Telefónica del Perú S.A.A — Res. 411-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo); Relaciones colectivas (Sub materia: convenios colectivos). 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo de fecha de 14 de junio de 1996 referente a la jornada y horario de trabajo del trabajador: Atoche Gutierrez Cristhian José, incurriendo en una modificación unilateral de las condiciones de trabajo que le correspondía, tipificada en el numeral 24.8 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las horas extras, lo cual afectó a los trabajadores: Fuster Meza Danhacer Noe, Rodriguez Ulloa Carla Styffani y Vásquez Calderón Diego Arturo, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia conforme a Ley, afectando con ello al trabajador: Atoche Gutierrez Cristhian José, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de noviembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

2 Ver folios 22 del expediente sancionador. 3 Con fecha 29 de enero de 2021, mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 86-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, se rectifica donde dice: Resolución de Sub Intendencia Nº 071-2021-SUNAFIL/IL/SIRE1, debe decir: Resolución de Sub Intendencia Nº 072-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1. Así como donde dice el número de la cuenta del banco para efectuar el pago, debiendo decir: El pago lo puede efectuar en los siguientes bancos: BBVA BANCO CONTINNETAL, BANCO DE CREDITO DEL PERU, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK y SCOTIABANK PERU SAA, BANCO DE LA NACIÓN, con el código de pago; 2101000072. Si prefiere pagar en el BANCO DE LA NACIÓN, anteponer el número de transacción: 3710. Finalmente, el extremo donde dice: RUC: 20390677228, debe decir: RUC: 20100017491. Lo cual fue notificada a la impugnante el 01 de febrero de 2021, conforme consta a folios 117 del expediente sancionador.

i. Vulneración del debido procedimiento administrativo y la falta de motivación, al imponer una sanción por haber modificado unilateralmente el contrato de trabajo del trabajador Cristhian Atoche, pues esta decisión no está debidamente motivada al omitir evaluar si existe o no un derecho de los trabajadores supuestamente afectados. Debiéndose evaluar que la suscripción del convenio colectivo de fecha 14 de junio de 1996, se efectuó en un ámbito más limitado y distinto al actual, en el que la impugnante era una empresa que no desarrollaba actividades de atención presencial al público. Por lo que, en el año 2014, producto de una reorganización societaria, se traspasaron a la inspeccionada los trabajadores y la operación comercial de las otras 2 empresas absorbidas, iniciando nuevas actividades entre las que se encontraba la atención presencial al público en tienda, siendo una necesidad operativa que los trabajadores laboren en una jornada de 45 horas semanales. Motivo por el cual se suscribió el contrato de trabajo de fecha 14 de enero de 2015 con el trabajador Atoche, en el que se fijó una jornada de trabajo de 45 horas semanales. ii. El convenio colectivo de 1996 se circunscribía al ámbito que vendría a ser Telefónica como empresa previa a la fusión, siendo precisamente la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la que en su literal e) del artículo 43, dispone que, en la incidencia de una fusión o reorganización societaria en la negociación colectiva, la convención colectiva continúa vigente hasta el vencimiento de su plazo en los casos de fusión, lo que evidencia que la empresa absorbida constituye una unidad negocial independiente y diferenciable, y por ello los convenios colectivos suscritos por ella se mantienen en el tiempo a pesar de la absorción, que puede distinguirse como un ámbito distinto al de la empresa previa a la fusión. iii. La jornada de trabajo, superior a la contenida en el convenio colectivo de 1996, no fue impuesta unilateralmente por la inspeccionada, sino que fue acordada previamente con el propio trabajador Atoche, cumpliendo así con el estándar mínimo legal exigido por OSIPTEL, que dispone que las empresas operadoras están obligadas a recibir en sus oficinas o centros de atención a usuarios. iv. Vulneración de los principios de tipicidad y legalidad, al sancionar a la impugnante aplicando lo dispuesto en el numeral 24.8 del artículo 24 del RLGIT, así como por el numeral 25.19 del artículo 25 del mismo cuerpo normativo. Además, la resolución impugnada transgrede el deber de motivación, pues no contiene una adecuada motivación con información mínima de las razones que sustentan su decisión. Por lo que, corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada. v. Respecto al incumplimiento de pagar las horas extras generadas por la diferencia entre la jornada reducida pactada en el Convenio Colectivo de 1996 y la acordada

con los trabajadores, la Sub Intendencia no analizó, ni evaluó a detalle si los trabajadores han realizado trabajo en sobretiempo y mucho menos sí este trabajo en sobretiempo estaba pendiente de ser retribuido, hecho que niegan rotundamente. Así en el caso del trabajador Vázquez, este ha compensado su trabajo en sobretiempo al haber generado periodos equivalentes de descanso de los días 29 de febrero de 2016 y 14 de julio de 2016, por su parte Rodríguez Ulloa ha compensado el trabajo en sobretiempo que pudo haber generado con periodos equivalentes de descanso a los días 22 a 23 de diciembre de 2017, 24 de febrero de 2018, 24 de marzo de 2018 14 y 17 de julio de 2018, y 01 y 17 de agosto de 2018, correspondiendo sólo el pago de horas extras por horas en sobre tiempo trabajadas en la jornada de 45 horas semanales.

i. La inspeccionada repite los argumentos expuestos en su escrito de descargo al Informe Final de Instrucción, el mismo que ya ha sido desvirtuado por la primera instancia en los considerandos 7.1 al 7.14 y 7.32 a 7.43 de la resolución apelada, pues como bien se señala en el numeral 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo verificó que la inspeccionada y el trabajador Cristhian José Atoche Gutiérrez suscribieron un contrato de trabajo de fecha 15 de enero de 2015, pactando a partir del día 15 de enero de 2015 una jornada de trabajo de 45 horas semanales, siendo que con fecha posterior, el día 01 de septiembre de 2015, el trabajador se afilio al Sindicato Único de Trabajadores de telefónica del Perú S.A.A. (en adelante SUTTP). Por lo que, en la virtud de las normas antes acotadas correspondía que una vez afiliado el citado trabajador al SUTTP, se modificarán automáticamente y de pleno derecho todos los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incidía el referido Convenio Colectivo en el contrato de trabajo del trabajador Atoche Gutiérrez. ii. Conforme el inciso e) artículo 43 del TUO LRCT, que establece que el Convenio Colectivo continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo en caso de fusión, y, en consecuencia, estando vigente el Convenio Colectivo de 1996 suscrito entre el SUTTP y la inspeccionada, su vigencia continua incluso en el caso de fusiones, no cambiando los derechos y obligaciones pactadas. En tal sentido, la inspeccionada sí está facultada para modificarla según sus necesidades de funcionamiento, si fuera el caso, pero previa coordinación con la organización sindical; lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Por tanto, la impugnante ha incurrido en una infracción grave tipificada en el numeral 24.8 del artículo 24 del RLGIT, al modificar unilateralmente el contrato de trabajo del trabajador Atoche Gutiérrez conforme. iii. Del considerado 7.27 de la resolución apelada, que la autoridad de primera instancia detalla, de conformidad con lo consignado en el 4.7 hecho verificado del Acta de Infracción, las distintas fechas donde no han quedado registradas las marcaciones de entrada y salida del trabajador Cristhian José Atoche Gutiérrez, quedando verificado de esta manera que no se cumplió con lo estipulado en la norma, siendo pasible de ser sancionada la inspeccionada conforme lo estipula el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, infracción que es de naturaleza insubsanable. iv. Respecto a lo aducido por la inspeccionada sobre que no tienen pendiente ningún pago por trabajo en sobretiempo respecto a los trabajadores Carla Styffani

