Snacks America Latina S.R.L — Res. 856-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Subgrupo: Otras discriminaciones), Remuneraciones (Subgrupo: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (sueldos y salarios)) y Relaciones Colectivas (Subgrupo: Convenios Colectivos). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en un acto de discriminación salarial directa contra el señor Juan Márquez al haber otorgado los beneficios de los convenios 2016 y 2017, al trabajador, a pesar que, de acuerdo a las condiciones establecidas en los referidos convenios, no le correspondía, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 280,125.00.

i. Aduce que, la Subintendencia ha aplicado erróneamente la suspensión del plazo de prescripción basándose en informes y no en el artículo 252.2 del TUO de la LPAG, el cual establece que solo la iniciación del procedimiento sancionador suspende dicho plazo. Siendo que, la aplicación de los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y N° 029- 2020 para este fin carece de sustento legal, ya que no contemplan la prescripción como plazo suspendido. ii. Sostiene que, los Decretos de Urgencia suspenden exclusivamente los plazos de inicio y tramitación de procedimientos, no así la prescripción, la cual tiene naturaleza sustantiva. Además, la declaración de caducidad del procedimiento iniciado en 2018 impide que sus efectos interrumpan la prescripción, conforme al artículo 259.4 del TUO de la LPAG. El nuevo procedimiento iniciado en 2022 carece de base para retrotraer efectos interrumpidos. iii. Se cuestiona la validez del Decreto de Urgencia N° 026-2020 por ser incongruente con el TUO de la LPAG, y se sostiene que los plazos de prescripción solo pueden ser suspendidos mediante norma legal expresa. Dado que la única actuación válida data de octubre de 2018 y fue notificada en abril de 2022, la infracción ya se encontraría prescrita. iv. El acto presuntamente discriminatorio —un reintegro salarial de marzo de 2018— ya habría prescrito en marzo de 2022, dado que se trata de una infracción instantánea. Además, el cómputo del plazo de prescripción debe incluir los periodos de paralización excesiva en el procedimiento, los cuales en este caso superan los 25 días hábiles. v. No se ha demostrado motivación antisindical en la extensión de beneficios a obreros no afiliados. La Inspección presume discriminación sin acreditar la intención del empleador de perjudicar al trabajador sindicalizado, desconociendo que se trata de grupos ocupacionales distintos con estructuras salariales diferenciadas.

vi. En el caso del señor Márquez, no se ha fundamentado adecuadamente qué motivo prohibido justifica la calificación de la diferenciación como discriminatoria. La empresa acreditó que la diferencia salarial obedecía a criterios objetivos como la categoría ocupacional, prueba que fue desestimada sin motivación válida. vii. La infracción imputada fue erróneamente encuadrada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, sin sustento en la normativa, incurriéndose en una vulneración al principio de tipicidad. El cuestionamiento debería haber sido en torno a la extensión del convenio colectivo, no a una discriminación salarial. viii. La calificación de la infracción como insubsanable se efectuó sin cumplir el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII. La inspectora no motivó por qué la infracción sería irreversible, lo que constituye una motivación aparente y una afectación al debido procedimiento. ix. La infracción imputada no se encuentra dentro del listado de infracciones calificadas como insubsanables en el artículo 48.1-D del RLGIT, siendo subsanable mediante el pago del beneficio. La falta de requerimiento previo impide además sancionar válidamente la conducta, debiendo declararse la nulidad del acta de infracción y de la resolución apelada. x. El señor Márquez no cumplía con los requisitos establecidos por la empresa para recibir los beneficios del convenio colectivo 2016–2017, ya que pertenecía a la categoría de empleado, mientras que la política de extensión aplicaba únicamente a obreros no afiliados. xi. Se evidencia un trato remunerativo diferenciado y legítimo entre empleados y obreros, dada la diferencia funcional y ocupacional entre ambos. Además, el señor Márquez recibió un aumento salarial significativo en marzo de 2018 conforme a la política aplicable a empleados, lo cual descarta discriminación salarial. xii. La extensión unilateral de beneficios a obreros no afiliados se ampara en jurisprudencia constante de la Corte Suprema, que respalda dicha práctica como válida dentro del principio de igualdad. Sancionar al empleador por este motivo implica restringir la libertad sindical negativa y forzar la afiliación, lo que ha sido rechazado por el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo y otras resoluciones administrativas y judiciales.

