TAL S.A — Res. 599-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por actos de hostilización, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. TAL S.A. reorganizó su estructura empresarial contratando, de manera temporal, a una empresa especializada en el servicio de seguridad patrimonial, cuyo inicio era desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2023; en ese contexto, el 24 de abril de 2021 se informó a los 7 trabajadores que prestaban labores de seguridad de nuestra empresa que a partir del 26 de abril de 2021 brindarían servicios como operadores de producción agrícola, dicha variación en las condiciones de trabajo se realizó con la finalidad de mantener el vínculo laboral y en base a una razón objetiva ajustada a una necesidad de la empresa. ii. La resolución recurrida debe ser declarada nula al vulnerar el debido procedimiento y el principio de legalidad. iii. No se ha señalado las normas en materia de seguridad y trabajo vulneradas incurriendo en una indebida motivación que recae en la falta de argumentos y análisis para señalar la relación existente entre las supuestas infracciones. iv. Las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el puesto de operario de producción agrícola se realizaron los días 26 y 27 de abril de 2021. v. Sobre los exámenes médicos ocupacionales a los 7 trabajadores para el puesto de operario de producción agrícola, que se hayan realizado posterior al inicio de labores, ello no significa un daño a la dignidad del trabajador. vi. La Resolución de Subintendencia consideró que el cambio de trabajo afecta la dignidad de los trabajadores, cuando ni siquiera ha probado la existencia de un acto de hostilidad.

vii. La aplicación de una sanción por no cumplir la medida de requerimiento vulnera el principio de presunción de inocencia.

i. La falta de la pertinencia de cambio se ha dado en tanto, la comunicación se realizó con dos días naturales de anticipación, sin que se haya analizado las aptitudes físicas, antecedentes laborales o desempeño máxime si se da cuenta de las fechas de ingreso de los trabajadores que datan desde el año 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 y 2018 así como de la diferencia que existente entre las labores de un controlador de acceso con las de un operario de producción agrícola, evidenciándose, la afectación directa en la aptitud psíquica de los trabajadores respecto a la falta de conocimientos y experiencia previa al desarrollo de las nuevas funciones impuestas por el administrado. ii. Si bien se advierte que el administrado ha hecho prevalecer el vínculo laboral pese a tercerizar los servicios de seguridad y vigilancia sobre los cuales de manera inicial los trabajadores desempeñaban sus labores, no se verifica la razonabilidad de la medida impuesta y proporcionalidad en la necesidad de contratar una empresa tercera sobre los derechos de sus trabajadores, así como su experiencia laboral adquirida desde el inicio del vínculo laboral. iii. Sobre la realización de los exámenes médicos ocupacionales el día 15 de mayo de 2021 y cuyos resultados fueron puestos de conocimiento el día 02 de junio de 2021, evidencia que éstos se realizaron posterior a la comunicación y cambio de puesto y labores, por lo que, el administrado determinó su decisión sin tener en consideración la aptitud física de los trabajadores, denotando la falta de proporción entre el ejercicio de su ius variandi y el respeto de los derechos de aquellos. iv. Respecto de la vulneración al debido procedimiento, por ende, la afectación de la debida motivación y del derecho de defensa del administrado v. Es de precisar que en la medida inspectiva de requerimiento, el inspector comisionado ha considerado el presupuesto principal contenido en las normas antes acotadas, en referencia a la comprobación de la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento.

2 Notificada a la impugnante el 03 de diciembre de 2021, véase folio 68 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 223-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando lo siguiente:

i. En base a una razón objetiva ajustada a una necesidad de la Empresa se decidió que los 7 trabajadores prestarían servicio de operadores de producción agrícola, cumpliendo cabalmente esta nueva función bajo estrictas medidas de seguridad y en cumplimiento de la normativa sociolaboral. Cambio de puesto progresivo. ii. Ha cumplido con presentar toda la documentación que acreditaba que cumplimos con nuestras obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en favor de los trabajadores involucrados en la medida de cambio de puesto de trabajo. iii. A lo largo de todo el procedimiento, no se ha sustentado de qué manera se ha vulnerado las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. iv. Existe una grave vulneración a los principios de legalidad, de tipicidad, porque i) no existe norma alguna donde se determine que la presunta conducta infractora sea susceptible de ser sancionada como hostilidad laboral y ii) porque no existe una tipificación de la presunta infracción en donde se pueda subsumir la presunta conducta infractora. No ha encontrado un sustento de cómo es que la conducta imputada afectó la dignidad de los trabajadores; lo único que ha pedido advertir es que el inspector constató que las capacitaciones y los exámenes médicos para determinar que los trabajadores eran aptos fueron realizados de manera extemporánea, conducta que no puede subsumirse en el tipo infractor. v. Inaplicación del principio de culpabilidad, debido a que existe una falta de antijuridicidad de la supuesta conducta imputada. El cambio de condiciones laborales respetó tanto el criterio de razonabilidad como el de necesidad del centro

de trabajo, sin perjudicar su categoría ni su remuneración, y mucho menos su dignidad como personas. vi. Las capacitaciones realizadas demuestran que los trabajadores sí se encontraron capacitados para desarrollar las actividades propias de un Operario de Producción Agrícola. vii. Los trabajadores materia de la inspección sí estuvieron capacitados para el puesto de operario de producción agrícola, y que, si bien la programación de los exámenes médicos fue posterior al inicio de labores, ello no implica un daño a la dignidad del trabajador. viii. A lo largo del procedimiento no se ha demostrado la existencia de un acto de hostilidad. Al respecto, en la Resolución No. 128-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal de Fiscalización Laboral, considera que debe haber un animus de perjudicar al trabajador y/o de seguir una finalidad ilícita. ix. Vulneración a los principios de debido procedimiento y presunción de licitud. ello en atención a que la empresa no ha incurrido en la infracción imputada por los inspectores. x. Inobservancia al principio de legalidad al emitir la medida de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los elementos constitutivos de los actos de hostilidad 6.1 Previamente a los alegatos que nos ocupan, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador. Ello, en aras de identificar si -en el presente caso- han concurrido las infracciones que se sancionan.

bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador (...)".

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo9.

9 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273. 10 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de

11 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 12 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

13 Folios 487 a 491 del expediente inspectivo.

trabajador, las competencias que ostentan, los antecedentes laborales y desempeño de los trabajadores durante su prestación como Controladores de Acceso. Asimismo, que la aptitud física para realizar la nueva labor ha sido evaluada con posterioridad a la prestación y no se ha efectuado la debida capacitación sobre los riesgos específicos propios de la nueva actividad que desempeñan desde el día 26 de abril de 2021, pese a que, estas por su naturaleza pueden tener consecuencias de lesiones físicas graves o mortales, y conllevar a consecuencias con efectos permanentes como enfermedades profesionales al mediano o largo plazo, exponiéndolos a un riesgo grave.”

que a excepción del señor Chacón Alcántara quien tiene restricciones para la labor consistentes (evitar posturas prolongadas de pie), los otros seis trabajadores son aptos para el ejercicio de las funciones de dicho cargo. En ese entendido, debemos señalar que la sola referencia a la demora en la realización de los exámenes médicos no puede ser considerada como un acto que afecte la dignidad de un trabajador, y mucho menos que el mismo constituya un acto de hostilidad.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido)

14 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 15 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas

que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector16.

(…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 16 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 17 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 18 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 19 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 20 Folio 538 del expediente inspectivo. 21TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 22LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, no correspondía emitir la referida medida inspectiva de requerimiento.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

23 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TAL S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 223-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 302-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 223-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos, dejando sin efecto las sanciones impuestas. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a TAL S.A. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente