Telecomunicaciones GYS EIRL — Res. 1249-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 12128179 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “TELECOMUNICACIONES GYS E.I.RL.” se deberá entender que es dirigida a “TELECOMUNICACIONES GYS EIRL”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguridad Social (Sub Materias: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud e inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub Materia: Asignaciones, gratificaciones y pago de bonificaciones); Planillas o registros que la sustituyan (Sub Materia: Registro de trabajadores y otros en la planilla) y Compensación por Tiempo de Servicios (Sub Materia: Depósito de CTS) PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

2018 a las 09:00 horas, pese a estar notificado con el requerimiento de comparecencia recepcionado el 03 de noviembre de 2018.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia del 11 de diciembre de 2018 a las 09:00 horas, pese a estar debidamente notificado, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

i. Sostiene que la multa impuesta carece de sustento, toda vez que su representante acudió a las oficinas de la SUNAFIL el 07 de diciembre de 2018, en cumplimiento del

3 Cabe señalar que, mediante la Cédula de Notificación N° 0000058005-2019, expedida el 07 de junio de 2019 y obrante en fojas 08 del expediente sancionador, se intentó notificar al administrado la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción. No obstante, dicha diligencia fue infructuosa debido a que, en la dirección consignada, se negaron a recibir los actuados, lo que motivó la devolución de la cédula. Frente a ello, mediante proveído s/n de fecha 03 de diciembre de 2020, incorporado a fojas 10 del expediente sancionador, la Autoridad Instructora ordenó notificar al domicilio fiscal del sujeto inspeccionado. En cumplimiento de dicha disposición, mediante Cédula de Notificación N° 0000058423-2020 expedida en fecha 15 de junio de 2020, obrante en fojas 12 del citado expediente; sin embargo, esta tampoco pudo ser efectuada. Ante la imposibilidad de practicar la notificación de manera personal, mediante nuevo proveído de fecha 23 de marzo de 2021, el mismo que obra en fojas 15 del expediente en cuestión, la Autoridad Instructora dispuso que los documentos pendientes de notificación fueran publicados en el diario oficial “El Peruano” o, en su defecto, en un diario de circulación nacional, así como en el portal institucional de SUNAFIL, conforme lo autoriza el numeral 23.1.2 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. En cumplimiento de lo anterior, mediante Informe N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha 09 de junio de 2022, se informó a la Autoridad Instructora sobre la gestión del servicio de notificación por edicto. Dicha publicación se realizó el 02 de julio de 2022 tanto en el diario oficial “El Peruano” como en el portal institucional de SUNAFIL, tal como se acredita en fojas 16 del expediente sancionador. Cabe precisar que dichas actuaciones se realizaron en mérito a que la Imputación de Cargos notificada carecía de firma electrónica. En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con el numeral 24.1 del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la notificación mediante casilla electrónica debe contener, entre otros requisitos, el acto administrativo emitido conforme a la normativa sobre firmas digitales, esto conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento. No obstante, la Imputación de Cargos en cuestión fue emitida con firma manuscrita, lo que no cumple con las exigencias legales para su validez a través de la casilla electrónica.

