Telefónica del Perú S.A.A — Res. 881-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas (Sub materia: Libertad sindical (Licencia sindical, Cuota sindical, entre otros)); Discriminación en el trabajo (Sub materia: Otras discriminaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación al personal inspectivo, necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información el 02 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 138,688.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar información y documentación al personal inspectivo, necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información el día 13 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 138,688.00.

i. La Resolución de Subintendencia vulnera el principio de razonabilidad en tanto que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada, ya que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción y que en ambas oportunidades se solicitó la misma información, por lo que sólo cabe imputar y sancionar por una única infracción. Lo contrario es lo más lesivo para el administrado. Asimismo, la Sub-Intendencia de Resolución de Apurímac

resolvió dejar sin efecto una de las multas impuestas por obstrucción a la labor inspectiva por cuanto en ambos requerimientos se solicitaba la misma información. ii. La resolución de Sub Intendencia vulneró el principio de tipicidad en tanto que la empresa no se negó a presentar la información solicitada por el personal inspectivo, no existiendo una negativa expresa. El tipo administrativo habla de una negativa, no de una mera omisión, falta de respuesta ni demora en la entrega de información. Asimismo, la acción debe tener como consecuencia que se frustren las actuaciones inspectivas, lo cual en el caso de autos no ocurrió. Es así que se pudo continuar con las investigaciones, pero decidió darse por culminada limitándose a emitir únicamente requerimientos de información en las que en todas las oportunidades se cumplió con remitir información que, si bien no cubría los criterios de forma requeridos, sí permitía cubrir el pedido de información en fondo. iii. La resolución de Sub Intendencia vulnera el derecho a la Debida Motivación de las Resoluciones, el principio de presunción de inocencia y carga de la prueba en tanto que la sub intendencia desconoce que los requerimientos por cuyo incumplimiento se está sancionando contienen un listado específico de información que la empresa no tenía la obligación de poseer, pretendiendo que se produzca información con la finalidad de inculparla sin fundamento. La Autoridad administrativa es quien tiene la carga de la prueba para imputar infracciones e imponer sanciones. iv. Se sanciona a la empresa por no enviar información que sí fue entregada, en tanto que los dos requerimientos de información fueron atendidos por parte de la empresa, considerando que todo requerimiento de información y documentación debe alinearse bajo el principio de legalidad y por tanto debe circunscribirse a información y documentación legalmente exigida.

i. Las infracciones determinadas están referidas a los requerimientos de información de fechas 02 de julio y 13 de julio de 2021, cada una de ellas con plazos de vencimiento independientes, no pudiendo calificarlas como infracciones continuadas; por el contrario, se trata de dos incumplimientos en fechas distintas, es decir los incumplimientos al deber de colaboración se realizaron en dos oportunidades. ii. La infracción a la labor inspectiva es una infracción instantánea, cuya lesión al bien jurídico protegido (colaboración con la autoridad administrativa de trabajo) se configura en un momento determinado, sin producir una situación jurídica duradera, por lo que, si el sujeto inspeccionado no cumple con presentar la

2 Notificada a l impugnante el 16 de febrero de 2023. Véase folio 115 del expediente sancionador.

información requerida en la forma y modalidad solicitada incurre en la infracción tipificada. Es por ello que las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron; se requirió información de forma tal que se pudieran finalizar los actos de investigación; sin embargo, la inspeccionada no remitió lo requerido por la administración, sino documentación diferente, lo que frustró las acciones de investigación. iii. Por otro lado, la inspeccionada hace mención al pronunciamiento de la Subintendencia de Resolución de Apurímac, ante lo cual se debe mencionar que dicho pronunciamiento no constituye un precedente de observancia obligatoria, pues para ello, las resoluciones que emita el Tribunal de Fiscalización Laboral deben cumplir ciertas características, en ese sentido los fundamentos expuestos sólo son aplicables al caso concreto. iv. Si bien existe identidad de sujetos (Telefónica del Perú S.A.A.) e identidad de fundamentos (la obstrucción a la labor inspectiva por la falta del deber de colaboración en la inspección) en el presente caso no existe identidad en los hechos puesto que se trata de dos conductas a la labor inspectiva respecto a dos requerimientos de información de diferentes fechas. Siendo que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente. En consecuencia, no se puede eliminar una infracción tal como solicita la inspeccionada. v. Respecto a la vulneración del principio de tipicidad, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha sido claro al establecer por acuerdo plenario sobre la falta de entrega de documentación o información que “cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT”. En este caso la inspeccionada no presentó la información y documentación solicitada mediante los requerimientos de información de fechas 02 y 13 de julio de 2021. En ese sentido la conducta de la inspeccionada se encuentra debidamente tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. vi. La omisión de presentar de la información requerida es la acción que demuestra la negativa al deber de colaboración que consagra el artículo 9 de la LGIT, concordante con el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT. En el presente caso, la conducta reprochable se subsume en el tipo administrativo previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en tanto que los requerimientos de información de fechas 2 y 13 de julio de 2021 no fueron atendidos en forma completa, incumpliendo la inspeccionada con su deber de colaboración, a pesar de que se indicó en ambos requerimientos de información que el no proporcionar la información solicitada constituiría infracciones a la labor inspectiva sancionables con multa. No pudiendo excusar su omisión en la falta de una negativa expresa. vii. Por otro lado, como consecuencia de la conducta reprochable de la inspeccionada, el personal inspectivo dejó constancia en el numeral 4.14 de los hechos constatados del Acta de Infracción que la información solicitada era necesaria para determinar si efectivamente se configuró o no los actos de discriminación denunciados por razón de edad, afiliación sindical y años de servicio. viii. Respecto a la resolución de Sub Intendencia ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones, presunción de inocencia y carga de la prueba, en tanto que los requerimientos contienen un listado especifico de información que la empresa no tenía la obligación de poseer; al respecto, de la revisión de los actuados, se aprecia que el personal inspectivo actuó en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a sus atribuciones, en tanto que la información y documentación requerida se encontraban directamente relacionada con las materias objeto de la orden de inspección como son libertad sindical y discriminación.

