Soporte Remoto S.A.C — Res. 174-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: vacaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft soft Erwin FAU 20555195444 soft 09:12:31-0500

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia citada para el día 30 de setiembre de 2021 a las 10:00 horas, respecto de un (01) trabajador, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia citada para el día 07 de octubre de 2021 a las 09:00 horas, respecto de un (01) trabajador, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente S/ 11,572.00.

i. El recurrente señala que se vulnera el principio de non bis in ídem, ya que pretender aplicar una doble sanción por un mismo hecho resulta irregular y arbitrario, toda vez que los hechos y fundamentos constitutivos en infracción atribuidos se realizan en un mismo requerimiento y dentro de una misma orden de inspección, conllevando a una aplicación indebida del artículo 46.3 del RLGIT contradiciendo el TUO de la Ley N° 27444. ii. Agrega que tal como lo ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral, es evidente que no sólo se debe evaluar la notificación realizada a la casilla electrónica sino la remisión de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, la misma que no se habría acreditado su efectivización, no siendo aplicable la comisión de las infracciones. iii. Argumenta que se ha adjuntado un reporte de descarte de conexión de dominio, registrando problemas técnicos en el mismo, así como no se ha acreditado en etapa de inspección la realización formal de la notificación en el correo electrónico, lo que conlleva a obtener la nulidad del procedimiento.

2 Notificada a la impugnante vía casilla electrónica el 18 de marzo de 2022, véase folio 157 del expediente sancionador.

i. Menciona que, las actuaciones de investigación desarrolladas en la Orden de Inspección N° 00000745-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se iniciaron el 09 de setiembre de 2021 y culminaron el 07 de octubre de 2021, periodo comprendido en el uso obligatorio de la casilla electrónica, razón por la cual, el inspector comisionado en aplicación del cronograma establecido a mérito del Decreto Supremo N° 003-2020- TR, llevó a cabo las actuaciones Inspectivas a través del sistema de casilla electrónica. ii. Por otra parte, señala que, se evidencia que los hechos datan de distintas fechas, un primer requerimiento de comparecencia para el día 30 de setiembre de 2021 y un segundo requerimiento de comparecencia para el día 07 de octubre de 2021, en tanto, son infracciones que se han configurado en distintos momentos, por lo que no se habría vulnerado el principio del non bis in ídem, no configurándose el requisito de la triple identidad. iii. Asimismo, refiere que la Oficina General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, en mérito a lo dispuesto a través del Informe N° 004-2022-SUNAFIL-GG-OGTIC-KYAL, de fecha 03 de marzo de 2022, concluyó que a la fecha de notificación del requerimiento de información y requerimientos de comparecencia, que se materializaron los días 07 de setiembre, 27 de setiembre y 04 de octubre de 2021, la SUNAFIL realizó el envío de alertas a través de correo electrónico a las direcciones ventas@soporteremotosac.com y a.caceres@soporteremotosac.com, cuentas declaradas por la empresa SOPORTE REMOTO S.A.C., con fecha 10 de febrero y 14 de abril de 2021, para el envío de alertas, esto es, antes del envío de los requerimientos correspondientes. Por consiguiente, se evidencia claramente que se ha dado cumplimiento con los alcances del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020- TR. iv. Finalmente, verificado que el Sistema Informático de la SUNAFIL, realizó el depósito correcto de las notificaciones en la casilla electrónica de la recurrente, y se emitieron las alertas por el SINEL-SUNAFIL, el hecho de que la recurrente alegue problemas técnicos en su dominio, no resulta argumento válido justificante de su omisión, máxime si la recurrente consignó como otro correo electrónico a.caceres@soporteremotosac.com, el mismo que también recibió las alertas de notificación, con ello queda evidenciado que los argumentos vertidos carecen de sustento, debiendo desestimarse la apelación en este extremo. v. Concluye que al quedar establecido que las infracciones han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia conforme a derecho, se puede concluir que el recurso de apelación deviene en infundado, así como que no resulta atendible el pedido de nulidad efectuado por medio del mismo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Véase también escrito subsanatorio de fecha 13 de abril de 2022. 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SOPORTE REMOTO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de abril de 202211, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 044-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando lo siguiente:

i. Refiere que se ha afectado gravemente su derecho al debido procedimiento, además que existe una motivación aparente en clara afectación a su derecho de defensa y evaluación de los medios probatorios ofrecidos por su parte. Asimismo, alega una afectación al principio de razonabilidad. ii. Sustenta problemas de recepción con el correo ventas@soporteremotosac.com registrado ante SUNAFIL, por lo que descarta cualquier interpretación obstruccionista

10 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC. 11 Véase también escrito subsanatorio de fecha 13 de abril de 2022.

a la labor inspectiva, circunstancia que considera un hecho de fuerza mayor bajo los alcances del artículo 1315 del Código Civil, por lo que adjuntó el reporte de descarte de conexión de dominio de fecha 11 de octubre de 2021, en calidad de medio probatorio, demostrando que se descarta cualquier acción dolosa a la labor inspectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del

Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

12 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”15(énfasis añadido).

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 14 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 15 El subrayado no es del original.

resolución recurrida ha incurrido en este vicio. Es más, los supuestos agravios que presenta en su recurso de revisión son los mismos presentados en su recurso de apelación, los cuales ya han obtenido respuesta, no incurriendo en una motivación insuficiente y/o aparente.

De la asistencia a las comparecencias inspectivas de fechas 30 de setiembre y 07 de octubre de 2021

16 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 17 LGIT: “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” (énfasis añadido).

las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

Figura 01:

SUNAFIL, en mérito a lo dispuesto a través del Informe N° 004-2022-SUNAFIL-GG-OGTIC-KYAL de fecha 03 de marzo de 2022, concluyó que a la fecha de notificación del requerimiento de información y requerimientos de comparecencia, que se materializaron los días 07 de setiembre, 27 de setiembre y 04 de octubre de 2021, la SUNAFIL realizó el envío de alertas a través de correo electrónico a las direcciones ventas@soporteremotosac.com y a.caceres@soporteremotosac.com, cuentas declarada por la empresa SOPORTE REMOTO S.A.C. con fecha 10 de febrero y 14 de abril de 2021, para el envío de alertas, esto es, antes del envío de los requerimientos correspondientes.

De la supuesta vulneración al principio de razonabilidad 6.32 El administrado argumenta expresamente que han ocurrido una supuesta vulneración al principio de razonabilidad, así como no se ha valorado correctamente la documentación presentada, en específico del “reporte descarte de conexión de dominio”; debe precisarse

que la Intendencia en el considerando 2.5.15, ha expresado argumentos suficientes que permiten advertir que este medio probatorio si fue valorado, sin embargo, se consideró insuficiente para evidenciar que efectivamente la impugnante estuvo impedida de concurrir a la hora indicada (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva Inasistencia a la comparecencia citada para el día 30 de setiembre de 2021 a horas 10:00, en afectación de Ruth Rocío León Mariños. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

Labor inspectiva Inasistencia a la comparecencia citada para el día 07 de octubre de 2021 a horas 09:00, en afectación de Ruth Rocío León Mariños. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SOPORTE REMOTO S.A.C., en contra la Resolución de Intendencia N° 044-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 575-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 044-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOPORTE REMOTO S.A.C., y a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230215JCR