requerimiento emitido el 03 de diciembre de 2018, presentando la documentación solicitada. Ello consta en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación de fecha 07 de diciembre de 2018, suscrita por los inspectores comisionados. ii. Refiere que, con dicha comparecencia y la entrega de la documentación requerida, se cumplió íntegramente con la finalidad del requerimiento, esto es, verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, no siendo exigible una nueva comparecencia posterior para los mismos fines. iii. Precisa que en el acta de diligencia no se consignó observación alguna respecto a la supuesta falta total o parcial de la documentación. Tampoco se dejó constancia de que la representante debiera acudir nuevamente a la diligencia programada para el 11 de diciembre de 2018. Por tanto, con lo actuado el 07 de diciembre de 2018, se había satisfecho la exigencia inspectiva, resultando innecesaria la reiteración de la comparecencia. iv. Aunado a ello, sostiene que la comparecencia realizada el 07 de diciembre de 2018 es válida y con arreglo a derecho, conforme al numeral 70.1.4 del artículo 70° del TUO de la Ley N° 27444. En tal sentido, la Constancia de Actuaciones Inspectivas suscrita por los inspectores comisionados acredita la regularidad de lo actuado. Si dicha comparecencia no hubiera sido procedente, el acta respectiva no habría sido validada ni firmada. En consecuencia, no puede imputarse infracción por la inasistencia del 11 de diciembre de 2018, pues dicha diligencia quedó sin efecto por sustracción de la materia. v. Asimismo, cuestiona que la resolución impugnada sostenga que los inspectores esperaron diez minutos sin que se presentara la administrada, pues ello no es atribuible a su responsabilidad. Argumenta que, de haberse advertido la falta de algún documento, debió consignarse en el acta del 07 de diciembre de 2018 y requerirse formalmente su presentación en la fecha posterior. Sin embargo, ello no ocurrió. vi. De igual forma, considera erróneo que en el numeral 23 de la resolución se concluya que no se presentó el documento que acreditaba el pago de la liquidación de beneficios de una trabajadora. Afirma que esa interpretación es un error de hecho y de derecho, en tanto se aparta de lo actuado y constituye una interpretación extensiva prohibida, que además carece de tipificación como infracción administrativa. vii. Por lo expuesto, sostiene que la Resolución de Sub Intendencia deviene en nula de pleno derecho, en tanto se ha emitido en contravención a la Constitución y la Ley, desconociendo principios fundamentales del TUO de la LPAG, tales como el Principio de Legalidad, Debido Procedimiento y Motivación. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada, conforme al numeral 10.1 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

i. De conformidad con el artículo 4° de la LGIT, la función inspectiva se desarrolla en las empresas, centros de trabajo y, en general, en cualquier lugar donde se ejecute la prestación laboral, incluyendo a empleadores del sector público cuando sus trabajadores se encuentren sujetos al régimen de la actividad privada. A su vez, los supervisores inspectores, inspectores del trabajo e inspectores auxiliares debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para ejercer las funciones previstas en los artículos 5° y 6° de la misma norma, pudiendo realizar requerimientos de información por sistemas electrónicos, visitas de inspección, comparecencias o verificación de antecedentes en el sector público, conforme lo señala el artículo 11° de la LGIT. ii. En el presente caso, las actuaciones inspectivas se iniciaron a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral por parte de la empresa inspeccionada. De lo constatado en el Acta de Infracción, se determinó que la administrada incurrió en una infracción muy grave a la labor inspectiva. Previo al análisis de los argumentos de apelación, resulta pertinente reseñar los hechos materia de investigación y los errores de hecho y de derecho en que habría incurrido la resolución apelada. iii. Se reconoce que el 07 de diciembre de 2018, a solicitud de la administrada, se realizó una diligencia no programada, en la cual participó su apoderada y se dejó constancia de la presentación de determinada documentación. Sin embargo, los inspectores comisionados señalaron expresamente que dicha diligencia no reemplazaba la comparecencia programada, la cual había sido fijada para el 11 de diciembre de 2018 a las 09:00 a.m., según requerimiento notificado el 03 de diciembre del mismo año. iv. Llegada la fecha y hora de la comparecencia programada, los inspectores actuantes efectuaron el llamado respectivo y aguardaron el plazo de tolerancia establecido en la normativa, sin que se presentara representante alguno de la empresa. Cabe precisar que en el propio requerimiento de comparecencia se advirtió que la inasistencia constituiría infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, lo cual finalmente se configuró al no comparecer la administrada. v. Si bien la empresa sostiene que presentó documentación el 07 de diciembre, corresponde señalar que la información brindada en esa diligencia no programada fue incompleta, pues únicamente acreditó el pago de beneficios sociales respecto de una de las trabajadoras, sin adjuntar la liquidación completa ni presentar la información correspondiente a la otra trabajadora Asimismo, la comparecencia del 11 de diciembre de 2018 fue debidamente notificada y subsistía la obligación de asistir y presentar la totalidad de documentos requeridos, lo cual no se cumplió. vi. De la revisión del expediente se advierte que la documentación consignada en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación del 07 de diciembre no incluyó la liquidación de beneficios sociales de uno de los trabajadores, lo que confirma lo expresado por los inspectores comisionados. En tal sentido, no se trata de que la documentación presentada haya sido omitida por error, sino de que efectivamente no fue entregada en la diligencia, persistiendo la omisión. vii. Debe enfatizarse que los inspectores comisionados establecieron con claridad qué documentos debían exhibirse en la comparecencia del 11 de diciembre de 2018, de modo que la administrada conocía con certeza las obligaciones a cumplir. La diligencia no programada del 07 de diciembre de 2018 solo recogió la documentación entregada en ese momento, pero no podía considerarse sustitutoria de la comparecencia formal. La inasistencia a la misma, sumada a la presentación parcial de documentos, configuró la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

