Starfood Perú S.A.C — Res. 395-2025

Mediante Orden de Inspección N° 15284-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3703-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no registrar en la planilla electrónica a once trabajadores; (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, por no inscribir en el régimen de seguridad social en SALUD y seguridad social en pensiones a once trabajadores, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1313-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 25 de septiembre de 2020, notificada a la impugnante el 01 de diciembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 216-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 29 de enero de 2021, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub- Intendencia de Sanción de la Intendencia de Lima Metropolitana (antes Sub-Intendencia de Resolución) la cual, mediante Resolución de Sub-Intendencia N° 441-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 04 de junio de 2021, notificada a la impugnante el 07 de junio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 34,734.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub-Intendencia N° 441-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3. La Subintendencia de

Con fecha 02 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación y nulidad contra la Resolución de Sub-Intendencia N° 497-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1197-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de julio de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundada la nulidad deducida en el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar lo siguiente:

Con fecha 08 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1197- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 001235-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 16 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que STARFOOD PERU S.A.C. - STARFOOD presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1197-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se declaró infundada la nulidad deducida y confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 497-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Sub Intendencia N° 441-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, que sancionó a la impugnante con una multa por la suma de S/ 34,734.00 (Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 00/100 soles), por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 18 de julio de 2022, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por STARFOOD PERU S.A.C. - STARFOOD

Mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1197-2022-SUNAFIL/ILM, a efectos de que se revoque y/o declare la nulidad de lo resuelto en la impugnada en atención a los siguientes argumentos:

La impugnante en su recurso de revisión cuestiona la concurrencia de los elementos de la relación laboral, puesto que considera que no se ha determinado la existencia de un vínculo laboral entre los trabajadores afectados y su empresa, con lo cual, se procederá a examinar si efectivamente se realizó un correcto análisis de los elementos de la relación laboral.

El artículo 4 del TUO de la LPCL, dispone lo siguiente respecto al contrato de trabajo: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

De lo expuesto, se colige que existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

Por su lado, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga sin estar subordinados al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo anterior, se advierte que el elemento esencial diferenciador entre uno y otro contrato es la subordinación.

Sobre el particular, Jorge Toyama Miyagusuku10 refiere sobre: "La prestación de servicios que fluye de un contrato de trabajo es personalísima - intuito personae - y no puede ser delegada a un tercero (...). La prestación de servicios debe ser remunerada. La remuneración constituye la obligación de pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que se pone a su disposición (...). Finalmente se tiene a la subordinación. Este elemento es determinante para establecer la existencia de un vínculo laboral (...). La Subordinación implica la presencia de las facultades de dirección, fiscalización y sanción que tiene el empleador frente a un trabajador (…)”.

Al respecto, el autor Guillermo Boza indica: “la subordinación es un elemento contingente, es decir, es un «poder jurídico» que detenta el empleador, pero no siempre tiene que ser ejercitado, mucho menos con la misma intensidad en cada ocasión11” (énfasis añadido).

En este contexto, a fin de verificar la real naturaleza de los servicios prestados, el personal inspectivo está facultado para aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, de advertir discrepancia entre los hechos que se desprendan de los documentos formales presentados por la inspeccionada y los hechos constatados en el marco de sus investigaciones, tal como lo expresa el numeral 2.2 del artículo 2 de la LGIT, que establece:

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012 recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, en su fundamento 3.3.3 señala:

Con relación a lo señalado en los párrafos anteriores, a fin de determinar si existe una relación de trabajo entre las partes, encubierta mediante contratos civiles, esta Sala debe evaluar si en los hechos se presentó la existencia de los elementos del contrato de trabajo, los cuales pueden ser reforzados con la presencia de diversos rasgos de laboralidad, a efectos de tener como determinada una relación laboral generadora de efectos jurídicos.

En adhesión a ello, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena Nº 001-2023 SUNAFIL/TFL de fecha 05 de enero de 202312, fijo como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes:

En consecuencia, si bien la Administración tiene la carga de prueba, ésta se traslada al administrado cuando mediante la presentación de algún medio de prueba oportuno considere que podrá desestimar el reproche administrativo alegado. Situación que no ha sucedido en el presente caso, toda vez que la inspeccionada no ha presentado documentos que acrediten lo contrario a los medios probatorios analizados en el presente caso, ni ha logrado desvirtuar con sus argumentaciones los hechos constatados por los inspectores de trabajo formalizados en el Acta de Infracción, los cuales de acuerdo a lo prescrito en los artículos 16 y 47 de la LGIT13, merecen fe y se presumen ciertos. Por tanto, en virtud del

Asimismo, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena Nº 006-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 26 de agosto de 202214, fijo como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes: “6.19. En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador.

Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación.

Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación

En este contexto, como se ha indicado, a fin de desentrañar la real naturaleza de los servicios prestados, el personal inspectivo está facultado para aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, de advertir discrepancia entre los hechos que se desprendan de los documentos formales presentados por la inspeccionada y los hechos constatados en el marco de sus investigaciones, tal como lo expresa el numeral 2.2 del artículo 2 de la LGIT.

Para determinar dichas conclusiones, el inspector de trabajo dejó señalado, en los numerales 4.2 al 4.15 del Acta de Infracción, las actuaciones desarrolladas a fin de fiscalizar las materias de la orden de inspección, observándose entre ellas lo siguiente:

En cuanto a las visitas efectuadas por el personal inspectivo, se deja señalado que se efectuó el recorrido por las instalaciones del centro de trabajo visitado y se entrevistó entre otros al personal detallado en el Acta de Infracción, haciéndose hincapié que los mismos que se encontraban debidamente uniformados y realizando labores propias de la actividad comercial desarrollada por el sujeto inspeccionado STARFOOD PERU SAC — STARFOOD.

Además de las actuaciones antes detalladas, el inspector de trabajo dejó señalado, en el numeral 4.16 del Acta de Infracción, que durante las comparecencias de fechas 25 de julio de 2019, 08, 20, 23 y 27 de agosto del 2019 y 05 de setiembre de 2019, el apoderado del sujeto inspeccionado, acreditó el registro en la planilla electrónica y en los regímenes de seguridad social en salud y pensiones, de tres (03) trabajadores que se señalan en el cuadro “Trabajadores que estaban registrados en planilla antes del inicio de las actuaciones inspectivas”. Además, en el mismo numeral, se encuentra el cuadro “Trabajadores incorporados en la planilla del sujeto inspeccionado producto de las actuaciones inspectivas”, siendo un total de veintiocho (28) trabajadores los que fueron incorporados.

Finalmente, en el numeral 4.17 del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó señalado el cuadro con once (11) trabajadores respecto de los cuales no se acreditó el registro en la planilla electrónica y en los regímenes de seguridad social en salud y en pensiones.

Asimismo, de las actuaciones desarrolladas por el inspector se corrobora que, en el presente caso, se ha realizado un análisis de los indicios y elementos de la relación laboral puesto que, de la revisión de los hechos constatados del Acta de Infracción, se confirma que el inspector encargado ha realizado un correcto estudio de los mismos.

En el numeral 4.18 del Acta de Infracción, el inspector de trabajo ha dejado constancia de la revisión del Certificado Literal de la Partida Electrónica N° 13002897 del sujeto inspeccionado. En la misma se acredita que, entre las actividades incluidas en su objeto social, se encuentra la “Prestación de servicios de restaurante y de comedor a todo tipo de establecimientos propios o de terceros, el establecimiento y la operación y explotación de lugares destinados a la elaboración de venta de todo tipo de comidas, independientemente de la denominación, su objeto social podrá llevar a cabo negocios de franquicia que le permitan desarrollar sus negocios”.

Al respecto, durante las visitas de inspección de fechas 22 de julio del 2019, 09, 10 y 12 de agosto de 2019, se verificó que los centros de trabajo visitados del sujeto inspeccionado corresponden a restaurantes de venta de comida, otros alimentos preparados y bebidas, que utiliza el nombre comercial "STARFOOD”, actividad incluida en su objeto social. El inspector de trabajo precisa que las ventas de sus productos se realizaban tanto en el restaurante como por reparto a domicilio (delivery).

En ese sentido, debe considerarse que la referencia al giro del negocio resulta importante, en atención a las funciones desempeñadas por los trabajadores, lo que permite colegir que los mismos ejercen una de las funciones principales de la impugnante.

En cuanto a los once (11) trabajadores afectados, en atención a los hechos advertidos por el inspector de trabajo se puede concluir que los mismos prestan sus servicios de manera personal, ocupando cargos de motorizados y/o repartidores de Delivery, sin que dichas actividades puedan ser delegadas a una tercera persona.

En cuanto a los once (11) trabajadores afectados, los servicios prestados por los mismos son eminentemente de naturaleza subordinada en vista que los mismos están vinculados directamente al objeto social, siendo prestados necesariamente en los locales comerciales de la impugnante y, en el caso de los repartidores, utilizan uniformes con las marcas comerciales de este último.

