Telefónica del Perú S.A.A — Res. 695-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones Colectivas (Sub materia: Convenios Colectivos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración de acuerdo con el Laudo arbitral, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 04 de mayo de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. El órgano administrativo se ha limitado a determinar (sin mayor motivación) que en el Laudo arbitral 2014-2015 se ha acordado el incremento de la remuneración de los trabajadores en la suma de S/ 290.00 y S/ 162.50, sin analizar las cláusulas del Laudo arbitral, debido a que no le correspondía ser aplicado al señor Espinoza. ii. El trabajador debía estar afiliado al Sindicato de Trabajadores de las empresas de Telefónica del Perú y las del Sector Comunicaciones – Región Centro (SITRATEL) para ser beneficiario de los incrementos remunerativos. iii. Alude que es inadecuado que la autoridad administrativa determine el incumplimiento del laudo sin analizar que este detalla y dispone la forma, plazo y beneficiarios de los incrementos remunerativos, y detalla que el incremento de S/ 260.00, era a favor de trabajadores afiliados que percibían una remuneración básica mensual fija, y en el caso del importe de S/129.00, sería percibido por los trabajadores afiliados que percibían una remuneración mensual variable, comprendido en el Anexo 1. Afirma que al trabajador afectado le corresponde el pago de S/ 129.00, porque su remuneración es variable como lo acredita con las boletas de pago, entonces no le correspondía el importe de S/ 260.00. iv. Y, respecto al importe de S/162.50, sólo aplica para los trabajadores que no se encuentran en el Anexo 1, que son los trabajadores que perciban una remuneración, mensual fija y variable, que perciban comisiones, por lo que el señor Espinoza Gallegos tampoco le pertenecería este beneficio a razón de que vendría percibiendo una remuneración variable (comisiones) estando comprendido de esta manera en el Anexo 1.

i. Se elabora el cuadro de los requisitos del Convenio colectivo 2014-2015, y se aprecia que al trabajador afectado le correspondía el incremento adicional de S/ 162.50 y el incremento de S/ 290.00 soles. ii. A fin de determinar cuál de las condiciones (incremento de remuneraciones) detalladas en el Convenio colectivo 2014-2015, le correspondía al trabajador afectado, se verifica que la remuneración por año según el cargo que ocupaba era fija (sin comisiones) y que el cargo que ocupaba era de Técnico y Técnico de soporte. iii. De las boletas de pago aportadas por el Sujeto inspeccionado, no se evidencia el cumplimiento de las cláusulas del Convenio Colectivo, en los términos que fueron estipulados, conforme al artículo 42. iv. Respecto a la medida de requerimiento, el sujeto inspeccionado alega que, al cumplirse con el incremento de las remuneraciones, no resultaba factible la emisión de la misma. Sin embargo, al haberse constatado que no se cumplió con el pago del incremento de las remuneraciones según los términos del laudo arbitral 2014-2015, correspondía la emisión de la medida de requerimiento. v. El hecho de no cumplir con la medida de requerimiento, en los extremos solicitados, la acción se subsume en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. vi. Esta Intendencia considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia, se encuentra debidamente motivado, toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada , habiéndose efectuado el correspondiente razonamiento lógico – jurídico, conforme lo determina el numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el D.S. N° 004-2019-IUS.