viii. En consecuencia, no se advierte vulneración de derechos ni apartamiento de la normativa aplicable. Por el contrario, el procedimiento se condujo conforme a lo dispuesto en la LGIT y su Reglamento. La Resolución de Sub Intendencia se encuentra debidamente motivada y ajustada a derecho, por lo que, no existiendo argumentos que desvirtúen las constataciones realizadas ni la infracción determinada, corresponde confirmar lo resuelto en primera instancia, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 41° de la LGIT, la Ley N° 29981 y la Resolución de Superintendencia N° 261-2023-SUNAFIL.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 6 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 7 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Telecomunicaciones Gys Eirl

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de setiembre de 2023, TELECOMUNICACIONES GYS EIRL fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

9 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. En primer lugar, corresponde precisar que el control difuso en sede administrativa constituye una garantía para la aplicación efectiva de los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento y validez de los actos administrativos. Toda actuación administrativa debe sustentarse en la Constitución, la ley y los reglamentos, conforme al numeral 1.1 y 1.2 del Título Preliminar del TUO de la LPAG y al TUO de la Ley N° 27584. En ese marco, la Administración no puede preferir una norma de menor jerarquía sobre la norma constitucional al resolver un conflicto de intereses. ii. La resolución impugnada presenta errores estructurales que afectan su validez: (i) carece de fecha cierta, al consignar “00 de agosto de 2023”; (ii) en la página 2, dentro del procedimiento administrativo sancionador, se hace referencia a un sujeto distinto al inspeccionado, lo que denota un vicio material; y (iii) en el rubro “Cuestiones en discusión”, se descartan los argumentos de la apelación sin un análisis específico ni mención expresa de los agravios planteados. Todo ello configura una indebida y deficiente motivación, en contravención al numeral 4 del artículo 3° y al numeral 6.1 del artículo 6° del TUO de la LPAG. iii. Consta en el acta de diligencia de fecha 07 de diciembre de 2018, suscrita por los inspectores actuantes, que el sujeto inspeccionado cumplió con presentar la documentación e información requeridas mediante el requerimiento de fecha 03 de diciembre de 2018. iv. No obstante, el Acta de Infracción sostiene que la empresa no presentó total o parcialmente la información solicitada. Tal afirmación carece de sustento, pues de la diligencia del 07 de diciembre de 2018 no fluye observación ni reparo alguno respecto de la entrega efectuada. Por tanto, sostener lo contrario sin prueba suficiente vulnera el Principio de Motivación y contraviene lo previsto en el numeral 4 del artículo 3 y el numeral 6.1 del artículo 6° del TUO de la LPAG. v. En consecuencia, no puede configurarse infracción alguna por incumplimiento de presentar la información del requerimiento de 03 de diciembre de 2018, en tanto esta fue cumplida oportunamente el 07 de diciembre de 2018. vi. Asimismo, los inspectores debieron informar expresamente a la representante de la inspeccionada sobre la necesidad de asistir a la diligencia programada y sobre la eventual comisión de una infracción pasible de multa en caso de inasistencia. La omisión de dicho deber afecta los Principios de Predictibilidad y Debido Procedimiento. vii. La presentación de la documentación el 07 de diciembre de 2018 constituye un cumplimiento válido y eficaz de la obligación, por lo que sancionar tal conducta vulneraría el Principio de Legalidad. No existe norma que tipifique como infracción la entrega de la documentación en fecha distinta a la programada, siempre que esta se haya efectuado antes de la diligencia oficial. viii. Bajo el Principio de Economía Procesal y Concentración de Actos, la obligación de acudir a la diligencia del 11 de diciembre de 2018 desapareció, toda vez que la materia ya se encontraba satisfecha. En tal escenario, se configura la sustracción de la materia. ix. No era razonable exigir la reiterada presentación de la documentación ya entregada el 07 de diciembre de 2018. Obligar a ello vulnera los Principios de Celeridad, Simplicidad, Eficacia, Informalismo y Razonabilidad, conforme al TUO de la LPAG. x. La resolución impugnada incurre en contradicciones. Mientras en un considerando se reconoce que se acreditó la entrega de documentación relacionada con beneficios sociales, en otro se afirma que no se presentó información suficiente respecto a la misma trabajadora, omitiendo valorar lo ya entregado. Tal inconsistencia configura un vicio de nulidad, conforme al artículo 10° del TUO de la LPAG. xi. En suma, la actuación inspectiva y la resolución impugnada adolece de defectos sustantivos y formales: se desconoció la documentación presentada en tiempo y forma, se impuso una obligación inexistente, y se configuraron contradicciones internas que

