Techsecurity S.A.C — Res. 402-2025

Mediante Orden de Inspección N° 20385-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3788-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de dos (2) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales por no contar con el registro de control de asistencia durante su periodo laborado y no acreditar el otorgamiento de vacaciones truncas; así como por la comisión de una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 415-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 10 de marzo de 2020, notificada a la impugnante el 08 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 789-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 30 de abril de 2021, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción (antes, Sub Intendencia de Resolución) de la Intendencia de Lima Metropolitana la cual, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 989-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 05 de octubre de 2021, notificada a la impugnante el 07 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 51,030.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 989-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1255-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 22 de julio de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, revocando en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 989-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, adecuando la sanción impuesta a la suma de S/ 41,580.00 (Cuarenta y Un Mil Quinientos Ochenta con 00/100 soles), por considerar que:

Con fecha 09 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1255- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum N° 001234-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 16 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley,

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TECHSECURITY S.A.C. presentó el recurso de revisión, contra la Resolución de Intendencia N° 1255-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se declaró infundado el recurso de apelación, revocándose en parte la resolución apelada en el extremo referido a la infracción del numeral 25.6 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, y confirmándola en los demás extremos, adecuando la sanción en S/ 41,580.00 (Cuarenta y Un Mil Quinientos Ochenta con 00/100 soles), por la comisión, entre otras, de (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 26 de julio de 2022, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TECHSECURITY S.A.C.

Mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1255-2022-SUNAFIL/ILM, a efectos de que se declare la nulidad de lo resuelto en la impugnada en atención a los siguientes argumentos:

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de cuatro (4) infracciones graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Asimismo, por la comisión de una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT y, una (1) infracción muy grave la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión regulado por el artículo 218 del TUO de la LPAG, el cual establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal.

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Por lo expuesto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre alegatos efectuados por la impugnante vinculados a las infracciones graves, tipificadas por las instancias previas, pues no forman parte de la competencia de este tribunal. Además, tampoco se emitirá pronunciamiento sobre alegatos referidos al pago de vacaciones pues, conforme la Resolución de Intendencia N° 1255-2022-SUNAFIL/ILM, dicha sanción fue revocada y no ha fijado una multa.

Las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 5 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo9”.

En cuanto a los fundamentos planteados contra la citada infracción, se observa que los mismos aluden a la inexistencia de la declaración de su representante, en fecha 29 de octubre de 2019, vinculada al registro de control de asistencia. Al respecto, si bien esta Sala no advierte que dicho cuestionamiento se haya sustentado necesariamente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, sin embargo, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas. Por tanto, corresponderá se emita pronunciamiento sobre los alegatos planteados en dicho extremo.

Conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se puede advertir que el inspector de trabajo dejó constancia, en el numeral 4.6 del Acta de Infracción, de lo siguiente:

Sin embargo, del análisis del expediente de actuaciones inspectivas, se advierte que la declaración aludida se desarrolló el 14 de octubre de 2019, en atención al requerimiento de comparecencia10 notificado el 04 de octubre del mismo año donde, además, se requirió exhibir y/o presentar el registro de control de asistencia. De la revisión de la Constancia de

Que, por tanto, en cuanto a lo recogido en el numeral 4.6 del Acta de Infracción, se advierte la existencia de un error material relacionado con la fecha en la que dio su manifestación el apoderado de la impugnante, habiéndose consignado 23 de octubre de 2019 cuando correspondía 14 de octubre de 2019, error que no fue advertido durante el procedimiento sancionador conforme se constata de la revisión de los pronunciamientos efectuados por las instancias previas a este tribunal. Sin perjuicio de lo ya señalado, corresponde a esta sala determinar si la existencia de dicho error constituye un vicio del procedimiento que pudo infraccionar alguna garantía insubsanable del debido proceso.

En relación al registro de control de asistencia de los extrabajadores afectados, se aprecia que existe una declaración expresa, por parte del representante de la impugnante, que manifiesta no contar con el mismo, lo que acredita la existencia de la conducta reprochable materia de sanción administrativa. Además, se observa que, posterior al primer requerimiento de información, la impugnante no ha presentado medio probatorio que pruebe el que contara con el registro de control de asistencia en los alcances solicitados por el inspector de trabajo. Conforme se advierte de los alegatos planteados durante el

Por tanto, esta Sala concluye que los hechos determinados por el inspector de trabajo durante las actuaciones de fiscalización, que sustentaron la determinación de la responsabilidad sancionada en la resolución de primera instancia, y confirmada en el pronunciamiento venido en grado, han cumplido con demostrar, suficientemente, la culpabilidad de la impugnante, esto es, que el incumplimiento advertido ha sido de su entera responsabilidad. Del mismo modo, el análisis realizado no permite concluir que el error en la fecha de la declaración de su apoderado haya llevado a la impugnante a un estado de indefensión en alguna parte del procedimiento en atención a la precisión del hecho reprochado, además que no se observa que la ocurrencia del mismo haya vulnerado alguna de las garantías propias del procedimiento administrativo en el presente caso.

