Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú — Res. 26-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud; y, Cobertura en invalidez – sepelio). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR, referidas a la comunicación a la aseguradora dentro del plazo de Ley – 48 horas o en un término mayor que sea razonable, atendiendo a las circunstancias, respecto a la enfermedad ocupacional o profesional diagnosticada al trabajador José Miguel Sanabria López, tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que se pretende sancionar argumentando que no se cumplió con justificar la demora en la comunicación, ni acreditar la recepción de la misma, basándose erróneamente en lo establecido por el numeral 25.3 del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-98-SA. siendo que en este artículo se hace referencia a la obligación de comunicar a la aseguradora en caso de enfermedad profesional, el diagnóstico de la enfermedad profesional, mas no se pronuncia sobre algún tipo de obligación que pudiere tener el empleador respecto a obtener la confirmación de la comunicación efectuada. Así, presentaron pruebas de haber remitido oportunamente el Formato N° 1, dirigido a MAPFRE vía correo electrónico, quedando acreditada la obligación. Ahora bien, si la comunicación se efectuó fuera del plazo, fue debido a la Pandemia, y que muchos trámites se efectuaban de manera presencial, implementándose recién la atención virtual, lo que ocasiona retrasos. Asimismo, se señala que no acreditaron el envío al haber un error en la dirección de correo electrónico; sin embargo, la exigencia de acreditar la recepción de la empresa aseguradora no se ajusta a derecho, vulnerándose el principio de presunción de inocencia, debiendo respetarse los principios de verdad material y veracidad. ii. Alegan que la autoridad se basa en conjeturas al señalar que existió un supuesto error en la comunicación efectuada a la aseguradora, no aportando ninguna prueba que haya aportado para comprobar si efectivamente este supuesto error en el correo se

habría materializado, limitándose a invalidar la comunicación. Señalan que la remisión de la información respecto de la enfermedad del doctor José Miguel Sanabria López, sí se envió a un correo diferente al que figura en el Formato N° 01, aun así, este domicilio electrónico es válido, pues la dirección existe, lo cual se acredita con la captura de pantalla que adjuntan, donde claramente se observa en la sección de contacto por email el dominio @mapfre.com.pe. Al respecto, señalan que los hechos deben ser verificados antes que la autoridad tome una decisión en el caso concreto, cumpliendo con su deber de verificar los hechos que motivan su decisión, de lo contrario sería una clara vulneración al debido procedimiento. iii. Sostienen que la administración pretende imponer infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y adicionalmente por no haber cumplido con la medida de requerimiento, la cual se emitió sin observar el principio de razonabilidad, pretendiendo sancionador con multas administrativas distintas a las cuales se originaron una misma conducta, vulnerando el principio de non bis in ídem. Sobre todo, cuando señalaron que no contaban con una documentación distinta al correo electrónico enviado a la empresa aseguradora que respaldaba la comunicación. Sin embargo, se emitió la medida de requerimiento exigiendo la presentación del documento distinto cuando no se tenía ningún tipo de obligación legal de obtener confirmación o acuse de recibido, siendo la norma clara pues versa únicamente sobre la obligación de comunicar el diagnóstico de la enfermedad profesional. Igualmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral, ha señalado en la Resolución N° 018-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que el administrado tiene derecho a resistirse de un requerimiento cuando este vulnera el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. Por lo que, no estaban obligados a cumplir con la medida de requerimiento, pues fue emitida sin respetar el principio de legalidad, de lo contrario sería una herramienta punitiva y vulneraría el principio de culpabilidad.

i. Acerca de que la norma no señala expresamente que se deba acreditar la recepción de la comunicación a la aseguradora, es importante mencionar que siendo una obligación de la inspeccionada contenida en el numeral 25.3 del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo, el comunicar por escrito dentro del plazo de 48 horas o en un termino mayor razonable, el diagnóstico de la enfermedad detectada al trabajador José Miguel Sanabria López, debía de contar con la documentación que demuestre que efectivamente cumplió con su obligación. Sobre todo, si se verifica que el correo

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022. Véase folio 58 del expediente sancionador.

electrónico que remitió la inspeccionada fue enviado a dirección distinta a la que se indica en el referido Formato N° 1, el mismo que fue elaborado por la propia aseguradora señalando expresamente el contacto de la oficina donde se debía enviar la referida comunicación, no siendo suficiente el indicar que se envió al mismo dominio, y por eso estuvo bien enviado, ya que se debió dirigir a la oficina correspondiente, creando incertidumbre de si la comunicación finalmente llego a su destino. ii. Asimismo, la inspeccionada no ofreció ninguna prueba ni explicó de qué manera el Covid-19 fue la causa de su demora, afirmando ello de manera general, pues como se advierte transcurrió el tiempo en exceso desde que se detectó que el doctor José Miguel Sanabria López padecía del COVID-19, hasta que finalmente se habría supuestamente comunicado a la aseguradora. iii. Sobre la vulneración del principio de no bis in ídem, se debe tener en cuenta lo señalado en el inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, respecto a la identidad de hechos, en las infracciones imputadas, los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada son distintos, toda vez que los incumplimientos a las normas sociolaborales son conductas que ocurren con anterioridad a las actuaciones inspectivas, mientras que el incumplimiento a la medida de requerimiento ocurre con posterioridad, con ocasión a la verificación de las infracciones; por lo que, no existe identidad de hecho al tratarse de conductas diferenciadas. iv. Por otro lado, respecto a la identidad de fundamentos, se tiene que, los bienes tutelados son distintos; por cuanto las sanciones por incumplimiento a las normas sociolaborales protegen bienes jurídicos relacionados con la posición de desventaja que tiene el trabajador en la relación laboral, empero la sanción por incumplimiento a la medida de requerimiento protege la colaboración con la labor inspectiva y se tiene por interés jurídico tutelado la inspección del trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Peru

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Invocan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida que constituyen un límite a la potestad sancionadora que garantiza que la medida impuesta guarde concordancia con los hechos, lo que implica que la autoridad luego de haber comprobado objetivamente la comisión del incumplimiento imputado deba elegir la sanción que resulte menos gravosa para el administrado. ii. Asimismo, el principio de legalidad, por el cual se establece que la autoridad solo puede actuar o utilizar sus potestades en materias que le hayan sido previamente encargadas por alguna norma jurídica y en los términos indicados en esta, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional e incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. iii. Alegan que se han inaplicado lo numerales 3 y 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, la autoridad de manera arbitraria emitió la medida de requerimiento de fecha 19 de abril de 2021, pues esta no cumple con la naturaleza jurídica prevista. iv. Refieren que se les impone de forma gravosa una multa administrativa por haber incurrido en infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y adicionalmente la administración pretende que se imponga una segunda multa por no haber cumplido con la medida de requerimiento, la cual se emitió sin observar el principio de razonabilidad. v. Sostienen que desde el inicio del procedimiento inspectivo señalaron que no contaban con una documentación distinta al correo electrónico enviado a la empresa aseguradora Mapfre, que respaldara la comunicación respecto a la enfermedad ocupacional o profesional diagnosticada al trabajador José Miguel Sanabria López, que se efectuó en cumplimiento del numeral 25.3 del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, relativa al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR, que dicho sea de paso, no comprende de forma alguna, el hecho de obtener comunicaciones o un acuse de recibido. vi. Sin embargo, manifiestan que, como puede apreciarse del requerimiento, este carece de todo razonamiento, pues les exige que retrocedan el tiempo y/o

inventen un documento, pues les pide en tiempo pasado “acreditar con documento idóneo la comunicación que realizó”. Evidentemente, ello implicaría la presentación de un documento distinto y del que se tenía certeza, no contaban, pues como señalaron, como empresa empleadora no tienen ningún tipo de obligación legal de obtener confirmación o un acuse de recibido de la comunicación efectuada a la aseguradora; la norma es clara al respecto, pues el numeral 25.3 del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-98-SA, versa únicamente sobre la obligación de comunicar a la aseguradora en caso de enfermedad profesional, el diagnóstico de la enfermedad profesional o la ocurrencia que la evidencie. vii. Consideran que la medida inspectiva de requerimiento, no buscada que se presente un nuevo documento a la aseguradora, comunicando la enfermedad ocupacional; sino que pretendía que acrediten, con documento distinto la comunicación a la aseguradora, lo que resulta materialmente imposible, pues no podrían retroceder el tiempo para considerar otra forma de comunicación de la enfermedad ocupacional a la aseguradora, y si pudiera no podrían presentar documento distinto al correo electrónico que remitieron con los formatos aprobados por la aseguradora para la comunicación de la enfermedad ocupacional, pues estos fueron los medios que por la ocurrencia de la pandemia la empresa aseguradora estableció como canales de comunicación. viii. Invocan la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, referida al principio de razonabilidad. ix. Precisan que la emisión de la medida de requerimiento representa a todas luces una actuación por demás ilegal por parte del Inspector de Trabajo, pues esta situación no solo es irrazonable, sino que, además convierte a la Inspección del Trabajo en una herramienta punitiva que, lejos de orientar hacia el mejor cumplimiento de las normas laborales, lo único que busca es sancionar desmedidamente a los administrados, hecho que, desnaturaliza la verdadera función de esta institución. x. Asimismo, invocan la Resolución N° 145-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal, en la cual establece que el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; en consecuencia, no estaban obligados a cumplir con la medida de requerimiento, pues fue emitida sin respetar el principio de legalidad, deviniendo en una actuación por demás arbitraria por parte del Inspector de Trabajo. xi. Refieren que, en aplicación al principio de culpabilidad, el incumplimiento de la medida de requerimiento no obedece a una conducta atribuible al administrado; en el presente caso únicamente correspondía determinar la existencia de las conductas infractoras, si es que las hay, y proponer las sanciones por tales conductas. xii. Por último, sostienen que, emitir una medida de requerimiento teniendo conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de esta y vulnera el principio de culpabilidad, por tanto, señalan que, no habrían incurrido en la infracción a la labor inspectiva, como se pretende hacer creer.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como

son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir

imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 2:

Debiendo acreditar con documentación idónea el levantamiento de la observación indicada en los hechos verificados, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

trabajador José Miguel Sanabria López, incluyendo el cargo de la recepción de la notificación por parte de la aseguradora de forma indubitable y fehaciente que, conforme ha sido señalado por la impugnante desde el inicio de las actuaciones inspectivas, no contaban con el documento; máxime si en mérito a lo dispuesto por el numeral 25.3 del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-98-SA - “Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”, “En caso de enfermedad profesional, “LA ENTIDAD EMPLEADORA”, comunicará por escrito dentro del plazo de 48 horas, o en un término mayor que sea razonable atendiendo a las circunstancias, el diagnóstico de la enfermedad profesional o la ocurrencia que la evidencia, lo que ocurra primero” (énfasis añadido). En tal sentido, al no haberse dejado constancia respecto de la comunicación que debió realizar la inspeccionada a la compañía aseguradora MAPFRE con respecto a la enfermedad ocupacional o profesional del trabajador José Miguel Sanabria López, dentro del plazo correspondiente, se configura en una infracción insubsanable, ya que no podría ser revertido en el tiempo.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR, referidas a la comunicación a la aseguradora dentro del plazo de Ley – 48 horas o en un término mayor que sea razonable, atendiendo a las circunstancias, respecto a la enfermedad ocupacional o profesional diagnosticada al trabajador José Miguel Sanabria López. Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

10 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 867-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 799-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 150-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 01 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 867-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU, a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250115MCR – HR 204048-2020