Sodexo Perú S.A.C — Res. 796-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: gratificaciones, pago de bonificaciones), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: vacaciones, jornada y horario de trabajo), compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósito de CTS). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por establecer una jornada atípica de trabajo que supera los límites máximos permitidos; de conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 2º del Convenio Nº 01 de la OIT; el artículo 25° de la Constitución Política del Perú; los artículos 1° y 4° TUO de la Ley de Jornada de Trabajo y Horario de Trabajo; el Fundamento 29 del Exp. Nº 4635- 2004-AA/TC; y, el Criterio adoptado respecto al tema Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 149-2021-SUNAFIL; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25º del RLGIT.

i. La Resolución apelada incurre en error relativo a la interpretación errónea de las normas nacionales e internacionales que establecen el marco legal de la jornada atípica, al no considerarse el Convenio Nº 01 de la OIT que faculta a los empleadores a ejecutar este tipo de jornadas cuando los trabajos se efectúan por equipos (literal c) del artículo Nº 2. ii. Enfatiza que ni el artículo 25º de la Constitución ni mucho menos la Ley y Reglamento de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, regulan lo expresamente citado por el sub intendente (numeral 15). iii. Una jornada atípica no es otra cosa que la posibilidad de laborar más de ocho horas diarias inclusive por más de una semana consecutiva, siempre que en compensación se otorgue el tiempo requerido de descanso que conduzca a que no se supere el promedio diario o semanal de labores. La posibilidad de que la interpretación de la jornada máxima sea de forma copulativa 8 horas diarias máximas y 48 horas semanales máximas, no es correcta, desde el punto de vista de la Constitución, pues esta ha señalado un conjuntivo “o” que denota la exclusión de una u otra. iv. Al encontrarse frente a una jornada atípica, no podría utilizar el límite de 48 horas semanales, puesto que por la jornada especial se estaría laborando todos los días de una semana sin descanso semanal, ya que al fin del periodo laborado se le estaría otorgando al trabajador un descanso que compensaría el trabajo en días de descansos semanales y los feriados que pudiera laborar por su turno especial. Siendo así, la única medida que debiera tenerse en cuenta para las jornadas atípicas es verificar si el trabajador labora más de 8 horas diarias, pues el día de labor continuo que implique acumular siete días completos de una semana será compensado con los días de descanso que otorga la propia jornada acumulativa. v. De conformidad al artículo 9º del D.S. Nº 008-2002-TR, el promedio de horas trabajadas en el ciclo o periodo correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos

por la Ley. Para establecer el promedio respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas entre el número de días del ciclo o periodo completo, incluyendo los días de descanso. Por tanto, la jornada atípica de 63 días de trabajo por 63 días de descanso, con 12 horas de labor por día, y la jornada atípica de 28 días de trabajo por 14 de descanso con 10.28 horas de labor por día resulta ser arreglada a derecho, pues se encuentra dentro de los límites legales y constitucionales establecidos. vi. El Sub Intendente omitió por completo mencionar el artículo 5 del Convenio Nº 01 de la OIT; es decir, en los centros de trabajo de funcionamiento continuo sostenido por turnos de trabajo sucesivos, si existen convenios colectivos o normas estatales que establecen jornadas diarias o semanales superiores a las 8 o 48 horas respectivamente, serán plenamente válidos en tanto el promedio semanal en el periodo de tiempo correspondiente, que puede superar las 3 semanas, no exceda las 48 horas. De este modo, según el propio Convenio, la Ley de Jornada de Trabajo y su Reglamento en el Perú serían plenamente válidas, permitiendo considerar válida la jornada atípica de 1x1 y 2x1, porque no excede en promedio 8 horas diarias de labor efectiva.