i. Respecto a la normativa aplicable, conforme al artículo 51 del RLGIT modificado por el Decreto Supremo N° 015-2017-TR, se señala que la facultad de la Autoridad inspectiva para determinar infracciones prescribe a los cuatro años, computándose dicho plazo conforme al artículo 252 del TUO de la LPAG. En el caso concreto, se determinó que la infracción imputada, conforme al numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, califica como una infracción instantánea con efectos permanentes, por lo que

el cómputo del plazo prescriptorio se inicia en la fecha en que se creó la situación antijurídica, el 15 de marzo de 2018. ii. No obstante, se identificaron interrupciones y suspensiones que afectan dicho cómputo. Por un lado, el inicio de actuaciones inspectivas interrumpe la prescripción; y por otro, conforme al artículo 252.2 del TUO de la LPAG, el plazo se suspende con el inicio del procedimiento sancionador, reanudándose si este se paraliza por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado. Además, se reconoció la suspensión general de plazos durante el estado de emergencia nacional (del 16 de marzo al 26 de junio de 2020), en virtud de diversos Decretos de Urgencia y resoluciones emitidas por SUNAFIL. iii. Dicha suspensión fue validada mediante el Informe N° 017-2021-SUNAFIL/INII, que precisó que el plazo de prescripción no debía computarse durante el confinamiento obligatorio, al no configurarse inactividad imputable a la Administración. Asimismo, se resaltó que dicha interpretación se sustenta en el principio de razonabilidad y ha sido acogida también por precedentes como la Resolución de Sala Plena N° 001- 2020-SERVIR/TSC. iv. En consecuencia, a la fecha de emisión de la resolución apelada, no se había cumplido el plazo de cuatro años establecido para la prescripción de la facultad sancionadora. Por tanto, se encontraba vigente la potestad administrativa para pronunciarse respecto a la infracción en materia de relaciones laborales imputada en el presente caso. v. Por otro lado, precisa que no se imputó una infracción por afectación a la libertad sindical, sino por actos de discriminación salarial directa en perjuicio del trabajador Juan Márquez, afiliado al sindicato SINTRAPA. La conducta infractora se configuró al otorgarse injustificadamente al trabajador Raymundo Ipanaqué los beneficios de los convenios colectivos 2016 y 2017 mediante un reintegro retroactivo, pese a que ambos trabajadores se afiliaron con posterioridad a la fecha de presentación de los respectivos pliegos de reclamos. vi. La conducta descrita configura un trato desigual contrario al principio de igualdad, sin necesidad de acreditar intención por parte del empleador. En ese sentido, conforme al Convenio 111 de la OIT, basta la existencia de una distinción injustificada que altere la igualdad de trato. vii. En relación a ello, la autoridad sancionadora concluyó que la conducta discriminatoria se vincula con la afiliación sindical del trabajador afectado, al haberse otorgado los beneficios de los convenios colectivos 2016 y 2017 únicamente a uno de los trabajadores en igual condición, sin justificación objetiva. Si bien la inspeccionada alegó que la diferencia se basaba en la categoría ocupacional, el análisis se centró en el contenido de los convenios colectivos, los cuales establecían criterios de aplicación que no diferenciaban por tipo de puesto. viii. En ese sentido, se determinó que ambos trabajadores, al haberse afiliado al sindicato con posterioridad a la presentación de los pliegos de reclamos, no debían recibir los beneficios pactados; sin embargo, la empresa otorgó dichos beneficios solo a uno de ellos. Este trato desigual, sin una causa razonable y objetiva, constituye un acto de discriminación en el marco del principio constitucional de igualdad, conforme al artículo 2 inciso 2 de la Constitución, y no se acreditó una motivación distinta que justifique dicha diferenciación. ix. La inspeccionada alegó haber aplicado una política salarial que permitía extender los beneficios de los convenios colectivos a trabajadores obreros no sindicalizados; sin embargo, no acreditó la existencia de dicha política formalizada por escrito al momento del pago cuestionado. La autoridad verificó que los beneficios adicionales al marco legal provenían únicamente de convenios colectivos para afiliados y de una política remunerativa específica para trabajadores no sindicalizados del equipo