Sobre el particular, mediante la CAS. LABORAL N° 321-2017 LIMA con relación al elemento subordinación se estableció que: “Respecto a la subordinación, es menester señalar que dicho elemento también se encuentra acreditado en el caso de autos, dado que las funciones realizadas por el demandante se encontraron relacionadas directamente con la actividad principal de las demandadas, pues aparte de la compra y venta de inmuebles, se dedicaban a alquilar a terceras personas inmuebles, para la cual, necesitan de personal que se encargue de todo lo relacionado a dicha actividad, siendo así, el demandante a través de lo consignado en sus recibos por honorarios ha señalado que se encargó de la limpieza de ofi cinas, reparación de parquets, vinílicos, pinturas, colocaciones de pisopack, guardianías en diversos inmuebles, pintura, reparaciones, trabajos de empaste, coligiéndose que dichas actividades se encuentras relacionadas a la actividad de las codemandadas, adicionalmente a ello, cabe agregar que el demandante realizaba compras de materiales que necesitaba para las funciones que se le asignaba, señalando en las facturas el nombre de las codemandadas, conforme se aprecia de los documentos que corren en fojas cuatrocientos

Por tanto, respecto a la subordinación, como elemento de la relación laboral, debemos señalar que dicho elemento también se encontraba acreditado, dado que las funciones realizadas por los trabajadores, entre otras, se encontraban relacionadas directamente con la actividad principal de la impugnante. Por lo que, en el ejercicio de sus funciones, se verifica que el comisionado ha recabado y actuado los medios probatorios necesarios para acreditar las imputaciones efectuadas, motivo por el cual se evidencia que ha cumplido con la carga probatoria necesaria y suficiente para respaldar sus actuaciones e imputaciones.

Adicionalmente, durante las visitas inspectivas se verifico que el personal se encontraba laborando en las instalaciones de la impugnante y utilizando, en el caso de los repartidores, uniformes con las marcas comerciales de este último. En consecuencia, en el presente caso, se ha corroborado que los trabajadores prestaban servicios de forma personal y bajo subordinación.

En cuanto a los once (11) trabajadores afectados, los servicios prestados por los mismos son remunerados, conforme se advierte de las documentación recogidas durante las actuaciones inspectivas, además que se dejó constancia en los documentos denominados “Relación de personal” que obra en el expediente de actuaciones inspectivas.

En esa línea, cabe precisar que la Corte Suprema examinó el principio de primacía de la realidad, principio fundamental que, en caso de desajustes entre los hechos y las formas, da preferencia a lo primero. En aplicación de ello, la Corte refirió que el hecho de llamarse locación de servicios a un contrato de trabajo propiamente dicho no altera su esencia y, por lo tanto, se origina una serie de obligaciones por parte del empleador.

Por ello, detalló el Colegiado que, si una persona ha sido contratada indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, siendo su calidad jurídica la de trabajador subordinado, tiene derecho a reclamar todos los beneficios que le hubiere correspondido en esa calidad.

Por lo que, en el ejercicio de sus funciones, se verifica que el inspector comisionado ha recabado y actuado los medios probatorios necesarios para acreditar las imputaciones efectuadas, motivo por el cual se evidencia que ha cumplido con la carga probatoria necesaria y suficiente para respaldar sus actuaciones e imputaciones. Por tanto, se evidencia la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, determinándose la existencia del vínculo de naturaleza laboral entre los trabajadores

De esta forma, al evidenciarse la existencia de los elementos del contrato de trabajo indicados en el artículo 4 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se tiene que dichos trabajadores debieron ser contratados de forma correcta, registrándolos en la planilla electrónica desde el día de ingreso a laborar. Del mismo modo, al estar inscritos en la planilla como trabajadores, les correspondía su inscripción en la seguridad social en salud y en pensiones.

Aunado a ello, es pertinente indicar que las labores realizadas por los trabajadores afectados fueron correctamente señaladas en el Acta de Infracción; debiendo desestimarse todos los argumentos relacionados a cuestionar la existencia de los elementos de la relación laboral.