i. Que, de la revisión de los actuados que forman parte del presente procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que los actos administrativos fueron notificados válidamente a la inspeccionada y conforme al presente procedimiento se otorgó un plazo de quince (15) días hábiles, de recibida la notificación, para que formule los descargos que estime pertinente, habiendo sido admitidos en su oportunidad, demostrando con ello que la Administración actuó con arreglo a Ley. ii. Iniciadas las diligencias de investigación, la autoridad administrativa de trabajo emitió dos (2) requerimientos de información con fechas 10 y 17 de enero de 2022, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, respectivamente, la inspeccionada presente la información y/o documentación allí contenida, siendo atendida por ésta, en la oportunidad dispuesta. iii. En consideración a la información y/o documentación remitida ante el primer requerimiento de información, la autoridad actuante, deja constancia a través del segundo requerimiento de información que, la inspeccionada implementó jornadas de trabajo que sobrepasan las 48 horas semanales, o las 144 horas para un máximo de tres (3) semanas, establecido por el TC a través de un precedente vinculante recaído en el Expediente Nº 4635-2004-AA/TC; el cual, también establece una excepción que permite se realicen jornadas atípicas de trabajo “mayores a las establecidas por el Tribunal Constitucional”, lo cual requiere que se cumpla concurrente o copulativamente con lo

2 Notificada a la impugnante el 20 de junio de 2022, véase folio 149 del expediente sancionador.

establecido en el numeral 25 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, establecido como precedente administrativo de observancia obligatoria. iv. A través de dicha diligencia inspectiva, se le solicita a la inspeccionada, entre otros, cumpla con: a) Presentar la suscripción del acuerdo pactado con la organización sindical acreditada como organización representativa de la mayoría de trabajadores en su centro de trabajo, conforme al literal a) del numeral 25 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. b) El acuerdo deberá ser adoptado por un lapso determinado, conforme al literal b) del numeral 25 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. v. En atención a dicho requerimiento, y específicamente respecto a lo solicitado precedentemente, la inspeccionada precisa que su empresa no cuenta con una organización sindical; y, que por otro lado, la jornada laboral bajo la cual se encontraba el ex trabajador, era de 28 días de trabajo y 14 días de descanso, quien se desempeñaba laboralmente dentro de un campamento minero. vi. Concluidas las diligencias de investigación, la autoridad actuante determina un incumplimiento en materia de relaciones laborales considerado como “insubsanable”, emitiéndose el denominado “Anexo de infracción insubsanable en materia de relaciones laborales”, que fue notificado a través del Sistema de Casilla Electrónica el día 03 de febrero de 2022. vii. A través de dicho Anexo, la autoridad administrativa de trabajo precisa que la jornada atípica o acumulativa no sería el problema, sino, la instauración de una jornada extraordinaria permanente por parte de la empresa, la misma que a pesar de cumplir con el pago mayor por tales horas, deja de ser una medida válida en tanto es permanente en el tiempo. Siendo que, este régimen se justifica cuando existen condiciones distintas a las comunes como sucede usualmente en los casos del sector minero o de hidrocarburos; asimismo, cuando los centros de trabajo se encuentren ubicados en zonas alejadas del hogar del trabajador, lo económico no puede soslayar y/o vulnerar el derecho constitucional de los trabajadores a una jornada de trabajo de conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 2º del Convenio Nº 01 de la OIT, el precedente vinculante establecido por el TC, a través del Expediente Nº 4635-2004- AA/TC, el artículo 25º de la CPP, los artículos 1º y 4º del TUO la LJTHTS y el criterio adoptado respecto al tema Nº 2 contenido en la Resolución de Superintendencia Nº 149-2021-SUNAFIL. viii. En este contexto, se logra verificar que la jornada “atípica” de trabajo establecido por la inspeccionada es inconstitucional e ilegal, toda vez que supera los topes máximos establecidos normativamente, conforme se aprecia en los registros de control de asistencia correspondiente al periodo laborado comprendido desde el 22 de octubre de 2020 al 01 de diciembre de 2021, conforme al cuadro contenido en el apartado “Segundo” del aludido Anexo, donde se advierte que con la instauración de las jornadas atípicas implementadas, respecto al ex trabajador denunciante, quien se desempeñaba como “Mozo”, han excedido la jornada máxima constitucional y legalmente permitida, situación que trae como consecuencia que sus efectos no puedan ser revertidos; por tanto, dicha inobservancia normativa tiene la condición de “insubsanable”; que, si bien, la jornada atípica instaurada, puede reencausarse a los topes y/o límites máximos establecidos, el mencionado ex trabajador no se vería beneficiado con dichas acciones que se realizarían en su centro de trabajo, toda vez que la afectación ya ha causado estado en él y ya no labora para la inspeccionada. ix. En ese sentido, ante la determinación de una infracción de naturaleza “insubsanable” en materia de relaciones laborales, por la implementación de una jornada “atípica” de trabajo que supera los topes máximos establecidos normativamente, que le imposibilita determinar el cumplimiento o incumplimiento del resto de materias contenidas en la

orden de inspección, recomienda a través del Acta de Infracción, la sanción de multa respectiva, lo que determina el inicio del procedimiento administrativo sancionador. x. Mediante el recurso interpuesto la inspeccionada manifiesta que las jornadas atípicas establecidas de 63 días de trabajo por 63 días de descanso, con 12 horas de labor por día; y, la jornada atípica de 28 días de trabajo por 14 de descanso, con 10.28 horas de labor por día, está arreglada a derecho, puesto que se encuentra dentro de los límites legales y constitucionales establecidos, entre otros. xi. Según se advierte del cuadro sinóptico contenido en el numeral 4.4 del Acta de Infracción, la autoridad actuante, en base a los registros de control de asistencia presentados por la inspeccionada, correspondiente al periodo laborado y comprendido entre el 22 de octubre de 2020 y el 01 de diciembre de 2021, identificó el establecimiento de diferentes jornadas atípicas como: ✓ 36 (días de trabajo de 12 horas diarias) x 6 (días de descanso) ✓ 11 (días de trabajo de 13.5 horas diarias) x 20 (días de descanso) ✓ 13 (días de trabajo de 12 horas diarias) x 56 (días de descanso) ✓ 42 (días de trabajo de 13.5 horas diarias) x 14 (días de descanso) ✓ 30 (días de trabajo de 13.5 horas diarias) x 50 (días de descanso) ✓ 15 (días de trabajo de 13.5 horas diarias) x 0 (días de descanso) ✓ 14 (días de trabajo de 12 horas diarias) x 0 (días de descanso) xii. Dichas jornadas atípicas implementadas, según los registros de control de asistencia, exceden la jornada máxima establecida constitucional y legalmente; por tanto, no se tratan de jornadas atípicas como las mencionadas por la inspeccionada a través del recurso interpuesto, esto es, de 63 días de trabajo por 63 días de descanso, con 12 horas de labor por día y, de 28 días de trabajo por 14 de descanso, con 10.28 horas de labor por día, sino de otras jornadas atípicas variables en el transcurso del tiempo laborado. xiii. Por otro lado, es de advertir que lo que se cuestiona no es la implementación de jornadas atípicas, cuya facultad se encuentra establecida en el artículo 2º del D.S. Nº 007-2002-TR, sino, que la inspeccionada previamente a la adopción de la modificación y/o establecimiento de jornadas, horarios y turnos, entre otros de las jornadas atípicas o acumulativas, debió hacer de conocimiento al sindicato o a falta de este a los representantes de los trabajadores o en su defecto, a los trabajadores afectados, la medida a adoptarse y los motivos que la sustentan. xiv. En este sentido, la inspeccionada no acreditó los elementos señalados a fin de establecer que la modificación de la jornada de trabajo acumulativa implementada, es legítima; no obstante, sí se acreditó que la labor del ex trabajador denunciante fue en periodos que superan el límite legal establecido en el artículo 25º de la Constitución, entre otras disposiciones normativas señaladas precedentemente, puesto que se constató que las jornadas establecidas son mayores a 48 horas semanales, o de 144 horas, para un máximo de tres (3) semanas, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional; y, que no ha mediado el procedimiento legal para efectuar las modificaciones establecidas por la inspeccionada.

