Sociedad Minera el Brocal S.A.A — Res. 897-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el trabajo (Sub materia: Cuadro de categorías y funciones y/o política salarial; Deber de informar sobre la política salarial o remunerativa implementada; y, En la remuneración). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

medida inspectiva de requerimiento notificada el 11 de agosto de 20222; en atención a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Huaraucaca, por supuestos actos de discriminación remunerativa.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en discriminación del trabajador directa o indirecta, en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones, por motivos de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus hiv o de cualquier otra índole, siendo afectados ciento cincuenta y siete (157) trabajadores, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 97,842.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento en forma total, notificada con fecha 11 de agosto de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 65,228.00. 1.4 Con fecha 28 de noviembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 111-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, argumentando lo siguiente:

i. Refieren que la resolución de Sub Intendencia es nula por contravenir principios ordenadores del procedimiento administrativo, ya que se advierten vicios por parte de la autoridad instructora al momento de formular la propuesta de multa; la misma que resulta deficiente por falta de motivación respecto a la falta de pronunciamiento sobre la evaluación de los argumentos desarrollados, por lo cual, se ha incurrido en un vicio grave a la motivación, hecho que constituye un ejercicio arbitrario e irrazonable, y vulnera derechos fundamentales que le asisten a todo empleador en su condición de administrado; por tanto, reiteran la motivación aparente que no cuenta con sustento mínimo para arribar a la conclusión de que se ha producido un acto de discriminación remunerativa entre los trabajadores.

2 Véase folio 341 del expediente inspectivo.

ii. Alegan que se advierte la ausencia del análisis específico del cual se arriba a la conclusión de las razones por las que los trabajadores ingresantes en periodos de tiempos posteriores que deben recibir la misma remuneración que los primeros o algún motivo o trato desigual o arbitrario, basado en algún tipo prohibido como sexo, raza, edad, para que se configure el supuesto de discriminación. iii. Sostienen que no se está ante un supuesto de discriminación remunerativa; toda vez que no todos los trabajadores que ocupen el mismo puesto, ameritan tener el mismo sueldo, pues se debe atender a otros criterios plenamente objetivos como la trayectoria, experiencia laboral, calidad de desempeño en las funciones, entre otras; dichas particularidades son tomadas en cuenta para establecer los sueldos del personal de la empresa y esa distinción basada en dichos motivos objetivos, no se considera como un acto de discriminación, al no ser un acto arbitrario. En efecto, precisan que no cualquier acto de diferenciación constituye un supuesto de discriminación, pues este supuesto solo se presenta cuando se está ante una desigualdad que no es razonable ni proporcional, tal como ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 03461-2010-PA/TC y la Casación N° 20121-2016-Lima, que mantiene el mismo criterio y de forma específica. iv. Arguye que la trayectoria laboral es un criterio básico de diferenciación, reconocido a nivel administrativo por el Tribunal de Fiscalización Laboral-Primera Sala, en la Resolución N° 103-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sobre los criterios de discriminación, criterio que es ratificado en la Resolución N° 269-2021-SUNAFIL/TFL- Primera sala, cuyo argumento a saber e identificar cuáles son los criterios objetivos y razonables que justificarían una diferenciación salarial no discriminatoria. v. Indican que se encuentran ante una serie de supuestos que justifican la existencia de diferencias entre la remuneración percibida por los trabajadores supuestamente discriminados respecto a la remuneración que perciben los trabajadores que ocupan el puesto de trabajo de Ayudante de Topografía Mina, sobre la diferenciación distinta de remuneraciones entre los trabajadores Adolfo Max Mauricio Salcedo y Waldir Nilton Flores Alvarado, quien evidentemente percibe un jornal de S/ 119.99, mayor al de los otros trabajadores debido a su antigüedad en la empresa, con un aproximado de 10 años de servicio, antes que los demás trabajadores que ocupan el cargo de Ayudante de Topografía – Mina, quedando claro que no existe discriminación alguna respecto de dicho puesto de trabajo. vi. Asimismo, respecto a los distintos puestos como de Ayudante de Operador de Molinos, Electricidad de Mina, Electricidad II, Electricista Liniero, Ensayador, Mecánico, Mecánico Soldador I, Monitor SSOMA, Muestreo III, Operador de Aguas y Relaves, Operador de Central Hidroeléctrica, Operador de Flotación, Operador de Molinos, Operador de Equipos Pesados, Operador de Filtro Prensa, Operador Lubricador, Operador de Laboratorio Metalúrgico, perteneciente al frente de labores de la Planta Concentradora