ix. Por lo tanto, se puede hacer mención a la presunción de inocencia en el caso de autos, en tanto que el hecho consumado fue la falta de atención a los requerimientos de información de fechas 02 y 13 de julio de 2021, es decir en dos oportunidades. Asimismo, no se determina vulneración alguna a la carga de la prueba en tanto que, como ya se ha determinado, no se procedió a la emisión de propuesta de sanción por infracción socio laboral alguna, así como se tienen en el presente procedimiento la documentación presentada por la inspeccionada, que es información diferente e incompleta de acuerdo a lo requerido durante las actuaciones inspectivas. Es decir, el hecho infractor se encuentra plenamente probado durante las actuaciones inspectivas y el presente procedimiento administrativo sancionador. x. Respecto a que se sanciona a la empresa por no enviar información que si fue considerando que todo requerimiento debe circunscribirse a información y documentación legalmente exigida, debe señalarse que el personal inspectivo asume que la inspeccionada actúa conforme a su deber, mientras no cuenta con evidencia de lo contrario, conforme los derechos fundamentales establecidos en el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y, el artículo 248.9 del TUO de la LPAG, por lo cual es responsabilidad del Inspector verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral para la emisión del Acta de Infracción. xi. En ese sentido, el personal inspectivo actuante solicitó información para que pueda deslindar cualquier infracción cometida por la inspeccionada, correspondiente a las materias incluidas en la Orden de Inspección, ello dentro de sus facultades, no pudiendo argumentarse que el hecho de solicitar documentación es vulnerar su derecho a la autoincriminación, sino todo lo contrario, es oportunidad para que la inspeccionada demuestre el cumplimiento de la normativa sociolaboral. xii. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan su responsabilidad en la comisión de las infracciones en las que ha incurrido la inspeccionada; por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta por el inferior en grado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 117-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se alega aplicación errónea del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ya que la empresa sí presentó la información necesaria para la verificación de las materias investigadas en la presente orden de inspección por lo cual no se configura la negativa. En el Acta de Infracción se constatan todas las oportunidades en las que se cumplió con presentar la información y documentación que se tuvo en la base de datos y archivos sobre los trabajadores indicados, períodos y criterios solicitados por la Inspección del Trabajo. ii. Se sanciona a la empresa por no remitir la información “tal y como fue requerida”, a pesar de que el requerimiento de información era contrario al principio de legalidad. Así, se imputa el hecho de no haber cumplido, aparentemente, con parte del requerimiento de información del 2 de julio de 2021, que fue, posteriormente, reiterado con el requerimiento del 13 de julio de 2021. La Empresa presentó información que, si bien no cubría los criterios de forma requeridos en el listado de la Autoridad, por la complejidad de estos y el plazo otorgado, sí permitía cubrir el pedido de información de manera suficiente para el análisis de las materias investigadas. iii. Frente al requerimiento de fecha 2 de julio de 2021, la empresa cumplió con señalarlo siguiente (páginas 8 a la 11 del Acta de Infracción). Así, pese a que sí se cumplió con el fondo del pedido, el Inspector vuelve a requerir la información con fecha 13 de julio de 2021. Este hecho pone en evidencia que, lejos de analizarla, únicamente se cuestionó el que no haya sido remitida en los términos solicitados. Así, se atendió el segundo requerimiento indicando que se había remitido, como respuesta al requerimiento del 02 de julio de 2021, la información solicitada.

iv. La Empresa presentó información agregada organizada de acuerdo con criterios edad, tiempo de servicios y afiliación sindical, comparando el grupo de origen (trabajadores con categoría de empleados) y de destino (trabajadores trasladados al COM), que evidencia que no se configuraba ni una discriminación directa ni una indirecta basada en dichos motivos. v. Bajo este contexto es falso que, con toda la información entregada (extensa, detallada y completa) en respuesta a los 4 requerimientos notificados, los Inspectores de Trabajo no pudieran determinar “si existió o no discriminación por edad, afiliación sindical y años de servicios” como estos afirman. Los Inspectores de Trabajo ya contaban con información sobre la edad, tiempo de servicios, afiliación sindical y condición de dirigente sindical, área y puesto de trabajo de los trabajadores, de los trabajadores trasladados al COM antes del traslado y actual, y de los trabajadores incluidos en la solicitud de cese colectivo y suspensión perfecta, que los Inspectores de Trabajo pudieron procesar para realizar dicho análisis. vi. Se alega la existencia de un apartamiento inmotivado de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala con relación a la debida calificación del tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 43 del RLGIT. En este caso, la impugnante no se negó a presentar la información solicitada por el inspector, tal es así que no se advierte la existencia de una negativa expresa, conforme lo exige el tipo infractor imputado. vii. En relación a que se habrían frustrado las actuaciones inspectivas, no es correcto porque frente al requerimiento del 02 de julio de 2021, las actuaciones inspectivas si pudieron continuar. Tal es así que se emitió un cuarto requerimiento de información de fecha 13 de julio de 2021. Lo que se está sancionando es el cumplimiento parcial del requerimiento, supuesto que no configura una negativa. Además, las actuaciones inspectivas se frustraron porque venció el plazo máximo establecido para las investigaciones, no siendo responsabilidad de la empresa, sino producto de la inacción de la autoridad inspectiva. Así, entre el primero y segundo requerimiento existen 38 días calendarios, y entre el segundo y el tercer requerimiento existen 14 días calendarios, existiendo una demora, aunque esta no es imputable a la empresa. viii. En relación a la Resolución de Sala Plena 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, distingue entre la demora que frustra la fiscalización (46.3) y aquella que permite al inspector continuar desplegando sus funciones (45.2) En el primer tipo, se exige que exista una negativa, para lo que se requiere que el inspeccionado exprese su voluntad de no proporcionar la información, lo que no se ha configurado. Además, el mismo tipo exige que se frustren las actuaciones, lo que tampoco ha sucedido. ix. Además, se notificaron cuatro requerimientos de información, respecto de los cuales en todos los casos se cumplió con presentar la documentación que se tenía en la base de datos y archivos sobre los trabajadores indicados. Sobre el listado de información que se requirió el 2 y 13 de julio de 2021, se cumplió con dar respuesta,