xv. En ese sentido y bajo a los fundamentos fácticos y jurídicos esbozados precedentemente, confirma la sanción de multa impuesta en materia de relaciones laborales, ante el incumplimiento de la materia “Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: Jornada y horario de trabajo”, por la implementación de jornadas atípicas de trabajo que supera los límites máximos permitidos, que fue declarada como insubsanable, por la imposibilidad de revertir el efecto dañoso en perjuicio del ex trabajador denunciante, quedando en este contexto advertida la culpabilidad de la inspeccionada ante las infracciones detectadas y sancionadas por el a quo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SODEXO PERÚ S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 066 -2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, señalando los siguientes alegatos:

i. Puntualiza que, se ha interpretado de forma errónea el Convenio N° 01 de la OIT, toda vez que, no se ha tenido en cuenta que dicha norma faculta a los empleadores a ejecutar este tipo de jornadas cuando los trabajos la efectúan por equipos, de acuerdo al literal c del artículo 2. ii. Que, el análisis sobre la validez de la jornada por superar las tres semanas no sería correcto, pues no existe mandato legal expreso que establezca ello, lo que existe es una obligación de respetar el promedio máximo de horas trabajadas en el periodo correspondiente. iii. Señala que, ni el artículo 25° de la Constitución y mucho menos la Ley y Reglamento de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo regulan lo expresamente citado por el intendente y evidencia un enorme grado de desidia al momento de emitir la resolución.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

iv. Considera que la resolución de intendencia, incurre en una infracción normativa, relativa a la vulneración del principio regulado en el inciso 1.2 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que consiste en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, toda vez que esta resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos carentes de sustento fáctico alguno. v. Alega una vulneración a su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 122°, inciso 1.2. del artículo N° 1 y artículo N° 6 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, pues no establece el sustento fáctico y probatorio que acredite la comisión de las infracciones imputadas. vi. Señala que la Intendencia omitió por completo mencionar el artículo 5 del Convenio N° 01 de la OIT, y en virtud de este, considera que los centros de trabajo de funcionamiento continuo sostenido por turnos de trabajo sucesivos, si existen convenios colectivos o normas estatales que establecen jornadas diarias o semanales superiores a las 8 o 48 horas respectivamente, serán plenamente válidos en tanto el promedio semanal en el periodo de tiempo correspondiente, que puede superar las 3 semanas, no exceda las 48 horas. vii. En atención a ello, argumenta que resulta válido concluir que la jornada atípica cuya duración supere las 3 semanas cuenta con respaldo constitucional, en tratados internacionales, legal y jurisprudencial, pues el artículo 25 de la Constitución Política del Perú permite la existencia de jornadas acumulativas o atípicas, siempre que el promedio de horas laboradas en el período correspondiente no supere el tope de 8 horas diarias o 48 semanales. viii. Que, no se establece tope a la duración del periodo correspondiente, por lo que podría superar las 3 semanas considerando días laborables y de descanso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

“(…) el parámetro constitucional que debe emplearse para la configuración del derecho a la jornada laboral de ocho horas diarias, conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, se desprende que9: a) Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración. b) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de trabajo que se realice. c) El establecimiento de la jornada laboral debe tener una limitación razonable. d) Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. e) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de cuarenta y ocho [sic] horas semanales, de modo que, siendo ésta la norma más protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición convencional que imponga una jornada semanal mayor; (por ejemplo, el artículo 4° del Convenio N.°1 (1919) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

“Que si bien la primera parte del fundamento 28 de la sentencia de autos constituye un límite para instaurar jornadas acumulativas, atípicas o concentradas para los trabajadores mineros, compatible con la Constitución y considerando el tipo de actividades que se realiza, en uso del precedente normativo vinculante establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, debe precisarse que tal límite también está sujeto, a su vez, a límites. En ese sentido, la limitación para restringir las jornadas atípicas o acumulativas deberá cumplir, copulativamente, las siguientes condiciones, que constituyen el test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros: a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro minero; por ejemplo, si se trata de una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de un centro de producción minera. b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el tipo de actividad minera. c) Si la empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la protección del derecho a la salud y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria. d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo físico desplegado. e) Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la diurna. Alternativamente, también podrá exigirse la siguiente condición: f) Si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de ocho horas diarias de trabajo” (fundamento jurídico 15).

