Super Security Sistems S.A.C — Res. 317-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: pago de la remuneración (sueldos y salarios) y gratificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS); Bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas); Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas) y Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folios 06 y 58 del expediente inspectivo, respectivamente. soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el Registro de Control de Asistencia conforme a Ley, a favor del ex trabajador Javier Sánchez Yong por el periodo comprendido desde el 06 de julio hasta el 03 de setiembre de 2018, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. Señala que sí ha cumplido con acreditar que cuenta con el registro de control de asistencia del ex trabajador Javier Sánchez Yong, al ser exhibidas en la comparecencia del 20 de agosto de 2019.

ii. Por lo tanto, sostiene que la resolución sancionadora incurre en vicios de nulidad, puesto que se ha apersonado cuando se le ha requerido, siendo improcedente la imputación por no haber cumplido con la medida de requerimiento, ya que obra variedad de documentación que se ha presentado y que no se ha valorado; por lo que el Acta de infracción adolece de falta de motivación que debe contener todo acto administrativo, incumpliéndose con los principios de legalidad y de primacía de la realidad que inspiran el procedimiento de inspección laboral, atentando contra el debido procedimiento.

iii. Del mismo modo, refiere que la multa propuesta ha vulnerado el principio de proporcionalidad, ya que es exagerada, injustificada y atentaría contra su vida y solvencia empresarial, toda vez que les causa perjuicio porque no ha incurrido en un comportamiento obstruccionista contra la labor inspectiva.

3 Notificada a la impugnante el 02 de febrero de 2022, véase folio 46 del expediente sancionador.

i. Al revisar las hojas exhibidas, aprecia que éstos son cuadros elaborados por la propia inspeccionada, que no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 2 Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en particular porque no se encuentra su razón social y su RUC, el DNI del ex trabajador, y no se aprecia que el registro de las horas de ingreso y salida haya sido consignado personalmente por el trabajador afectado. Por ello, se dejó constancia, en el Anexo de Constancia de Actuación Inspectiva Hecho Insubsanable, respecto al período comprendido entre el 06 de julio al 03 de setiembre de 2018, que el empleador no presentó el registro de control de asistencia, en el que se consignen, por el ex trabajador Javier Sánchez Yong, las horas de ingreso y salida.

ii. El carácter de insubsanable se le comunica a la inspeccionada, estando a que en ambas modalidades de la infracción cometida no se ha permitido el registro de manera personal de las correspondientes horas de ingreso y salida; por lo que, al no poderse revertir, se encontraba sujeta a sanción administrativa.

iii. Respecto a lo manifestado en el punto ii) del considerando 1.4 de la presente resolución, precisa que no se le ha imputado a la inspeccionada infracción alguna por afectar u obstruir la labor inspectiva, conforme se parecía de la Imputación de Cargos que dio inicio al presente procedimiento sancionador.

iv. Por último, recalca que la multa determinada por la autoridad sancionadora se encuentra conforme al marco normativo vigente, toda vez que se ha cumplido con graduar la sanción por la infracción en materia de relaciones laborales cometida, observando los criterios generales establecidos en el artículo 38 de la LGIT, esto es, la gravedad de la falta cometida (muy grave), el número de trabajadores afectados (1) y el tipo de empresa (NO MYPE) y aplicando la cuantía correspondiente de acuerdo a la tabla de multas del artículo 48 numeral 48.1 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SUPER SECURITY SISTEMS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 211-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que la resolución impugnada contiene una motivación insuficiente, al haber incumplido con el Principio de Legalidad, por confirmar una multa impuesta de manera desproporcional, con el fin de perjudicar su solvencia empresarial.

ii. Reitera que han tenido, desde el inicio del presente procedimiento administrativo, un ánimo de colaboración con la inspección del trabajo, por lo que la generación de un Acta de Infracción ha vulnerado expresamente los principios de presunción de inocencia, del debido proceso y razonabilidad.

iii. En particular, resalta la vulneración del principio de presunción de inocencia, pues durante toda la etapa de investigación no se ha comprobado de manera objetiva y certera, los incumplimientos a los que supuestamente habrían incurrido, pues de los hechos verificados no se acredita su renuencia a colaborar con la autoridad ni mucho menos actos de obstrucción a la labor inspectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y principio de legalidad

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece

como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”10. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagra dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad11, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa12. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”13. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”.

10 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA/TC: “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 11 TUO de la LPAG, Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)”. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo II.- Contenido “1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.” 13 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I, Lima: Grijley, 83.

“(...) se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (…)” (énfasis añadido).

14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Ahora, sobre las disposiciones normativas vigentes de la materia, y a los argumentos y pruebas aportadas por la impugnante, éstas no han logrado justificar el incumplimiento normativo en materia de relaciones laborales en el que ha incurrido la impugnante.

Sobre la vulneración al principio de razonabilidad y presunción de inocencia 6.11 El principio de razonabilidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y resulta una exigencia en todas las actuaciones que desempeña la Administración Pública.

“En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público y por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración que formula el principio de legalidad y de la garantía y protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses generales con la menos e indispensable restricción de las libertades”.

15 López González, J. (1988). El principio general de proporcionalidad en derecho administrativo. Servicio de Publicaciones de la Universidad. 16 TUO de la LPAG, Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No contar con el Registro de Control de Asistencia conforme a Ley, a favor del ex trabajador Javier Sánchez Yong por el periodo comprendido desde el 06 de julio hasta el 03 de setiembre de 2018. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SUPER SECURITY SISTEMS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 211-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2703-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 211-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SUPER SECURITY SISTEMS S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

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