4 Notificada a la impugnante el 02 de setiembre de 2019, véase folio 137 del expediente sancionador.

Rodríguez Ulloa y Diego Arturo Vásquez Calderón, este Despacho coincide con lo vertido por la autoridad de primera instancia en los considerandos 7.20 a 7.22 de la resolución apelada, debido a que lo afirmado por la inspeccionada constituye una declaración de parte, que no se encuentra apoyada por ningún documento o sustento que permita verificar que efectivamente realizo dicho cumplimento, o demuestre que efectivamente los trabajos en sobretiempo fueron compensados, siendo importante señalar que, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados que se formalicen en el Acta de Infracción observando los requisitos establecidos, se presumen ciertos y merecen fe. v. Siendo así, los argumentos esbozados en el recurso de apelación no desvirtúan las infracciones en que incurrió la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral

artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1438-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Vulneración al principio de tipicidad y afectación al derecho de defensa

- Respecto a la infracción contenida en el numeral 24.8 del artículo 24 del RLGIT, tanto la Intendencia como la Sub Intendencia equiparan al convenio colectivo con un contrato de trabajo, forzando el supuesto de hecho para que calce con el tipo infractor establecido, lo cual es un abuso por parte de la autoridad. - Respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, se está asumiendo que la Empresa no contaba con el registro de control de asistencia, cuando lo cierto es que si contaba con dicho registro; sin embargo, existieron errores formales en su llenado, los cuales son atribuibles directamente al trabajador. Por lo que, no cabe equiparar el hecho de que un trabajador no registre todo su tiempo de trabajo con no contar con un registro de control de asistencia, pues son supuestos de hechos distintos.

Prescripción de las infracciones del numeral 28.4 del artículo 28 del RLGIT

- La Sub Intendencia de resolución analizó las infracciones imputadas a la impugnante, pero solo mencionó que prescribían ciertos periodos, y no toda la infracción como si se tratara de una infracción permanente que se comete por un periodo de tiempo y no de una infracción instantánea. Por ello, desde la fecha en que se habrían cometido las infracciones (entre los años 2015 y 2016) hasta la fecha en que se determinó la presunta existencia de una infracción mediante la notificación de la resolución de Sub Intendencia, han pasado más de 4 años. Por lo que se solicita se declare la prescripción de las infracciones imputadas a la Empresa. La prescripción es una figura aplicable de oficio, tal y como lo establece el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, así como una cuestión de orden público.

Inaplicación del principio de culpabilidad y falta de existencia de antijuridicidad de la supuesta conducta imputada

- Sobre el incumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo del 14 de junio de 1996, se ha imputado a la empresa esta falta sin observar que la jornada de trabajo se acordó en virtud de las necesidades operativas de la empresa a través de contratos de trabajo y convenios sobre las condiciones de trabajo, previos a la afiliación sindical del trabajador. Por lo que, no es cierto que lo dispuesto en el Convenio Colectivo se inserte en el contrato de trabajo, modificándolo, sino que este solo tiene fuerza vinculante en el ámbito de su aplicación.

- Respecto del supuesto incumplimiento de pagar las horas extras generadas por la diferencia entre la jornada reducida pactada en el Convenio Colectivo 96 y la acordada con los trabajadores. No existe trabajo en sobretiempo que no haya sido debidamente retribuido y compensado, pues a modo de ejemplo, indica que entre el 1 de febrero de 2016 y el 31 de julio de 2016, el trabajador Vásquez, ha compensado el trabajo en sobretiempo que pudo haber generado con periodos equivalentes de descanso los días 29 de febrero de2016 y 14 de julio de 2016, así como Rodríguez Ulloa, al generar periodos equivalentes de descanso los días 22 y 23 de diciembre de 2017, 24 de febrero, 24 de marzo, 14 y 17 de julio, 01 y 17 de agosto de 2018. - Siendo que no es Telefónica quien debería demostrar que ha cumplido con sus obligaciones laborales, sino que es la autoridad sancionadora la que debería de acreditar la comisión del incumplimiento. Para ello, tiene amplias facultades para realizar actuaciones complementarias a fin de recabar mayores elementos de convicción, lo cual no se ha hecho en el presente procedimiento.

