Sociedad de Beneficencia de Jaén — Res. 210-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Equipos de Protección Personal (incluye todas). 20555195444 soft Bianca FAU 20555195444 soft 08:06:31-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través del requerimiento de información notificado el día 09 de febrero de 2021 por medio de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través del requerimiento de información notificado el día 18 de febrero de 2021 por medio de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. La Sunafil omite su deber de cuidado en cuanto a las notificaciones cursadas, puesto que no se habría evaluado si la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN se encontraba en condiciones de poder acceder al sistema de casilla de notificaciones.

ii. Existe nulidad por falta de motivación en el informe final de instrucción, al no haberse individualizado la conducta y la ausencia de medios probatorios aportados por la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN, al pretender señalar que la entidad “…ha desatendido sus deberes primigenios con los trabajadores para así convalidar las sanciones administrativas”.

iii. La impugnante recién ha podido ingresar a la plataforma de notificaciones el 03 de marzo de 2021, tal como lo sustenta con imágenes de captura de pantalla, señalando que “…el simple acto de depósito de un documento en la plataforma web de SUNAFIL no implicaría que automáticamente ya se encuentra debidamente notificado, afirmando que ello implicaría que se encuentren ante un acto arbitrario que limite o retarde su acceso al debido proceso y a la posibilidad de aportar medios probatorios”.

iv. La falta de motivación en la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 181- 2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE acarrea también una manifiesta falta de razonabilidad, vulnerándose el TUO de la LPAG.

2 Inicialmente presentado como recurso de reconsideración; sin embargo, a través de la Resolución de trámite N° 2 de fecha 27 de abril de 2021, la Sub Intendencia resuelve encauzarlo como un recurso de apelación.

i. Si bien la impugnante cuestiona el acceso a la casilla electrónica, tomando conocimiento recién el 03 de marzo de 2021, los alcances del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, a través del cual se aprobó el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, desvirtúa tal argumento, toda vez que se considera como una de las obligaciones del usuario de la casilla electrónica la de “Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen”

ii. En similar sentido, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG establece alcances referidos al uso de la casilla electrónica, considerándose como válidamente efectuada desde el “…depósito en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida…”.

iii. En ese sentido, es responsabilidad de la administrada el revisar de manera periódica su casilla electrónica, “…no habiendo argumento válido para desvirtuar la conducta infractora imputada por lo que debe confirmarse la sanción en este extremo”.

iv. Agrega que “…la inspeccionada señala que la autoridad administrativa le imputa el haber obstruido su labor inspectiva, ante lo cual señala que no pudo atender el requerimiento de la autoridad administrativa al tener recién acceso a la casilla electrónica el 03 de marzo de 2021; sin embargo, lo señalado no se ajusta a la verdad, siendo que según el cronograma antes indicado, la inspeccionada a partir del 31 de diciembre de 2020, se encontraba obligada a revisar periódicamente su casilla electrónica a fin de atender los requerimientos de información enviados por la autoridad administrativa”.

v. En ese sentido, y de acuerdo con los alcances del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la notificación a través de la casilla electrónica se puede realizar para todo documento emitido que corresponda ser informado al administrado (fundamento 10), tal y como se remitió en su oportunidad lo requerido a la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN por parte del inspector actuante en la etapa inspectiva, con fechas 09 y 19 de febrero de 2021, toda vez que al no facilitar “…la documentación necesaria para el desarrollo de la función inspectiva (…) ha impedido verificar al

3 Notificada a la inspeccionada el 14 de junio de 2021. Inspector comisionado la existencia o no de posibles infracciones a la normativa sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo…”.

vi. Finalmente, respecto de la supuesta vulneración de diversos derechos o principios invocados por la impugnante, dado que se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, “…en consecuencia la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado algún derecho o principio alegado por la inspeccionada, toda vez que, el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46° de la LGIT, concordante con el artículo 54° del RLGIT…”.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Sociedad De Beneficencia De Jaén

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- En términos similares al recurso de apelación, reitera que la Sunafil omite su deber de cuidado en cuanto a las notificaciones cursadas, “…puesto que no se habría evaluado si nuestra entidad se encontraba en condiciones de poder acceder al sistema de casilla de notificaciones”.

- Reitera la presunta existencia de una nulidad por falta de motivación aparente, por no motivar en el informe final de instrucción “…porque no ha individualizado la conducta y la ausencia de medios probatorios aportados por nuestra entidad; en caso contrario se estaría ante la decisión arbitraria y carente de la debida motivación.

9 Iniciándose el plazo el 15 de junio de 2021.

- Reitera que recién el 03 de marzo de 2021 pudo acceder a la plataforma de notificaciones, por lo que el “…simple acto de depósito de un documento en la plataforma web de la Sunafil no implicaría que automáticamente ya se encuentre debidamente notificado, afirmando que ello implicaría que se encuentren ante un acto abritrario, que limite o retarde su acceso al debido proceso y a la posibilidad de aportar medios probatorios, por lo que resulta apropiado solicitar el reenvío a la casilla…”

- Refiere que lo señalado “…guarda concordancia con la realidad de Pandemia Covid- 19 que viene enfrentando la Región Jaén, que obliga a los entes jurídicos a observar medidas extraordinarias y especiales para evitar la concurrencia de los trabajadores a las instancias e inmuebles, desplegando trabajos remotos o virtuales. No obstante ello, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN si cumplió con facilitar a nuestros trabajadores que puedan en determinados casos concurrir y llevar a cabo diversas labores esenciales presenciales. Sin embargo, en el presente caso SUNAFIL prejuzga directamente y sin mayor análisis cuáles resultarían incumplimientos de obligaciones en este contexto...”.

- Cita a la Resolución N° 048-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de junio de 2021, recaída en el expediente N° 149-2020-PS-SUNAFIL/IRE-CAJ-SIAI, en la cual se solicitó la nulidad de la notificación de la medida inspectiva de requerimiento efectuado en el procedimiento inspectivo que concluyó con el Acta de Infracción N° 152-2020- SUNAFIL/IRE-CAJ y fue declarado fundado en parte.

- Añade que la SUNAFIL ha vulnerado su derecho de defensa al sostener “…que hemos obstruido su labor investigativa sin tener en cuenta que nuestra entidad recién tuvo acceso y conocimiento del sistema de notificaciones electrónica el 03 de marzo del 2021, y por consiguiente es absurdo que se sostenga que nuestra entidad no ha querido atender los requerimientos cursados por dicha entidad gubernamental”. 5.2 Finalmente, solicita el uso de la palabra en virtud del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 177 del TUO de la LPAG, en ejercicio del derecho a la contradicción y a la defensa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

10Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…) 11 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 12 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias.” (el énfasis es nuestro)

De la notificación electrónica y el Sistema de Notificación Electrónica de la Sunafil

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. 20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. 20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. Asimismo, se establece la implementación de la casilla única electrónica para las comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas de la casilla única electrónica. El consentimiento expreso a que se refiere el quinto párrafo del numeral 20.4 de la presente Ley puede ser otorgado por vía electrónica.” (el resaltado es nuestro)

y en los párrafos siguientes (resaltados en la cita de la presente resolución) la posibilidad de que se notifiquen las actuaciones a través de un sistema de casillas electrónicas, el cual debía de ser aprobado el sistema de notificación electrónico de cada entidad, pudiéndose establecer mediante una norma de rango preestablecido (decreto supremo) la obligatoriedad de su uso.

13Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, Decreto Supremo N° 003-2020-TR Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica 12.1 Cuando las unidades orgánicas, los órganos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento o actuación administrativa se vean imposibilitadas de efectuar la notificación vía casilla electrónica utilizando el Sistema Informático de Notificación Electrónica, usan las otras modalidades de notificación previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, de acuerdo al orden de prelación previsto en dicho artículo. 12.2 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a través de su órgano competente, adopta las acciones que correspondan para atender la situación que imposibilitó el uso de la notificación vía casilla electrónica. Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, publicada el 08 de marzo de 2020 en el diario oficial El Peruano, se aprobó el “Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (SINEL – SUNAFIL)” modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL14, en donde se estipuló que aquellas actuaciones y procedimientos de la actividad inspectiva serían implementados entre el 31 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020, señalándose específicamente que respecto de las cartas, comunicaciones y requerimientos de información se respetarían las siguientes fechas de implementación:

EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD INSPECTIVA N° DOCUMENTO FASE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (…) Cartas o comunicaciones Diligencias preliminares (depósito en la casilla) 03/08/2020 Diligencias preliminares (recepción bidireccional) 03/08/2020 (…) Requerimiento de Información Actuaciones inspectivas de investigación 31/12/2020

14 A la fecha, el cronograma ha sido posteriormente modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2020-SUNAFIL, publicada el 29 de mayo de 2021 en el diario oficial El Peruano; sin embargo, para efectos del presente procedimiento (por un tema cronológico) se hace referencia a la primera modificación del cronograma. 15 Publicada el 05 de febrero de 2020 en el diario oficial El Peruano 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. 2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos: el día que conste haber sido recibidas.

los numerales precedentes, por lo que no cabe amparar lo señalado por la impugnante en este extremo.

De la conducta tipificada

17 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. (…). (el resaltado es nuestro) 18 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.19

N ° Materia Conducta Infractora Norma vulnerad a Tipificación legal y clasificació n Trabajadore s Afectados Multa impuesta Labor inspectiv a No brindar la información solicitada a través del requerimient o de información notificado el día Artículo 9° literal e), y el artículo 36° de la Ley N° 28806

Artículo 45° Numeral 45.2 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-

S/ 6,908.00

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” 19 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II., p . 421. 20 Esta posición se condice con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de los principios de Presunción de veracidad y Buena fe procedimental, con estrecha vinculación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sobre el particular, por ejemplo, en los fundamentos 42 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 08 de agosto de 2012, recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC; así como en el fundamento N° 3 de la sentencia del 29 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 8811-2005-PHC/TC, al afirmar que “…el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2,24,e de la Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”. 21 Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, Ley N° 28806, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR Artículo 45.- Infracciones graves a la labor inspectiva Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: (…) 45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. (…)”

09/02/2021 por medio de casilla electrónica Artículo numeral 15.2 del DS N° 019- 2006-TR 2006-TR, tipificado como infracción GRAVE Labor inspectiv a No brindar la información solicitada a través del requerimient o de información notificado el día 18/02/2021 por medio de casilla electrónica Artículo 9° literal e), y el artículo 36° de la Ley N° 28806

Artículo numeral 15.2 del DS N° 019- 2006-TR Artículo 45° Numeral 45.2 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, tipificado como infracción GRAVE

S/ 6,908.00 MULTA TOTAL IMPUESTA S/ 13,816.0 (*) Vigente al momento de configurar la falta, que para el año 2021 es de S/. 4,400.00, según DS N° 392-2020-EF.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

” …no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

22 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar por mayoría FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 075-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ de fecha 10 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 088-2021-PS/SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 075-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, ADECUANDO las infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, por no brindar la información solicitada a través de los requerimientos de información notificados los días 09 y 18 de febrero de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, como infracciones GRAVES según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, en consecuencia, la sanción impuesta por dichas infracciones asciende a la suma de S/ 13,816.00 (Trece Mil Ochocientos Dieciséis con 00/100 SOLES), conforme a los fundamentos 6.15 a 6.20 de la presente resolución. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAÉN y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga

Desirée Bianca Orsini Wisotzki

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo por el que se ha considerado que la entrega de la información solicitada por la inspección del trabajo puede ser entregada cuando la investigación ya concluyó y el expediente se encuentra en la etapa de instrucción. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El caso sometido a análisis presenta los requerimientos de información fechados el 9 y 18 de febrero de 2021, y se observa que esta información fue presentada a la SUNAFIL a través de la mesa de partes el 25 de marzo de 2021, vale decir, con más de cuarenta (40) días de retraso en la entrega de la información necesaria para que el inspector actuante ejecute sus funciones.

2. La impugnante ha sostenido el argumento de que la SUNAFIL ha omitido un supuesto deber de cuidado respecto de las notificaciones cursadas vía casilla electrónica al no haber evaluado si ésta se encontraba en condiciones de acceder a dicho sistema. Esta alegación ha sido desestimada por la Sala, dada la obligatoriedad de los inspeccionados de revisar la casilla electrónica con periodicidad diligente. Para el suscrito, la consecuencia jurídica de dicha desestimación implica, necesariamente, que la entonces inspeccionada debió cumplir con el deber de colaboración, que comprende también el deber de revisar las notificaciones que la autoridad de trabajo pudiera remitirle para proceder en los plazos y forma debidas.

3. Sobre dicho particular, resulta razonable la exigencia de una conectividad digital suficiente, lo que puede predicarse respecto de los sujetos obligados, salvo cuestiones acreditables que maticen dicho estándar de exigibilidad. Por eso, cuando tal condición tecnológica sí se satisface, la falta de revisión de la casilla electrónica supone el quebrantamiento del deber de colaboración (art. 9º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo). En este tipo de casos, el accionar negligente en la forma de comunicación con la Autoridad de Trabajo implica una sancionable en un régimen de responsabilidad administrativa subjetiva.

4. En un caso como el analizado, entonces, la sanción administrativa es procedente. En todo caso, el comportamiento posterior a la comisión de la infracción del sujeto inspeccionado debe evaluarse desde las normas que pudieran ser invocadas para la reducción de la multa y no desde la subsanación, puesto que la inspección ya había

culminado. Debe distinguirse al proceso de la fiscalización laboral y a una etapa distinta, que es la fase de la instrucción, la misma que, ciertamente, no es una “etapa inspectiva”.

5. En ese orden de ideas, debe recordarse que el primer precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal (a través de la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL) reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva: “(…) los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Documento Firmado Digitalmente

Luis Erwin Mendoza Legoas

Presidente