Textil Real S.A — Res. 1024-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS) y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,195.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la gratificación legal, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, no cumplir con el pago de la bonificación extraordinaria, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,867.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicios – CTS, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,867.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,195.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,195.50.

i. La resolución apelada es nula al no contener una debida motivación, lo cual lesiona el derecho de defensa del recurrente; asimismo, la resolución apelada no cumple con acreditar dentro del proceso de fiscalización el vínculo laboral del supuesto trabajador afectado limitándose a mencionar un informe final que no es parte de la resolución de Sub Intendencia contraviniendo la legislación respecto a la debida motivación de las resoluciones administrativas.

2 Notificada a la impugnante el 08 de noviembre de 2021. Véase folio 23 del expediente sancionador.

ii. El procedimiento de inspección se inició después del cese del supuesto extrabajador afectado; esta situación es fundamental para declarar la nulidad de la resolución apelada y del proceso, por cuanto la autoridad de trabajo debió dejar a salvo el derecho del supuesto trabajador afectado de recurrir al poder judicial para hacer valer sus derechos. Ya no existía la supuesta relación laboral que se señala en la resolución apelada cuando se inició el procedimiento sancionador, situación que deberá ser revisada por el superior jerárquico al momento de resolver. iii. Se deduce la excepción de prescripción de la multa impuesta, por cuanto ha transcurrido el plazo de cuatro años señalado en el artículo 252 de la Ley N° 27444. En efecto, desde la fecha de la supuesta comisión de la infracción hasta la fecha de la notificación de la resolución apelada han transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que señala la ley. La propia resolución apelada en su parte considerativa indica las fechas de las supuestas infracciones que han prescrito por el transcurso del tiempo. Por esta consideración se solicita que se declare fundada la excepción de prescripción conforme a ley. iv. Solicita suspender cualquier proceso de cobranza coactiva iniciado o por iniciarse hasta que concluya el presente procedimiento contencioso de apelación conforme a ley.

i. Esta Intendencia considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia se encuentra motivado, toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, sin tener que referirse a los argumentos de defensa, en tanto estos no fueron formulados por la inspeccionada a pesar de haber sido debidamente notificada a efectos de garantizar su derecho de defensa; no obstante, realizó la revisión de lo actuado en el expediente investigatorio así como en el expediente sancionador, habiendo determinado la responsabilidad de la inspeccionada en la comisión de las infracciones atribuidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG. ii. Ahora bien, en cuanto a la existencia del vínculo laboral entre la inspeccionada y el señor Gabriel Mozombite Cauper, se advierte del numeral 4.8.1 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la documentación exhibida por la propia inspeccionada, como es la “Propuesta de Liquidación de Beneficios Sociales”, a favor del recurrente, debidamente suscrita, reconocida y presentada en la diligencia de comparecencia del día 06 de noviembre de 2018, que corre a folios 17 del expediente de inspección, en la cual reconoce expresamente el vínculo laboral

3 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022. Véase folio 42 del expediente sancionador.