Inobservancia del principio de legalidad y debida motivación al emitir la medida inspectiva de requerimiento

- El inspector, a través de la medida de requerimiento, solicitó, que se acredite el pago de horas extras de los señores Atoche, Fuster, Rodríguez y Calderón. Lo requerido por el inspector, y validado por las instancias posteriores, responde a la percepción que tiene este sobre la presunta modificación unilateral de la jornada de trabajo de los citados señores. Sin embargo, consideramos que el inspector no debió emitir la medida de requerimiento, toda vez que hemos cumplido con pagar las horas extras, o compensar, cuando corresponda, a razón de la jornada establecida en su contrato de trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la prescripción de las infracciones

determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 252 del TUO de la LPAG.

TEMA VOTACIÓN ACUERDO

La prescripción administrativa

UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

de la fecha en que las infracciones se hubieran cometido, para lo cual es necesario considerar los plazos legales previstos para cumplir con las obligaciones sociolaborales materia de análisis.

trabajadores”; sino por incumplir normas en materia de las relaciones laborales y a la labor inspectiva. Por tanto, los argumentos expuestos en este extremo no tienen coincidencia con lo resuelto por las instancias de mérito y en consecuencia, deben ser desestimados.

Sobre la conducta tipificada

11 GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38.

se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación. Por lo que, no cabe emitir pronunciamiento al respecto, sobre este aspecto.

Sobre el registro de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas”.

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso.”

y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.”12

12 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR 13 EXP. N.º 02111-2010-PA/TC- LIMA “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

de asistencia de algunos trabajadores, debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrido algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento y horas extras

respecto, cabe precisar que, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido). 6.30. Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento. En este punto, cabe precisar que, los plazos otorgados en la medida de requerimiento deben responder al principio de razonabilidad para que el sujeto inspeccionado pueda cumplir con lo dispuesto en ella.

14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

ejercicio de la potestad sancionadora. Los que deben reflejar (no sólo implícitamente sino de manera clara y demostrada) razonabilidad y proporcionalidad en dos niveles o momentos: tanto en la tipificación legal de las infracciones y sanciones, como en la determinación y aplicación de estas últimas a casos concretos.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó fi rme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 15 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (...) 16 Ver folios 424- reverso del expediente inspectivo Tomo II.

labores por encima, incluso, de la jornada máxima legal de 48 horas a la semana, conforme se puede apreciar en las siguientes imágenes:

Figura Nº 1: Vásquez Calderón Diego Arturo

Figura Nº 02: Fuster Meza Danhacer Noé

Figura Nº 03: Rodríguez Ulloa Carla Styffani

Sobre la solicitud de informe oral

17 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta 1 Relaciones laborales No cumplir con las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo de fecha 14 de junio de 1996, referente a la jornada y horario de trabajo del trabajador: ATOCHE GUTIERREZ CRISTHÍAN JOSÉ, incurriendo en una modificación unilateral de las condiciones de trabajo que le correspondía al trabajador Numeral 24.8 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE S/ 5,602.50 2 Relaciones laborales No cumplir con el pago de las horas extras que afectó a los trabajadores: FUSTER MEZA DANHACER NOE, RODRIGUEZ ULLOA CARLA STYFFANI Y VÁSQUEZ CALDERÓN DIEGO ARTURO. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/ 9,337.50 3 Relaciones laborales No contar con el registro de control de asistencia conforme a ley, afectando al trabajador: ATOCHE GUTIERREZ CRISTHÍAN JOSÉ. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

S/ 9,337.50

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 20 de noviembre de 2018 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/ 9,337.50

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1438-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1998-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1438-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y por la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del citado cuerpo normativo. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente