Sociedad Minera Corona S.A — Res. 903-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos, incluye todas). EXPEDIENTE SANCIONADOR : 214-2022-SUNAFIL/IRE-LIM

PROCEDENCIA : INTENDENCIA REGIONAL DE LIMA

IMPUGNANTE : SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

ACTO IMPUGNADO : RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 005-2023- SUNAFIL/IRE-LIM

MATERIA : LABOR INSPECTIVA

20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no permitir el ingreso al centro de trabajo de los inspectores comisionados en la visita inspectiva de fecha 25 de enero de 2022, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT.

i) Respecto a la nueva prueba aportada, consistente en el correo electrónico de fecha 14 de enero de 2022, que se ha transgredido los principios de presunción de buena fe procedimental, presunción de licitud y presunción de veracidad, toda vez que, los representantes de Corona sí fueron convocados por la Autoridad a participar de una diligencia inspectiva en dicha fecha. ii) Qu, en dicha reunión, el señor Soto consultó a los representantes de Corona si existía algún protocolo para el ingreso a la Unidad Minera considerando el contexto de emergencia sanitaria, siendo que nuestros representantes le indicaron expresamente respecto a las medidas preventivas previas al ingreso del personal y de visitas aplicadas por la Compañía, dado el incremento desproporcionado de casos positivos de Covid-19 (tercera ola), conforme hemos acreditado a lo largo del presente procedimiento. iii) Ahora bien, en el supuesto -absolutamente negado- de que el señor Soto no haya preguntado a los representantes de Corona en la reunión del 17 de enero de 2022 sobre el protocolo que se venía aplicando a consecuencia de la emergencia sanitaria, estaríamos ante una omisión negligente atribuible únicamente a dicho funcionario, quien días después de trasladó a la unidad minera sin haber siquiera indagado sobre las reglas de seguridad y salubridad que aplicaba la Compañía como cualquier otra empresa minera lo veía haciendo. iv) Que, la Compañía registró el Plan COVID ante las autoridades correspondientes. En este sentido, considerando que el Plan COVID de Corona constituye

documentación que las entidades de la Administración Pública poseen, incluidos el Ministerio de Salud y la Sunafil, reiteramos que constituye una transgresión a los principios rectores del procedimiento administrativo que la Autoridad pretenda fundamentar la sanción impuesta a Corona en el supuesto desconocimiento de las disposiciones previstas en el Plan COVID por parte de los Inspectores de Trabajo que realizaron la visita inspectiva el 25 de enero de 2022. v) En efecto, no puede la Autoridad desconocer el correcto registro del Plan COVID por el simple hecho de que la Compañía incluyó como destinatarios del correo remitido, además, a diversos funcionarios de la empresa y al correo de mesa de partes virtual del MINSA, pues dicho criterio resulta a todas luces arbitrario, irrazonable e ilegal. vi) Reiteramos que lo único que el personal de Corona solicitó a la Autoridad Inspectiva en su primera visita del 25 de enero de 2022 (que motivó la presunta infracción) fue que, considerando el incremento desproporcionado de casos positivos de Covid-19 a nivel nacional (tercera ola), nos presenten el resultado negativo de una prueba de antígenos y de una prueba molecular (rt-PCR) de Covid-19, en aplicación de los protocolos previstos en el Plan Covid-19, los cuales eran conocidos por los Inspectores de Trabajo, conforme señalamos en los puntos precedentes (…) el único motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la visita el 25 de enero de 2022 fue porque los inspectores no cumplieron con los protocolos de salubridad requeridos para el ingreso a la unidad minera Yauricocha que -reiteramos- fueron puestos en su conocimiento con una semana de anticipación, el 17 de enero de 2022. Igualmente, reiteramos que la Autoridad Inspectiva tampoco consideró las disposiciones previstas en la versión 3 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencias del Coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional. vii) Al respecto, es importante considerar el criterio desarrollado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en las Resoluciones N° 345-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y 346 2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. viii) Expone vulneración de los principios de verdad material, debido procedimiento, presunción de licitud, presunción de veracidad, razonabilidad y buena fe procedimental. Así, el principio Non Bis In Ídem.