que ha existido entre las partes, apreciándose fecha de ingreso como fecha de cese, inclusive; en tal sentido, la determinación de la existencia de vínculo laboral no ha sido un hecho controvertido al momento de determinar la responsabilidad de la inspeccionada, por cuanto esto ya fue reconocido por la inspeccionada. iii. Cabe señalar que, de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 10 de la LGIT, la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción a la normativa de orden sociolaboral es una acción pública, por lo que las actuaciones inspectivas no se circunscriben a cautelar intereses particulares sino a tutelar el cumplimiento de normas de orden público, por tanto, la labor del inspector del trabajo no solo se limita a verificar el incumplimiento de la normativa sociolaboral, sino que ante un escenario en el que advierte la afectación de derechos fundamentales y/o vulneración de normas de orden público, en ejercicio de sus facultades. iv. En tal sentido, debe advertirse que la autoridad administrativa a fin de cumplir con su finalidad de vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en la normativa a favor del trabajador involucrado en la investigación, no está impedido de ejecutar las acciones de su competencia por haber cesado el vínculo laboral con el extrabajador, con el objeto de comprobar y garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales; en tanto que, mediante el procedimiento administrativo sancionador se determina la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de las infracciones advertidas mediante las Actas de Infracción derivadas de las mencionadas actuaciones de investigación; siendo que la posibilidad de la interposición de un proceso judicial por parte del extrabajador contra la inspeccionada obedece a intereses particulares, cuyo derecho lo puede ejercitar cuando así lo considere. v. Respecto al supuesto de prescripción, en autos se advierte que, en el Informe Final que dio lugar a la emisión de la resolución apelada, se expuso de manera detallada en los numerales del 5 al 12, los periodos prescritos en los que la facultad de la administración ha prescrito para determinar la existencia de infracciones, de conformidad con la normativa antes citada, en tal sentido se ha precisado en el numeral 11 del mencionado Informe Final, los periodos no prescritos, los cuales están referidos a las siguientes materias: (i) la gratificación legal de diciembre 2016, julio y diciembre de 2017 y julio 2018; (ii) bonificación extraordinaria de diciembre 2016, julio y diciembre 2017 y julio 2018; (iii) CTS de los periodo noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 y noviembre 2018 (trunco); (iv) remuneración vacacional de los periodos 2017-2018 y trunco del periodo 2018- 2019; precisando que respecto de los periodos prescritos, anteriores a los aquí señalados, se deja a salvo el derecho del extrabajador, para que de considerarlo conveniente lo haga valer en la vía legal correspondiente, en tanto la prescripción esta referida única y exclusivamente a la facultad que tiene la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones, mas no sobre las obligaciones que tiene la inspeccionada en cumplimiento de la normativa sociolaboral. vi. En tal sentido, corresponde desestimar lo alegado por la inspeccionada en este extremo, en tanto, luego de la notificación del Informe Final de fecha 12 de octubre de 2021, se advierte que en el presente caso, el procedimiento sancionador no se mantuvo paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado; en tanto, la resolución apelada se emitió oportunamente el 04 de noviembre de 2021 y notificada el 12 de noviembre de 2021; en tal sentido no ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar las infracciones. vii. Conforme a lo establecido en el artículo 41 de la LGIT, es el pronunciamiento de segunda instancia o expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según

corresponda, los que agotan la vía administrativa; por lo que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento no se ha iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, en tanto esta Intendencia no es la responsable de la gestión de multas; la inspeccionada deberá solicitar la suspensión dirigida al Ejecutor Coactivo de SUNAFIL, mediante las vías legales respectivas al momento que corresponda.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

16 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TEXTIL REAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1842-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. La autoridad administrativa sancionadora incurrió en un grave error al sancionar por los hechos materia de inspección, puesto que, al momento de imponerse la sanción, ya no contaban con la potestad sancionadora que la ley le concede, inaplicando lo prescrito por el artículo 53.4.2 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En consecuencia, de la simple comparación

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

entre la fecha de la notificación de la Imputación de Cargos, 08 de febrero de 2021 y la fecha de la expedición de la Resolución de Intendencia N° 1842-2021-SUNAFIL/ILM, 30 de diciembre de 2021, se advierte que transcurrieron mas de 9 meses, por lo que la autoridad administrativa de trabajo perdió la posibilidad de sancionar a la recurrente, correspondiendo se deje sin efecto la sanción.

ii. Respecto al plazo contemplado en el artículo 53.4.2 del Decreto Supremo N° 019-2006- TR, manifiestan que por imperio de los principios de presunción de inocencia y de instancia plural, recogidos en la Constitución Política vigente, cuando la norma se refiere al plazo de caducidad, señala que debe determinarse por la fecha de la resolución del procedimiento sancionador; se debe entender que se refiere al acto administrativo que pone fin al procedimiento sancionador y agota la vía administrativa, que para el caso particular, sobre sanciones muy graves, sería la resolución que debe expedir el Tribunal de Fiscalización Laboral, y para las sanciones graves la que expide el Intendente de Lima Metropolitana.

iii. La resolución apelada vulnera los principios de concurso de infracciones y del non bis in ídem, en razón que hace referencia a las sanciones por incurrir en una infracción muy grave al infringir los artículos 25.5 y 46.7 del RLGIT, sobre pago de remuneración vacacional, de lo que se colige, que son sancionados por un mismo hecho 2 veces, esto implica que sobre el particular la autoridad inspectiva al momento de sancionar no aplicó los principios recogidos por el TUO de la LPAG.

