Telecyl Perú S.A.C — Res. 253-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Vacaciones; y, Horas extras); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 24 de julio de 2019; en atención a las denuncias presentadas por los señores Edison Marcelo Ortega Álvarez (Encuestador telefónico) y, Diana Judith Aparicio Sosa (Analista SIE), por el supuesto incumplimiento del pago de beneficios sociales, así como por el pago de horas extras, respectivamente.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar las gratificaciones legales correspondiente a julio y diciembre 2016 y truncas julio 2017, en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente las gratificaciones legales incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de julio y diciembre 2017 y truncas julio 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la bonificación extraordinaria a julio y diciembre 2016 y truncas julio 2017, en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente la bonificación extraordinaria incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de julio y diciembre 2017 y truncas julio 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la CTS correspondiente a los periodos vencidos en mayo y noviembre 2016, y trunco mayo 2017 (del 01 de noviembre de 2016 al 30 de enero de 2017), en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente la CTS incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de los periodos vencidos en mayo y noviembre 2017 y trunco mayo 2018 (del 01 de noviembre de 2017 al 24 de febrero de 2018), en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar las vacaciones correspondientes a los periodos 2015/2016 y truncas 2016/2017, en soft

perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente las vacaciones incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable del periodo 2016/2017 y truncas 2017/2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar en sobretiempo (horas extras) correspondiente al periodo del 29 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia por el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2015 al 28 de noviembre de 2016, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento de fecha 24 de julio de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Respecto al trabajador Edison Ortega Álvarez refieren que, si bien es cierto que en la comparecencia el apoderado indicó que el señor se encontraba en el extranjero, razón por la cual no se había realizado el pago correspondiente; también es cierto que, el propio inspector recomendó realizar el telegiro, el cual fue depositado desde el Banco de la Nación por la suma de S/ 4,724.10, por concepto de beneficios sociales. Así, el mismo 02 de agosto de 2019 proceden a remitir una carta notarial al domicilio del señor Ortega, adjuntando el certificado de trabajo. Sin embargo, dicho telegiro no fue tomado en cuenta, refiriendo que no existe constancia que el dinero remitido haya sido cobrado, lo que escapa de su responsabilidad, pues cumplieron con cancelar los beneficios sociales, no correspondiendo imponer multa alguna. Incluso señalan que cumplieron con comunicar respecto al telegiro realizado, a través del correo electrónico (satuco5454545@hotmail.com), que el mismo señor Ortega proporcionó a través de una declaración jurada, siendo preciso señalar que posteriormente la hermana del citado extrabajador se apersonó a la empresa con la finalidad de averiguar de qué forma cobraba dicho dinero, manifestando que tenía un poder para ello. En ese sentido, se ha cumplido con todos los medios pertinentes para informar sobre el telegiro.

ii. Respecto a la señorita Diana Judith Aparicio Soza, manifiestan que mostraron en una de las comparecencias, su contrato de trabajo, mediante el cual se dejó constar las funciones que desempeñaba, las cuales corresponden a un cargo de confianza por la información confidencial que manejaba (de acuerdo al contrato de trabajo, ella laboraba con base de datos de clientes, las revisaba y procesaba, también participaba en la elaboración de los sistemas de gestión); sin embargo, la Administración refiere que no han realizado la calificación del puesto de confianza de acuerdo al artículo 60 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, el hecho de cumplir con la formalidad no enerva que la trabajadora haya ocupado ese puesto. iii. Sostienen que con fecha 05 de marzo de 2020, solicitaron la reducción de la multa propuesta en virtud que han cumplido con el requerimiento de fecha 24 de julio de 2019, lo cual no ha sido considerado, imponiéndosele una multa exorbitante, irrazonable y desproporcionada. Siendo evidente la falta de motivación para la calificación de las supuestas infracciones e imposición de la multa. iv. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento manifiestan que no se ha cometido ninguna infracción a la labor inspectiva, pues se cumplió el requerimiento del inspector; ahora bien, en el hipotético caso de no haber cumplido dentro del plazo otorgado de 4 días la subsanación de las infracciones, la subintendencia bajo el principio de razonabilidad y con un criterio adecuado, tendría que haber tomado en cuenta su actuar, toda vez que cumplieron con lo requerido. v. Señalan que, al haberse procedido voluntariamente a subsanar el hecho denunciado antes de iniciado el procedimiento se configura como un eximente de responsabilidad, según lo establecido en el artículo 257 de la Ley N° 27444. Amparan su recurso en los principios del debido procedimiento, verdad material, razonabilidad, tipicidad, presunción de licitud.