entregando información agregada que permitía realizar la comparación de la composición del grupo de origen de los trabajadores trasladados al COM, y la composición del grupo de destino que es el COM en función de criterios de edad, tiempo de servicios y afiliación sindical, como se indica en el requerimiento. x. Se debe recordar que la negativa imputada debe ser expresa, por la repercusión obstruccionista de la omisión, situación que en el presente caso no se advierte. Así, se confunde la valoración de la infracción con la comisión de la infracción contra la labor inspectiva, al no determinar la responsabilidad de la primera. xi. Se alega inaplicación del numeral 1 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues se vulneró el principio de legalidad al sancionar a la empresa por no enviar información que, sin perjuicio de haber sido entregada, no estaba legalmente obligada a producir ni poseer. Al respecto, invocan la Resolución N° 232-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 062-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y xii. Al respecto, el inspector de trabajo requirió la información con requisitos que no se encontraban legalmente establecidos. Así, es el inspector quien define la información que hay que producir y/o preparar pese a que no califica como un documento regulado por la legislación laboral y que, por tanto, sea exigible de ser presentado con esas características y particularidades. xiii. Así, los inspectores de trabajo requirieron producir nueva información a partir de información que ya se había entregado durante la fiscalización (edad, tiempo de servicios, afiliación sindical, condición de dirigente sindical, área y puesto de trabajo de los trabajadores trasladados al COM antes del traslado y actual), y que requería que se interrelacionara de manera particular sin que mediara un mandato legal de contar con la información producida de dicha manera, los requerimientos de información por cuyo supuesto incumplimiento se nos imputan infracciones a la labor inspectiva y propone multar, son contrarios al principio de legalidad. xiv. Se alega inaplicación del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, vulnerando el principio de presunción de inocencia al trasladarse la carga de la prueba de la imputación a la empresa. En el caso en concreto, la Intendencia sanciona a la Empresa por cuanto, aparentemente, se habría negado a presentar la información solicitada con fecha 2 y 13 de julio de 2021. No obstante, lo que en el fondo se imputa es que no se haya procesado e interrelacionado la información de la manera arbitrariamente requerida por los Inspectores de Trabajo, porque sí se entregó información sobre edad, tiempo de servicios, afiliación sindical, condición de dirigente sindical, área y puesto de trabajo de los trabajadores trasladados al COM antes del traslado y actual. Por tanto, la Intendencia no ha hecho una real verificación del sustento de este argumento. xv. Ello, aunado a que los requerimientos por cuyo incumplimiento nos están sancionando contienen un listado específico de información que, de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación, la Empresa no solo no tenía obligación de poseer, sino que, además, pretendían que la empresa produzca información con la única finalidad de inculparla en base a una sospecha sin fundamento. xvi. Inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG: resulta un exceso de punición sancionar con 2 infracciones distintas generadas por un mismo presunto incumplimiento. En el presente caso se sanciona con 2 infracciones tipificadas en el artículo 46.3 del Reglamento de la LGIT, por no proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante los requerimientos de información de fechas 2 y 13 de julio de 2021. Sin embargo, en el presente caso, no se está tomando en consideración que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada, ya que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción, y que en ambas oportunidades se solicitó

la misma información, por lo que sólo cabe imputar y sancionar por una única infracción. xvii. No se toma en cuenta que, al imputar dos infracciones e imponer una sanción por cada una de ellas, se vulneró el principio de razonabilidad, según lo establecido en el artículo 66.10 del TUO de la LPAG; ello implicó que se duplique la multa impuesta, porque el segundo requerimiento incluye la información que, a criterio del personal inspectivo, no fue atendida con el primer requerimiento. De esta manera, se está sancionando a la Empresa dos veces, por no presentar la misma información. xviii. Se alega inaplicación de los numerales 2 y 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, vulnerándose los principios de causalidad, ya que en estricto correspondería sancionar a la empresa si la no presentación de la información fue la causa de que se frustraran las actuaciones, lo que no ha sucedido en el presente caso. De esta manera, la empresa no es responsable de la conducta que se imputa máxime si la información por cuyo incumplimiento se pretende sancionar, si se presentó. Además, existe una vulneración a la debida motivación, al evidenciarse incoherencia narrativa, pues por un lado se imputa una presunta negativa en la entrega de información, y por otro se concluye que dicha información no fue presentada completa. Así, el hecho de que esta no se haya encontrado completa (o en los formatos exigidos por el Inspector de Trabajo), no implica que la Empresa haya dejado de atender el requerimiento (incluso, se presentó información agregada). xix. Aducen que se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, al sancionar arbitrariamente con varias multas administrativas originadas por el mismo hecho, en tanto que, se pretende sancionar injustificadamente en 3 procedimientos administrativos sancionadores iniciados en forma simultánea por la Intendencia de Lima Metropolitana, sobre los mismos hechos y fundamentos, incluso en el presente procedimiento inspectivo, se toma como referencia a la Orden de Inspección N° 16722-2021-SUNAFIL/ILM, y así se deja constancia en el Informe Final de Instrucción. xx. Resaltan que, ambas inspecciones iniciaron con la finalidad de verificar, si, la incorporación de los trabajadores afiliados a los sindicatos en el procedimiento de cese colectivo se dio en razón a criterios objetivos. Es decir, en ambas órdenes de inspección se fiscalizó la misma materia. Al respecto, precisan que en las inspecciones no solo se solicita la misma documentación, sino que, además, se multa por no cumplir, aparentemente, con presentar exactamente el mismo requerimiento. xxi. Solicitan aplicar correctamente el ordenamiento legal vigente y rectificar el sentido de la Resolución de Intendencia y dejar sin efecto las multas impuestas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

FIGURA N° 01:

FIGURA N° 02:

▪ Del expediente inspectivo se aprecia a folios 218 y 2019 el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 02 de julio de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folios 220 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 02 de julio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

FIGURA N° 03:

▪ Asimismo, a folios 227 y 228 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 13 de julio de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folios 229 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 14 de julio de 2021, con lo cual

se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

FIGURA N° 04:

Figura N° 05:

FIGURA N° 06:

requerimiento de información, solicitando la información faltante, no entregada como respuesta al requerimiento del 02 de julio de 2021. Así:

FIGURA N° 07:

existencia o no de actos de discriminación que estaban siendo investigados. Ello, continúa, porque dicha información resultaba de vital importancia para determinar si existía o no atisbos de discriminación al momento de la incorporación al COT (hoy COM) del personal que labora o laboró en la jurisdicción de Lima Metropolitana durante los años 2017 a 2021 y que se encontró inmerso en el procedimiento de cese colectivo.

caso, tuvieron 55 días hábiles para realizar la investigación10. Siendo así, conforme al desarrollo efectuado en la presente resolución, debe desestimarse los argumentos de la impugnante que establecen, como causa determinante para que se frustraran las actuaciones inspectivas, el transcurso del plazo para desarrollar las mismas. Como se advierte del análisis descrito párrafos precedentes, es la negativa de la impugnante, consistente en no haber atendido debidamente los requerimientos de información cursados los días 02 de julio de 2021 y 13 de julio de 2021, las conductas que impidieron cumplir con la realización de las actuaciones inspectivas de investigación correspondientes a la orden señalada en el presente párrafo. Del mismo modo, determinadas las conductas reprochables, no se advierte que la descripción de los hechos descritos en los fundamentos 3.6 y 3.7 de la resolución venida en grado, resulten incongruentes de tal forma que impidan, a la inspeccionada, establecer las conductas reprochables materia de sanción. Por tanto, no corresponde acoger los alegatos planteados en dichos extremos.

10 Conforme proveído S/N, de fecha 15 de junio de 2021, que obra a folios 214 del expediente de actuaciones inspectivas, notificado a la impugnante el 18 de junio de 2021, conforme obra a folios 215 del mismo expediente inspectivo.

los hechos ocurridos en materia de discriminaciones, no advirtiéndose la vulneración al principio señalado en el presente caso. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Sobre el principio del non bis in ídem

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos.

11 Fund. Jur. N°. 3.3. 12 Fund. Jur. N°. 19. 13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

- Para la Orden de Inspección N° 16722-2021-SUNAFIL/ILM, que derivó en el Acta de Infracción N° 7982-2021-SUNAFIL/ILM, los incumplimientos constatados están vinculados a la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores comisionados la información total requerida en los requerimientos de fecha 02/07/2021 y 13/07/2021. No están vinculados a actos contra la libertad sindical o discriminación en el trabajo.

- Del mismo modo, la Orden de Inspección N° 17296-2021-SUNAFIL/ILM, que derivó en el Acta de Infracción N° 7983-2021-SUNAFIL/ILM, los incumplimientos constatados están vinculados a la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores comisionados la información total requerida en los requerimientos de fecha 25/06/2021 y 27/07/2021. No están vinculados a actos contra la libertad sindical o discriminación en el trabajo.

- En cuanto a la Orden de Inspección N° 3904-2021-SUNAFIL/ILM, el personal inspectivo no propuso sanción por lo que no se emitió Acta de Infracción.

- En la Orden de Inspección N° 16722-2021-SUNAFIL/ILM, la investigación se realiza por un grupo de trabajadores afectados (407 trabajadores) detallados en el literal d) del numeral 4.12 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción N° 7982-2021- SUNAFIL/ILM, trabajadores afiliados al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TELEFÓNICA EN EL PERÚ Y LAS DEL SECTOR COMUNICACIONES REGION CENTRO — SITRATEL REGION CENTRO, al SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TELEFÓNICA EN EL PERÚ Y DE LAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES — SITENTEL y al SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

- En la Orden de Inspección N° 17296-2021-SUNAFIL/ILM, la investigación se realiza por un grupo de trabajadores afectados (19 trabajadores) detallados en el literal d) del numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción N° 7983-2021- SUNAFIL/ILM, trabajadores afiliados a los sindicatos que forman parte de la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR COMUNICACIONES DEL PERÚ (FETRATEL PERÚ), que ejecutaban labores en el Centro de Operaciones Técnicas (COT, hoy llamado Centro de Operaciones Movistar – COM) de la jurisdicción de Lima metropolitana y comprendidos en el procedimiento de suspensión perfecta de labores y cese colectivo del mes de abril de 2021.

- En cuanto a la Orden de Inspección N° 3904-2021-SUNAFIL/ILM, se advierte que las investigaciones concluyeron con la emisión de un informe de actuaciones inspectivas; es decir, el personal inspectivo no propuso sanción.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG14. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realiza el juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a un valor distinto. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso de revisión en dicho extremo.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

14 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva Por la negativa de facilitar información y documentación al personal inspectivo, necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información el 02 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva Por la negativa de facilitar información y documentación al personal inspectivo, necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante requerimiento de información el día 13 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TELEFONICA DEL PERU S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 117-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1098-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 117-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TELEFONICA DEL PERU S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716RZR HR 59349-2021