Telefónica del Perú S.A.A — Res. 120-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones colectivas (Sub materia: convenios colectivos); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: asignaciones). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el cumplimiento del pago de asignación por movilidad acordado en Convenios Colectivos, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el cumplimiento de las disposiciones relativas al descanso vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 11 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. Respecto al concepto de asignación por movilidad en los convenios colectivos y en la ley, es importante reiterar que la asignación por movilidad pactada por la compañía con sus organizaciones sindicales consiste en una suma de dinero que entrega el empleador al trabajador, destinada a una finalidad específica. Esta finalidad implica la condición o motivo justificado por la cual se entrega dicho monto.

ii. Existen tres formas por las que se puede entender el pago de asignaciones por concepto de movilidad: 1) Transporte supeditado a la asistencia laboral; 2) Transporte organizado y 3) Para el desempeño de sus labores. En ese sentido, la asignación por movilidad pactada en los convenios colectivos suscritos carece de un alcance remunerativo, en tanto no retribuye los servicios del trabajador, ni es de libre disposición; pues, esta suma se encuentra destinada a un fin específico (consistente en el traslado del trabajador al centro de labores). Por lo cual, la Autoridad Administrativa no debe otorgarle carácter remunerativo, al haber sido reconocido también por las organizaciones sindicales de la compañía; quienes sustentaron su solicitud de aumento, para los trabajadores que deben movilizarse.

iii. Nuestra compañía no contaba con trabajadores bajo la modalidad de trabajo a domicilio, cabe señalar que el convenio colectivo que creó la cláusula de asignación por movilidad, que a la actualidad sigue vigente y es objeto de modificaciones en forma de aumentos, fue suscrito en el año 1995, mientras que las normas de teletrabajo y trabajo remoto, modalidades de trabajo subordinado prestado sin la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, y que dependen del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones para su adecuado funcionamiento, fueron aprobadas en los años 2013 y 2020, respectivamente. En tal sentido, no es correcto afirmar que la voluntad de las partes al momento de pactar la cláusula de asignación por movilidad contemplaba escenarios tales como el teletrabajo o el trabajo remoto, toda vez que dichas modalidades no existían ni eran concebibles al momento de pactar la cláusula en mención.

iv. Por tanto, no es correcto afirmar que la voluntad de las partes, al momento de celebrar, era considerar el teletrabajo o trabajo remoto, determinándose para cubrir el traslado de los trabajadores al centro de trabajo, siendo que la Autoridad solo aplicó el método literal para interpretar las cláusulas que regulan, lo cual es arbitrario y lesivo.

v. En virtud a la Casación Laboral N° 634-2020-Ica, la convención colectiva es abstracta y regular, sin perjuicio a que se refiera a un espacio físico y social ya predeterminado, debiendo interpretarse como las normas jurídicas y no restrictivamente, por lo que, establecen el método interpretativo más adecuado a realizar en las convenciones colectivas.

vi. Existen laudos arbitrales que detallan como conclusión que, la finalidad de la asignación por movilidad, es compensar razonablemente el gasto en el que incurren los trabajadores para asistir a realizar sus labores, y, por tanto, está supeditado a la asistencia al centro de labores como los Exp. N° 168-2013-MTPE.2.14, Exp. 2681544- 2018-MTPE/2/12.210, reconocido por dos instancias imparciales.

vii. Respecto a los acuerdos de fraccionamiento y adelanto de vacaciones; no se ha realizado una valoración adecuada de los hechos, siendo que, en la secuencia seguida a través del Sistema de Gestión Vacacional (SGV) para la programación de vacaciones, presupone la existencia de solicitudes realizadas por los trabajadores al estar a su disposición; y, por ende, un acuerdo entre partes, incluyendo los casos de adelanto y fraccionamiento de vacaciones, no siendo real señalar que no se ha llevado a solicitud de los trabajadores.

viii. Debe dejarse sin efecto la multa impuesta por un supuesto incumplimiento a la medida de requerimiento, debido a que no se ha producido un incumplido de los convenios colectivos en materia de asignación por movilidad. La emisión de la medida de requerimiento, presuponía la existencia de incumplimientos que han sido desvirtuados a través del presente escrito y a lo largo del procedimiento administrativo.

ix. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, siendo que además en otras Intendencias, como en Arequipa, se emitió pronunciamiento, considerando la finalidad de la asignación por movilidad, considerando que no tiene naturaleza remunerativa, existiendo además jurisprudencia en donde se descarta la posibilidad que las asignaciones por movilidad califiquen como un concepto remunerativo o que puedan ser pagadas cuando el trabajador no se traslade al centro de trabajo, vulnerándose así el principio de predictibilidad establecido en el TUO de la LPAG.

