Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú — Res. 12-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 07 de setiembre de 2021, notificada en misma fecha, para ser presentada hasta el día 10 de setiembre del mismo año; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 24 de setiembre de 2021, notificada en misma fecha, para ser presentada hasta el día 29 de setiembre del mismo año; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Señala que nunca obstruyeron la investigación, pues presentaron toda la información solicitada en el plazo que concedió el inspector. Asimismo, sostienen que su cuadro de categorías y funciones cumple con el contenido mínimo regulado en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30709. ii. Consiguientemente, señala que el literal k) del artículo 2 del citado cuerpo normativo, simplemente define la Política salarial como un conjunto de criterios y directrices establecidas por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración, y la suya calza plenamente con esa descripción. iii. Sostiene que la Resolución venida en grado pretende que dedujeran el motivo de la investigación, cuando ni siquiera en las comunicaciones formales de los inspectores y la autoridad instructora se había aclarado la materia a fiscalizar. iv. Reitera que los documentos solicitados sí obran en el expediente y dentro del plazo otorgado, pues señala que presentaron la información del primer requerimiento el día 09 de setiembre de 2021 y el segundo el día 29 de setiembre de 2021; por tanto, concluyen que no puede haber obstrucción a la labor inspectiva.

v. Por último, recalca que el inspector no motivó, en el Acta de Infracción, de qué manera el supuesto incumplimiento obstaculizó la investigación, ni por qué lo presentado no se ajusta a lo que establece la norma.

i. Que, a pesar de haberse considerado los apercibimientos de ley en caso de incumplimiento en los respectivos requerimientos de información, la impugnante no cumplió con remitir de manera íntegra toda la información que le fue requerida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. ii. Asimismo, se advierte que la impugnante presentó un escrito que contiene una reproducción de una “supuesta” parte del cuadro denominado “Cuadro de categoría y funciones en el que se encuentran descritos los puestos del servicio de emergencia, así como del servicio de consultorio externo para infecciones respiratorias agudas (IRA)”, que no corresponde al documento de gestión solicitado. Adicionalmente, no se precisaron las funciones de los servicios de emergencia, así como del servicio de consultorio externo para IRA y COVID-19, conforme a lo solicitado; es decir, se concluye que no se presentó el documento de gestión propiamente dicho. iii. Por otro lado, establece que es falso que la denuncia verse sobre la “reducción inmotivada de remuneración, traslado de un trabajador con el fin de causarle perjuicio y actos de discriminación por raza, sexo, religión, opinión u idioma”, siendo más bien una intención, por parte del impugnante, de tergiversar lo argumentado a través del Informe Final de Instrucción, pues, incluso, a través del escrito de fecha 09 de setiembre de 2021, la impugnante precisa que la denuncia efectuada por su trabajador es reiterativa sobre “actos de hostilización”, por tanto, tuvo certeza de la sub materia inspeccionada a través de la presente Orden de Inspección. iv. Conforme se precisó en los numerales 4.2 y 4.3 del Acta de Infracción, la autoridad instructora sí sustentó la necesidad e incidencia directa en la investigación que tenía la información y/o documentación solicitada a través de los requerimientos de información de fechas 07 y 24 de setiembre de 2021, con la finalidad de verificar los supuestos actos de hostilidad en contra del trabajador denunciante, lo cual desvirtúa lo alegado por la impugnante, respecto a la falta de motivación de dicha Acta de Infracción. v. Por tanto, señala que la imputación de responsabilidad por el incumplimiento en materia de labor inspectiva es pertinente, pues durante el procedimiento de actuaciones inspectivas y sancionador, la impugnante tuvo un comportamiento

2 Notificada a la impugnante el 07 de marzo de 2022, véase folio 109 del expediente sancionador.

renuente y directo al no presentar la información y/o documentación requerida por la autoridad inspectiva de trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17. Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Southern Peru Copper Corporation Sucursal Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ., señalando los siguientes alegatos:

i. Aduce que su conducta no se subsume en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, toda vez que no hubo una negativa de presentar los documentos requeridos en ambas oportunidades, así como tampoco fueron informados de la naturaleza de la investigación, lo que hubiera advertido de la necesidad de los documentos solicitados. ii. En esa línea, señala que el inspector auxiliar nunca informó sobre la materia sujeta a fiscalización, lo que haría imposible determinar si la información solicitada era realmente necesaria o no para la investigación.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

iii. Según el literal a) del artículo 6 de la LGIT, los inspectores auxiliares solo pueden efectuar labores de vigilancia y control normativo cuando las materias no revistan complejidad. Por tanto, señala que no existe justificación legal para permitir la participación individual de dicho funcionario, en este caso el señor Eddy Florentino Huamán Valdivia, en las actuaciones realizadas en este proceso. iv. En relación al primer alegato, remarca que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha dejado en claro que solo se podrá sancionar bajo los alcances del artículo 46.3 del RLGIT, la negativa en la presentación de información o documentos. Por tanto, ni siquiera el retraso en dicha presentación califica como tal, sino solo la no presentación de documentos indispensables para la inspección.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 LGIT, artículo 1, primer párrafo. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11LGIT, Numeral 3.1 del Artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 12LGIT, Artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido).

que las disposiciones legales se observan correctamente, remarcándose que, entre las actuaciones inspectivas a utilizar por parte de este funcionario, se encuentra la de requerir información por medio de sistemas de comunicación electrónica. 6.3 Sobre el particular, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”13.

“La negativa del sujeto inspeccionado a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, constituye infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT (…)”.

- Con fecha 07 de setiembre de 2021, el Inspector remitió un primer Requerimiento de Información14, concediendo como fecha máxima para su cumplimiento el día 10 de setiembre de 2021, solicitando lo siguiente:

13 LGIT, artículo 1, octavo párrafo. 14 Véase folio 212 del expediente inspectivo.

Figura 1

- Así también, se señala en el referido documento, el apercibimiento en caso de incumplimiento: Figura 2

- Cabe precisar que, la inspeccionada no presentó la información correspondiente a los numerales 3 y 4 del primer requerimiento de información. De esta forma, se ha configurado la conducta infractora por incumplimiento del requerimiento de

información de fecha 07 de setiembre de 2021 y notificada en la misma fecha15, tipificada en el numeral 46.3 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo.

- Por otro lado, con fecha 24 de setiembre de 2021, el Inspector remitió un segundo Requerimiento de Información16, concediendo como fecha máxima para su cumplimiento el día 29 de setiembre de 2021, solicitando lo siguiente:

Figura 3

- Del mismo modo, se le informó a la impugnante que su incumplimiento configuraría infracción a la labor inspectiva.

- Sobre ello, debemos señalar que con fecha 29 de setiembre del 2021, el sujeto inspeccionado presenta un escrito, en el que aparentemente se encontraba el “Cuadro de Categorías y funciones”.

Figura 4

15 Véase folio 214 del expediente inspectivo. 16 Véase folio 290 del expediente inspectivo.

Figura 5

inspección debe estar dotada de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en términos constitucionales”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

17 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220. 18 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente, se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio trascendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 20 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

Sobre la materia a fiscalizar por el personal inspectivo y la conducta infractora

Figura 7

Sobre la competencia del inspector auxiliar 6.36 Al respecto, cabe indicar que el equipo de inspectores designados para la Orden de Inspección N° 507-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ fueron los señores Marti Paul Sánchez Chávez (Inspector de trabajo) y el Inspector auxiliar Eddy Florentino Huamán Valdivia, quienes se encargaron de las actuaciones inspectivas.

aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, dispone que los inspectores comisionados, al recibir una Orden de Inspección, y en caso se trate de un equipo de trabajo, deben definir las responsabilidades y tareas específicas de cada uno de los miembros del equipo, tal como sucedió en el presente caso.

Sobre la vulneración al principio de predictibilidad 6.42 Respecto a la vulneración al principio de predictibilidad o confianza legítima debemos indicar que el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, señala:

“1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los

requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables” (énfasis añadido).

- En las Resoluciones Nros 226-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y 258-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se determina que la impugnante presentó la información solicitada durante la etapa inspectiva, luego de ser notificado con la Imputación de Cargos, configurando un supuesto de omisión o falta de diligencia, pero con una valoración distinta a la negativa que contempla el RLGIT en el numeral 46.3 del artículo 46, por tanto, no siendo similar al caso de autos.

- En la Resolución N° 227-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se concluye que, en la formulación de Actas de Infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir a pesar del comportamiento del inspeccionado, deberá imputarse la infracción tipificada en el numeral 45.1 del artículo 45 del RLGIT. En cambio, cuando fuera que las conductas u omisiones del sujeto inspeccionado frustren la fiscalización a través de la negativa de información y documentación necesaria, la tipificación invocable será la del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

- Sobre ello, cabe precisar que, en el presente caso, se pudo establecer que el comportamiento del sujeto inspeccionado impidió que los inspectores actuantes cumplieran con el objeto de la inspección, no tratándose en el presente caso de un mero retraso, sino que el comportamiento reprochable terminó frustrando la fiscalización; en consecuencia, dicho criterio no es aplicable al caso de autos.

21 MORON URBINA, Juan Carlos (2018) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, p. 126.

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No remitir y/o presentar la información/documentación, a través de la casilla electrónica, requerida en fecha 07 de septiembre del 2021, notificada en la misma fecha, para ser presentada hasta el día 10 de setiembre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ., emitida por la Intendencia Regional de Moquegua, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 307-2021- SUNAFIL-IRE.MOQ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, en el extremo referente a la sanción impuesta por la negativa de facilitar el requerimiento de información solicitado el 24 de setiembre de 2021, notificada en misma fecha, para ser presentada hasta el día 29 de setiembre del mismo año, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción. CONFIRMAR dicha Resolución en el extremo referente a la sanción impuesta, por la negativa de facilitar el requerimiento de información solicitado el 07 de setiembre de 2021, notificada en misma fecha, para ser presentada hasta el día 10 de setiembre del mismo año, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230104JCR