vulneran los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento y Motivación Suficiente. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectará el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

constituyen formalidades accesorias cuya corrección no habría cambiado el contenido de la decisión ni afectado el debido procedimiento. En ese marco, corresponde tener presente la figura de la conservación del acto administrativo, la cual privilegia la eficacia y continuidad de la actuación administrativa, disponiendo que la enmienda de tales errores compete a la propia autoridad emisora, sin que ello suponga declarar la nulidad del acto ni afecte el derecho de defensa o la garantía de seguridad jurídica.

Sobre las inasistencias a la diligencias de comparecencias programadas

“Artículo 17.- Capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley. Las actuaciones inspectivas se seguirán con los sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que podrán actuar por medio de representante, debidamente acreditado ante el inspector actuante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones. El representante no podrá eludir la declaración sobre hechos o circunstancias con relevancia inspectiva que deban ser conocidos por el representado. La intervención mediante representante sin

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 12 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el apartado anterior, pueden éstas ser efectuadas de manera presencial y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.

capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado. (…)”. (Énfasis añadido).

• Obra a fojas 53 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 03 de diciembre de 2018, notificado en la misma fecha, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se aprecia a continuación:

FIGURA N° 01 Requerimiento de comparecencia de fecha 03 de diciembre de 2018

• Sin embargo, en el día y hora programada, la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado, no asistió a la comparecencia programada como ha sido recogido en los numerales 4.2.4 y 4.11 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción.

acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. Por lo que, la finalidad de dicho principio administrativo es que, en toda circunstancia del procedimiento sancionador, la Administración Pública respete todo principio y derecho invocado en el ámbito de su jurisdicción, siendo esto acorde con los principios de la administración de justicia señalados en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

13 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64.

14 Normativa vigente al momento de las actuaciones inspectivas, conforme al artículo 2° del Decreto Supremo N° 016- 2017-TR. 15 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

inspectivo, quien dejó constancia de la citación correspondiente, cumpliendo con las formalidades previstas en Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y contando con el apercibimiento correspondiente en caso de inasistencia. Sin embargo, pese a ello, el administrado no se apersonó en la fecha indicada, dicha conducta evaluada en el marco del deber de colaboración consagrado en la normativa de inspección del trabajo, así como en atención al Principio de Buena Fe Procedimental, refuerza la configuración de la conducta obstructiva que impidió el normal desarrollo de la labor inspectiva, conforme a lo previsto en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No asistir a la comparecencia del 11 de diciembre de 2018 a las 09:00 horas, pese a estar debidamente notificado. Numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TELECOMUNICACIONES GYS EIRL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 131-2023- SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 11 de agosto del 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 164-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 11 de agosto del 2023, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a TELECOMUNICACIONES GYS EIRL, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria adoptada por este colegiado con la cual se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto.

Considero que, con mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido la necesidad de analizar jurídicamente la institución de la prescripción administrativa del Texto Único Ordenado

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no sólo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizó el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido

Respecto A La Prescripción De La Facultad De La Autoridad Para Determinar La Existencia De Infracciones Administrativas Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

“8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legalmente impuesta, deberá, además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos”. (Énfasis añadido).

“23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva (…)”. (Énfasis añadido).

“10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal La competencia para realizar actos estatales tiene como notas condicionantes las cuatro siguientes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Al respecto, veamos lo siguiente: (…) b) La taxatividad El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”. (Énfasis añadido).

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia”. (Énfasis añadido).

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los 4 años (coincidencia entre la ley especial y la ley general). 2. EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. 3. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo. 4. La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. 5. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 6. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, sólo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

SOBRE LA REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”. (Énfasis añadido).

“17. Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de trascendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que se contrapone a los hechos humanos.”

1. Que, el transcurso del tiempo crea y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” o adquisición de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el derecho material y procesal etc.

16 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 17 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando

admitir la suspensión de la caducidad o prescripción la misma resultaría afectando al administrado, debido a un hecho no imputable al administrado. Asimismo, se afectaría el debido procedimiento ante una suspensión del plazo de prescripción que no se encuentra formal ni expresamente suspendido.

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA Y LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LOS DECRETOS DE URGENCIA

corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…). 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 19 Jaime Orlando Santofimio, Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, 486. 20 Constitución Política del Perú de 1993 Supremacía de la Constitución Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 21 Constitución Política del Perú de 1993 Acciones de Garantía Constitucional Artículo 200.- Son garantías constitucionales (…).

el numeral 19 del artículo 11822; y, el numeral 1 del artículo 102°23.

“2.1.3. Las fuentes de derecho reguladas por la Constitución: modos de producción jurídica 15. El sistema de fuentes regulado por la Constitución consagra diversos tipos normativos. Principalmente, las normas con rango de ley y aquellas de rango reglamentario. Entre las primeras, nuestro sistema jurídico consagra una serie de tipos normativos que, si bien tienen el mismo rango jurídico, difieren en su denominación y en su modo de producción. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: (...) el inciso 4° del artículo 200° de la Constitución establece las normas que, en el sistema de fuentes normativas diseñado por ella, tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas.[31]24”. (Énfasis añadido).

“2.1.3.1.1.6. Decretos de urgencia

26. Respecto de esta fuente normativa, el inciso 19 del artículo 118° de la Constitución establece que corresponde al Presidente de la República:

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.” 22 Constitución Política del Perú de 1993 Atribuciones del Presidente de la República Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República: (…) 19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. 23 Constitución Política del Perú de 1993 Atribuciones del Congreso Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso: 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 24 Caso Ley de la Policía Nacional del Perú, Exp. N° 0022-2004-AI/TC, fundamento 13.

Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.

Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha referido a los requisitos formales y materiales para la expedición de los Decretos de Urgencia, estableciendo que:

En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123° de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, en concordancia con el procedimiento contralor a cargo del Parlamento, contemplado en la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 91° del Reglamento del Congreso.

Respecto a los requisitos materiales para la producción, deben tenerse en cuenta los siguientes:

(...) la legitimidad de los decretos de urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de criterios endógenos y exógenos a la norma, es decir, del análisis de la materia que regula y de las circunstancias externas que justifiquen su dictado. En cuanto al primer tópico, el propio inciso 19 del artículo 118° de la Constitución establece que los decretos de urgencia deben versar sobre “materia económica y financiera. Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio de separación de poderes, exige que dicha materia sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en sentido estricto, pocas son las cuestiones que, en última instancia, no sean reconducibles hacia el factor económico, quedando, en todo caso, proscrita, por imperativo del propio parámetro de control constitucional, la materia tributaria (párrafo tercero del artículo 74° de la Constitución). Empero, escaparía a los criterios de razonabilidad exigir que el tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el común de los casos la adopción de medidas económicas no es sino la vía que auspicia la consecución de metas de otra índole, fundamentalmente sociales.[44]25”. (Énfasis añadido).

“18. Este Tribunal discrepa de dicha argumentación, por las siguientes razones:

a. La habilitación contenida en el Decreto de Urgencia 026-2020, permite que el Poder Judicial regule las situaciones en las que no es posibles continuar con la prestación del servicio de administración de justicia. Ello ya ha ocurrido, por ejemplo, cuando se ha producido un terremoto que afecta la prestación de dicho servicio (R.A. 220-2007-CE-PJ, en el caso del terremoto que se produjo el año 2007 y afectó severamente las localidades de Chincha o Pisco), o cuando se produce una

25 Ibíd fundamento 59.

huelga de trabajadores del Poder Judicial, que impide el funcionamiento total o parcial de los órganos jurisdiccionales de un distrito judicial (R.A. 000839-2019-P- CSJAN-PJ, emitida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash).

b. Tal habilitación permite regular la actuación de los órganos jurisdiccionales y el acceso a estos por parte de la ciudadanía, para el ejercicio y protección de sus derechos, en un contexto excepcional. Así, permite la suspensión de los plazos procesales cuando los ciudadanos se encuentran imposibilitados, materialmente, de ejercer su derecho de acción; presentar escritos, recursos impugnatorios y medidas cautelares; programar o continuar con las audiencias programadas; o desarrollar las diversas actividades jurisdiccionales agendadas en los procesos en trámite o en ejecución. Ello permite que, en la situación excepcional por todos conocidas, no se computen los plazos procesales afectando los derechos de los litigantes.

c. Si bien en estos casos los plazos procesales para la presentación de las demandas, escritos y recursos se encuentra regulada expresamente en las normas procesales pertinentes, ante la imposibilidad de presentar y que se recepcionen dichos documentos durante un periodo de la pandemia, en la que las oficinas competentes del Poder Judicial no prestaron atención a las partes litigantes o interesados; tal hecho se encuentra justificado por el derecho a la tutela procesal efectiva, así como por las garantías del debido proceso, dado que la suspensión de labores afectó a todos los usuarios del servicio de administración de justicia.

d. Distinto es el caso de la prescripción de la acción penal. En primer lugar, porque el ejercicio de la acción penal está sujeta a un plazo, regulado en una norma con rango de ley, y cuya determinación depende de la gravedad del delito imputado.

e. En ese sentido, su regulación se encuentra prevista en una norma de rango legal, esto es, el Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 635, por lo que ni el DU 026-2020 tiene entidad suficiente para modificar los supuestos regulados al respecto (artículo 118, inciso 19 de la Constitución), ni tampoco pueden hacerlo disposiciones de inferior jerarquía, como las resoluciones administrativas 115- 2020-CE-PJ, 117-2020-CE-PJ, 118-2020-CE-PJ, 061-2020-P-CEPJ, 062-2020-CE-PJ y 157-2020-CE-PJ, que decretaron la suspensión de los plazos procesales por 3 meses y 15 días.

f. En un Estado constitucional y democrático de derecho, las resoluciones administrativas se encuentran subordinadas a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no al revés (artículo 51 de la Constitución).

g. (…).

h. No puede aceptarse que dicho plazo pueda ser modificado vía un decreto de urgencia —cuya emisión ha sido regulada para asuntos taxativamente previstos— , ni mucho menos por una resolución administrativa o mediante un criterio judicial

interpretativo. Cualquiera de tales opciones es manifiestamente inconstitucional. Distinto es el caso de la determinación del inicio del cómputo de la prescripción, su suspensión o interrupción, donde muchas veces ello tiene que ser determinado por el juez penal, pero su competencia no alcanza a regular, modificar o extender el plazo para que la prescripción opere.

i. En consecuencia, la interpretación efectuada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia es manifiestamente inconstitucional, pues contraviene los artículos 51 y 103 de la Constitución, al pretender que mediante resoluciones administrativas se pueda modificar el contenido de una o varias disposiciones legales”. (Énfasis añadido).

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; mi voto es porque se DECLARE la prescripción del procedimiento administrativo sancionador, conforme al artículo 252° del TUO de la LPAG, toda vez que han transcurrido más de cuatro años desde la fecha de la comisión de la presunta infracción, sin que se haya emitido un pronunciamiento que determine su existencia. En efecto, si bien la notificación de la Imputación de Cargos N° 134-2019- SUNAFIL/IRE-ANC-ZCHI –que suspende el cómputo del plazo prescriptorio, según lo previsto en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG–, se efectuó el 02 de julio de 2022, el cómputo del plazo se reanudó posteriormente ante la inactividad del procedimiento. Así, la Resolución de Sub Intendencia N° 137-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA fue notificada el 20 de marzo de 2023, fecha en la cual ya había vencido el plazo máximo de prescripción establecido legalmente.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250917MABJ – HR: 82696-2018