salud desde el 02 de enero de 2019 de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Seguridad social No acreditar la inscripción en la seguridad social en pensiones desde el 02 de enero de 2019 de los trabajadores Vásquez Delgado y Torres Aguilar Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva N o cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2019 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS MULTIMODA SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución de Intendencia N° 1556-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2558-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1556-2022-SUNAFIL/ILM, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 25.20 del articulo25, por no acreditar el registro en planilla electrónica de los trabajadores afectados; así como 44-B.1 del artículo 44-B, por no acreditar la inscripción en la seguridad social en salud y pensiones, respectivamente, y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la TIENDAS MULTIMODA SOCIEDAD ANONIMA y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250625VLFR HR: 122152-2023