iv. Asimismo, se les impone también varias sanciones calificadas como graves, por un mismo hecho, así por el no pago de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, bonificación extraordinaria, contempladas en el artículo 24.4 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, cuando esta norma prescribe concretamente que es una infracción grave no pagar los beneficios laborales y remuneraciones, no detalla que se deba imponer una multa por cada incumplimiento, esto es arbitrario y significa atentar contra el principio de legalidad y tipicidad.

v. Respecto al rechazo de la prescripción al amparo del artículo 252 de la Ley N° 27444, cabe señalar que el plazo prescriptorio sigue su curso aún cuando se haya iniciado el proceso sancionador y este decurso solo se detiene cuando se determina la sanción, en definitiva, por tanto, se interpreta la norma de manera arbitraria, al considerar que habiéndose iniciado el procedimiento administrativo sancionador el plazo de prescripción no transcurre. Siendo esta interpretación sin sustento y totalmente errada; en el presente trámite de inspección laboral, la determinación de la sanción muy grave solo queda firme con el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral, mientras no se expida este acto administrativo el plazo prescriptorio sigue su curso.

vi. Respecto a la falta muy grave por no contar con el registro de control de asistencia del señor Gabriel Mozombite Cauper, pese a la inexistencia del vínculo laboral con esta persona al momento de iniciarse el presente procedimiento sancionador, manifiestan que la autoridad administrativa sancionadora incurre en una interpretación errónea respecto de las normas que recogen los principios sancionadores que rigen el sistema de inspección de trabajo; estos principios deben interpretarse dentro de los

parámetros del principio de primacía de la realidad, por esto el procedimiento de inspección no puede involucrar a personas que no prestan servicios o trabajan para la empresa en el momento de la inspección laboral, esto desnaturaliza los fines de la labor inspectiva, siendo grave también que en la resolución impugnada se haya dado mérito al documento denominado “propuesta de liquidación de beneficios sociales”, como un documento relacionado con el reconocimiento de un vínculo laboral con el señor Gabriel Mozombite Cauper, esto porque en una inspección laboral el administrado suele en aras de la conciliación y evitar un largo procedimiento administrativo, ceder a los requerimientos de la autoridad pública inspectiva, pese a no ajustarse estos requerimientos a la realidad, siendo ajeno a los principios de la conciliación, figura recogida y promovida en las normas laborales.

vii. Finalmente, se advierte de la Resolución de Intendencia, que se ha incurrido en una grave afectación a la motivación del acto administrativo, no se advierte de la impugnada que la decisión adoptada de imponerse una sanción, obedezca a un exhaustivo estudio de los hechos y que se haya aplicado el derecho como corresponde, no se advierte un razonamiento que permita apreciar que la decisión no es fruto de la sola arbitrariedad, en ese sentido, este acto administrativo resulta nulo; el hecho de que no haya realizado descargos en la etapa correspondiente, no exime a la autoridad de la obligación de motivar el acto administrativo adecuadamente, lo que atente contra la Constitución y contra la Ley N° 2744, que imponen el deber de motivar.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 102-2021-SUNAFIL/ILM/AI2 08/02/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 1155-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2 08/11/2021

10 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO

Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo

caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Del principio del non bis in ídem 6.15 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

11 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438. 12 Fund. Jur. N°. 3.3. 13 Fund. Jur. N°. 19. 14 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es

15 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas”.

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

16 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR 17 Véase folio 26 y 31 del expediente inspectivo. 18 Véase folio 11 del expediente inspectivo.

N° 004-2006-TR. Por lo que, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con dicho registro, ha incurrido en la infracción imputada.

Sobre el incumplimiento del pago de vacaciones truncas

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

19 Folio 28 del expediente inspectivo.

Cauper y, 4. Los depósitos y/o pagos directos íntegros de la Compensación por Tiempo de Servicios, con los intereses de ley de ser el caso, correspondientes a los periodos semestrales vencidos en noviembre 2016, mayo 2017, noviembre 2017, mayo 2018 y el periodo trunco de noviembre 2018, a favor del trabajador Gabriel Mozombite Cauper”. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

20 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”.

21 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. 22 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial.

considerando 18 de la Resolución de Sub Intendencia N° 1155-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, por cuyas infracciones, la autoridad de primera instancia ha sancionado a la impugnante correctamente. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No contar con el registro de control de asistencia. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de la gratificación legal. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de la bonificación extraordinaria. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acredito el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS). Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago de la remuneración vacacional. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TEXTIL REAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1842-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3344-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1842-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TEXTIL REAL S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20221103MCR