x. Deberá suspenderse el procedimiento sancionador, toda vez que, respecto al fraccionamiento de las vacaciones, versa un proceso judicial, pues en el petitorio de la demanda, solicita se declare la nulidad del fraccionamiento vacacional pues se señaló que no procede al tratarse de solo una parte del presente procedimiento sancionador.

i. En los convenios colectivos se establece como único requisito que, el otorgamiento de la asignación por movilidad, es por cada jornada diaria real y efectivamente trabajada; por lo que, esta Intendencia Regional concuerda con lo detallado por el personal inspectivo, la Autoridad Administrativa y la Subintendencia de Resolución, al señalar que la inspeccionada no puede adicionar un requisito al ya establecido en el mismo convenio; toda vez que, los únicos requisitos o condiciones para gozar de un beneficio o bonificación establecido por convenio colectivo, deben estar expresamente consignados en el mismo y que, no corresponde a la Autoridad Administrativa ejercer mayor interpretación respecto a la aplicación de los convenios colectivos.

ii. Se debe precisar que, si bien es cierto, esta coyuntura que actualmente se vive por el estado de emergencia, ocasionado por la pandemia del COVID-19 cambió o modificó la ejecución de las labores de los trabajadores en diferentes áreas; no obstante, no corresponde a la Autoridad Administrativa, interpretar la cláusula de un convenio colectivo a la actual modalidad de servicios; siendo que, corresponde solo a las partes, es decir al empleador y sindicatos que celebraron los convenios colectivos, realizar las modificaciones que consideren correspondientes, no pudiendo esta autoridad, tratar de modificar o interpretar las cláusulas establecidas por las partes.

2 Notificada a la inspeccionada el 24 de septiembre de 2021. Véase a folio 109 del expediente sancionador.

iii. En efecto, como lo ha señalado la apelante, no corresponde a la Autoridad Sancionadora del procedimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, cuestionar los alcances de un convenio colectivo, mucho menos de una Laudo Arbitral; sin embargo, respecto a los convenios colectivos materia de investigación, la administrada no acreditó durante todo el procedimiento inspectivo y sancionador, que hayan sido materia de pronunciamiento por el Tribunal Arbitral, específicamente, respecto a la aplicación o no de la asignación por movilidad para el caso de los trabajadores que realizan trabajo remoto, en tanto que, esta Autoridad no se encuentra facultada para emitir pronunciamiento en caso de negociaciones colectivas o realizar mayor interpretación de las cláusulas de los convenios colectivos.

iv. Respecto a la solicitud de la apelante sobre suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, en lo referido al fraccionamiento de las vacaciones, al señalar que, versa proceso judicial, pues en el petitorio de la demanda, solicita se declare la nulidad del fraccionamiento vacacional; sin embargo, conforme a la Directiva N° 001-2012-SUNAFIL/INII, solo se hace referencia a los casos en que exista una resolución judicial firme. Aunado a ello, de acuerdo a la búsqueda realizada en el Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales de la página web del Poder Judicial, del Expediente Judicial N° 02541-2021-0-1801-JR-LA-14, se verificó que los trabajadores detallados en el escrito de la demanda, no se encuentran dentro del listado de trabajadores afectados; salvo la señora Salazar Castillo, Katherine Paola. Asimismo, se debe precisar que, los demandantes están solicitando la declaración de nulidad de los días otorgados como fraccionamiento de vacaciones, debiendo ser calificados como un supuesto de suspensión imperfecta de labores; en tal sentido, no ha sido la misma materia que se investiga en el procedimiento inspectivo.

v. Respecto a la no valoración de la aplicación del Sistema de Gestión Vacacional (SGV) para la programación de vacaciones que presupone la existencia de solicitudes de programación de vacaciones; correspondía a la inspeccionada acreditar el cumplimiento de las solicitudes de los trabajadores o acuerdos previos; por el contrario, reconoció que no cuentan con autorizaciones física de las solicitudes de los trabajadores.

vi. Respecto a no cumplir oportunamente con el requerimiento de información, la inspeccionada solo se limitó a señalar que, no se ha incumplido con las observaciones detalladas en los convenios colectivos; por tanto, debe dejarse sin efecto la multa impuesta; no obstante, se verificó que las inspeccionada incumplió las normas

sociolaborales, respecto al otorgamiento de los beneficios otorgados por convenios colectivos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 133-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

Respecto al incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descanso vacacional

a. Las conclusiones presentadas en la Resolución de Intendencia parten de una interpretación errónea del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 713; toda vez que, en lugar de valorar la normativa bajo criterios extensivos que contemplen la adopción de mecanismos flexibles para la materialización de los acuerdos de fraccionamiento en forma escrita y a través de medios digitales, plantea una interpretación restrictiva con relación al funcionamiento de estos acuerdos. Limitándose a señalar que no

