Textil San Ramon S.A — Res. 683-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: actos de hostilidad y modificación unilateral de condiciones de trabajo (Sub materia: otros hostigamientos) y remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldo y salarios)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia relaciones laborales, por no cumplir con informar a los quince (15) trabajadores descritos en el numeral 4.9 del presente pronunciamiento sobre su política salarial, tipificada en el numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 7 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. La resolución carece de un análisis fáctico y legal objetivamente realizado. No ha tomado en cuenta los descargos. Por ende, se rechaza lo señalado en la resolución apelada respecto a que no se ha cumplido con informar a quince (15) trabajadores acerca de la política salarial de la empresa. ii. Sobre la presunta infracción por no capacitar a los trabajadores sobre la Política Salarial. El inspector comisionado pretende sancionar a la empresa por hechos anteriores a la diligencia inspectiva. Siendo así, no se pudo brindar las capacitaciones a los trabajadores restantes, ya que estos habrían cesado con anterioridad al proceso inspectivo realizado por la autoridad administrativa de trabajo. No se puede sancionar a la empresa por hechos ocurridos previamente y menos tratar de imponer una sanción de manera retroactiva a una situación ocurrida en el pasado, además, en la actualidad no se puede cumplir con acreditar esta situación dado que no existe vínculo laboral con los actores listados en la resolución apelada. Siendo así, las actuaciones de los inspectores y la indebida tipificación de la conducta atribuida, rompe el principio de legalidad y el principio del debido procedimiento al aplicar normas legales y tipificar las conductas que se imputan al empleador sin sustento legal y que no están debidamente motivadas. iii. Sobre la presunta infracción por la medida inspectiva de requerimiento. La medida inspectiva de requerimiento de fecha 07.02.2020 resultó materialmente imposible, pues la empresa no podía cumplir con capacitar a todo su personal con la política salarial, toda vez que, con anterioridad a la emisión de la medida de requerimiento, existía un grupo de 12 trabajadores que ya habían cesado sus labores. Se adjuntan

las constancias de baja de los doce (12) trabajadores que ya habían cesado en sus labores que se encontraban cesados en dicha fecha. Teniendo en consideración el carácter unitario de la medida de requerimiento, la SUNAFIL no podría amparar que se cumpla con un extremo de la medida. Al no existir la posibilidad que la empresa haya cumplido con capacitar a los 12 trabajadores que se encontraban cesados antes de la emisión de la medida de requerimiento, la empresa no tenía la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. iv. De modo tal, que estos trabajadores no deberían ser considerados para la clasificación de la multa por el número de trabajadores afectados. Las omisiones antes referidas afectan principios como el de legalidad y el de proporcionalidad y a su vez ocasiona un estado de indefensión a la empresa, afectando dicha sanción el principio de presunción de inocencia, que es vulnerado cuando se pretende exigir el cumplimiento de algo que no tiene la calidad de cosa decidida y mucho menos de cosa juzgada. v. En consecuencia, es contraria a ley la resolución apelada, pues se ha empleado fórmulas genéricas inconsistentes, y no aporta claridad para que la empresa en calidad de administrado pueda conocer que hechos concretos se imputan a la empresa. Se evidencia el perjuicio al derecho al debido procedimiento.

i. El inspeccionado sostiene que no se pudo brindar las capacitaciones sobre la Política Salarial a doce (12) trabajadores dado que estos habrían cesado con anterioridad al proceso inspectivo realizado por la autoridad administrativa de trabajo. Al respecto, cabe señalar que este argumento es reiterativo y ya fue desvirtuado adecuadamente mediante el fundamento del numeral 4.9 de la resolución apelada, donde se indicó que: "(...) la extinción del vínculo laboral no enerva la comisión de la infracción considerando que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-98-TR estipula que la política salarial debe ser informada a los trabajadores al momento de su ingreso al centro de trabajo. Además, el cese de dichos trabajadores se produjo con posterioridad al inicio de las diligencias inspectivas, motivo por el cual el inspector del trabajo los consideró como trabajadores afectados”. En consecuencia, las doce (12) constancias de baja que presenta el inspeccionado para evidenciar la fecha de cese de los siguientes trabajadores: 1. Cleiser Sánchez Palomino (fecha de cese: 31/01/2020), 2. Fidel Ausberto Romero Asencio (fecha de cese 28/01/2020), 3. Idelso Ríos Vásquez

2 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022, véase folio 116 del expediente sancionador.

