Shuman Produce Perú Sociedad Anónima Cerrada — Res. 363-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Libro de Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo); Estándares de Higiene Ocupacional (Sub materia: Comedor-Vestuario-Servicios Higiénicos; y, Botiquín); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); Planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo; y, Otros planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre Seguridad y Salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); e, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 21 de mayo de 20212; en mérito al “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN PERU RURAL SST LAMBAYEQUE MAYO 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con puntos de acopio de los equipos de protección personal (EPP) usados y posiblemente contaminados; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.40.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con SSHH adecuados y diferenciados por género, ni duchas – implementación de los estándares de higiene ocupacional; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.40.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con avisos y señales de seguridad; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.40.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

2 Véase folio 23 del expediente sancionador. 3 Notificada el 07 de enero de 2022, conforme consta a folios 230 del expediente sancionador.

i. Sobre la inaplicación de la eximente de responsabilidad administrativa por subsanación voluntaria, dispuesta en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, la apelante considera que las infracciones sancionadas han sido subsanadas oportunamente con anterioridad a la fecha de notificación de la imputación de cargos, mediante el informe de levantamiento de observaciones de fecha 31 de agosto de 2021, y no el día 22 de septiembre de 2021 como erróneamente expone la autoridad de primera instancia. ii. En el presente procedimiento administrativo sancionador, se han imputado infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo: i) No contar con puntos de acopio de los equipos de protección personal (EPP) usados y posiblemente contaminados, ii) No contar con SS.HH. adecuados y diferenciados por género, ni duchas; implementación de los estándares de higiene ocupacional, iii) No contar con avisos y señales de seguridad y, en materia de labor inspectiva: iv) No cumplir con la medida de requerimiento del 21 de mayo de 2021. iii. Corresponde señalar que, para esta instancia las infracciones antes expuestas poseen naturaleza insubsanable, toda vez que, todo acto posterior no remediará los efectos negativos por no cumplir dentro del plazo otorgado, afectando la función inspectiva, pues sus actuaciones persiguen, la promoción del cumplimiento de las normas sociolaborales en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro del procedimiento de inspección. iv. Siendo así, el Informe de Levantamiento de Observaciones (firmado únicamente por el presidente del Comité de SST) no configura la causal de eximente de responsabilidad establecida en el TUO de la LPAG, dado que ha sido emitido el 31 de agosto de 2021, fuera del plazo para cumplir con el requerimiento.

4 Notificada a la impugnante el 29 de abril de 2022, véase folio 236 del expediente sancionador.

000580-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 16 de mayo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

10 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Shuman Produce Perú Sociedad Anónima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 148-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha vulnerado el debido procedimiento, por un vicio de motivación aparente al recurrir a calificar de distinta forma las infracciones. ii. Se ha vulnerado el principio de predictibilidad y confianza legítima, derivado de la inaplicación de los criterios uniformes y no calificar el recurso de reconsideración, en donde se ofrecieron nuevas pruebas, no siendo evaluado en la instancia pertinente, afectando el derecho de defensa. iii. Presentaron nuevas pruebas, las cuales calificarían para ser considerado el recurso de reconsideración. Sin embargo, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 004-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE se adecuó el recurso de reconsideración a un recurso de apelación con la finalidad de no evaluar los nuevos medios probatorios. iv. Las infracciones sancionadas han sido subsanadas con anterioridad a la fecha de notificación de la Imputación de Cargos, mediante el informe de observaciones de fecha 31 de agosto de 2021; por tanto, correspondería la aplicación de la causal de eximente de responsabilidad. v. Que, en el recuadro tipo de infracción de la Resolución de Sub Intendencia N° 924- 2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, se califican como subsanables las infracciones del 1 al 3; sin embargo, la resolución recurrida señala que las infracciones poseen naturaleza

insubsanable, existiendo una contradicción en la calificación del tipo infractor en las citadas resoluciones. vi. Sobre el principio de razonabilidad, solicitan la aplicación de la reducción del 90% de la multa, por no cumplir con la medida de requerimiento, teniendo en consideración que cumplieron con dicho requerimiento. vii. Se vulnera el principio de legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten” (énfasis añadido).

11 Al respecto, véase: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01899-2017-AA.pdf

reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. (...) De igual modo, (…) este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (párrafo 69) (…) (énfasis añadido).

“16. En el presente caso, de la revisión de los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración interpuesto, se aprecia que el administrado, si bien, adjunta nueva prueba, la misma no subsana en nada las infracciones establecidas, aunado a ello se advierte que sustenta su recurso en fundamentos de hecho y de derecho, por lo que se procederá a la ADECUACIÓN del recurso de reconsideración interpuesto a través del

recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 924-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE”.

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas

“28. En ese sentido, debe puntualizarse que el comportamiento de todos los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo respecto al derecho fundamental a probar de los inspeccionados (y de los terceros con interés) debe ser observado a fin de que las competencias ejercidas por fiscalizadores y órganos del procedimiento sancionador se ejecuten en términos compatibles con el debido procedimiento administrativo. Conforme con la Sentencia citada precedentemente, la evaluación de las pruebas aportadas permite garantizar el respeto del debido procedimiento administrativo. 29. Así, los órganos sancionadores deben verificar si durante la fiscalización laboral, los inspectores de trabajo han considerado los medios de prueba presentados por los inspeccionados, motivando sus propuestas o justificando sus decisiones; siendo así que la motivación en las Actas de Infracción debe contemplar la valoración de los medios de prueba pertinentes que haya aportado el inspeccionado para acreditar la licitud de su comportamiento. 30. De lo anterior, cabe señalar que, los medios de prueba que son analizados en la inspección del trabajo, incluyen a los informes de parte presentados por el sujeto inspeccionado, siempre que se trate de documentación pertinente; es decir, que constituya un instrumento adecuado para la apreciación y valoración de los componentes de un caso concreto, conforme con el deber de buena fe ante la Administración. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores se encuentran en la obligación de realizar e implementar las obligaciones en materia de prevención de riesgos, por lo que el personal a su cargo, conforme con sus funciones, puede emitir informes que deben ser examinados por los inspectores actuantes como medios de prueba aportados por la interesada. Sin embargo, la presentación o exhibición de información impertinente; es decir, no conducente a probar alguna conducta o hecho materia de análisis o no idónea para ello, suponiendo un puro recargo documental, podrá ser calificada como un acto contrario al deber de colaboración, conforme con los hechos ocurridos en cada caso.

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones Nº 127-2022, 1187- 2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones. 32. En ese sentido, el TUO de la LPAG recoge esta regla probatoria al disponer que la carga de la prueba se rige por el denominado “principio de impulso de oficio”, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde “dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias13”. A decir de Morón Urbina, “el principio de impulso de oficio impone a la Administración la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento14”.

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. – Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 14 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18. 15 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG.

TUO de la LPAG16. En tal sentido, corresponde declarar fundado en parte el recurso de revisión, acogiéndose la solicitud de nulidad de la impugnante.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

16 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)” 17 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SHUMAN PRODUCE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, y; en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 004-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 05 de enero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 573-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 004-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a SHUMAN PRODUCE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.19 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230419MCR