Tecnomin Data S.A.C — Res. 140-2022

Mediante Orden de Inspección N° 389-2020-SUNAFIL/IRE-PAS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 051-2020-SUNAFIL/IRE-PAS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la normativa sociolaboral.

Mediante Imputación de Cargos N° 06-2021-SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI-IC de fecha 08 de enero de 2021, notificada el 11 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 009-2021-SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI-IC, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Pasco, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 045-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS, de fecha 30 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Mediante Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-PAS, de fecha 12 de mayo de 20212, la Intendencia Regional de Pasco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 045- 2021-SUNAFIL/IRE-SIRE/PAS, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Pasco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 033-2021- SUNAFIL/IRE-PAS.

La Intendencia Regional de Pasco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 0027-2021- SUNAFIL/IRE-PAS/SIRE, recibido el 07 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TECNOMIN DATA S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-PAS, emitida por la Intendencia Regional De Pasco, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TECNOMIN DATA S.A.C.

La impugnante señala que no se ha dado contestación a sus fundamentos de su apelación, incurriéndose en falta de motivación.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

De la revisión del Informe Final de Instrucción N° 009-2021-SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI-IC, Resolución de Sub Intendencia N° 045-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-PAS de fecha 30 de marzo de 2021 y Resolución De Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-PAS, de fecha 12 de mayo de 2021, es necesario, precisar que los argumentos expuestos en los escritos de descargos, son los mismos que ya han sido analizados y evaluados dentro del procedimiento sancionador, mediante el Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia, no existiendo medio probatorio y/o argumento alguno o nuevo que deba analizar nuevamente la Intendencia y que haya motivado un pronunciamiento contra lo ya resuelto.

En este contexto, el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento relevante para el caso en concreto, en el EXP N° 01714-2014-PA/TC LIMA: “(…) De otro lado, este Tribunal advierte que ésta es la tercera impugnación que formula el recurrente en el presente proceso desde la expedición de la sentencia interlocutoria. En efecto, a través del presente recurso de reposición, interpuesto con fecha 20 de febrero de 2017, se reiteran

En ese sentido, los argumentos del recurso de apelación son repetitivos en todas las instancias, al haberse presentado en los descargos previos, y no llegaron a refutar lo establecido en los diferentes actos administrativos; por ende, no puede sostenerse que se ha incurrido en una motivación aparente o insuficiente; más aún si de los diferentes actos administrativos, se aprecia que se ha emitido pronunciamiento respecto a los descargos alegados por la impugnante, y estando al contenido de la resolución materia de recurso, se ha podido determinar que se ha cumplido con quebrar el principio de presunción de inocencia de la inspeccionada, así como la evaluación de los documentos presentados por la impugnante y la valoración de los medios probatorios aportados. Por lo que, debe ser desestimado lo señalado en dicho extremo del recurso de revisión.

En vista que la impugnante ha manifestado que la presente controversia se encuentra siendo ventilada, a su vez, en el fuero jurisdiccional, corresponde a esta Sala dilucidar si amerita la suspensión del presente Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante, PAS), de conformidad al ordenamiento administrativo de la materia.

Es importante establecer los alcances del artículo 139° inciso 2 de la Constitución Política del Perú; en este sentido, el precepto legal contiene varias conductas prohibidas en función del principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional vinculada a la genérica “no avocación a causa pendiente en el Poder Judicial”. Es bueno tener presente que el “avocamiento no es más que la acción de desplazar la competencia de otra autoridad para conocer de un caso que originalmente estaba siendo conocido por aquel”. (…) Dentro de la misma lógica se encuentra tratada una forma de preservar la independencia de la autoridad jurisdiccional en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Judicial9.

Ahora bien, mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, se aprobó la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA, indica lo siguiente:

Estando a lo antes normado, de la revisión del expediente inspectivo no se advierte ningún documento por el cual la impugnante haya puesto de conocimiento a la Inspección de Trabajo que se encontraba inmersa ante una cuestión litigiosa, a efectos de que el Inspector comisionado pueda valorar o corroborarlo, en esa medida, el Inspector no podría solicitar el cierre de la orden de inspección.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que el artículo 75 del TUO de la LPAG, establece lo siguiente:

Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

Así, para que proceda la inhibición en sede administrativa, se requiere necesariamente de los siguientes presupuestos: i) una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento administrativo, ii) que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, iii) la necesidad objetiva de obtener el pronunciamiento

Por su parte, en consideración a lo previsto en la LGIT, se considera al Sistema de Inspección del Trabajo, como un sistema único, polivalente e integrado, constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas otras materias le sean atribuidas. Asimismo, la Inspección del Trabajo, es el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el caso en particular, luego de la consulta efectuada a la página web del Poder Judicial11, se advierte que el ex trabajador Zosimo Estrella Baldeon interpuso una demanda por desnaturalización de contrato contra la impugnante. Dicho proceso judicial viene siendo seguido en el expediente N° 00012-2021-0-2901-JR-LA-01, cuya fecha de presentación fue el 29 de enero de 2021 y admitida a trámite con fecha 22 de marzo de 2021, habiéndose emitido la Resolución N° 05 – Sentencia, de fecha 16 de junio de 2021, que resuelve: “1)Declarar FUNDADA la excepción de caducidad, deducida por la demandada TECNOMIN DATA S.A.C 2) Declarar NULO TODO LO ACTUADO, en consecuencia, la CONCLUSIÓN del presente proceso; y consentida y/o ejecutoriada la presente resolución (…) 3) CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones demandadas en autos. (…)”.

Asimismo, debemos precisar que la orden de inspección que motivó el presente procedimiento, fue aperturada el 29 de octubre de 2020, siendo las materias objeto de inspección: Desnaturalización de la Relación Laboral. Concluyendo las actuaciones inspectivas con la emisión del Acta de Infracción N° 051-2020-SUNAFIL/IRE-PAS, de fecha 02 de diciembre de 2020. Asimismo, mediante Imputación de Cargos N° 006-2021- SUNAFIL/IRE-PAS/SIAI-IC, de fecha 08 de enero de 2021, notificada el 11 de enero de 2021, se dio inicio al procedimiento sancionador, determinándose la responsabilidad de la impugnante, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 045-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE- PAS, de fecha 30 de marzo de 2021, notificada 01 de abril de 2021. Cabe señalar que, la autoridad de primera instancia resolvió multar a la impugnante por la simulación de un contrato modal, en el que no se ha descrito las funciones a realizar detalladamente que permita validar la naturaleza del contrato específico.

Como se aprecia, si bien la infracción imputada es la misma materia de cuestionamiento en el proceso judicial, es necesario precisar que se ha declarado la conclusión del proceso judicial al haber operado la excepción de caducidad, en este sentido la autoridad judicial no ha emitido pronunciamiento respecto al fondo de la materia en controversia; asimismo tampoco existe coincidencia entre las partes intervinientes en los mismos, en el procedimiento sancionador está conformada por la impugnante y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -SUNAFIL, en tanto en el proceso judicial la conforman el ex trabajador (demandante) y la impugnante (demandada). Por lo que, en consideración a los actuados, no es preciso que los hechos investigados y corroborados sean esclarecidos previamente por la instancia judicial. Además, cabe señalar que no existe mandato judicial que ordene a esta Instancia no seguir desarrollando su competencia12. Por último, cabe recordar que las decisiones de la Autoridad Administrativa de Trabajo expedidas en última instancia, de acuerdo a Ley, son recurribles ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo.

Asimismo, cabe indicar que el supuesto establecido en el artículo 75 del TUO de la LPAG es distinto al del avocamiento de causa pendiente en el Poder Judicial, que está reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. El primero se refiere a aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa, se convenza que una situación contenciosa surgida en el procedimiento que instruye, no permita su resolución y por ello, suspenda hasta que la autoridad judicial declare el derecho; mientras que el segundo implica la acción de desplazar la competencia de otra autoridad para conocer de un caso que originalmente estaba siendo conocido por aquel.

En el presente caso, no se ha originado un avocamiento de la autoridad inspectiva a un caso judicializado, toda vez que el trabajador afectado acudió, en primer lugar, a esta entidad, a fin de que se compruebe el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, conforme a sus fines previstos en el numeral 1 del artículo 3 de la LGIT y, en caso de comprobarse infracción al ordenamiento sociolaboral, imponer las sanciones correspondientes al administrado. No obstante, cabe indicar que esta Sala considera que es una decisión personalísima de los trabajadores elegir a que entidad acudir, a fin de hacer valer sus derechos, siendo idóneo cualquier vía elegida, mientras se encuentre legalmente prevista como mecanismo protector de derechos. Por ende, no ha existido interferencia de esta entidad respecto a lo resuelto por la autoridad judicial en el proceso laboral, puesto que ha concluido el proceso por haber operado la excepción de caducidad, por lo que no ha emitido pronunciamiento respecto al fondo de la materia en controversia.

Por dichas consideraciones, no resulta amparable este extremo del recurso de revisión presentado por la impugnante.

La impugnante hace referencia en sus alegatos que se debe declarar la nulidad del procedimiento al validar una inspección sobre contratos de trabajo cuando el trabajador ya no tenía una relación laboral vigente, habiendo transgredido el Protocolo N° 003-2016-

La Resolución de Superintendencia N° 204-2020-SUNAFIL, que aprueba la Versión 4 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS LABORALES”, en el apartado 4, Definiciones, establece:

Denunciante: Es el trabajador, ex trabajador, organización sindical y en general cualquier persona que comunica a la autoridad Inspectiva de trabajo aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. (…)” (énfasis añadido)

Asimismo, el Articulo 116 del TUO de la Ley N° 27444, establece:

Al respecto, de acuerdo a lo señalado por Morón Urbina, el derecho a formular denuncias implica lo siguiente:

En este sentido, la denuncia laboral constituye derecho de todo trabajador, ex trabajador, organización sindical o cualquier persona en general para interponer o hacer llegar todo tipo de denuncia a la Administración Pública (Autoridad Inspectiva de Trabajo), como parte del ejercicio de participación ciudadana, no siendo necesario que la persona que presenta una denuncia sustente la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, en razón que la denuncia es meramente facultativo para el administrado, lo que no limita que para la inspección laboral como en el caso de la desnaturalización de un contrato, el denunciante tenga que mantener un vínculo laboral vigente, puesto que la norma faculta que el ex trabajador puede ejercer su derecho de denunciar los actos que considera contrarios al ordenamiento sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, es pertinente precisar que, las actuaciones inspectivas de investigación se realizan con la participación activa de la inspeccionada, quien es la interesada de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, por ende, tiene la prerrogativa de presentar toda la documentación que considere pertinente a fin de esclarecer cualquier controversia y/o cuestionamiento sobre las materias investigadas, en tal sentido, el hecho de que el ex trabajador no mantenía un vínculo laboral vigente al momento de las actuaciones inspectivas no limitan la facultad que tiene la autoridad inspectiva para determinar la comisión de las infracciones, por lo que no se configura ninguna causal de nulidad, no resultando amparable este extremo del recurso de revisión presentado por la impugnante

En principio el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes.

Para efectos de un correcto análisis de los contratos modales, es necesario precisar que el el artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, precisa que se debe tener presente para la validez de los contratos sujetos a modalidad, entre otros, del contrato para obra determinada o servicio específico, deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas, las cuales dependerán de la contratación sujeta a modalidad; además, de contener las demás condiciones de la relación laboral y las formalidades previstas en los artículos 72° y 73° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

En consecuencia, el criterio para calificar la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se ciñen en los siguientes supuestos: a) si el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) cuando se trata de

