Sociedad Minera Virgen de la Asunción Sociedad Anónima Cerrada — Res. 723-2026

Mediante Orden de Inspección N° 330-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 147- 2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 148-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 17 de marzo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y 20555195444 soft

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 461-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 07 de agosto de 20231 (en adelante, el Informe Final) que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 22 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 06 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación2 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 59-2024-SUNAFIL/IRE-AQP notificada el 16 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la resolución impugnada.

Con fecha 05 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 59-2024- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, el cual, fue recibido el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la SOCIEDAD MINERA VIRGEN DE LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 59-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 19 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la SOCIEDAD MINERA VIRGEN DE LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre estas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Dentro de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado el argumento reiterativo sobre el cumplimiento de pagos realizados al trabajador afectado, señalando el desistimiento de la denuncia realizada por el trabajador afectado, y que fue comunicado a la autoridad sancionadora quien no se habría pronunciado al respecto, refiriendo que la

Sobre el particular, de la resolución impugnada se verifica que Intendencia realiza una análisis respecto de los argumentos vertidos por la impugnante en el recurso de apelación, y los hechos determinados durante la etapa inspectiva, así como los argumentos y documentos presentados dentro del procedimiento administrativo sancionador, determinando que correspondía al sujeto responsable el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales advertidas durante las actuaciones inspectivas; ello, atendiendo que durante el desarrollo del procedimiento sancionador no se logró desvirtuar las imputaciones atribuidas por el inspector comisionado.

Al respecto, ésta Sala ha podido corroborar de las resoluciones emitidas por las instancias previas, que contrario a lo señalado por la impugnante, se ha merituado el desistimiento presentado por el trabajador, determinándose que dicho documento no da certeza del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, en tanto no contiene la individualización de los montos adeudados y los conceptos pagados al trabajador afectado; sumado a que éste data del 07 de marzo de 2022, con anterioridad a la culminación de las actuaciones inspectivas donde reiteradas veces se le solicitó acredite la inobservancia advertida; además de señalarse que la solicitud de desistimiento no implica la culminación de la actividad de fiscalización, y por ende el procedimiento sancionador.

Sobre el particular, es preciso indicar que la SUNAFIL como Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo, de acuerdo al Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus órganos desconcentrados ejerce la competencia en materia inspectiva y sancionadora a nivel nacional, en mérito al artículo 19 de la LGIT; manteniendo como rol principal: promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, y mediante Resolución de Superintendencia N° 61-2019-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 2019, se resuelve crear el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Investigación del Trabajo de la Superintendencia de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”; el mismo que aprobó los criterios adoptados mediante Resolución de Superintendencia N° 154-2019-SUNAFIL, de fecha 08 de mayo de 2019 creado, que establecen en el Tema N° 03 “Efectos del desistimiento del denunciante”:

En ese sentido, la autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. En ese sentido, corresponde a la administración pública, garantizar el reconocimiento de los beneficios laborales, más aún si, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales; el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador; así como se debe respetar el carácter de derechos irrenunciables e indisponibles y reconocidos constitucionalmente, conforme a los artículos 23, 24 y el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, la SUNAFIL tiene como finalidad el promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral; rol que el Estado ha considerado a SUNAFIL para supervigilar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, por lo que debemos señalar que el interés público o general se constituye en garantía de los intereses individuales y de los colectivos simultáneamente, y se concreta en normas protectoras de bienes jurídicos diversos que imponen límites a la actuación pública y privada; por ellos que este concepto abstracto cuya aplicación a casos concretos ha de determinarse y transformarse en decisiones jurídicas que permitan proteger derechos sustanciales que son irrenunciables, debido que se tratan de derechos indisponibles, como por ejemplo, el seguro social, la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, entre otros; frente a lo mencionado, el desistimiento de una pretensión no implica necesariamente que la administración pública no continúe con el procedimiento administrativo sancionador, consecuentemente, la solicitud de desistimiento presentada por el ex trabajador no tiene efectos jurídicos frente a la administración pública; consecuentemente, no configura un medio de prueba suficiente para acreditar el cumplimiento de las infracciones imputadas, pues al no acreditarse los presuntos pagos efectuados con documentos adicionales existe la incertidumbre de que éstos fueron realizados en la realidad de hechos.