Minero Metalúrgica, manifiestan que, el inspector aparentemente habría sostenido que existe discriminación hacia los trabajadores que ocupan dichos puestos, en la cual se advierte la antigüedad en todos los puestos, por lo que, queda claro que la antigüedad en dicho puesto de trabajo implica un jornal mayor al de los demás trabajadores que ocupan el mismo puesto. vii. Del mismo modo, señala que no existiría discriminación, respecto a la remuneración percibida entre los trabajadores que ocupan el mismo puesto de trabajo, dado que la diferencia remunerativa se debe a la evaluación de desempeño favorable en comparación a otros compañeros de labores, por lo que, la diferenciación se fundamenta en la antigüedad laboral de cada uno de los trabajadores. viii. Por último, con relación del incumplimiento de la medida de requerimiento, por no acreditar la categorización de la remuneración básica de los trabajadores comprendidos, se observa que se ha incurrido en una grave afectación al principio de non bis in ídem, pues están siendo sancionados por los mismos hechos de distintas formas. En ese contexto, manifiestan que no es posible que la conducta infractora implique la imposición de otra multa adicional por incumplir con la medida de requerimiento, pues ello implica sancionarlos por no haber cumplido con la adopción de la medida de requerimiento, relacionada a no contar con la categorización de las remuneraciones básicas de los trabajadores, y a su vez impone una sanción independientemente por discriminación remunerativa. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 002-2023-SUNAFIL/IRE-PAS3, de fecha 05 de enero de 20234, la Intendencia Regional de Pasco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar que:

i. Sobre la prohibición de la discriminación salarial, se advierte que la inspeccionada realizo actos discriminatorios en materia remunerativa entre sus trabajadores, quienes ocupan diferentes puestos de trabajo en la Planta Concentradora Minero Metalúrgico; sin embargo, unos perciben montos inferiores en comparación a otros, pese a que tienen el mismo puesto y la misma categoría. ii. Que, el inspector comisionado ha constatado que, dicha diferenciación se encuentra acreditada pese a las justificaciones que el inspeccionado ha manifestado en sus descargos, bajo al argumento que la diferencia salarial de unos con los otros se debe a la antigüedad volcada en la experiencia, trayectoria, perfil académico. Sin embargo, esas justificaciones legales contravienen lo señalado por la doctrina, en tanto que, la regla es que la ley prohíbe pagar una remuneración menor que la que percibe una persona cuando ambos realizan trabajo que requiere la misma habilidad, esfuerzo, responsabilidad y que son ejecutadas en el mismo establecimiento bajo similares condiciones. iii. Que, el inspector comisionado constato, a través de la documentación exhibida por la inspeccionada, un trato diferenciado entre sus trabajadores, que permite justificar de manera razonable y objetiva la diferenciación respecto al pago de sus remuneraciones en comparación con los demás trabajadores, también la autoridad inspectiva constató que la inspeccionada no cuenta con instrumentos documentarios de una política remunerativa, con estructura de remuneraciones, ni perfiles de puestos de trabajo; por lo tanto, la diferenciación remunerativa, amparándose en causas prohibidas, atenta el derecho fundamental a la remuneración y equidad salarial.

3 Mediante la Resolución de Intendencia N° 075-2024-SUNAFIL/IRE-PAS de fecha 27 de setiembre de 2024, se dispuso la rectificación de error material correspondiente a la numeración de la resolución de intendencia y el numeral 1.3. sobre la resolución apelada. 4 Notificada el 09 de enero de 2023. Véase folio 148 del expediente sancionador.

iv. Respecto de la infracción a la labor inspectiva por el incumplimiento de la medida de requerimiento, se tiene que, pese a todas las oportunidades que el sujeto inspeccionado ha tenido para que pueda adoptar medidas de cumplimiento en materia sociolaboral y acreditar documentalmente la categorización de la remuneración básica de los recurrentes, no lo hizo; por lo que, la conducta califica como una obstrucción a la labor inspectiva

