Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú — Res. 689-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados. 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar información y/o documentación requerida, para verificar el cumplimiento de normas sociolaborales, conforme al requerimiento de información de fecha 24 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 104,016.00.

i. Corresponde a la Administración comprobar el nexo causal entre la conducta realizada (o no efectuada) por el administrado y la lesión que la misma involucra a la normativa legal vigente, que en este caso habría vulnerado el principio de causalidad, en la medida que no existe nexo causal entre su conducta y la infracción que se les atribuye. No se ha resistido ni negado a proporcionar la información solicitada el 24/03/2021, sino que la misma viene siendo cuestionada en función a la totalidad de documentos e información presentada, lo que no encaja en el tipo legal.

ii. La autoridad únicamente considera que se configura la infracción por el hecho de no proporcionar la totalidad de los registros de control de asistencia de los trabajadores indicados en el requerimiento del 24/03/2021 y el 12/04/2021.

iii. No se toma en cuenta que el 31/03/2021 se les notificó la ampliación del plazo de fiscalización por veinte (20) días hábiles, el mismo que culminaba el 30/04/2021 y se cumplió con presentar la información requerida el 19/04/2021, dentro del plazo de vigencia de fiscalización.

i. La inspeccionada no cumplió con enviar la información solicitada el día 24/03/2021, así como haber dilatado el Proceso inspectivo, en el sentido de no haber proporcionado información completa y oportuna, respecto a la materia sujeta a investigación, incurriendo en infracción a la labor inspectiva, considerando los reiterados requerimientos de información notificados, lo que determina el inicio del

2 Notificada a la inspeccionada el 06 de setiembre de 2021.

procedimiento administrativo sancionador con la imputación de cargos, ante el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 24/03/2021, para ser presentado hasta el día 05/04/2021, considerada como una infracción muy grave, tipificada en el artículo 46.3 del RLGIT.

ii. Para la presentación de la información y/o documentación solicitada a través del requerimiento de Información de fecha 24/03/2021, se le otorgó seis (6) días hábiles, (que equivale a doce (12) días calendario); y, la información requerida constituye información que se tiene al alcance como ser: los reportes R06 de la planilla electrónica, registro de control de asistencia, las jornadas de trabajo que tenía establecido, así como el horario; entre otros. Sin embargo, en la oportunidad dispuesta por la autoridad actuante, no cumplió con lo requerido.

iii. Resulta necesario establecer que estamos ante una “omisión” por parte de la inspeccionada en presentar la información y/o documentación solicitada a través del requerimiento de información del día 24/03/2021 y no ante una “demora” en la respuesta ha dicho requerimiento.

iv. Respecto al requerimiento de información de fecha 12/04/2021, para ser presentado hasta el día 19/04/2021, constituye otro requerimiento de información, respecto del cual la inspeccionada cumplió con presentar parte de la información solicitada.

v. Según se advierte del Acta de Infracción, pese a los reiterados requerimientos, no presenté la información necesaria con la finalidad de dilucidar la materia a investigar, habiéndose dilatado el proceso inspectivo, al no haber proporcionado la información completa y oportuna.

vi. Ante los hechos advertidos, la conducta infractora se encuentra subsumida en el tipo infractor catalogado en el artículo 46.3 del RLGIT, ante la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada a través del requerimiento de información del día 24/03/2021, denotándose en este sentido, un comportamiento obstructivo con la finalidad de dilatar las investigaciones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 065-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, señalando que:

i. Ni el requerimiento sancionado ni los anteriores precisaban la materia de fiscalización. ii. EI 5 de abril del 2021 no pudo presentar toda la información. La gran Cantidad de documentación requerida (Hojas de Control de Asistencia de más de 300 trabajadores que se encontraba en físico) por un lado, y por otro lado la búsqueda, selección, cuidados en el manejo o manipulación de la referida documentación requerida por la Autoridad de Trabajo teniendo en Cuenta el contexto por la pandemia por el COVID-19, posterior digitalización, entre otros, excedieron el tiempo fijado por la inspectora. La pandemia había afectado nuestros sistemas, y estábamos en proceso de cálculo, liquidación y pago de la participación en las utilidades del 2020. iii. La luz de su conducta durante todo el procedimiento y específicamente tras la entrega de la información el 19 de abril del 2021, no es justo atribuirnos falta de colaboración, pues no hay acto obstructivo alguno que haya impedido la investigación. iv. La autoridad interpreta erróneamente que cualquier vulneración al concepto jurídico en mención (deber de colaboración) comprende la negativa u obstrucción voluntaria por parte del empleador de brindarle la información documentos necesarios para sus labores. Esta imputación es falsa. El artículo 46.3 no es aplicable, toda vez que nunca nos negamos a presentar la información requerida el 24 de marzo del 2021. Atendimos tanto dicho requerimiento como todos los demás en función a nuestras posibilidades y recursos humanos, técnicos y materiales en medio del contexto de pandemia por el COVID-19. v. La calificación de la conducta se ha efectuado en base a Criterios subjetivos que no se condicen al deber de colaboración que establece la LGIT y el RLGIT. vi. La IRE se ha apartado de los criterios desarrollados por el TFL, lo que deberá tomarse en cuenta, debiéndose dejar sin efecto cualquier imputación en la medida que hemos cumplido todos los extremos de la solicitud.

9 Iniciándose el plazo el 07 de setiembre de 2021.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

Sobre la infracción a la labor inspectiva

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectora las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. (énfasis añadido) (…).” 11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Véase folio 47 del expediente inspectivo.

misma fecha a los señores Guillermo Manosalva Vives y Boris Jaramillo Vilela, en calidad de apoderados de la impugnante, con la finalidad que cumpla remitir la siguiente información: i) Reporte R06 de la planilla electrónica de los periodos diciembre 2020, enero 2021 y febrero de 2021; ii) Informe en el cual se detalle cuáles son las jornadas de trabajo que se emplean en el centro minero de Cualone; iii) Registro de control de asistencia desde diciembre de 2020 a la fecha; iv) Cuadro de movimientos de personal donde se acredite la jornada de trabajo desde diciembre de 2020 a la fecha, en formato Excel; v) Informe sobre si se emplea días de cuarentena previos al reinicio de jornada de trabajo (atípica) y cómo se están considerando dichos días y el motivo que justifique dicho accionar. Otorgando para dicho efecto, el plazo máximo hasta las 17:30 horas del día 05 de abril de 2021, a fin de cumplir con remitir la información mediante correo electrónico, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento. Requerimiento que no fue atendido, conforme se dejó constancia en el numeral 4.6 del acta de infracción.

14 Esta posición se condice con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de los principios de Presunción de veracidad y Buena fe procedimental, con estrecha vinculación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sobre el particular, por ejemplo, en los fundamentos 42 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 08 de agosto de 2012, recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC; así como en el fundamento N° 3 de la sentencia del 29 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 8811-2005-PHC/TC, al afirmar que “…el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2,24,e de la Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”.

atendido el requerimiento de información de fecha 24 de marzo de 2021, aunque dicho comportamiento perturbó o retrasó la investigación, no generó una demora que haya frustrado la fiscalización efectuada.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

15 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

que dicha conducta correspondía ser tipificada con el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT16.

N° Materia Conducta Infractora Norma vulnerada Tipo Legal y Calificación Trabajador Afectado Tipo de Infracción Multa Impuesta Labor inspectiva El sujeto inspeccionado no facilitó la información y documentación para el desarrollo de la función inspectiva solicitada mediante requerimiento de información debidamente notificado del día 24.03.2021. Artículo 9° literal e), y el artículo 36° de la Ley N° 28806 Artículo 15 numeral 15.2 del DS N° 019- 2006-TR Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, tipificado como infracción GRAVE Insubsanable 13.06 UIT S/ 57,464.00

MULTA TOTAL

S/ 57,464.00

16 RLGIT, “Artículo 45.- Infracciones graves a la labor inspectiva Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: (…) 45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. (…)” 17 Conforme el Decreto Supremo N° 380-2019-EF, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2020, fecha en que se produce los actos materia de infracción, conforme el acta de infracción de fecha 14 de agosto de 2020, asciende a S/ 4,300.00 soles.

remitió información solicitada en dichos requerimientos, haciendo de conocimiento a la comisionada de las diligencias adoptadas para dicho cumplimiento, acciones no adoptadas para la atención del requerimiento de información de fecha 24 de marzo de 2021, evidenciándose el incumplimiento imputado a la impugnante. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)”. (…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración

18 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente”.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 065- 2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, de fecha 02 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 080-2021-SUNAFIL-IRE-MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 065-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, en el extremo referente a la infracción muy grave por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 24 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ADECUANDO dicha infracción como grave según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RGLIT, en consecuencia, la sanción impuesta por dicha infracción asciende a la suma de S/ 57,464.00 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en los numerales 6.13 al 6.17 de la presente resolución. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Moquegua.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Presidente