Asimismo, debe considerarse que la impugnante, durante la tramitación del procedimiento sancionador ha tenido la oportunidad de desvirtuar las imputaciones realizadas a través de la presentación de medios de prueba que evidencien de manera indubitable el cumplimiento de las obligaciones; situación que no se advierte, tanto de los descargos efectuados y de los recursos impugnatorios presentados, por lo que, no amparamos el recurso de revisión en este extremo.

La impugnante ha señalado que en el acta de infracción se ha incurrido en una suerte de arbitrariedad y abuso de poder, pues no se ha considerado el cumplimiento de las obligaciones, cuestionando los conceptos y montos determinados en los numerales 4.5.1. al 4.5.3. del acta de infracción; al respecto resulta preciso señalar que el literal b) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, dispone “b) Para el inicio de la fase instructora, el instructor debe revisar que el contenido del acta de infracción se encuentre conforme a lo establecido en los literales a), b), e), f), g), h) e i) del artículo 54. De advertir el incumplimiento de alguno de los requisitos, cuando sean subsanables, se requiere al inspector o inspectores responsables efectuar la subsanación pertinente. De ser insubsanable, el instructor archiva los actuados y comunica a la autoridad competente la adopción de las medidas correspondientes. Esta decisión se comunica al administrado”. (énfasis añadido).

Asimismo, los literales a), b), e), f), g), h) e i) del artículo 54 del RLGIT, nominados en el considerando precedente, establecen lo siguiente:

Del mismo modo, la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo, de fecha 29 de agosto de 2017 10, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017 SUNAFIL, dispone en el literal c del punto 7.1.2.2. lo siguiente:

En atención a lo señalado, cabe precisar que, de la revisión de los actuados se advierte que en mérito a la información presentada por el sujeto inspeccionado como respuesta a los requerimientos de información de fecha 25 de febrero de 2022, 03 de marzo de 2022 y 09 de marzo de 2022, el inspector de trabajo determinó la existencia de incumplimientos a las normas sociolaborales, situación por la que emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 de marzo de 2022, la misma que no fue atendida por el sujeto inspeccionado; en dicho sentido, si a la emisión de la medida inspectiva ya se había advertido la existencia de incumplimientos, y no se logró contar con nuevos elementos probatorios para su valoración, el inspector comisionado realiza la propuesta de sanción en base a los hechos constatados inicialmente.

Siendo así, al revisarse el Acta de infracción, se advierte que su contenido se encuentra relacionado con las actuaciones realizadas por el inspector de trabajo en el marco de las facultades atribuidas por la LGIT, no verificando además la omisión de algún requisito formal, que conlleve a su subsanación; situación que advierte que el acta de infracción ha sido emitida dentro de los parámetros legales establecidos, descartando que la propuesta de sanción por parte del inspector haya sido realizada de manera arbitraria y antojadiza como señala la impugnante; por lo tanto, si se contaba con cuestionamientos respecto de los conceptos y montos determinados como no pagados, correspondía éstos sean desvirtuados durante el desarrollo del procedimiento sancionador; en dicho sentido, el argumento vertido al respecto no resulta amparable.

De conformidad con lo establecido el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden

Por su parte, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así tenemos que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS)11. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión a consideración de esta Sala atenta contra el Principio de Razonabilidad12.

En el presente caso, de la revisión de las actuaciones inspectivas se evidencia que, la medida inspectiva de requerimiento emitida el 25 de marzo de 2022, ordenó a la recurrente que cumpla, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, la adopción de las siguientes medidas que permitan:

Sin embargo, de la lectura del numeral 4.6. del apartado IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, se advierte que el inspector interviniente dejó constancia de que el sujeto inspeccionado no dió cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, configurándose una infracción a la labor inspectiva.

Resulta importante precisar que, este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 001- 2021 SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “Los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST que se detecten.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022

Del análisis efectuado por esta Sala, se advierte que la medida de requerimiento emitida por el inspector comisionado resulta conforme al principio de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que se sustenta en hechos previamente constatados y debidamente motivados por la autoridad inspectiva, que acreditan el incumplimiento del pago de los conceptos en ella requeridos, obligaciones previstas en la normativa laboral vigente. Además, se ha especificado en la misma el tipo infractor propuesto para cada una de las conductas constatadas.

Siendo así, de la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, el Inspector comisionado realizó una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.213 del RLGIT, en tanto, habiendo verificado la existencia de diversas infracciones al ordenamiento sociolaboral de naturaleza subsanable, ordenó la adopción de medidas destinadas a su corrección, sustentando de manera expresa la configuración de dichas

De igual modo, se cumple el principio de razonabilidad al haberse emitido un mandato claro, delimitado y posible de ejecutar, individualizando al único trabajador afectado y especificando de forma precisa las obligaciones a acreditar, así como el medio y el plazo para ello. Finalmente, el principio de proporcionalidad se encuentra satisfecho, pues la medida es idónea para alcanzar el fin legítimo de restituir la legalidad sociolaboral, necesaria por no existir una alternativa menos gravosa con igual eficacia, y proporcional en sentido estricto, al otorgarse un plazo de tres (03) días hábiles acorde con la magnitud y alcance de la documentación requerida. Por tanto, se advierte que la medida inspectiva de requerimiento se encuentra correctamente emitida.

Cabe precisarse que la medida inspectiva de requerimiento no se agota en la sola presentación de documentos por parte del sujeto inspeccionado, sino que estos deben encontrarse, debidamente, sustentados en lo ordenado expresamente por la autoridad inspectiva; en dicho sentido, al verificarse de las actuaciones inspectivas que el sujeto responsable no cumplió con los mandatos requeridos, se configura una infracción a la labor inspectiva, la misma que corresponde ser sancionada.

Respecto a la presunta vulneración de los principios de razonabilidad, presunción de veracidad, verdad material y proporcionalidad, la falta de valoración de los documentos y alegatos expuestos. Se debe precisar que, la impugnante recurre a la invocación de los referidos principios y normas de manera genérica, sin establecer la relación de la supuesta vulneración alegada y la infracción objeto de análisis o lo desarrollado en autos. Sin perjuicio de ello, debemos tener en cuenta que, respecto a la infracción muy grave analizada, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, se ha verificado que en esta se ha cumplido con el principio de legalidad; de igual manera, no se advierte la vulneración de los principios invocados por la impugnante, corroborándose que los pronunciamientos emitidos por las instancias previas comprenden el análisis de los alegatos de la impugnante y los documentos que obran en autos. En dicho sentido, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

De la revisión de la Imputación de Cargos N° 148-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 17 de marzo de 2023, se puede advertir que la autoridad instructora, de conformidad con el sub numeral 7.1.2.7 de la Directiva 001-2017-SUNAFIL/INII14 y la Resolución de

En ese sentido, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En dicho contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo con el artículo VII del Código Procesal Constitucional16. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material17.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido).

Del expediente se advierte la imposición de la sanción por la comisión de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, al no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto al pago de vacaciones truncas del periodo laborado por el ex trabajador.

Sobre el particular, el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713 regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, disponiendo que el trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios; además, dicho derecho está condicionado al cumplimiento de un récord conforme a la jornada semanal. Asimismo, en su artículo 12 establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

Por su parte, el artículo 22 del Decreto Legislativo N.º 713 prevé que, en caso de cese antes de cumplir el año completo de servicios, el trabajador tiene derecho a una compensación por el récord trunco, la cual debe calcularse a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días efectivamente laborados, respectivamente. Siendo así, el pago de vacaciones truncas constituye una obligación independiente al otorgamiento del descanso vacacional, pues se determina por un supuesto distinto el cese del vínculo laboral sin que se haya generado aún el derecho al goce del descanso físico anual.

Como se ha señalado previamente, en la resolución de sanción se determinó el incumplimiento del pago íntegro de la remuneración vacacional trunca, imputando la conducta de acuerdo a lo previsto en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, conforme la adecuación del tipo infractor realizado por el órgano instructor en la Imputación de Cargos N° 148-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, bajo el sustento que, de conformidad con la Resolución de Superintendencia N° 154-2019-SUNAFIL, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relacionadas al descanso vacacional constituye infracción muy grave en materia de relaciones laborales de acuerdo con lo estipulado en el numeral 25.6 del artículo 25° del

De los actuados se advierte que, al momento de imponer sanción, no se ha evaluado que, en el presente caso, nos encontramos ante un incumplimiento por no acreditar el pago íntegro de vacaciones truncas, no se ha observado si el ex trabajador había alcanzado el derecho de descanso vacacional anual, confundiéndose la omisión del pago de las vacaciones con la omisión de otorgamiento del descanso vacacional, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas. Tan es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional; sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones truncas. Mientras que, para el segundo, el trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho al descanso vacacional; y, a pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto último que no se desprende de los hechos constatados por el inspector comisionado.

Sobre el particular cabe precisar, que este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 008-2025 SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, ha delimitado la infracción aplicable por el incumplimiento en el pago de vacaciones truncas, habiéndose precisando lo siguiente:

En ese sentido, considerando lo antes señalado, no se evidencia que la infracción imputada se ajuste al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, en tanto se atribuye a la impugnante el hecho de no acreditar el pago íntegro de las vacaciones truncas, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general”. (énfasis añadido). Sin embargo, el comisionado determinó que la conducta sancionada es por no cumplir con el pago de dicho concepto.

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos. En esa línea de razonamiento, se advierte que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación.

Si bien la Sub Intendencia de Sanción mediante la resolución de sanción hace un análisis de la infracción imputada, no se advierte que haya efectuado la motivación correspondiente respecto del supuesto antes señalado, resultando de vital importancia dicho análisis para la correcta determinación de la configuración de la infracción imputada. Por lo que la Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP en dicho extremo, incurre en una falta de motivación y análisis de las actuaciones inspectivas, vulnerando el debido procedimiento.

En ese entendido, es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho, y valorando los medios probatorios presentados y actuados; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura, puesto que la Sub Intendencia de Sanción no ha efectuado el análisis de validez de las actuaciones inspectivas, referente a la correcta tipificación de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las vacaciones truncas. Por lo que se advierte que su decisión, en dicho extremo, carece de sustento jurídico exigido.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia de Sanción, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos y lo actuado en la fase inspectiva, respecto al extremo antes señalado.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° N° 984-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 59- 2024-SUNAFIL/IRE-AQP, incurre en vicio de nulidad parcial y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independizables para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad18. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente valido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, en el extremo referido a la infracción contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.219 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Es preciso señalar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo20.

Por tanto, subsisten los extremos de la Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, y de la Resolución de Intendencia N° 59-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, no vinculados a la causal de nulidad parcial antes señalada. En consecuencia, conforme a lo expuesto precedentemente, se confirma la sanción a la impugnante por la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, no siendo alcanzada por la nulidad parcial declarada, manteniéndose los extremos de dichos actos u actuaciones vinculadas a la misma, inalterables, en virtud a que se ha determinado plenamente la responsabilidad de la impugnante, analizado hasta este extremo.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad parcial; esto es, al momento de la emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos de que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo referido a la infracción contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 984-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 22 de setiembre de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo. Por lo que dicho extremo de la resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación, respecto al extremo señalado.

En consecuencia, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos de que —de ser el caso— procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.