Frontline, la cual no incluía la extensión de beneficios colectivos a obreros no afiliados. x. Ante ello, se concluyó que la extensión de beneficios al trabajador Raymundo Ipanaqué, en desmedro de Juan Márquez, careció de justificación objetiva y razonable, configurando un trato discriminatorio. No se acreditó la existencia de una política generalizada que sustentara la diferenciación, ni que los convenios colectivos permitieran distinguir por categoría ocupacional. Por tanto, la exclusión del trabajador Márquez no se encuentra respaldada por prueba alguna, resultando improcedente lo solicitado por la inspeccionada respecto a la multa impuesta. xi. La inspeccionada solicitó la nulidad del Acta de Infracción y del Informe Final, alegando vicios en su emisión. Sin embargo, se precisó que ambos documentos no constituyen actos administrativos según el TUO de la LPAG y la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, por lo que no pueden ser objeto de nulidad. Estos forman parte de la actividad fiscalizadora y constituyen medios probatorios que deben ser evaluados por la Autoridad sancionadora dentro del procedimiento administrativo sancionador. xii. Asimismo, se descartó que la conducta imputada haya sido erróneamente subsumida en el tipo infractor previsto en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, al haberse verificado un acto de discriminación salarial directa en perjuicio del trabajador Juan Márquez. Este fue excluido de los beneficios de los convenios colectivos 2016 y 2017 sin causa objetiva y razonable, pese a encontrarse en igualdad de condiciones con el trabajador que sí recibió dichos beneficios. xiii. Finalmente, se confirmó que la infracción es insubsanable, ya que los efectos del daño discriminatorio se concretaron con la entrega de los beneficios al otro trabajador, resultando imposible revertir la afectación, que no fue solo patrimonial sino también personal. Por tanto, no se ha vulnerado el procedimiento ni los derechos del administrado, correspondiendo confirmar la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 15 de noviembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1738-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

i) Sostiene que se ha incurrido en una interpretación errónea del numeral 252.2 del articulo 252 del TUO de la LPAG, dado que el mismo establece que la prescripción solo se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. ii) En la misma línea, aduce que existe una interpretación errónea de los D.U. N° 026-2020 y N° 029-2020, que vulnera el principio de razonabilidad, en tanto la suspensión de plazos dispuesta a través de los referidos decretos no resulta aplicable a la prescripción, sino únicamente a los plazos de inicio y tramitación de procedimientos, esto es, plazos procedimentales. Asimismo, sostiene que el referido principio debe ser aplicado en favor del administrado, no de la administración. iii) Aunado a ello, no se ha analizado adecuadamente cuales son los efectos de la declaración de caducidad en los procedimientos administrativos, dado que la misma no interrumpe el computo de plazo de la prescripción. iv) Así, alega que, en el caso concreto, ha operado la prescripción de la infracción imputada. v) Por otro lado, aduce que se han vulnerado los principios de tipicidad y legalidad, dado que el tipo infractor imputado solo es aplicable para aquellos casos donde el sujeto inspeccionado cometa un acto discriminatorio en base a un motivo prohibido, con la intención de perjudicar al trabajador; lo cual no ha sucedido en el caso concreto, dado que – a su criterio – no existe un motivo prohibido. Aun en el supuesto negado que exista infracción, debió imputarse una vinculada a la afectación a la libertad sindical. vi) Se ha señalado erróneamente que la infracción cometida es insubsanable; asimismo, en el Acta de Infracción no se ha incluido motivación al respecto, limitándose a señalar la Inspectora comisionada que dicha condición se sostiene en que no es posible retrotraer sus efectos. Por lo que, debe declararse la nulidad de los actuados. vii) Sostiene que acorde con la política de la empresa, los beneficios pactados en los convenios colectivos se extienden a los trabajadores obreros no afiliados en tanto casi la totalidad de trabajadores afiliados al sindicato, tienen la categoría de obreros; por lo que, la extensión de beneficios es una alternativa válida para mantener la equidad salarial interna. Así, el señor Ipanaqué percibió los beneficios pactados en los convenidos dado que era un trabajador obrero no afiliado al sindicato a la fecha de presentación del pliego de reclamos y al momento de suscribir el convenio; lo cual sucedió con todos los obreros afiliados al sindicato.