Ahora bien, de los folios 32 a 36 del expediente inspectivo, obra el Contrato de Trabajo sujeto a modalidad de servicio específico y la Adenda del Contrato, suscrito entre las partes, del cual se advierte de la cláusula segunda y de la Cláusula Adicional Primera – Antecedentes, respectivamente, que: “EL EMPLEADOR ha suscrito un contrato de Ejecución de Labores Mineras con la COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. (…) para realizar labores minerales de explotación, desarrollo, preparación, avances y mantenimiento en ámbito de superficie como en interior mina en su CHUNGAR –ANIMON (…). En virtud del presente documento el EMPLEADOR contrata a Plazo Fijo bajo modalidad ya indicada en la parte introductoria de este contrato, los servicios de El TRABAJADOR para que desempeñe el cargo de MECÁNICO SOLDADOR. La empresa requiere de los servicios del TRABAJADOR para labores de METALMECÁNICA – PROYECTOS MENORES/MINA en relación con el objeto señalado en la cláusula primera”.

De lo anotado, se infiere que la contratación del ex trabajador, bajo la modalidad de servicio específico, no tiene el debido sustento objetivo, pues esta situación denota que en realidad el empleador utiliza la mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato de trabajo por servicio específico del ex trabajador se haya convertido en uno de duración indeterminada.

Por otro lado, debe precisarse que en el contrato de trabajo referido, como en la Adenda del Contrato no se ha cumplido con la exigencia dispuesta por el artículo 72º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual se le contrata, puesto que se ha limitado a decir que se contrata al ex trabajador para desempeñar determinado cargo “Mecánico Soldador”, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el señor Zosimo Estrella Baldeon, como trabajador o cuáles son las funciones que va a desempeñar, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado, pues no se especifica la obra o servicio concreto a cumplir.

Sobre la temporalidad del servicio que presta para la impugnante, aspecto con el que se pretende sustentar la naturaleza temporal del contrato de trabajo materia de análisis, cada modalidad contractual prevista por el legislador tiene sus propias peculiaridades. En el caso de los contratos para obra determinada, conforme lo señala el artículo 63 del TUO de la LPCL, su uso no procede para cualquier tipo de tareas de carácter específico y de duración determinada, sino solamente respecto de aquellas que, integrándose dentro de sus tareas ordinarias a las que se dedica la empresa, son de carácter temporal, por su propia naturaleza, y no debido a la concurrencia de factores exógenos. Esta interpretación ha sido amparada en distintas sentencias del Tribunal Constitucional recaídas, entre otras, en los Expedientes N° 1477- 2010-PA/TC y N° 04209-2011-AA/TC que establecen parámetros para la celebración de este tipo de contratos sujeto a modalidad.

A mayor abundamiento, acorde con lo establecido en el fundamento 4° de la sentencia recaída en el Exp. N° 1477-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se cumple con la exigencia del art. 72 de la Ley de Productividad y Competitividad14 Laboral cuando se contrata mediante un contrato de trabajo de servicio específico y en éste se limita a señalar que se contrata “para desempeñar determinado cargo, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el demandante como trabajador o cuáles son las funciones que va a desempeñar, ni tampoco ha justificado la temporalidad del contrato, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado, pues no se especifica la obra o servicio concreto a cumplir”.

En atención a lo antes expuesto, no se puede sostener que la impugnante haya cumplido con las formalidades que se requieren para el uso del contrato por servicio específico, pues como ha tenido ocasión de observar la autoridad de segunda instancia en su pronunciamiento, no se especifica en forma clara e indubitable la causa objetiva de la contratación que justifique la naturaleza temporal de los mismos; en razón de que en dichos contratos la redacción es simple, siendo la referencia a sus funciones de tipo genérico.

Siendo así, se encuentra acreditado que el contrato para servicio específico, antes mencionado, se encuentra desnaturalizado por el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, respecto a la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.

En ese orden de ideas, considerando la presunción legal prevista en los artículos artículos 1615 y 4716 de la LGIT, por el que por el cual los hechos constatados por los Inspectores de