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

acreditamos encontrarnos dentro de los supuestos establecidos en los referidos cuerpos normativos, sino por el contrario, se verificó que la compañía infringió lo establecido en el último párrafo del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 713.

b. Se entiende que, para la Intendencia, el único que puede solicitar el fraccionamiento de vacaciones es el trabajador y no el empleador, siendo que cualquier propuesta de fraccionamiento de la compañía, debe resultar ineficaz e ilegal. Partiendo de una interpretación sistemática de la norma en cuestión, no estamos de acuerdo con dicho razonamiento, dado que es limitante y que, además, impone una interpretación restrictiva donde la ley no la señala.

c. Cabe precisar que el Programa Vacaciones para Todos, busca otorgar un descanso de calidad a los trabajadores, dado que ofrecemos a los trabajadores, la oportunidad de que gocen un día de descanso vacacional siempre que sea consecutivo a un día feriado. En ese sentido, con cierta anticipación al día feriado o no laborable, se envía un correo, como los que han sido remitidos a la Administración dentro del procedimiento. Siendo voluntario, de tal manera que busca que el trabajador manifieste su aceptación mediante el envío de un correo al CAE RH y al líder directo, la misma que se configura si es que no presenta observación o negativa alguna a la solicitud de programación, no otorgando el descanso vacacional a quienes expresen su oposición.

d. Además, la compañía aplica el Sistema de Gestión de Vacaciones, que se viene utilizando con anterioridad a la declaración de la emergencia sanitaria; por medio del cual los trabajadores solicitan sus vacaciones en forma virtual, incluso en forma fraccionada, y en casos que la Compañía no responda dentro de un plazo limitado, se tendrán como aceptados.

e. La Autoridad Sancionadora, ha vulnerado el principio del debido procedimiento, al presuponer que la compañía vendría imponiendo el goce de los descansos vacacionales fraccionados, en el marco del programa Vacaciones para Todos; habiendo realizado una lectura forzada del funcionamiento del programa, pues a base de conjeturas y sin sustento alguno, se determinó que hemos decidido unilateralmente las medidas más adecuadas para mitigar el impacto del COVID-19. Siendo ello así, se puede apreciar que no existe una motivación fundada en derecho ni en base a hechos probados, por lo que se ha configurado un vicio de motivación aparente.

f. Asimismo, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad, el que se debe leer en armonía con la presunción de licitud; en ese sentido, la Administración no debe presuponer de antemano la existencia de infracciones por parte del administrado,

máxime cuando no existan pruebas que evidencien su comisión. A lo largo del procedimiento administrativo sancionador, no se ha probado que el programa Vacaciones para Todos, imponga a los trabajadores el fraccionamiento de sus vacaciones, por lo que se entiende que la Autoridad Sancionadora opera bajo una preconcepción arbitraria respecto a la supuesta imposición de vacaciones por parte de la compañía.

g. La Autoridad Sancionadora nos obliga a probar que no hemos impuesto las vacaciones, cuando en realidad la carga de probar dicha disposición corresponde a la Administración, pues ya hemos demostrado que son los trabajadores quienes manifiestan su voluntad de gozar o rechazar el goce del descanso vacacional fraccionado, lo cual se materializa en la programación de sus vacaciones o de sus jornadas regulares de trabajo.

h. Se contraviene el principio de tipicidad, en el sentido que, la posibilidad de que sea el empleador quien solicita la posibilidad de fraccionar las vacaciones no es ni debería ser inválida ni ilegal. Sin embargo, sólo el hecho de haber omitido, presentar los acuerdos según las formalidades requeridas por la Autoridad Inspectiva, no justifica en ningún modo que se nos impute una infracción contra los derechos de descanso vacacional que ostentan los trabajadores.

Respecto al incumplimiento del pago de las asignaciones por movilidad pactadas en los convenios colectivos

i. Sobre el particular, hemos demostrado cómo el contenido de las cláusulas de asignación por movilidad es el mismo desde el año 1995, periodo en el cual se consolidaron diversas condiciones de trabajo que afectaban a una pluralidad de organizaciones sindicales, en un único convenio colectivo. Así, considerando la naturaleza permanente de esta cláusula normativa, las modificaciones posteriores, no suponen una novación o desplazamiento de la cláusula original, sino que únicamente implican una modificación o incrementos de la cuantía fijada para el pago de las asignaciones.

j. Asimismo, es preciso recordar que, todos los convenios colectivos, fueron suscritos con anterioridad a la pandemia por el COVID-19 (contexto en el cual se tomó apremiante la necesidad de adoptar la modalidad del trabajo remoto). Siendo ello así, se tiene que las cláusulas de asignación por movilidad suscritas entre la compañía y sus organizaciones sindicales. i) tienen como origen una cláusula permanente suscrita a través del Acta del 30 de marzo de 1995; ii) se suscribieron en un escenario en el que la única manera viable de prestar servicios dentro de la compañía era la presencial; iii) preceden a la creación de la modalidad del trabajo remoto; iv) han sido tratadas como un concepto no remunerativo destinado a solventar los gastos de traslado del domicilio al centro de labores; v) han sido interpretadas en instancia administrativa y arbitral como conceptos sujetos a la asistencia física del personal al centro de trabajo.

k. Se verifica que se ha efectuado una interpretación incorrecta de los alcances de la fuerza vinculante que tienen los convenios colectivos suscritos por la compañía, pues en ningún momento se les ha negado tal condición; por el contrario, se ha respetado el espíritu de dichos convenios, al momento de desestimar el pago de las asignaciones por movilidad

al personal que laboraba remotamente, en tanto dicha modalidad no estaba contemplada al momento de condicionar su pago a la jornada real y efectivamente trabajada.

l. Finalmente, al momento que los tribunales arbitrales reconocieron de la propia negociación colectiva, que el pago de las asignaciones por movilidad supeditado a la asistencia física de los trabajadores al centro de trabajo, excluyen de su ámbito de aplicación al personal que no asiste al centro de trabajo a laborar presencialmente, por lo que, contrario a lo señalado por la Autoridad Sancionadora, si hemos acreditado el pronunciamiento del Tribunal Arbitral con relación a este supuesto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el descanso vacacional

empleador que el sistema jurídico reconoce expresamente (artículo 14 del Decreto Legislativo N° 713). La norma citada establece que la oportunidad del descanso se fija de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero que a “falta de acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz”. Por tanto, que el Sistema de Gestión Vacacional de la empresa haya previsto que el jefe directo pueda no estar de acuerdo con la fecha propuesta por el trabajador para el adelanto de vacaciones o para su fraccionamiento, no vulnera derecho laboral alguno.

9 Numeral 1.6 del art. IV del TUO de LPAG. 10 Cfr. Artículo 3.

encuentre afectada por vicio, dolo o intimidación, y que, al goce de vacaciones, haya precedido un procedimiento que da lugar a la posibilidad del acuerdo exigido por ley, lo que es plasmado en la solicitud que presenta el trabajador en la plataforma digital y en la respuesta de la división de Recursos Humanos. De esta forma, de acuerdo al Sistema de Gestión Vacacional, si en el plazo de cinco días útiles la parte trabajadora no recibe indicación en contrario del jefe inmediato, se convalida la solicitud y otorga las vacaciones. En caso de que no fuera autorizada se le comunica al trabajador, quien deberá coordinar la nueva fecha y, de llegar a un acuerdo, ingresará al sistema la nueva fecha acordada.

11 Numeral 1.7 del Art. IV del TUO del LPAG

puesto que no resulta aplicable la presunción de certeza del acta de infracción ni de la imputación de responsabilidad que contiene, ya que no está sustentada (para el caso concretamente analizado) en una conducta infractora sustancial, puesto que, razonablemente, no es exigible la forma escrita, por su falta de idoneidad, al acreditarse el uso de herramientas digitales para la gestión de las relaciones de trabajo.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores – Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el principio de tipicidad

12 Ver folios 1178 del expediente de inspección. 13 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS: “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, o en norma reglamentaria (en los casos que por ley o decreto legislativo se permita por norma reglamentaria) mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad);

(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto14.

(…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (…)”. 14 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

de Descanso Vacacional Fraccionado, ha verificado que al haber otorgado descanso vacacional sólo por algunos días conforme al cuadro en Excel que el empleador remitió. Se verifica que la empresa inspeccionada ha omitido seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo 713, Sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada; ya que nos encontramos ante la figura jurídica de Fraccionamiento de Vacaciones”. Entonces, el tipo sancionador aplicado implica el comportamiento doloso o intencional, pero también al culposo, por resultar en una omisión del actuar diligente. En atención a ello, corresponde desestimar los argumentos de la impugnante vertidos en este extremo (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

como las actuaciones realizadas por el inspector comisionado y por la autoridad de primera instancia. Por ende, no puede sostenerse que, el presente procedimiento sancionador presente vicios que carecen de una debida motivación y acarrean su nulidad.

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Relaciones Laborales El sujeto inspeccionado no acreditó el cumplimiento del pago de asignación por movilidad acordado en Convenios Colectivos. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE S/ 17,248.00 Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no cumplió de la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 11 de febrero de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE S/ 23,100.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 133-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 77-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 133-2021-SUNAFIL/IRE-LIB en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales por no acreditar el cumplimiento de las disposiciones relativas al descanso vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RGLIT, dejando sin efecto la multa impuesta y CONFIRMARLA en el extremo

referido a la infracción muy grave por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 11 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RGLIT.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOCAL PONENTE: DESIRÉE ORSINI