2 Mediante Resolución N° 1160-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 13 de diciembre de 2022, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral declaró fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, declarando la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 26-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 22 de febrero de 2022 y retrotrayendo el procedimiento sancionador hasta el momento de la emisión de la resolución de Intendencia. 3 Notificada a la impugnante el 30 de enero de 2023. Véase a folio 307 del expediente sancionador. SUNAFIL/IRE-JUN, recibido el 21 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 3.5 En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 18-2023-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Se debe hacer conocimiento de su colegiado que al denunciante no le son alcanzables los beneficios del laudo arbitral en referencia, pues a la fecha el mismo no surte plenos efectos ya que fue anulado por el Poder Judicial, conforme se puede verificar de la sentencia recaída en el Exp. N° 1094-2018. ii. En ese sentido, es evidente que los incrementos remunerativos solicitados por el actor en virtud de la aplicación del Laudo Arbitral del 01.07.2016 no le corresponde pues el mismo fue declarado nulo en el extremo de incremento de remuneraciones; asimismo, resulta evidente la conducta mal intencionada del accionante al pretender que se le pague un concepto por un beneficio otorgado por un Laudo Arbitral que no se encuentra firme. iii. De igual manera, deben acotar que la SUNAFIL, al ser una entidad administrativa no puede disponer mandato distinto al que ya fue establecido judicialmente en la sentencia recaída en el Exp. N° 1094-2018 (ANEXO A de los descargos al acta de infracción), la cual declaró NULO el extremo solicitado por el Señor Iván Francisco Espinoza Gallegos y que a la fecha está pendiente la instalación de un nuevo Tribunal Arbitral y queda pendiente resolver si corresponde realizar el incremento de S/290.00 soles o no. iv. Es así que, al disponer el pago de beneficios nacientes de un extremo de un laudo arbitral que ha sido declarado nulo por la Corte Suprema vulnera de manera evidente la INMUTABILIDAD DE COSA JUZGADA. v. Entonces, a la fecha el denunciante viene beneficiándose por el Laudo Arbitral 2014-2015 en lo que le corresponde al pago de S/129.00 (por percibir remuneración variable) no en el pago de S/260.00 + 162.50 (que están destinados a trabajadores con remuneración fija). Por lo antes señalado, se ha podido percibir que el órgano administrativo no ha valorado de manera adecuada el contenido del Laudo Arbitral 2014-2015, ya que en el mismo claramente se establece que solo podrán percibir los S/260.00+S/162.50 aquellos trabajadores que tengan una remuneración fija (aspecto que evidentemente el denunciante no cumplía).

vi. A razón de la inobservancia de los términos del laudo arbitral, los órganos precedentes dispusieron erróneamente que se cumpla con acreditar el cumplimiento y/o subsanación de los incumplimientos detectados y ordenados mediante la medida inspectiva de requerimiento programada para el 09.05.2018. vii. Ahora, a razón de que esta parte no cumplió con el requerimiento de los órganos inferiores (requerimiento a todas luces inmotivado), irrazonablemente se nos ha impuesto la sanción de multa respecto a la supuesta comisión de una infracción muy grave. viii. Reiterando la falta de análisis de la naturaleza y requisitos para la percepción de los incrementos remunerativos de S/260.00 y S/162.50, llama poderosamente la atención que la instancia anterior no haya analizado detenidamente los puntos 1.1. y 1.2. de la cláusula primera, pese a que los mismos detallan si correspondería o no el pago de los incrementos de los que el denunciante dice ser beneficiario. ix. Es decir, sin un mayor análisis señala que el incremento de S/290.00 Soles no establece condiciones (pese a que el mismo solo es otorgado a trabajadores que no perciben comisiones) y que el incremento adicional de S/162.50 también le sería aplicable al denunciante, pese a que el mismo se encuentra incluido en el Anexo 1 (al percibir comisiones – remuneración variable). x. En la Constitución Política del Perú del 1993, el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), inc.24 del art. 2°, concordado con el parágrafo a) del inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139° los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas. Normas legales concordadas con el inc. 2 del art. 2° de la Constitución; arts. 2° y 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 2°, 3° y 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 1° y 24° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Respecto de la medida inspectiva de requerimiento

puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”10 (énfasis añadido).

10 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”12.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” 13.

12 El subrayado no es del original. 13 El subrayado no es del original.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar la remuneración de acuerdo con el Laudo arbitral Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 04 de mayo de 2018 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TELEFONICA DEL PERU S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 18-2023-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 25 de enero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Junín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 36-2018-SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 18-2023-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TELEFONICA DEL PERU S.A.A., y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230726MLA