viii) En esa línea, aduce que, por políticas de la empresa, es que el señor Ipanaqué percibió en su calidad de obrero la extensión de los beneficios pactados en el convenio colectivo. Asimismo, el señor Márquez percibió un aumento remunerativo en marzo de 2018 a razón de una política salarial aplicable únicamente a empleados. ix) Se ha inaplicado el principio de presunción de licitud, en tanto la extensión de beneficios sociales a trabajadores no afiliados, fue ejecutada en el marco de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema. Esta línea jurisprudencial ha establecido un criterio de igualdad para determinar la vinculación de los incrementos colectivos de sindicatos minoritarios respecto de trabajadores no afiliados. x) Por lo que, considerar que otorgar beneficios a trabajadores no sindicalizados resulta un “acto discriminatorio”, constituye un criterio extremo e inmotivado, que supondría una afectación a la libertad sindical negativa. Ello encuentra sustento en lo señalado en el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional; a razón de ello, solicita se declare la nulidad del procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la prescripción de la potestad sancionadora

TEMA VOTACION ACUERDO La prescripción Administrati va UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.”

8 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

"(...) a efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción. 1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora. 2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, si bien se consuma en el mismo acto, produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica (...)".

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Respecto a los actos de discriminación laboral

“101. (…) el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. (…)”.

“Artículo 1 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

9 Constitución Política del Perú Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (…) “Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.” (…) Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo”10.

"6. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. 7. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio; debe precisarse que la diferenciación esta constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable" (énfasis añadido).

10 Énfasis agregado.

condiciones, salvo que la diferencia se base en la antigüedad, el mérito, la calidad o cantidad de producción, o cualquier factor objetivo distinto”11 (énfasis añadido).

“4.10. Respecto al segundo punto de la denuncia, sobre Discriminación salarial en contra del afiliado Juan Carlos MARQUEZ BARRENO, a quien, según se indica, no se le otorgan los incrementos del aumento a la remuneración básica y las condiciones económicas de Convenios Colectivos del año 2016 y 2017, sin justificación alguna. Beneficios que le fueron extendidos y pagados al trabajador Raymundo Cesar Ipanaque Effio, ambos afiliados al sindicato de trabajadores de Pepsico Alimentos - SINTRAPA. Se ha verificado los Convenios Colectivos de los años 2016 y 2017, que establecen: AMBITO DE APLICACIÓN.- “Las partes dejan constancia que la presente Convención Colectiva se aplicará a nivel de empresa, sólo al personal afiliado al sindicato que tenga la calidad de estable (contrato a plazo indefinido) con vínculo laboral vigente y afiliado a la fecha de presentación del pliego de reclamos de la presente Convención Colectiva, siempre que mantenga la condición de afiliado a la fecha de suscripción del convenio. (...). Se verificó entonces que el pliego de reclamos del Convenio colectivo 2016 se presentó con fecha 29/12/2015, cerrándose la negociación colectiva en junio del 2017 (incluso adjunta lista de trabajadores a los cuales comprende la negociación); y que el pliego de reclamos del Convenio Colectivo 2017 se presentó con fecha 29/12/2016, cerrándose la negociación colectiva en febrero del 2018. De otro lado, que la fecha de afiliación del trabajador Juan Carlos Márquez Barreno, fue en 04/2017, y del trabajador Raymundo Cesar Ipanaque Effio fue en 06/2017. 4.11. Que siendo así, de acuerdo a lo establecido por el TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO aprobado por DECRETO SUPREMO N° 010-2003-TR, Artículo 42.- “La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así (...)”; no le correspondía ni le es exigible al sujeto inspeccionado otorgar los

