Tawa Perú S.A.C — Res. 376-2024

Mediante Orden de Inspección N° 11772-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2588-2018- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de intermediación y tercerización laboral, por la desnaturalización del servicio de intermediación laboral; en mérito a la solicitud por la cual los inspectores de trabajo requieren nueva orden de inspección dirigida a TAWA PERU S.A.C., debido a que no se verificaron íntegramente las materias objeto de inspección.

Mediante Imputación de Cargos N° 2362-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 23 de noviembre de 2020, notificada a la impugnante el 19 de mayo de 2021, se dio inicio a la

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1610-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 08 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 265-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 16 de febrero de 2022, notificada a la impugnante el 18 de febrero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 18,675.00, por haber incurrido, en la siguiente infracción:

Con fecha 04 de marzo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 265-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 694-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 24 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 694- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003275-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 21 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TAWA PERU S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 694-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 18,675.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de intermediación y tercerización laboral, tipificada en el numeral 34.1 del artículo 34 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 04 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TAWA PERU S.A.C.

La presente controversia se centra en determinar si se ha producido la desnaturalización del servicio de intermediación laboral ejecutado por la impugnante a la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., de los dieciocho (18) trabajadores afectados; es decir, si la relación laboral puede ser considerada como un contrato de trabajo de duración indeterminada con la empresa usuaria o principal, esto es, PRODUCTOS AVON S.A. para determinar si la impugnante ha incumplido con la normativa de la Ley N° 27626 – “Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores” (en adelante, Ley N° 27626).

Al respecto, el artículo 3 de la Ley N° 27626, establece que “La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa” (énfasis añadido).

Por su parte, el artículo 5 de la citada Ley, establece que: “La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entiende que desde el inicio de la prestación de servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria”.

Asimismo, según el artículo 13 de la Ley: “La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades de las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley. Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro. La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades”. Es decir, la norma establece que, toda empresa que se dedique a las actividades de intermediación laboral debe contar con una inscripción ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el Exp. N° 06371-2008- PA/TC, de fecha 19 de diciembre de 2011, ha determinado que: “La intermediación laboral es una figura que tiene como finalidad exclusiva la prestación de servicios por parte de una tercera persona destacada para que preste servicios temporales, complementarios o de alta especialización en otra empresa llamada usuaria; para tal efecto, la entidad intermediadora y la empresa usuaria suscriben un contrato de naturaleza civil denominado Locación de Servicios, no importando dicho destaque vínculo laboral con la empresa usuaria” (énfasis añadido).

Al respecto, en el presente caso se advierte del numeral 4.6.1 del Acta de Infracción que la impugnante se encuentra registrada como empresa que realiza actividad de intermediación laboral desde el 29 de marzo de 2007, conforme se ha verificado del Registro N° 075-2007- MTPE/2/12.59; ante el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral, para servicios temporales, servicios complementarios y servicios

Asimismo, el inspector comisionado ha dejado constancia en el numeral 4.6.6 del Acta de Infracción, que “Los trabajadores consignados en el Cuadro N° 02, corresponden al personal de TAWA PERU S.A.C., destacado a la usuaria PRODUCTOS AVON S.A., en el centro de trabajo ubicado en la Av. Carretera Central Km. 4.7 Z.I. Asoc. Ex Fundo San Isidro, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, ubicados específicamente en las áreas de almacén y embalaje, en mérito al CONTRATO MARCO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL11, suscrito con fecha 20 de octubre de 2027, contrato que tiene vigencia a la fecha de las actuaciones inspectivas de investigación, conforme a lo señalado por doña Julia Carolina Saldaña Acosta, en su condición de apoderada de TAWA PERU S.A.C.”.

En lo referido al citado contrato de locación de servicios, se tiene que la razón social PRODUCTOS AVON S.A. (denominada EL USUARIO), celebra un contrato de intermediación de servicios con el sujeto inspeccionado TAWA PERU S.A.C., a efectos de que esta última le destaque el personal necesario para cubrir las “actividades complementarias y/o especializadas y/o temporales” que se detallen en el Anexo 1, conforme lo señala el numeral 4.1 de la cláusula cuarta referente al “Objeto del Contrato”, tal como se puede apreciar a continuación: Figuras N° 01

Por otro lado, el inspector comisionado ha dejado constancia en el numeral 4.6.7 del Acta de Infracción, que “Con comprobación de datos a través de la Orden de Inspección Concreta N° 6447-2018-SUNAFIL/ILM, doña Catherine Claudia Guerra Bacilio, en su condición de apoderada de la empresa PRODUCTOS AVON S.A., ha exhibido en la diligencia de comparecencia de fecha 28 de septiembre de 2018, un diagrama de las etapas de

De acuerdo a lo manifestado por la apoderada de la empresa PRODUCTOS AVON S.A., “Abastecimiento” es el área de embalaje. Asimismo, se tiene que, las áreas de almacén y almacenamiento, así como la mayoría de las actividades que se ejecutan en el área de abastecimiento o embalaje, es donde se usa intermediación laboral.

No obstante, ha quedado demostrado en las actuaciones inspectivas de investigación que, las áreas de almacén y embalaje corresponden a etapas directamente relacionadas a la actividad principal de la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., al advertirse que sin dichas etapas de producción, sería imposible que la citada empresa usuaria, pueda comercializar sus productos, por cuanto, los mismos deben pasar por diferentes etapas para la verificación de su buen estado; su preparación en cajas, de acuerdo a los pedidos de los clientes y, su repartición, conforme se ha verificado de los informes de las funciones que se realizan en Almacén y Embalaje.

Dicho esto, se tiene que las actividades de Almacén y Embalaje, al formar parte de la actividad principal de la empresa usuaria, no podían ser sometidas a intermediación laboral, por cuanto, implicaría la ejecución de actividades permanentes, propias de la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., siendo que el artículo 3 de la Ley N° 27626,

Al respecto, cabe resaltar lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Exp. 06237-2013-PA/TC, la misma que determina que: “En aquellos casos en que se haya pactado la intermediación de servicios, pero no se caracterice por ser temporal, complementaria o de alta especialización, se entenderá que ha sucedido una trasgresión a sus supuestos de procedencia, lo que, en consecuencia, determinará la existencia de una relación laboral entre el trabajador destacado y la empresa usuaria” (énfasis añadido).

Sin embargo, dicho requisito de procedencia que establece el artículo 3 de la Ley N° 27626, no ha sido verificado en el presente caso, al advertirse que los dieciocho (18) trabajadores afectados, que pertenecen a la impugnante y destacados a la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., han sido encontrados por el inspector comisionado en la vista inspectiva al centro de trabajo, realizando labores de armado de pedidos de los productos solicitados en el área de Almacén y Embalaje, para que éstos posteriormente sean enviados a despacho y su correspondiente salida al mercado nacional e internacional.

Por otro lado, cabe destacar que, los inspectores comisionados han dejado constancia en el numeral 4.6.11 del Acta de Infracción que, en las áreas de Almacén y Embalaje, no solo se encontró a personal destacado por TAWA PERU S.A.C., sino, también a once (11) trabajadores de la propia empresa usuaria, realizando las mismas labores de armado de pedido de productos, preparando los pedidos en las cajas correspondientes, de acuerdo a lo solicitado por los clientes, los mismos que se detallan en el Cuadro N° 03 del Acta de Infracción.

Por tanto, se advierte que la prestación de los servicios de los 18 trabajadores destacados a la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., estaba sujeta al cumplimiento de formalidades esenciales, de conformidad con la Ley N° 27626, lo que no se ha cumplido en el presente caso, en tanto que, las actividades realizadas, consistentes en embalaje y almacenamiento responden a la actividad principal de la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., conforme a lo constatado por el personal inspectivo en la Orden de Inspección Concreta N° 6447-2018-SUNAFIL/ILM.

En tal sentido, los 18 trabajadores afectados, que fueron destacados para prestar servicios de naturaleza complementaria a la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., en realidad realizaron actividades permanentes, propias de la actividad principal de la empresa usuaria; por tanto, en aplicación al principio de primacía de la realidad, se advierte que se han desnaturalizado los servicios de intermediación laboral, máxime si la impugnante no ha cumplido con acreditar que las actividades desarrolladas por los 18 trabajadores destacados a la empresa usuaria, eran de naturaleza complementaria, conforme al CONTRATO MARCO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL.

Dicho esto, se ha acreditado la desnaturalización de la contratación de los 18 trabajadores afectados, por aplicación del principio de primacía de la realidad, y, por tanto, su contratación a plazo indeterminado con la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., de conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR y, el artículo 5 de la Ley N° 27626.

Por todo lo expuesto, se puede concluir que el recurso de revisión deviene en infundado, por cuanto se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave en materia de intermediación y tercerización laboral, por la desnaturalización del servicio de intermediación laboral ejecutado a favor de la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., al destacar personal para que ejecute labores relacionadas a las áreas de Almacén y Embalaje, constituyéndose de esta manera una infracción de naturaleza insubsanable, en perjuicio de dieciocho (18) trabajadores, tipificada en el numeral 34.1 del artículo 34 del RLGIT. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, las actividades de embalaje y almacenamiento son anteriores a la venta de productos y que ha quedado establecido que AVON solo se dedica a la venta del producto final, por tanto, no se podría considerar como actividades principales o que sean parte de la actividad de AVON; puesto que, éstas no guardan ninguna relación con la finalidad de la empresa que es la venta. Asimismo, señalan que, siendo la venta la única y principal finalidad de AVON, en el presente casi el embalaje y almacenaje es accesorio (complementario); puesto que la venta de cualquier producto cosmético es independiente al embalaje. Ya que esta se realizaría de igual, esté o no en un empaque o provenga directamente del proveedor de AVON.

Sobre el particular, corresponde señalar que, en el presente caso, el personal inspectivo ha verificado en el transcurso de las actuaciones inspectivas, la comprobación realizada a la Orden de Inspección Concreta N° 6447-2018-SUNAFIL/ILM, y de la misma advierten, el diagrama proporcionado por la apoderada de la empresa usuaria PRODUCTOS AVON S.A., referido a las etapas de producción para la comercialización de los productos cosméticos cuyo rubro está relacionado al giro de la empresa; así como la manifestación de la apoderada, la misma que señala que, las áreas de Almacén y Embalaje corresponden a etapas directamente relacionadas a la actividad principal de la empresa usuaria; comprobándose con esto, que sin dichas etapas de producción, sería imposible que la referida empresa pueda comercializar sus productos, por cuanto los mismos deben pasar por diferentes etapas para la verificación de su buen estado; preparación en cajas, de acuerdo a los pedidos de los clientes y su repartición. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 265-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3, como la Resolución de Intendencia N° 694-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador seria la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.