2 Notificada a la impugnante el 16 de enero de 2023.

i) Cabe precisar que, la motivación del acta de infracción se ve reflejada en los hechos constatados que han conducido a los comisionados a determinar el incumplimiento de las normas que regulan las infracciones que se le imputan a la inspeccionada, demostrando así que su decisión no es arbitraria, sino resultado del correcto ejercicio de la función de fiscalización, en razón a que han corroborado de los documentos exhibidos por la inspeccionada, efectuándose la especificación y aclaración de la aplicación del derecho en este caso concreto. ii) Que, los inspectores a cargo de la fiscalización se constituyeron al centro de trabajo el día 25/01/2022, debidamente acreditados, que por temas de protocolos internos de la inspeccionada (Plan de Vigilancia y Control de Covid – 19), no se les permitió el ingreso, dejándose constancia que dicho impedimento solo fue explicado, mas no presentado en ningún documento, exigiéndose a dichos inspectores una prueba molecular o en su defecto hacer una cuarentena de 48 horas. iii) Ante ello, se desprende de los hechos constatados en el acta de infracción, que los protocoles internos de seguridad y salud en el trabajo que el representante del empleador se refiere y los cuales han adjuntado en el escrito (descargo sobre la obstrucción a la labor inspectiva ejercida sobre el equipo de inspectores en horas de la mañana en el centro de trabajo- descargo de hoja de ruta número 0000177634 – 2021 ingresado por mesa de partes virtual el 25/01/2022 a las 17:19 horas), hacen hincapié que son acuerdos de forma de trabajo, exclusivamente para sus trabajadores, en el cual explican la nueva jornada laboral, su esquema de trabajo y los días de cuarentena para ingresar al campamento minero. Asimismo, el señor Kevin Cenas Zegarra (Analista de RRHH) quien se acercó a la salida de la garita de control, no portaba ningún documento para respaldar su posición o impedir el ingreso del equipo de inspectores, tal es así que envían el mismo día el escrito por mesa de partes con las actas de acuerdos con los sindicatos, de aplicación a los trabajadores. iv) Que, el Equipo de Inspectores se presentaron al campamento minero con su fotocheck institucional, DNI y esquema de vacunación (a la fecha de inspección era obligatoria contar con las dos dosis completas), el Inspector Pedro Diaz Vallejos segunda dosis aplicada el 27/09/2021, y el Inspector David Gonzalo Soto Barriga segunda dosis aplicada 16/09/2021. v) Asimismo, que lo solicitado por el empleador, corresponde a proceso internos aplicables a sus trabajadores no al personal externo, cuya finalidad es “fiscalizar”. vi) Po otro lado, el equipo de inspectores ha manifestado y constado, que la compañía nunca tuvo la intención ni la diligencia de permitir el ingreso al centro de trabajo, desconociendo el deber de colaboración con el equipo de inspectores (artículo 9 de la Ley General de Inspección del Trabajo), esto queda demostrado que el equipo de inspectores, se retiraron de la garita de control una hora después de haber agotado todas la vías para el ingreso, excediendo lo estipulado en la versión 002 de la directiva 001-2020 Directiva que regula la función inspectiva aprobada por Resolución de Superintendencia SUNAFIL N° 216-2021, artículo 7.13.2.4. vii) Sumado a lo anterior, y para demostrar que el sujeto inspeccionado no fue diligente y obstruyó la labor inspectiva en la visita del centro de trabajo de fecha 25/01/2022, en la segunda visita al centro de trabajo realizada el 03/03/2022, el equipo de inspectores ingresó solamente mostrando su fotocheck institucional y su esquema de vacunación, no se solicitó pruebas moleculares, ni

cuarentena previa para el ingreso, ni firmaron ninguna declaración jurada de asunción de responsabilidad o riesgos. viii) En consecuencia, el inspeccionado, al no acreditar y/o amparar su versión “impedir el ingreso al equipo de inspectores al centro de trabajo por motivos internos contemplados como parte del PLAN – COVID”, es evidente, que no existe motivos idóneos que sustenten, avalen dicha conducta por parte del inspeccionado. Por lo que, no existiendo la formalidad de los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia y Control de COVID – 19, de la inspeccionada, para someter sus limitaciones, condiciones y/o disposiciones, al equipo de inspectores; bien pudo ingresar al centro minero con su fotochek institucional, DNI, y esquema de vacunación completa, para la realización de sus actuaciones inspectivas, más aún, si en la visita no se le puso a la vista dicho plan de seguridad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 3 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 005-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación errónea del numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. ii. Inaplicación del principio de tipicidad, contenido en el numeral 4 del artículo 248 de la LPAG. iii. Inaplicación del principio de presunción de licitud y veracidad, contenidos en el numeral 1.7 del artículo II del Título Preliminar y el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG. iv. Inaplicación del principio de presunción de razonabilidad, contenido en el numeral 3 del artículo 248 de la LPAG. v. Inaplicación del principio de non bis in ídem, contenido en el numeral 11 del artículo 248 de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación errónea del numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT.

“En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en: 1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada” (énfasis añadido).

“1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una

visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante” (énfasis añadido).

“1. La negativa injustificada o el impedimento a que realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical” (énfasis añadido).

Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, se dispone que:

“7.13.2.1. Pueden distinguirse a efectos de la aplicación de la presente Directiva, los siguientes supuestos en los que se configura una infracción a la labor inspectiva: a) Negativa injustificada de ingreso al centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo. b) Impedimento de ingreso al centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo. Para efecto de lo anterior, se entiende como centro de trabajo lo señalado en el artículo 4 de la LGIT.

7.13.2.2. Sobre la "negativa injustificada”, ésta debe entenderse como la oposición al ingreso del Inspector comisionado sin expresión del motivo del rechazo, o expresando razones inconsistentes que no guarden relación con las exigencias dispuestas por la normativa vigente.

7.13.2.3. Constituye "impedimento" cualquier obstáculo que interponga el sujeto inspeccionado, de tal modo que haga difícil o riesgoso el ingreso del Inspector comisionado al centro de trabajo. El supuesto de impedimento también alude a aquellos casos en los que el sujeto inspeccionado, o quienes actúen en nombre del mismo, no emitan pronunciamiento ante la presencia del inspector comisionado fuera del establecimiento, es decir, sin abrir la puerta o haciendo caso omiso a sus llamados para ingresar.

7.13.2.4. Desde que el Inspector comisionado comunica su presencia al sujeto inspeccionado hasta su ingreso al centro de trabajo, no debe mediar más de diez (10) minutos, salvo causas objetivas y razonables que justifiquen la demora en el ingreso. Si vencido el tiempo señalado, el sujeto inspeccionado no ha permitido o ha impedido el ingreso del Inspector al centro de trabajo, se configura una infracción a la labor inspectiva por negativa injustificada o impedimento de ingreso al centro de trabajo, según el caso. No obstante, la comisión de esta infracción no determina el cierre automático de la orden de inspección.

7.13.2.5. El Inspector actuante tiene la obligación de agotar los medios necesarios para lograr el objeto de la orden de inspección que motivó la realización de la visita inspectiva, sin perjuicio de extender el acta por la infracción constatada.”

“6.13 En consecuencia, es razonable presumir que, como responsables de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en las relaciones de trabajo, los inspectores pueden establecer los riesgos a los que se enfrentarán en su actividad fiscalizadora. Por la misma razón, pueden determinar -entre otras cosas- la necesidad de recibir inducciones adicionales para realizar la inspección en un centro de trabajo determinado o, si requieren, del acompañamiento de algún personal de la inspeccionada, así como establecer si los equipos de protección personal que portan

son los adecuados para su labor fiscalizadora. Consecuentemente, en caso de que una inspeccionada asegure que la inspección implica exponerse a ciertos riesgos, los inspectores deben informarle, bajo su responsabilidad, sobre su capacitación en seguridad y salud en el trabajo en esos aspectos. También podrán solicitar los implementos adicionales, exigidos por la inspeccionada para realizar la inspección.

entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo, los inspectores auxiliares, o peritos y técnicos designados oficialmente, para que se realice una inspección.”

real la negativa de ingreso incurrirá en una infracción por el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. En el presente caso, al momento de la visita inspectiva el 25 de enero de 2022, la impugnante solo informó verbalmente de las aparentes restricciones, sin establecer el sustento de las mismas, así como tampoco se consideró el hecho de que los inspectores comisionados contaban con las medidas preventivas para afrontar los mecanismos de seguridad requeridos para realizar dicha actuación inspectiva, por consiguiente, para este Tribunal, se debe aplicar el criterio establecido en la Resolución de Sala Plena Nº 001- 2022-SUNAFIL/TFL.

Sobre la supuesta inaplicación de la presunción de licitud y veracidad por parte de las instancias previas.

9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

consistente en suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que intervengan de modo que se invierte la carga de la prueba previa de veracidad a cargo del administrado, por la acreditación de la falsedad a cargo de la Administración en vía posterior (...)”10.

Sobre la vulneración al principio del non bis in ídem 6.19. Ahora bien, en relación con la supuesta vulneración del principio de non bis in ídem, el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, señala que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”11 (énfasis añadido).

11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

que estos son distintos. Por tanto, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

12 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 13 Artículo 6: Motivación del Acto Administrativo del TUO de la LPAG Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No permitir el ingreso al centro de trabajo de los inspectores comisionados en la visita inspectiva de fecha 25 de enero de 2022. Numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SOCIEDAD MINERA CORONA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia Nº 005-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 214-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –. CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 005-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOCIEDAD MINERA CORONA S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240925JCR – HR 177634-2021