11 BLUME MOORE, Iván, Mejoras salariales y principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En http://revistas.puc. Edu.pe/index/php.iusetveritas/article/viewfile/12090/12657.

beneficios del Convenio Colectivo del 2017 a alguno de los dos trabajadores: Juan Carlos Márquez Barreno y, Raymundo Cesar Ipanaque Effio, de acuerdo a sus fechas de afiliación. Por lo que, al haberse constatado que el sujeto inspeccionado otorgó los beneficios de ambos convenios colectivos 2016 y 2017 (con vista a boleta de pago de marzo del 2018, concepto Reintegro Retroactivo por la suma de S/. 3,038.15 soles) al señor Raymundo Cesar Ipanaque Effio, ha incurrido en un acto de discriminación salarial directa contra el señor Juan Carlos Márquez Barreno, infracción que tiene carácter de INSUBSANABLE debido a que sus efectos de daño ya tuvieron lugar y, causaron perjuicio a los trabajadores afiliados a la organización sindical, en este caso, al afiliado Márquez Barreno Juan Carlos, no siendo posible para el sujeto reparar o revertir” el perjuicio ocasionado al no poder retrotraerse en el tiempo, toda vez que la extensión de beneficios económicos al trabajador Raymundo Cesar Ipanaque Effio, ya fueron dispuestos por el mismo al ser de su libre disposición; por lo que no correspondía, emitir medida inspectiva de Requerimiento en ese extremo, no siendo procedente que la autoridad inspectiva de trabajo exija el pago de los beneficios contenidos en los Convenios colectivos 2016 y 2017, por las limitaciones o condiciones establecidas en los propios convenios; por lo que se procedió a notificar la calificación de la infracción como Insubsanable conforme a la Constancia de Actuación Inspectiva de fecha 16 de Octubre del 2018, para proceder luego a la extensión de la presente Acta de Infracción. (…) 4.13. Que, bajo ese criterio normativo, debe entenderse que al haber el sujeto inspeccionado efectuado el pago de ciertos beneficios a un trabajador, también debieron pagárselos a los demás trabajadores ya sean afiliados o no afiliados, en atención al Principio de Igualdad establecido en las normas nacionales e internacionales, salvo se acredite que la empresa cuenta con una política remunerativa diferenciada basada en criterios objetivos y razonables que sean de conocimiento de todos los trabajadores, conforme a lo dispuesto por la Ley N” 30709, Ley que prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres, y su Reglamento aprobado por el DS. N° 002-2018-TR.” (énfasis agregado)

libertad sindical. El hecho de que el trabajador Márquez se haya afiliado al sindicato en un momento posterior a la presentación del pliego de reclamos no puede ser utilizado como justificación válida para excluirlo del otorgamiento de beneficios, cuando a otro trabajador —también afiliado en fecha posterior— sí se le reconocieron tales derechos. Este tratamiento desigual, basado en la oportunidad de afiliación, afecta directamente el ejercicio libre y sin represalias del derecho a la sindicalización, desalentando de forma indirecta la afiliación tardía y constituyendo, por tanto, un motivo prohibido de discriminación.