(fecha de cese: 31/01/2020), 4. Mayco Michel Reyna Quispe (fecha de cese 31/01/2020), 5. Lucas Pashanace Pisco (fecha de cese: 31/01/2020), 6. Nilton Fredy Domínguez Chávez (fecha de cese: 08/02/2020), 7. Cristobal Amasifuen Cruz (fecha de cese: 31/01/2020), 8. José Santos Almeyda Yataco (fecha de cese: 31/01/2020), 9. Isaac Iman Vilcherrez (fecha de cese: 31/01/2020), 10. Kevin Mijael Arenas Buiza (fecha de cese: 31/12/2019), 11. Marco Antonio Chanamé Serquen (fecha de cese: 31/01/2020) y 12. Sixto Segundo Vela Tapullima (fecha de cese: 29/01/2020), no desvirtúan la infracción que sanciona la resolución apelada. ii. Por otra parte, la Autoridad sancionadora de primera instancia determinó que el inspeccionado incurrió en infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar haber cumplido con informar a los quince (15) trabajadores descritos en el numeral 4.10 de la resolución apelada sobre su política salarial, hecho que ha sido verificado en el Acta de Infracción en el Informe Final y en la resolución apelada, y que ha sido subsumido en el tipo infractor adecuado. iii. En relación con la medida inspectiva de requerimiento, señala que se le sancionó al inspeccionado por su incumplimiento respecto únicamente de los siguientes tres (3) trabajadores: 1. Luis Alberto Orosco Valenzuela, 2. Carlos Alberto Sánchez Cristobal y 3. Pedro Antonio Trujillo Ruiz. De otro lado, no se ha considerado en la resolución apelada como trabajadores afectados de esta infracción a la labor inspectiva a doce (12) trabajadores, debido a que el inspeccionado durante el procedimiento sancionador (posteriormente a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento y a su verificación) evidenció que estos doce (12) trabajadores cesaron antes de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento. iv. En consecuencia, no tiene asidero lo alegado por el inspeccionado en el sentido que se atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que la adopción de dicha medida es el resultado de la culminación del proceso de investigación realizado por el inspector comisionado, quien únicamente en atención a lo constatado, determina la emisión de dicho requerimiento, observando cabalmente los principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo, y en virtud de ello, dentro de las facultades que le concede la LGIT y el RLGIT. Por ende, en ningún estado del procedimiento inspectivo se ha afectado el derecho de defensa o el debido procedimiento en tanto se le dio al inspeccionado la oportunidad de cuestionar las infracciones objeto de la medida de requerimiento y, como consecuencia de ello, si era válido la exigencia de subsanar las infracciones respecto a los tres (3) trabajadores: 1. Luis Alberto Orosco Valenzuela, 2. Carlos Alberto Sánchez Cristobal y 3. Pedro Antonio Trujillo Ruiz, lo cual no ha sido desvirtuado. v. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan la infracción en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la primera instancia; confirmando la resolución venida en grado.

2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 10 de enero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TEXTIL SAN RAMON S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1075-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que su recurso se sustenta en el inciso 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. ii. Sostiene que se ha interpretado erróneamente el numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT, pues se ha considerado a los trabajadores cesados como trabajadores activos que deben ser informados de la política salarial. iii. Considera que el error no se encuentra en el deber de información sino en los 15 trabajadores que debían recibir la información de la política salarial sino en el número de trabajadores que deben recibir esta, que no eran 15 trabajadores sino tan solo aquellos con vínculo laboral vigente al momento del requerimiento. iv. Considera que se ha aplicado indebidamente el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pues la medida inspectiva emitida es unitaria, es decir que el administrado no puede decidir solo cumplir con parte de la medida, y la administración no puede decidir sancionar al administrado por el incumplimiento de parte de esta medida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y la debida motivación

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Sobre la supuesta interpretación errónea del numeral 25.23 del artículo 25° del RLGIT

“25.23 No haber cumplido con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa, conforme a lo previsto por la Ley Nº 26772, que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato, y su Reglamento.”.

12 Decreto Supremo Nº 002-98-TR, Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 26772, sobre prohibición de discriminación en las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa “Artículo 10.- El empleador debe cumplir con informar a sus trabajadores sobre la política salarial o remunerativa implementada, así como los criterios de las evaluaciones de desempeño o de otro tipo que tengan impacto en sus remuneraciones. Para ello, pueden conducir reuniones informativas individuales o colectivas o enviar comunicaciones escritas con los detalles de la política aplicable. Esta información debe proporcionarse al momento del ingreso del trabajador, cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador y cuando se efectúe una modificación del esquema de remuneración que les aplique según la política remunerativa. No constituye requisito indispensable que la política remunerativa a ser comunicada a los trabajadores contenga los montos que forman parte de la estructura salarial.”

Sobre la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

13 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar haber cumplido con informar a los quince (15) trabajadores descritos en el numeral 4.10 de la resolución apelada sobre su política salarial. Numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de febrero de 2020, respecto a tres (3) trabajadores afectados. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TEXTIL SAN RAMON S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 1075-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5463-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1075-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TEXTIL SAN RAMON S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240717JCR - HR 132897-2019