i. De la revisión del: i) Certificado de trabajo, en el cual se reconoce que el señor Ortega laboró para la inspeccionada del 08 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2019, desempeñándose en el puesto de encuestador, de fecha 01 de agosto de 2019; ii) Telegiro emitido por el Banco de la Nación de fecha 02 de agosto de 2019, por la suma de S/ 4,724.00; iii) Declaración jurada de correo electrónico; iv) Liquidación de beneficios sociales de fecha 30 de enero de 2017, sin la firma del extrabajador afectado; y, v) Certificado de movimiento migratorio correspondiente al extrabajador afectado de fecha 22 de octubre de 2020, se puede apreciar que la inspeccionada adjunta Carta Notarial de fecha 02 de agosto de 2019, dirigida al extrabajador en el domicilio sito Mz B3 Lote 01, AMPLC, Sagrado Madero, Paradero 15, distrito de San Juan de Lurigancho, documento con el que le comunica que cumplen con enviar el certificado de trabajo correspondiente a su periodo laboral. ii. Por otro lado, en cuanto al depósito efectuado por el monto de S/ 4,724.00 en el Banco de la Nación; adjuntando para tal efecto copia del documento titulado: “telegiro en efectivo”, así como la hoja de liquidación de beneficios sociales. Cabe precisar que dicha documentación no acredita fehacientemente que la inspeccionada haya cumplido con sus obligaciones laborales a favor del extrabajador, toda vez que se advierte que la hoja de Liquidación de beneficios sociales adjunta, no contiene la firma impresa del extrabajador, asimismo, la Carta Notarial no hace referencia alguna al pago a través de telegiro, razones por las

2 Notificada el 23 de junio de 2022. Véase folio 109 del expediente sancionador.

cuales, no se acredita de forma fehaciente que el extrabajador afectado haya tomado conocimiento del mismo a su favor, a fin de tener la disposición el mismo, más aún si en el referido telegiro se señala “SÍRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO EL NÚMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO”. iii. Asimismo, si bien la inspeccionada presentó correos electrónicos dirigidos al extrabajador afectado, los mismos hacen referencia al certificado de trabajo y pago de utilidades, más no al pago a través de telegiro. iv. De la extrabajadora Diana Judith Aparicio Sosa, de la revisión de lo actuado, se aprecia del sexto hecho verificado del acta de infracción, que la inspeccionada no acreditó contar con registro de control de asistencia, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2015 al 28 de noviembre de 2016; asimismo, en el registro de control de asistencia correspondiente al periodo del 29 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2018 se verificó que la trabajadora cumplía una jornada y horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas con una hora de refrigerio y que en dicho periodo realizó labores de sobretiempo, no habiendo acreditado el pago de horas extras. En ese sentido, no acreditó el pago de los beneficios sociales incluyendo el promedio de horas extras para el cálculo de la remuneración computable. v. Respecto al supuesto cargo de confianza de la extrabajadora, cabe precisar que aun cuando el artículo 60 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, disponga que la inobservancia del procedimiento señalado en el numeral 3.5 del presente resolución no enerva la condición de personal de dirección o de confianza si de la prueba actuada ésta se acredita; cabe indicar que la calificación de dirección o de confianza es una formalidad que debe observar el empleador; sin embargo, en el presente procedimiento sancionador ni durante las actuaciones inspectivas, la inspeccionada ha acreditado con medios probatorios fehacientes tal calidad, como haberle comunicado que su puesto era de confianza o consignarlo en las boletas de pago y planilla, incluso del contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidad de mercado, se colige que la extrabajadora se encontraba subordinada a las funciones e indicaciones de la inspeccionada, respecto de su jornada y horario de trabajo. vi. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, corresponde señalar que no se advierte la existencia de alguna de las condiciones eximentes, que implique la revisión del artículo 257 del TUO de la LPAG, al haberse configurado efectivamente las infracciones; asimismo, no se advierte vulneración a los principios invocados por la inspeccionada.