Respecto al resto de argumentos planteados por la impugnante

posible revertir los efectos del acto discriminatorio, la autoridad actuó correctamente al calificar la infracción como insubsanable y omitir la emisión de requerimiento, sin vulnerar norma ni principio alguno. En ese sentido, se desvirtúa el argumento expuesto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Incurrir en un acto de discriminación salarial directa contra el señor Juan Márquez al haber otorgado los beneficios de los convenios 2016 y 2017 al trabajador Raymundo Ipanaqué, a pesar que, de acuerdo a las condiciones establecidas en los referidos convenios, no le correspondía Numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. contra la Resolución de Intendencia N° 1738-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2235-2019- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1738-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de octubre de 2022, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SNACKS AMERICA LATINA S.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en el extremo vinculado a la inaplicación de los principios de legalidad y debido procedimiento respecto al cómputo de la prescripción de la potestad sancionadora.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de realizar un análisis jurídico riguroso respecto de las normas de excepción dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, convalidando una interpretación que, a mi parecer, resulta incompatible con el carácter restrictivo del ejercicio de la potestad sancionadora y el principio de legalidad, pudiendo habilitar espacios de arbitrariedad en perjuicio del administrado.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. En el caso concreto, se advierte que, entre la fecha de comisión de la infracción imputada, esto es, el 15 de marzo de 2018, y la notificación de la imputación de cargos realizada el 25 de abril de 2022, ha transcurrido un periodo superior a los cuatro años previstos por el ordenamiento jurídico como plazo máximo de prescripción de la potestad sancionadora ante infracciones muy graves.

2. Esta situación debe analizarse a la luz del artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual establece con claridad que el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador —es decir, con la notificación de los cargos imputados— o con la paralización del procedimiento ya iniciado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado. Cualquier otro supuesto de suspensión debe estar previsto expresamente por norma con rango de ley.

3. No obstante, la autoridad administrativa ha sostenido que los Decretos de Urgencia N° 026- 2020 y N° 029-2020, emitidos al inicio de la pandemia por COVID-19, suspendieron también el cómputo del plazo de prescripción. Sin embargo, del texto literal y sistemático de dichos dispositivos normativos se desprende que su ámbito de aplicación se limitó a los plazos vinculados al inicio y tramitación de procedimientos administrativos, sin que se haya hecho mención alguna al instituto de la prescripción, el cual constituye una garantía jurídica sustantiva, estrechamente relacionada con el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad en materia sancionadora.

4. Es de recalcar que la prescripción no puede asimilarse a un plazo procedimental, ni de inicio ni de tramitación, pues por definición su cómputo se produce cuando el procedimiento sancionador no ha sido iniciado aún. Pretender lo contrario implica extender los alcances de una norma de excepción de manera analógica, en desmedro del administrado.

5. Asimismo, se advierte que aun cuando la Administración reconoce expresamente que los Decretos de Urgencia no contienen una previsión específica sobre la suspensión del plazo de prescripción, ha intentado justificar dicha suspensión en base al principio de razonabilidad. Se recalca que, esta postura resulta jurídicamente insostenible.

6. El principio de razonabilidad, consagrado en el artículo 248 del TUO de la LPAG, no puede ser invocado para ampliar por analogía los efectos de una norma que limita derechos fundamentales como el derecho a no ser sancionado fuera del plazo legalmente previsto. Tal interpretación invierte la finalidad del principio, que opera como un límite en favor del administrado frente al ejercicio del ius puniendi estatal. Sostener que la prescripción puede suspenderse sin norma expresa, invocando la razonabilidad, supone vaciar de contenido al principio de legalidad y habilitar, por vía interpretativa, el ejercicio indefinido de la potestad sancionadora.

7. En relación a ello, es necesario enfatizar que el respeto del principio de legalidad exige que el ejercicio de la potestad sancionadora esté sujeto no solo a tipicidad y competencia, sino también a plazos claramente delimitados. La prescripción no es una figura de mera conveniencia procesal, sino un límite material al poder sancionador del Estado. Así, permitir que dicha garantía sea desvirtuada por interpretaciones extensivas o analógicas supone generar una situación de inseguridad jurídica que vulnera los principios rectores del procedimiento administrativo sancionador.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare FUNDADO, al haber operado la prescripción y se deje sin efecto la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1000-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 07 de setiembre de 2022, notificada el 09 de setiembre de 2022.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716VLFR HR: 44427-2018