Tecnomin Data S.A.C — Res. 695-2021

Mediante Orden de Inspección N° 0388-2020-SUNAFIL/IRE-PAS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 050-2020-SUNAFIL/IRE-PASCO (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

Mediante Imputación de Cargos N° 005-2021-SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI- IC, de fecha 08 de enero de 2021, y notificado a la impugnante el 11 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 008-2021-SUNAFIL/IRE- PAS/SIAI-IF, de fecha 21 de enero de 2021, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 046- 2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS, de fecha 30 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido en:

Con fecha 22 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 046-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 032-2021-SUNAFIL/IRE-PAS, de fecha 12 de mayo de 20212, la Intendencia Regional de Pasco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Sub Intendencia N° 046-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 17 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Pasco, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 032- 2021-SUNAFIL/IRE-PAS.

La Intendencia Regional de Pasco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 0025-2021- SUNAFIL/IRE-PAS/SIRE, recibido el 07 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, la LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TECNOMIN DATA S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 032-2021-SUNAFIL/IRE- PAS, emitida por la Intendencia Regional de Pasco, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 27 de julio de 2021, día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TECNOMIN DATA S.A.C.

En principio el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes.

En esa línea, la Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas que procedan. En atención a ello, surge la necesidad de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, considerando que las normas establecidas para tal fin son de carácter obligatorio.

Para efectos de interpretar adecuadamente el artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se debe tener presente que para la validez de los contratos sujetos a modalidad, entre otros, del contrato para obra determinada o servicio específico, deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas, las cuales dependerán de la contratación sujeta a modalidad; además, de contener las demás condiciones de la relación laboral y las formalidades previstas en los artículos 72 y 73 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

La desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se ciñen en los siguientes supuestos: a) si el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, en observancia de lo prescrito en el artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (énfasis añadido).

De folios 19 y 40 del expediente inspectivo, obran los contratos de trabajo denominados sujeto a modalidad para servicio específico, suscritos entre las partes, del cual se advierte de la cláusula segunda: “(…) del presente documento el EMPLEADOR contrata a Plazo Fijo bajo modalidad temporal, los servicios de EL TRABAJADOR para que desempeñe labores de “CAPATAZ”, en las LABORES METALMECÁNICA PROYECTOS NIVEL 100, 355, 050, en relación con el objeto señalado en la cláusula primera, debiendo someterse a las órdenes, instructivas y medidas disciplinarias que imparta EL EMPLEADOR, en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR”.

De lo anotado, se infiere que la contratación del ex trabajador, bajo la modalidad para servicio específico, no tiene el debido sustento objetivo, pues esta situación denota que en realidad el empleador utiliza la mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato de trabajo por servicios específico del ex trabajador se haya convertido en uno de duración indeterminada.

Por otro lado, debe precisarse que en los contratos de trabajo referidos no se ha cumplido con la exigencia dispuesta por el artículo 72 del Decreto Supremo N° 003-97- TR, de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual se le contrata, puesto que se ha limitado a decir que se contrata al ex trabajador para desempeñar determinado cargo, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el señor Carlos Andrés Puente Alejo.

Sobre la temporalidad del servicio que presta para la impugnante, aspecto con el que se pretende sustentar la naturaleza temporal del contrato de trabajo materia de análisis, en el considerando 2.8 de la resolución impugnada, el inferior en grado ha señalado que, la contratación sujeta a modalidad solo podrá celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va prestar o de la obra que se ha de ejecutar. Cabe acotar que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha expresado el carácter excepcional de los contratos sujetos a modalidad.

A mayor abundamiento, acorde con lo establecido en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el Exp. N° 1477-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se cumple con la exigencia del artículo 72 de la Ley de Productividad y Competitividad8 Laboral cuando se contrata mediante un contrato de trabajo de servicio específico y en éste se limita a señalar que se contrata “para desempeñar determinado cargo, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el demandante como trabajador o cuáles son las funciones que va a desempeñar, ni tampoco ha justificado la temporalidad del contrato, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado, pues no se especifica la obra o servicio concreto a cumplir”.

En atención a lo antes expuesto, no se puede sostener que la impugnante haya cumplido con las formalidades que se requieren para el uso del contrato para servicio específico, pues como ha tenido ocasión de observar la autoridad de segunda instancia en el considerando 2.5 de su pronunciamiento, en los contratos sujetos a modalidad debe consignarse en forma expresa las causas objetivas determinante de la

Siendo así, se encuentra acreditado que el contrato para servicio específico, antes mencionado, se encuentra desnaturalizado por el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, respecto a la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.

En ese orden de ideas, considerando la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT, por el que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción, observándose los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados; se aprecia que el inferior en grado ha motivado su decisión de sancionar a la impugnante por las infracciones que fueron imputadas en el Acta de Infracción, no sólo en base a las conclusiones arribadas por el personal inspectivo, sino evaluando nuevamente el material probatorio que se tuvo a la vista en la etapa de actuaciones inspectivas y los alegatos presentados, por lo que no puede acusarse que el pronunciamiento venido en alzada haya utilizado argumentos errados para determinar sanción. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo (énfasis añadido).

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no sólo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Sobre el particular, se observa que en la medida de requerimiento de información de fecha 30 de octubre de 2020, obrante a folios 45 de la Orden de Inspección N° 388- 2020-SUNAFIL/IRE-PAS, el inspector comisionado solicitó la remisión de la documentación, a través de sistemas de comunicación electrónica (correo electrónico: emamani@sunafil.gob.pe); referida al extrabajador afectado, precisado en el mismo apartado. Concediéndole un plazo de seis (06) días hábiles para su cumplimiento, bajo

Asimismo, conforme a la constancia de actuaciones inspectivas de investigación de fecha 11 de noviembre de 2020, obrante a folios 46 del expediente inspectivo, el inspector comisionado deja constancia de la participación del administrador del centro de trabajo Miguel Angel Picoy Ortega, en la diligencia de investigación bajo la modalidad de actuación: Comparecencia en las oficinas de la Intendencia, exhibiendo en el desarrollo de la presente, contrato de trabajo.

Ahora bien, en la medida de requerimiento de información de fecha 16 de noviembre de 2020, obrante a folios 47 del expediente inspectivo, el inspector comisionado reitera la solicitud de remisión de la documentación, a través de sistemas de comunicación electrónica (correo electrónico: emamani@sunafil.gob.pe); referida al extrabajador afectado, precisado en el mismo apartado. Concediéndole un plazo de cuatro (04) días hábiles para su cumplimiento, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

Tal y como se observa, no es coherente lo sustentado por la impugnante, aduciendo inobservancia al principio del debido procedimiento, toda vez que fue debidamente notificada con cada una de las actuaciones y solicitudes por parte del inspector de trabajo, así como de las autoridades durante el procedimiento administrativo sancionador, y las conductas a las cuales la impugnante se encontraba obligada a cumplir, se encuentran claramente establecidas e identificadas por la normativa vigente de la materia, y que fue claramente especificada por el inspector de trabajo en el Acta de Infracción.

En ese sentido, no se identifica una pretendida vulneración del derecho al debido procedimiento, en tanto no sólo se ha garantizado la debida notificación y motivación de las actuaciones y documentos emitidos por la autoridad competente, sino que se ha valorado y merituado cada uno de los argumentos de defensa y la información remitida, evidenciándose que se confirma sanción por la omisión proscrita (énfasis añadido).

Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

La impugnante señala que corresponde archivar el procedimiento administrativo, debido a que la materia controvertida ha sido sometida a conocimiento del Poder Judicial, y es idéntica a la materia investigada administrativamente; configurándose la triple identidad: Identidad de sujetos (Tecnomin – Puente Alejos), hechos y fundamentos (desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad por servicio específico).

Sobre el particular, el artículo 75 TUO de la LPAG prescribe lo siguiente:

Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del

Así, para que proceda la inhibición en sede administrativa, se requiere necesariamente de los siguientes presupuestos: i) una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento administrativo, ii) que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, iii) la necesidad objetiva de obtener el pronunciamiento judicial previo para para poder resolver el asunto planteado ante la Administración, y iv) identidad de sujetos, hechos y fundamentos9.

Por su parte, en consideración a lo previsto en la LGIT, se considera al Sistema de Inspección del Trabajo, como un sistema único, polivalente e integrado, constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas. Asimismo, la Inspección del Trabajo, es el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo”.

En el caso en particular, luego de la consulta efectuada en la página de “Consulta de Expedientes Judiciales” del Poder Judicial10, se advierte que el ex trabajador Carlos Andrés Puente Alejo interpuso una demanda por desnaturalización de contrato contra la impugnante. Dicho proceso judicial viene siendo seguido en el expediente N° 00011- 2021-0-2901-JR-LA-01, cuya fecha de presentación fue el 29 de enero de 2021 y admitida a trámite con fecha 25 de marzo de 2021, habiéndose emitido la Resolución N° 05 – Sentencia, de fecha 16 de junio de 2021, por parte del Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Pasco que resuelve: “1)Declarar FUNDADA la excepción de caducidad, deducida por la demandada TECNOMIN DATA S.A.C 2) Declarar NULO TODO LO ACTUADO, en consecuencia, la CONCLUSIÓN del presente proceso; y consentida y/o ejecutoriada la presente resolución (…) 3) CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones demandadas en autos. (…)”.

Asimismo, debemos precisar que la orden de inspección que motivó el presente procedimiento, fue aperturada el 29 de octubre de 2020, siendo las materias objeto de inspección: Desnaturalización de la relación laboral. Concluyendo las actuaciones inspectivas con la emisión del acta de infracción N° 050-2020-SUNAFIL/IRE-PASCO de fecha 02 de diciembre de 2020. Asimismo, mediante Imputación de Cargos N° 005- 2021-SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI-IC, de fecha 08 de enero de 2021, notificada el 11 de enero de 2021, se dio inicio al procedimiento sancionador, determinándose la responsabilidad de la impugnante, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 00046- 2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS, de fecha 30 de marzo de 2021, notificada el 01 de abril de 2021. Cabe señalar que, la autoridad de primera instancia resolvió multar a la inspeccionada por la simulación de un contrato modal, en el que no se ha descrito funciones a realizar detalladamente que permita validar la naturaleza del contrato específico, infracción que fue determinada en el acta de infracción.

Como se aprecia, si bien la infracción imputada es la misma materia de cuestionamiento en el proceso judicial, es necesario precisar que se ha declarado la conclusión del proceso judicial al haber operado la excepción de caducidad, en este sentido la autoridad judicial no ha emitido pronunciamiento respecto al fondo de la materia en controversia; asimismo tampoco existe coincidencia entre las partes intervinientes en los mismos, en el procedimiento sancionador está conformada por la impugnante y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -SUNAFIL, en tanto en el proceso judicial la conforman el ex trabajador (demandante) y la impugnante (demandada). Por lo que, en consideración a los actuados, no es preciso que los hechos investigados y corroborados sean esclarecidos previamente por la instancia judicial. Además, cabe señalar que no existe mandato judicial que ordene a esta Instancia no seguir desarrollando su competencia11. Por último, cabe recordar que las

Asimismo, cabe indicar que el supuesto establecido en el artículo 75 del TUO de la LPAG es distinto al del avocamiento de causa pendiente en el Poder Judicial, que está reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. El primero se refiere a aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa, se convenza que una situación contenciosa surgida en el procedimiento que instruye, no permita su resolución y por ello, suspenda hasta que la autoridad judicial declare el derecho; mientras que el segundo implica la acción de desplazar la competencia de otra autoridad para conocer de un caso que originalmente estaba siendo conocido por aquel.

En el presente caso, no se ha originado un avocamiento de la autoridad inspectiva a un caso judicializado, toda vez que el trabajador afectado acudió, en primer lugar, a esta entidad, a fin de que se compruebe el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, conforme a sus fines previstos en el numeral 1 del artículo 3 de la LGIT y, en caso de comprobarse infracción al ordenamiento sociolaboral, imponer las sanciones correspondientes al administrado. No obstante, cabe indicar que esta Sala considera que es una decisión personalísima de los trabajadores elegir a que entidad acudir, a fin de hacer valer sus derechos, siendo idóneo cualquier vía elegida, mientras se encuentre legalmente prevista como mecanismo protector de derechos. Por ende, no ha existido interferencia de esta entidad respecto a lo resuelto por la autoridad judicial en el proceso laboral, puesto que ha concluido el proceso por haber operado la excepción de caducidad, por lo que no ha emitido pronunciamiento respecto al fondo de la materia en controversia.

Por dichas consideraciones, no resulta amparable este extremo del recurso de revisión presentado por la impugnante

Respecto a la inaplicación del numeral 7.3 del Protocolo N° 003-20216-SUNAFIL/INII “Protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad”; referido a la visita y/o comparecencia, al recorrido por las instalaciones de la empresa y las entrevistas efectuadas a los trabajadores, representantes y/o trabajadores, de ser el caso, para identificar las labores que efectivamente realizan los trabajadores. Es necesario precisar el numeral 7.1 del apartado 7 “Trámite de las Actuaciones Inspectivas de Investigación o Comprobatorias sobre los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad”, el mismo que establece:

De acuerdo a la LGIT, las modalidades de actuación inspectiva son:

Por su parte, en consideración a lo previsto en los numerales 7.10.2 y 7.10.3 de la directiva citada: “El personal inspectivo evalúa, de acuerdo a la materia de la orden de inspección, la condición de los trabajadores involucrados, los derechos presuntamente afectados, entre otros factores, la pertinente o adecuada modalidad de iniciar sus actuaciones inspectivas”. Asimismo, “Cualquiera sea la modalidad con la que se inicien las actuaciones inspectivas, estas pueden proseguirse o completarse con la práctica de otra u otras formas de actuación definidas en el apartado 7.1.11. En concordancia con el numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT.

Asimismo, respecto a la imposibilidad de la verificación efectiva de la desnaturalización del contrato, debido a que para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad, el ejercicio de fiscalización tiene como presupuesto, la existencia de un vínculo laboral vigente, habiendo transgredido el Protocolo N° 003-2016-SUNAFIL/INII, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 071-2016-SUNAFIL, específicamente al apartado 7.3, que establece el Trámite de las Actuaciones Inspectivas de Investigación o Comprobatorias sobre los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad.

En ese entendido, tenemos que, la Resolución de Superintendencia N° 204-2020- SUNAFIL, que aprueba la Versión 4 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS LABORALES”, en el apartado 4, Definiciones, establece:

Denunciante: Es el trabajador, ex trabajador, organización sindical y en general cualquier persona que comunica a la autoridad Inspectiva de trabajo aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, sin necesidad de sustentar la afectación

Asimismo, el artículo 116 del TUO de la LPAG, establece:

Al respecto, de acuerdo a lo señalado por Morón Urbina, el derecho a formular denuncias implica lo siguiente:

En este sentido, la denuncia laboral constituye derecho de todo trabajador, ex trabajador, organización sindical o cualquier persona en general para interponer o hacer llegar todo tipo de denuncia a la Administración Pública (Autoridad Inspectiva de Trabajo), como parte del ejercicio de participación ciudadana, no siendo necesario que la persona que presenta una denuncia sustente la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, en razón que la denuncia es meramente facultativo para el administrado, lo que no limita que para la inspección laboral como en el caso de la desnaturalización de un contrato, el denunciante tenga que mantener un vínculo laboral vigente, puesto que la norma faculta que el ex trabajador puede ejercer su derecho de denunciar los actos que considera contrarios al ordenamiento sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, es pertinente precisar que, las actuaciones inspectivas de investigación se realizan con la participación activa de la inspeccionada, quien es la interesada de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, por ende, tiene la prerrogativa de presentar toda la documentación que considere pertinente a fin de esclarecer cualquier controversia y/o cuestionamiento sobre las materias investigadas, en tal sentido, el hecho de que el ex trabajador no mantenía un vínculo laboral vigente

Por dichas consideraciones, tampoco resulta amparable dicho extremo del recurso de revisión presentado por la impugnante.