En tal sentido, atendiendo a lo prescrito en el Decreto Supremo N° 015-2010-TR, que modificó el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, la impugnante se encontraba en la obligación de registrar a los once (11) trabajadores afectados en la planilla electrónica como trabajadores. Por lo que, al no haber efectuado dicho registro, ha quedado acreditada la infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se extienden dichos efectos a las infracciones imputadas, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, sobre inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, por lo que, como correlato de la existencia del vínculo laboral, a los trabajadores le asisten los derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos los derechos de la seguridad social en pensiones y salud desde el momento que ingresa a laborar.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa, de conformidad con el principio de verdad material, cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de las infracciones incurridas por parte del impugnante, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía a este, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, esto es, haber cumplido con lo sus obligaciones sociolaborales, referidas a la inscripción en planillas y registro en el régimen de seguridad social en salud y pensiones de sus trabajadores; sin embargo, no se aprecia el mismo. Lo que evidencia, que la autoridad administrativa ha acreditado la culpabilidad de la impugnante y en consecuencia desvirtuado el principio de

Aunado a ello, sobre la nulidad invocada por la impugnante, esta debe ser desestimada al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, ello considerando que se ha respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad16.

De las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento, de fecha 27 de agosto de 2019, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar lo siguiente:

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

En tal sentido, atendiendo a lo antes determinado y lo acreditado por las instancias anteriores, se evidencia que la comisionada emitió la medida inspectiva de requerimiento al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT, resultando la misma razonable. Por lo que, al no tenerse por cumplido lo requerido, ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la multa impuesta en este extremo

En relación a la supuesta falta de identificación de uno de los trabajadores afectados, en atención a que el DNI N° 48253339 no pertenece al trabajador Víctor Herrera Huapaya, he de señalarse que la Autoridad de Segunda Instancia ha evaluado dicho cuestionamiento detallando que la investigación permite la identificación de dicho trabajador como parte de los trabajadores afectados determinados durante las actuaciones inspectivas. Así, se puede observar que en el fundamento 3.16 y 3.17 de la resolución impugnada, se establecen los elementos de convicción que determinan la identidad del mismo, que incluye la participación de la señorita Kattia Cervantes Luján, en calidad de Manager, misma que ha corroborado y dado fe del contenido del Registro de Personal, elaborado por el inspector, y en el que se encuentra registrado el señor Víctor Herrera Huapaya.

Del mismo modo, y en concordancia con lo señalado en la resolución venida en grado, para esta Sala la existencia de un error en uno de los dígitos del DNI de uno de los trabajadores afectados no puede sustentar la existencia de vicio alguno que afecte el procedimiento, más aún si se considera los datos como el Género, Ocupación, Fecha de ingreso, Pago/Retribución, Frecuencia de pago, Jornada/Horario de trabajo, Sustento de retribución, Forma de pago, y Afiliación, además de la firma de dicho trabajador, los mismos que permiten una plena identificación, además que el mismo trabajador fue encontrado laborando en el centro de trabajo. Por ello, no resulta atendible que, amparado en un error material la impugnante pretenda cuestionar el valor probatorio de la investigación que no solo ha determinado responsabilidad por dicho trabajador, sino por los otros diez afectados, además de haber propiciado la incorporación en la planilla de la impugnante de los trabajadores señalados en el numeral 4.16 del Acta de Infracción. De este modo no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

En relación al alegato vinculado a la inaplicación del principio de concurso de infracciones, el artículo 248° del TUO de la LPAG, establece:

Además, el artículo 48-A del RLGIT, referido al concurso de infracciones, establece que cuando una misma acción u omisión del empleador constituya más de una infracción prevista por dicho reglamento, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad.

Ahora bien, cabe indicar que, sobre la falta de registro en la planilla electrónica, tipificada en el 25.20 del artículo 25 del RLGIT, sobre inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, todas ellas se refieren a conductas diferentes, pues protegen derechos distintos y tienen finalidades diferentes, inherentes a los derechos fundamentales de toda persona, y que ninguna relación laboral puede desconocer. Por tanto, no se advierte vulneración alguna al principio de concurso de infracciones considerando la naturaleza diferenciada de cada hecho constitutivo de reproche administrativo, por lo que no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

En relación al principio non bis in ídem, el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, lo establece como principio de la potestad sancionadora administrativa, señalando que:

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC17 y N° 2050-2002-AA/TC18, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y, procesalmente, no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

De manera explicativa, según Morón Urbina19, los presupuestos de operatividad de este principio rector se encuentran supeditado a los siguientes elementos:

Entonces, respecto a la vulneración alegada en el caso concreto, se debe concluir lo siguiente:

En ese sentido, de las precisiones realizadas en líneas precedentes, se observa que no ha existido transgresión al principio Non Bis In Ídem, toda vez que los hechos constitutivos en infracción y los fundamentos de las mismas, atribuidos a la impugnante en el presente procedimiento sancionador, son distintos. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.