9 “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

Y, a continuación, en el fundamento 16 añade:

“(…) Evidentemente, estos supuestos contribuirán a que no se afecte el artículo 4.º de la Constitución, que establece que la comunidad y el Estado protegen a la familia. De este modo, satisfechas las condiciones que tienen como razón de ser la inexcusable protección del trabajador, se permitirá que los trabajadores que tienen a sus familias alejadas de los centros mineros retornen en mejores condiciones a sus hogares, con lo cual también se disminuirán los problemas del trabajo en soledad (…)”.

“23. En consecuencia, como ya ha sido señalado por este Tribunal, en nuestro ordenamiento jurídico el papel del test de protección de la jornada máxima de trabajo minero elaborado por la jurisprudencia constitucional se encuentra vigente. Sin embargo, su aplicación en la situación de pandemia, que afecta al Perú y al mundo, debe realizarse teniendo en cuenta que se dictaron medidas gubernamentales extraordinarias para detener la propagación del virus, que tuvieron -y tienen- un gran impacto en las relaciones laborales debido, entre otros motivos, a las inmovilizaciones ciudadanas y restricciones en el transporte público y privado. Por tanto, fue necesario adoptar medidas excepcionales para que las empresas pudieran realizar sus actividades, evitando los riesgos del contagio y, a la vez, respetando el derecho al descanso de los trabajadores. En este orden de ideas, el Tribunal entiende que esas medidas sólo son aceptables en el caso que hayan sido los actores sociales -empleadores y trabajadores- quienes hayan pactado la extensión excepcional de la jornada de trabajo en forma temporal. Para la validez del acuerdo es necesario que los trabajadores hayan sido representados por uno o más sindicatos, que en su conjunto representen a la mayoría de los que se vean afectados por esas medidas. Será ésta la garantía de que se acordarán los tiempos de trabajo y de descanso de acuerdo a las circunstancias concretas de cada centro de trabajo y de cada trabajador involucrado, puesto que podrán vigilar directamente el cumplimiento de los acuerdos. Por tanto, no cabe que la autoridad administrativa de trabajo se sustituya en la autonomía colectiva, salvo que se denunciase que estos acuerdos ya cumplieron su cometido o el plazo acordado o que estuvieran generando daños a la salud mental o física, al descanso o alimentación de los trabajadores, que deban ser investigados y, de proceder, sancionados. 24. Por lo que, a juicio de este Tribunal entre las medidas adoptadas frente al riesgo de contagio por la COVID-19, la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa, por encima del máximo contemplado en la Sentencia del Tribunal Constitucional y su resolución aclaratoria, será legítima si observa los lineamientos de ese

precedente, con las precisiones detalladas en el presente acuerdo de Sala Plena del Tribunal de la SUNAFIL [sic], que se detallan a continuación [sic]. 25. Durante el contexto de las medidas de restricción a que dé lugar la prevención del contagio por COVID-19, el Sistema de Inspección del Trabajo deberá analizar casuísticamente la concurrencia de los siguientes elementos, a fin de establecer si la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa es legítima: a. El acuerdo deberá ser pactado con un sindicato que esté acreditado como organización representativa de la mayoría de los trabajadores afectados por la modificación; b. El acuerdo correspondiente deberá ser adoptado por un lapso determinado, siendo esta provisionalidad objeto del control preferente por los propios sujetos colectivos; c. Se deberá considerar la naturaleza y características del centro de trabajo, con relación a sus elementos (lejanía respecto a lugares de residencia habitual de los trabajadores, riesgos existentes en dicho centro, entre otros); La medida se deberá adoptar con sustento de seguridad y salud en el trabajo y articularse con ellas, con la validación de los órganos correspondientes en materia de prevención de riesgos y se deberá desplegar mecanismos compensatorios al desgaste físico y emocional. En este punto, deberá tomarse en cuenta las orientaciones del test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros de la resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional, en el fundamento 15 (…)” (énfasis añadido).