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 002-2023-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el artículo 22 de la LGIT, en tanto que, los inspectores de trabajo y los equipos de inspección especializados ejercerán sus funciones en el ámbito

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

territorial al que extienda su competencia el órgano territorial de la Inspección del Trabajo de su destino, lo que no se ha aplicado en el presente caso, toda vez que, de la revisión de los datos del Inspector a cargo de todo el procedimiento inspectivo, el señor Juan Ricardo Flores Zamudio, se advierte que él mismo desarrolla inspecciones en el espacio geográfico de Pasco, cuando éste se encontraba adscrito a la Intendencia Regional de Junín. No obstante, como consta del Portal de SUNAFIL, en la Identificación Virtual de Inspectores, dicho inspector forma parte de la intendencia Regional de Junín; por lo que, no puede realizar actuaciones como las desarrolladas en un espacio que compete a la Intendencia Regional de Pasco. ii. Señalan que lo mismo, se acredita con la Resolución Sub Directoral Administrativa N° 200- 2021-GRJ/ORAF/ORH, de fecha 28 de junio de 2021, en la cual se resuelve, cesar con eficacia al 19 de diciembre de 2020 al referido inspector, a efectos de que incorpore a la Intendencia Regional de Junín. Por otro lado, advierten que el centro de trabajo se ubica en Pasco, tal como se ha dejado constancia en el Acta de Infracción; asimismo, señalan que no se ha dado cuenta de documento alguno que faculte a un inspector de una Intendencia Regional distinta, a efectuar actuaciones inspectivas, sobre todo, desarrollar todo un procedimiento inspectivo e incluso emitir un Acta de Infracción. iii. Sostienen que se ha aplicado indebidamente el artículo 17.2 del RLGIT, en tanto que, no correspondía en el presente procedimiento, emitir una medida de requerimiento, en base a que no han incurrido en incumplimiento alguno, a la normativa sociolaboral; asimismo, señalan que, al momento de la emisión de la medida de requerimiento, los inspectores no habían comprobado la comisión de ninguna infracción. iv. Observan que, la lógica de los inspectores ha sido limitarse a concluir que existiría una discriminación remunerativa en la medida en la que no han equiparado las remuneraciones de sus trabajadores que tienen los mismos puestos; sin embargo, no han efectuado ejercicio de comprobación alguno dirigido a verificar la existencia real y concreta de un supuesto de discriminación. Precisan que, basta leer el Acta de Infracción para observar que no se ha cumplido mínimamente con el requisito esencial que señala la norma; comprobar la existencia de infracción como presupuesto para emitir una medida de requerimiento. Al respecto, solicitan tener en cuenta la Casación Laboral N° 20121-2016. v. Manifiestan que, esta situación se genera solo por la falta de precisión de la imputación de Acta de Infracción, falta de identificación de pares, y, sobre todo, porque no se ha efectuado un real esfuerzo de comparación de parte de los inspectores, lo que los coloca en una situación de indefensión y grave vulneración al debido procedimiento; precisando además que, no ha existido una real comprobación de la supuesta discriminación que diera lugar, conforme a derecho, a la emisión de una medida de requerimiento. vi. Por otro lado, alegan que, se ha inaplicado el artículo IV, inciso 1.2 del TUO de la LPAG, en tanto que, se ha inaplicado el debido procedimiento, debido a que la Resolución de Intendencia no cumple con el requisito de motivación por las que considera que han incurrido en infracción por la conducta prevista en el inciso 25.17 del artículo 25 del RLGIT, razón por la cual es nula de pleno derecho; estando a que, concluye, sin mayor razonamiento que, ha existido discriminación. vii. Presumen que ello se sustentaría en el hecho que estas personas tienen la misma denominación de puesto, pero lo cierto es que los inspectores en ningún extremo del Acta de infracción han explicado ello, tampoco lo ha efectuado la Autoridad Instructora, ni la Sub Intendencia, que se han limitado a convalidar el pronunciamiento anterior, sin exponer mayores fundamentos ni precisiones y que solicitaron expresamente en sus distintos descargos. viii. Advirtieron la presencia de este vicio ante la Sub Intendencia; sin embargo, ésta, lejos de corregir tal vicio, ha incurrido en uno mayor, agravando la situación de defensa; este acto finalmente ha sido convalidado por la Intendencia que -introduciendo un desarrollo