2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 24 de abril de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TELECYL PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1055-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que el criterio de la autoridad inspectiva al momento de valorar los medios probatorios ofrecidos resulta incongruente, toda vez que acreditaron haber realizado el pago a través de un telegiro mediante el Banco de la Nación, más aún, el mismo 02 de agosto de 2019 procedieron a remitir carta notarial a su domicilio que obraba en su contrato de trabajo, donde se le adjunto el certificado de trabajo; no señalando nada respecto al telegiro, debido a que el mismo al ser realizado mediante una entidad bancaria, proporcionando todos los datos personales del señor Edison Ortega, considerando que tomaría conocimiento del mismo, es más, dicha información del telegiro se le puso en conocimiento de la hermana del mismo. ii. Alegan que ha quedado demostrado fehacientemente que cumplieron con sus obligaciones, comunicándole inclusive al extrabajador a través de su correo electrónico que el mismo proporcionó, por ende tuvo conocimiento del telegiro, siendo este cobrado el 02 de octubre de 2019, conforme refiere el mismo Banco de la nación en su Carta EF/92 3243 N° 000309-2022, de fecha 14 de julio de 2022, quienes ante la solicitud de información de telegiros responden: “En nuestros archivos se registran los siguientes giros en moneda nacional emitidos a favor del señor Edison Ortega Álvarez, según detalle del cuadro adjunto”. iii. Consignan como prueba que el trabajador tomó conocimiento del telegiro, el hecho de que luego de remitirle el correo electrónico comunicando del telegiro al señor Edison Ortega, la hermana de este se comunico para conocer la forma de cómo cobrar dicho telegiro, para la cual se le proporcionó los datos del mismo, indicándole que tenía que apersonarse al Banco de la Nación, lamentablemente esta información fue brindada de forma verbal, por lo que, se debió aplicar el principio de buena fe y presunción de veracidad.

iv. Sostienen que la autoridad administrativa ha hecho caso omiso a los medios probatorios y a las declaraciones vertidas ante la autoridad inspectiva, no valorando los mismos, al contrario, los multan con montos exorbitantes, a pesar de que demostraron que cumplieron por todos los medios pertinentes con informar sobre el telegiro realizado. v. Exponen que lo señalado ha quedado demostrado con la Carta EF/92 3243 N° 000309-2022, de fecha 14 de julio de 2022, la misma que es dirigida al Procurador Luis Llaullaipoma Huallanca, quien realiza la gestión del telegiro, y por ende quien solicita se le informe del mismo, de acuerdo al correo electrónico de fecha 12 de julio de 2022, remitido por el representante legal quien refiere se le deposite la suma de S/ 40 soles para que se realice el trámite ante el Banco de la Nación, quienes le informan que el telegiro ha sido realizado y cobrado, conforme al detalle del cuadro adjunto. vi. Cuestionan que la autoridad administrativa señale que en la hoja de liquidación de beneficios sociales no conste la firma impresa del extrabajador, por cuanto han señalado que la misma ha sido remitida mediante carta notarial, dado que el señor Ortega se encontraba en el extranjero, por lo que resulta evidente la imposibilidad de que haya podido firmar la misma. La finalidad de remitirla vía notarial es con la finalidad de que el notario de fe de su entrega, lo que le otorga validez jurídica. vii. Respecto a la señorita Diana Judith Aparicio Sosa, advierten que la autoridad administrativa no ha tenido en consideración las funciones establecidas en el contrato de trabajo que tuvieron a la vista, lo cual correspondía a un cargo de confianza por la información confidencial que manejaba. De acuerdo al contrato de trabajo laboraba con base de datos de clientes, las revisaba, procesaba; participando a su vez en la elaboración de los sistemas de gestión para toda la empresa, por lo tanto, su puesto era de confianza debido a la información confidencial que manejaba. viii. Manifiestan que se ha realizado una interpretación errónea del artículo 59 y 60 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que establece el procedimiento que debe seguir el empleador para la calificación de un puesto de confianza; sin embargo, también la norma establece que la inobservancia de dicho procedimiento no enerva la condición de personal de dirección o de confianza. ix. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, consideran que lo vertido por la Autoridad Administrativa carece de motivación y fundamentación jurídica, limitándose a indicar que se les requirió que subsane la omisión advertida en un plazo establecido; sin embargo, no cumplieron; no teniéndose en cuenta sus argumentos, ni los medios probatorios aportados. x. Refieren que, en el hipotético caso de no haber cumplido dentro del plazo otorgado de 4 días la subsanación de las infracciones, la subintendencia bajo el principio de razonabilidad y con un criterio adecuado, tendría que haber tomado en cuenta su

actuar, toda vez que cumplieron con lo requerido, siendo irrazonable imputarles una falta muy grave por no cumplir con la labor inspectiva. xi. Sostienen que se ha interpretado erróneamente el artículo 16 y 47 de la LGIT, pues el criterio de la autoridad inspectiva al momento de valorar los medios probatorios ofrecidos, resulta incongruente, toda vez que acreditaron el pago a través de un telegiro mediante el Banco de la Nación, más aún se acreditó mediante conducto notarial. Al respecto, señalan que es inaudito que se les impute responsabilidad por un acto que resulta imposible realizar, que es corroborar que el señor Ortega haya realizado el cobro de dicho dinero. xii. Asimismo, alegan que se han interpretado erróneamente los artículos 59 y 60 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, toda vez que se está exigiendo cumplir con la formalidad que la norma no exige, en tanto que, la norma establece “Su inobservancia no enerva dicha condición, si de la prueba actuada ésta se acredita”. xiii. Por último, consideran que se ha inaplicado el principio del debido procedimiento, de razonabilidad para la determinación de la sanción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el

incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de horas extras

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional

general.” (énfasis nuestro). Sin embargo, el personal inspectivo le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago integro de dicho concepto.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.34 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub-Intendencia N° 672- 2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado

Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en

reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

10 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 11 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 12 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento 6.43 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también

extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

13 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

14 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.51 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

15 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

16 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 02:

el pago de las gratificaciones legales y truncas; la bonificación extraordinaria y truncas; el depósito de la CTS y trunco; y, el pago en sobretiempo (horas extras) en perjuicio de los dos (02) extrabajadores afectados; configurándose con ello, la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.70 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

17 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar las gratificaciones legales correspondiente a julio y diciembre 2016 y truncas julio 2017, en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente las gratificaciones legales incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de julio y diciembre 2017 y truncas julio 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza. Numeral 24 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar la bonificación extraordinaria a julio y diciembre 2016 y truncas julio 2017, en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente la bonificación extraordinaria incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de julio y diciembre 2017 y truncas julio 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar la CTS correspondiente a los periodos vencidos en mayo y noviembre 2016, y trunco mayo 2017 (del 01 de noviembre de 2016 al 30 de enero de 2017), en perjuicio de Edison Marcelo Ortega Álvarez; así como no pagar íntegramente la CTS incluyendo el promedio de las horas extras para el cálculo de la remuneración computable de los periodos vencidos en mayo y noviembre 2017 y trunco mayo 2018 (del 01 de noviembre de 2017 al 24 de febrero de 2018), en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar en sobretiempo (horas extras) correspondiente al periodo del 29 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2018, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No contar con el registro de control de asistencia por el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2015 al 28 de noviembre de 2016, en perjuicio de Diana Judith Aparicio Soza. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir la medida de requerimiento de fecha 24 de julio de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TELECYL PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1055-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 327-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub-Intendencia N° 672-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 26 de noviembre de 2020 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 327- 2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub-Intendencia N° 672-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 26 de noviembre de 2020, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 1055-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25, y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Notificar la presente resolución a TELECYL PERU S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SÉPTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.55 de la presente resolución.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en el extremo que declaran la nulidad parcial de la Resolución de Sub-Intendencia N° 672-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 26 de noviembre de 2020, referente a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento18.

4. De autos se observa que, respecto de los extrabajadores Edison Marcelo Ortega Álvarez y, Diana Judith Aparicio Sosa, se adquirió el derecho a un descanso vacacional remunerado, el cual no fue gozado no remunerado oportunamente.

5. Atendiendo a ello, en mi opinión la infracción cometida por el administrado, con relación a los extrabajadores, sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y no la contenida en el numeral 24.4 de la misma norma, en razón a que el derecho a las vacaciones, cuando se cumple con el récord vacacional correspondiente y el año de servicios, se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el goce efectivo del descanso físico y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. Justamente, en el presente caso, observamos que no se ha cumplido con una de estas condiciones (el trabajador sí gozó de su descanso vacacional pero no se le pagó la remuneración vacacional), por tanto, este incumplimiento por parte de la impugnante se subsumiría en el mencionado tipo infractor muy grave.

6. Considero ello, dado que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho. Justamente, creemos que, por esa razón, por ejemplo, el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que la remuneración vacacional será abonada al

18 Cfr. Gorelli Juan (2014). “Elementos delimitadores del derecho a vacaciones”. Themis (65), p. 61.

trabajador antes del inicio del descanso, lo cual es reafirmado por el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 (Decreto Supremo Nº 012-092-TR).

7. En la misma línea, es pertinente mencionar que el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 713 indica que el empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente, como si se trataran de dos aspectos que tienen que cumplirse en simultáneo para configurar el otorgamiento íntegro de este derecho. Cómo se aprecia, entonces, todos estos preceptos manifiestan que el goce del descanso vacacional tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional).

8. En este orden de ideas, cuando los artículos 10 y 17 Decreto Legislativo Nº 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo habilitan que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de estas tienen que estar vinculadas con el pago remunerativo correspondiente.

9. En virtud de lo expuesto, considero que el goce del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente al pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto, y, por ende, contrario a la normativa de la materia, su dación por separado.

10. Resumiendo, en mi opinión, ha quedado acreditado que la impugnante incurrió en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en perjuicio de los señores Edison Marcelo Ortega Álvarez y, Diana Judith Aparicio Sosa.

Por estos fundamentos, mi voto es porque este extremo del recurso de revisión se declare INFUNDADO y se confirme la Resolución de Intendencia N° 1055-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 y, numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente.

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250312MCR- HR 14651-2019