“35. En ese sentido, la aplicación del precedente vinculante por el que no se invalidaban per se los acuerdos colectivos que aprobaron el establecimiento de jornadas acumulativas extraordinarias, deben aplicarse rigurosamente a lapsos y contextos específicamente delimitados en cada expediente de inspección. Así, el criterio que convalida estos tipos de acuerdos se debe extender a los supuestos en donde se compruebe que, durante los meses iniciales de la pandemia, se haya tenido que acudir a medidas realmente extraordinarias para hacer frente a la rápida propagación del Coronavirus y el riesgo grave a la vida y a la salud que este implicaba; además, de las fuertes restricciones de derechos cívicos, sociales y en particular, laborales. 36. Por ende, no es viable invocar el establecimiento de una jornada acumulativa por encima del test constitucional de la jornada atípica o acumulativa en el sector minero, establecido en el Expediente N° 4635-2004-AA/TC y su aclaratoria, ni en el estado actual ni en los expedientes de fiscalización que datan de etapas en donde las condiciones referidas en los considerandos precedentes no se cumplan, tal y como se detalló en el fundamento 6.8 de la Resolución N° 123-2022-SUNAFIL/TFL, entre otras resoluciones de conocimiento de la Primera Sala de este Tribunal” (énfasis añadido).

semanas, establecido por el TC a través del precedente vinculante recaído en el Expediente Nº 4635-2004-AA/TC; el cual, también establece una excepción que permite se realicen jornadas atípicas de trabajo “mayores a las establecidas por el Tribunal Constitucional”.

Figura 01:

“Artículo 5 1. En los casos excepcionales en que se consideren inaplicables los límites señalados en el artículo 2, y únicamente en dichos casos, los convenios celebrados entre las organizaciones patronales y las organizaciones obreras, en que se fije el límite diario de las horas de trabajo basándose en un período de tiempo más largo, podrán tener fuerza de reglamento si el gobierno, al que deberán comunicarse dichos convenios, así lo decide. 2. La duración media del trabajo, calculada para el número de semanas determinado en dichos convenios, no podrá en ningún caso exceder de cuarenta y ocho horas por semana”.

10 Artículo 2 del Convenio de la OIT En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación: (a) las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza; (b) cuando, en virtud de una ley, de la costumbre o de convenios entre las organizaciones patronales y obreras (a falta de dichas organizaciones, entre los representantes de los patronos y de los obreros) la duración del trabajo de uno o varios días de la semana sea inferior a ocho horas, una disposición de la autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones o representantes supradichos, podrá autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas en los restantes días de la semana. El exceso del tiempo previsto en el presente apartado nunca podrá ser mayor de una hora diaria; (c) cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.

a través de un convenio colectivo entre el ex trabajador y su empleador, con lo cual, este argumento resulta incongruente y debe ser desestimado.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin

de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Establecer una jornada atípica de trabajo que supera los límites máximos permitidos; de conformidad a lo establecido en el literal c) del artículo 2º del Convenio Nº 01 de la OIT; el artículo 25° de la Constitución Política del Perú; los artículos 1° y 4° TUO de la Ley de Jornada de Trabajo y Horario de Trabajo; el Fundamento 29 del Exp. Nº 4635-2004-AA/TC; y, el Criterio adoptado respecto al tema Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 149-2021- SUNAFIL. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SODEXO PERÚ S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 066-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, de fecha 17 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 049-2022-SUNAFIL-IRE.MOQ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 066-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SODEXO PERÚ S.A.C., y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230823JCR