distinto y no considerado en el Acta de Infracción, en base a la cual se inicia el procedimiento sancionador- agrega mayores elementos que no han sido objeto de defensa. ix. Precisan que, al haber hecho una revisión de la Resolución de Sub Intendencia, advierten que la misma se toma 14 páginas a fin de resumir los fundamentos de sus descargos; sin embargo, la Sub Intendencia, no ha emitido pronunciamiento alguno sea para rechazar la defensa o para señalar que la misma no resulta suficiente por algún motivo debidamente explicado. Por el contrario, observan que se hace un desarrollo jurídico en los fundamentos 83 al 93, el cual no difiere de lo señalado; por lo que, se advierte un desarrollo doctrinario, consignando como única respuesta que, “luego de la evaluación de los actuados, advierten que, en relación a la remuneración del trabajador, el empleador a efectuado sin sustento alguno, esto es, sin tener un criterio de razonabilidad, por lo que, esta genera una desventaja respecto del trabajador afectado”, lo que constituye una motivación aparente. x. Reiteran que, se ha incurrido en un vicio de motivación, que se ha denunciado respecto de los pronunciamientos anteriores, por lo que, se hace aún más grave el vicio, pues la misma Sub Intendencia señala que han pedido más de una vez el esclarecimiento de las imputaciones y que han formulado su defensa, a partir de lo que se presume, pero que no ha sido explicado en ningún momento. Cuestionan que se resuelva la causa indicando solo que existe discriminación, cuando no se han evaluado los argumentos y medios de prueba acompañados, señalan que se hace un ejercicio arbitrario e irrazonable, debiendo sancionarse con nulidad. xi. Aducen que, en el presente caso se incurre en un vicio de motivación aparente, pues no solo se cuenta con un sustento mínimo para arribar a la conclusión de que se ha producido un acto de discriminación remunerativa entre los trabajadores detallados, sino que tampoco se ha dado respuesta a la defensa; solo se menciona que hay discriminación entre los trabajadores comprendidos, sin señalar cuál sería la supuesta discriminación; no se ha efectuado tal ejercicio básico y necesario para poder formular su defensa. xii. Señalan que, ni siquiera se ha establecido cuál es el trato considerado desigual o arbitrario, basado en algún motivo prohibido (sexo, raza, edad, etc.) para que se configure la supuesta discriminación; ni se ha desarrollado de qué modo trabajadores que son supuestos de hechos disimiles, pueden ser base de una alegada discriminación. xiii. Advierten la ausencia de análisis específico por el cual se arribe a la conclusión de las razones por las que, trabajadores ingresantes en periodos de tiempo posteriores a ciertos trabajadores, deben percibir exactamente la misma remuneración que los primeros e incluso, si dicha diferencia remunerativa sería la discriminación advertida, lo que incurre en vicio de nulidad por defectos de motivación. xiv. Manifiestan que existe un cambio en los fundamentos de la imputación, pues según la Sub Intendencia, existiría una discriminación remunerativa en la medida en la que no han equiparado las remuneraciones de sus trabajadores que tienen los mismos puestos; sin embargo, en el fundamento 4.23 de la Resolución de Intendencia, la autoridad se aleja de los criterios sostenidos por el Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Tribunal de

Fiscalización Laboral, en tanto que, sostiene que, no puede haber casos de personas que tengan el mismo puesto (y por tanto desarrollen la misma función), y ganen distinto. xv. Refieren que, más allá que se hayan producido manifiestos vicios en el procedimiento, pues se ha propuesto la imposición de sanciones en base a normativa y criterios que no resultan aplicables, lo cierto es que cumplieron con todas sus obligaciones en materia laboral, no existiendo ningún supuesto de discriminación, pues esta figura solo puede presentarse cuando existe una diferenciación basada en motivos prohibidos (sexo, raza, religión, condición social, etc.); tampoco ha existido una afectación a la igualdad salarial, pues no se esta ante supuestos de hechos idénticos, en tanto que, al listar al personal afectado se señala sus fechas de ingreso y estas son disímiles; así como existen otros criterios que no han sido corroborados o evaluados por los inspectores, quienes solo se basan en la denominación del cargo. xvi. Cuestionan el vicio insubsanable al derecho a la debida motivación de las resoluciones y un ataque al derecho a la prueba, pues se ha dejado de lado la evidencia presentada como boletas, evaluaciones de desempeño, certificaciones de los trabajadores, y demás, en base a las cuales explicaban las diferencias existentes entre los trabajadores y que justifican un ingreso distinto pese a realizar las mismas labores. xvii. Asimismo, respecto a los distintos puestos como de Ayudante de Topografía Mina, Ayudante de Operador de Molinos, Electricidad de Mina, Electricista II, Electricista Liniero, Ensayador, Mecánico, Mecánico Soldador I, Monitor SSOMA, Muestreo III, Operador de Aguas y Relaves, Operador de Central Hidroeléctrica, Operador de Chancado, Operador de Flotación, Operador de Molinos, Operador de Equipo Pesado, Operador de Filtro Prensa, Operador Lubricador, Operador de Laboratorio Metalúrgico, perteneciente al frente de labores de la Planta Concentradora Minero Metalúrgica, manifiestan que, el inspector aparentemente habría sostenido que existe discriminación hacia los trabajadores que ocupan dichos puestos, en la cual se advierte la antigüedad en todos los puestos, por lo que, queda claro que la antigüedad en dicho puesto de trabajo implica un jornal mayor al de los demás trabajadores que ocupan el mismo puesto. Del mismo modo, señala que no existiría discriminación, respecto a la remuneración percibida entre los trabajadores que ocupan el mismo puesto de trabajo, dado que la diferencia remunerativa se debe a la evaluación de desempeño favorable en comparación a otros compañeros de labores, por lo que, la diferenciación se fundamente en la antigüedad laboral de cada uno de los trabajadores. xviii. Por otro lado, alegan que, se ha inaplicado el artículo 248 del numeral 11 del TUO de la LPAG, en tanto que, se afecta el principio de legalidad non bis in ídem, toda vez que se propone una multa por el mismo concepto dos veces; primero por no haber cumplido con la adopción de la medida de requerimiento (relacionada a no acreditar contar con la categorización de las remuneraciones básicas de los trabajadores), y luego por discriminación remunerativa (por no contar con una categorización de las remuneraciones básicas de los trabajadores); lo que no solo implica pagar una multa mayor a la que corresponde, sino que afecta el derecho a la solicitud de reducción de multa, y finalmente se afecta la finalidad de la inspección, la misma que es imponer sanciones económicas, sino orientar al administrado en procura del cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3)

del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del PERU, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material12 (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”14(énfasis añadido).

De la debida motivación y los actos de discriminación

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 13 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 14 El subrayado no es del original.

“Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”.

“el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”.

cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

15Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

afecten. Asimismo, la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo y la regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

16 Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 17 Ocampo Vásquez, Fernando. (2011) “EL Principio de Razonabilidad como limite a la tipificación reglamentaria de los Organismos Reguladores”. En Ius et veritas núm. 42, pág. 2 18 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ibidem. Página 408.

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso”21.

19 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Séptima Edición actualizada. Buenos Aires, 2002. p. 12 20 Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Loc. Cit. 21 Exp. No. 2192-2004-AA/TC.

Relación de trabajadores; y, Política Salarial, se ha verificado que el sujeto inspeccionado incurrió en discriminación salarial, respecto a ciento cincuenta y siete (157) trabajadores (…)”.

Figura 1:

Figura 2:

Figura 3:

Figura 4:

Figura 5:

Figura 6:

limitándose el acta al relato mínimo y genérico de hechos para sostener la imputación referida a la discriminación remunerativa, sin que se establezca una correcta subsunción de la conducta imputada en el tipo legal atribuido.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis añadido)

artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 111- 2022-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, de fecha 04 de noviembre de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Pasco; y nulos también los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 076-2022-SUNAFIL/IRE-PAS.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 111-2022-SUNAFIL/IRE- SISA-PAS, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Pasco y a la Gerencia General de SUNAFIL, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.64. de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A., y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240925MCR - HR 195484-2021