Respecto a la existencia de un vicio en el pronunciamiento impugnando, y si este se puede entender como subsanado, a fin de advertir las consecuencias jurídicas de tal omisión, es necesario acudir a lo establecido en el artículo 14 sub numeral 14.2.412 del TUO de la LPAG, el cual establece que es posible aplicar la figura jurídica de la conservación del acto administrativo “cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio”.

Por tanto, para este Tribunal, la conservación del acto resulta un elemento de necesaria valoración considerando que ni en la LGIT, ni su Reglamento, ni en el TUO de la LPAG, es posible establecer una sanción tan grave como la nulidad sobre el acto cuestionado. Por el contrario, existen en el expediente materia de análisis, el sustento suficiente para salvar al debido procedimiento no solo por el encuadramiento del comportamiento reprochado como infracción, sino porque no existe elemento alguno, aportado durante el procedimiento, que permitan determinar de parte de a impugnante una conducta conforme a sus obligaciones como empleador. Por tanto, y en estricta aplicación del principio de conservación del acto administrativo, debe desestimarse lo argumentado por el recurrente en este extremo.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe indicarse que lo anterior no soslaya el debido cuidado que debe tener la Administración y el deber de diligencia que conlleva la actuación del personal inspectivo, de la autoridad instructora, sancionadora y las instancias recursivas.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo)13 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En el caso sub examen se aprecia que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de octubre de 2019, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles a la impugnante para que cumpla con la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En este punto, cabe invocar, lo dispuesto en el precedente administrativo de observancia obligatoria, contenida en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023 SUNAFIL/TFL, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

En el presente caso, de la revisión de los actuados se observa que la Inspectora comisionada solicitó a la impugnante cumpla con subsanar los incumplimientos conforme al siguiente detalle:

Además, el mismo personal comisionado advierte que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el numeral 4.11 al 4.16 del Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento, configurándose la infracción a la labor inspectiva materia de sanción.

Atendiendo a lo establecido en Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, se verifica que la medida inspectiva de requerimiento satisface el ámbito subjetivo en su emisión, al individualizar a los trabajadores que considera afectados y el elemento subjetivo, al identificar las afectaciones detectadas; además, determina el modo de su cumplimiento.

En este punto debe recordarse que la medida inspectiva de requerimiento no se agota en la sola presentación de documentos por parte del sujeto inspeccionado, sino que estos deben encontrarse, debidamente, sustentados en lo ordenado expresamente por la autoridad inspectiva; por lo que se debió observar todos los términos de la medida dictada.

En su recurso de revisión, la impugnante alega haber aportado en la audiencia de comparecencia, del 29 de octubre de 2019, todos los medios para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, entre otros, con los certificados N° 2019001402155, a favor del Sr. Carlos Enrique Lara Blondell y N° 201900142156, a favor del Sr. Josué Antonio Barreto Blanco, respectivamente; sin embargo, he de señalarse que el análisis efectuado por la autoridad de segunda instancia ha desestimado el cumplimiento en atención a los citados certificados. Ello se ha resuelto de esa manera considerando que los expedientes N° 06512-2019-0-3001-JP-LA-01 y N° 06506-2019-0-3001-JP-LA-01, tramitados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado, Sede Central, Lima Sur, teniendo como materia consignación y siendo los demandados los citados extrabajadores, respetivamente, fueron declarados concluidos sin declaración de fondo, disponiendo posteriormente el archivo definitivo de los actuados. Por tanto, a la vista de la documentación que aportó la impugnante a la fecha de la constatación del cumplimiento de la medida de requerimiento, no se corrobora la existencia de cumplimiento alguno.

Por ello, en el caso analizado, se ha verificado que la recurrente no cumplió dentro del plazo, y en los términos ordenados, con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada, adecuadamente, en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo establecido por las instancias de mérito, sin que la impugnante haya desvirtuado lo determinado por la autoridad administrativa; en consecuencia, se debe confirmar este extremo.

Además, es de precisar que, en el presente caso, se ha merituado la conducta reprochable, constitutiva de infracción, que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función inspectiva, por lo que, se ha desvirtuado el principio de presunción de licitud determinándose la responsabilidad administrativa de la inspeccionada, de acuerdo con lo constatado en el Acta de infracción, por lo que se debe desestimar todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo. Por consiguiente, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo puesto que la impugnante se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones: N° MATERIA CONDUCTA INFRACTORA TIPO LEGAL Y CALIFICACIÓN Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro de la remuneración convencional del mes de marzo, abril, mayo y junio 2019, a favor del extrabajador Carlos Enrique Lara Blondell. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro de la gratificación legal de julio de 2019, a favor de los extrabajadores Carlos Enrique Lara Blondell y Josué Antonio Barreto Blanco. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro de la bonificación extraordinaria de julio de 2019, a favor de los extrabajadores Carlos Enrique Lara Blondell y Josué Antonio Barreto Blanco. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con pagar íntegramente la CTS de mayo 2019 y no pagar la CTS de noviembre 2019 (trunca), a favor de los extrabajadores Carlos Enrique Lara Blondell y Josué Antonio Barreto Blanco. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No contar con el registro de control de asistencia durante su periodo laborado, a favor de los extrabajadores Carlos Enrique Lara Blondell y Josué Antonio Barreto Blanco. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.