THE Barbecue Store S.A.C — Res. 168-2023

Mediante Orden de Inspección N° 12530-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4698-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no asistir a los requerimientos de comparecencia programados para el 19 y 24 de diciembre de 2019.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1130-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 03 de setiembre de 2020, notificada el 19 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 30 de junio de 2021 (en adelante, el informe final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador, por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 707-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 19 de agosto de 2021, notificada el 23 de agosto de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,900.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 10 de septiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 707-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 156-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de enero de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 16 de febrero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 156- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-001270- 2022-SUNAFIL/ILM, recibido el 23 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que THE BARBECUE STORE S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 156-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 18,900.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 01 de febrero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por THE BARBECUE STORE S.A.C.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46 que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 09 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 05 de diciembre de 2019, notificado al señor Luis Eduardo Barrueto Fructuosa, con el cargo de vendedor (encargado de tienda al momento de la visita) del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 19 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar los siguientes documentos: (1) Formato TR5 y TR6 del T-Registro de la planilla electrónica, impreso y en medio magnético (en excel); (2) Constancia de presentación laboral; (3) Registro de control de asistencia de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019; (4) Boletas de pago de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019; y (5) Vigencia de poder de representante de la inspeccionada que asista a la comparecencia o que otorga poder y copias de DNI. La documentación requerida se refiere a todos los trabajadores del centro de trabajo ubicado en la dirección Malecón de La Reserva N° 610, Int. 316 (CC. Larcomar) – Miraflores. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Asimismo, a folio 11 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 19 de diciembre de 2019, notificado al señor Luis Eduardo Barrueto Fructusa, con el cargo de asesor de ventas (encargado de tienda al momento de la visita) del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 24 de diciembre de 2019 a las 8:30 horas, en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar los documentos solicitados mediante requerimiento de comparecencia de fecha 05 de diciembre de 2019. La documentación requerida se refiere a todos los trabajadores del centro de trabajo ubicado en la dirección Malecón de La Reserva N° 610, Int. 316 (CC. Larcomar) - Miraflores. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, en los días y horas fijados, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a las diligencias programadas, pese a encontrarse debidamente notificado, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, cómo se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en los numerales 4.5 y 4.7 que, “el sujeto inspeccionado no se hizo presente, a través de su representante legal o apoderado, el día 19 y 24 de diciembre de 2019 a las 11:00 y 08:30 horas, respectivamente; en las instalaciones de la Oficina de la Intendencia de Lima Metropolitana ubicada en Avenida Salaverry N° 655, 2do piso, distrito de Jesús María – Lima, pese a encontrarse debidamente notificado, conforme se advierte de la constancia de actuación inspectiva y requerimiento de comparecencia obrante en autos, de fecha 05 y 19 de diciembre de 2019, respectivamente, suscrito por el señor Luis Eduardo Barrueto Fructuosa, en calidad de Vendedor, por lo que se ha incurrido en una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa”.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias, alegando al respecto que, mediante Cartas N° 02 y 03-2019/TBS de fechas 15 y 27 de diciembre de 2019, indicaron los motivos por los cuales no acudieron, en razón de que, con Orden de Inspección Genérica N° 2974-2019-SUNAFIL/ILM, les requirieron comparecer y solicitaron la misma información requerida. En tal sentido, señalan que, al haberse programado, durante el año 2019, más de una orden de inspección, se transgrede el artículo 3 del RLGIT, además de vulnerarse el principio de non bis in ídem, ya que es el mismo sujeto inspeccionado, siendo locales diferentes, pero la razón social es la misma.

Sobre el particular, de los actuados en el expediente sancionador, se aprecia que, la Orden de Inspección Genérica N° 2974-2019-SUNAFIL/ILM señalada, se llevó a cabo en torno a los trabajadores que laboran en el local comercial ubicado en la Av. Javier Prado Este N° 4200, Urb. Monterrico – Surco; no obstante, la Orden de Inspección N° 12530- 2019-SUNAFIL/ILM, que dio origen a la presente investigación, se llevó a cabo en torno a los trabajadores que laboran en el local comercial ubicado en la Av. Malecón de la Reserva N° 610, Int. 316 – CC Larcomar – Miraflores; es decir, son inspecciones diferentes, en razón a que recaen sobre distintos centros de trabajo, diferentes trabajadores, materias y períodos investigados. Ahora bien, cabe señalar que la diligencia de comparecencia tiene como finalidad la de aportar la documentación que se requiera en el caso en concreto y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes; en tal sentido, la impugnante tenía la obligación de asistir a las comparecencias. Finalmente, es necesario aclarar que, los hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, constituyen conductas independientes que se sancionan por separado.

Por otro lado, contrario a lo alegado por la impugnante, respecto a la supuesta vulneración del principio non bis in ídem, cabe señalar que no concurre la triple identidad exigida (mismos fundamentos, hechos y sujetos), ya que en el caso de autos se advierte que los hechos atribuidos se configuran en fechas distintas; por lo que, se constituyen en dos conductas suscitadas en forma independiente, y no de que, a partir de una misma conducta, se califique más de una infracción.

Por último, la impugnante alega que, dentro del año 2019, le han programado más de una Orden de Inspección, lo cual transgrede el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007- 2017-TR. Al respecto, corresponde señalar que, por la falta de colaboración de la impugnante con la autoridad administrativa de trabajo, debido a su reiterada inasistencia a las diligencias de comparecencia debidamente notificadas, se limitó la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral por parte del personal inspectivo. Asimismo, cabe mencionar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2017-TR, en el presente caso, las materias objeto de fiscalización fueron de obligaciones sociolaborales de uno de los centros de trabajo de la impugnante, por lo que no se encuentra afecta a la prohibición establecida.

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de las referidas diligencias de comparecencia de fecha 19 y 24 de diciembre de 2019, para las cuales se encontraba debidamente notificada; más aún, sí se dejó constancia del apercibimiento en los referidos requerimientos de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a la comparecencia citada, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión.

De la revisión de los descargos efectuados a la imputación de cargos, informe final de instrucción; así como de los recursos presentados (apelación, revisión), se observa la conducta de la impugnante de reiterar alegatos que han sido abiertamente desvirtuados.

En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “ (...) guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”12.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En el presente caso, se aprecia que la impugnante reitera en su recurso de revisión que no acudieron a las diligencias de comparecencia, en razón que, les solicitaron la misma información requerida mediante Orden de Inspección Genérica N° 2974-2019- SUNAFIL/ILM, así como la supuesta transgresión al artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2017-TR, el principio de non bis in ídem y respecto a que las órdenes de inspección imputadas no son por denuncias de incumplimiento de obligaciones sociolaborales, alegatos que son coincidentes con los escritos de descargos y el recurso de apelación, los cuales han sido, oportunamente, absueltos por la Resolución de Sub Intendencia N° 707- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, y por la Resolución de Intendencia N° 156-2022-SUNAFIL/ILM. Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, vulnera este principio, al impugnar de manera reiterativa y bajo los mismos fundamentos, sin aportar nuevos elementos de juicio, aludiendo supuestas vulneraciones a derechos fundamentales y señalando el comportamiento ajeno a la Ley de los inspectores comisionados y de la autoridad instructiva, con lo cual se considera que se ha transgredido el principio de

Asimismo, al letrado que suscribe el recurso de revisión, hacer la advertencia correspondiente de manera que el Tribunal de Fiscalización Laboral registre el hecho acontecido y en otra oportunidad correrá traslado al Colegio de Abogados correspondiente, para que tome las medidas respectivas.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.