Shougang Hierro Perú S.a.а — Res. 927-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1053-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 0601-2022-SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada por la organización sindical, en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 17-2023-SUNAFIL/SIFN-IRE-ICA, notificada el 13 de febrero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora de la Intendencia Regional de Ica emitió el Informe Final de Instrucción N° 357-2023-SUNAFIL/IRE-SIFN-ICA, notificada el 19 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ica, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 725-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, notificada el 14 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 05 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 725-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 044-2024-SUNAFIL/IRE-ICA, notificada el 04 de abril de 2024, la Intendencia Regional de Ica, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 25 de abril de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 044- 2024-SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recibido el 03 de mayo de 2024 por Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo3 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SHOUGANG HIERRO PERU S.A.А., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 044-2024- SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 05 de abril de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por parte de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.А.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal; en consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento en relación con las infracciones de distinta naturaleza.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento y la debida motivación. Por ende, corresponde, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 725-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, como la Resolución de Intendencia N° 044-2024-SUNAFIL/IRE-ICA, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción, se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de las infracciones imputadas, determinando las conductas infractoras y la fundamentación jurídica al respecto. (énfasis añadido).

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio y al deber de motivación no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

La impugnante sostiene que los inspectores no se encuentran facultados por la LGIT para analizar e interpretar las cláusulas de un Convenio Colectivo que evidentemente tiene contornos litigiosos, ya que esta potestad es exclusivamente jurisdiccional, siendo susceptible de ser esclarecida la controversia en un proceso laboral una vez comprobada y arribada a la verdad jurídica.

Al respecto, resulta pertinente señalar que, dentro sus funciones, la SUNAFIL supervisa y fiscaliza el cumplimiento del orden jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito del régimen laboral privado y bajo los alcances de la Ley N° 31131 a nivel nacional, en su calidad de autoridad central de inspección del trabajo, disponiéndose para este fin la transferencia de los “órganos, unidades orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral”.

Asimismo, el artículo 4 de la LGIT, precisa sobre el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo, lo siguiente:

Por su parte, el artículo 5 del RLGIT, regula el ámbito de actuación, conforme al siguiente detalle:

De las normas glosadas precedentemente, se concluye que las actuaciones inspectivas realizadas por la SUNAFIL se encuentran plenamente enmarcadas dentro de las competencias que la LGIT le atribuye. En efecto, la actuación inspectiva tuvo, entre otra, verificar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales vinculadas con el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones y de los beneficios laborales a favor de los trabajadores, incluyendo aquellos cuyo origen se encuentra en un convenio colectivo, materia que forma parte del ámbito de fiscalización del Sistema de Inspección del Trabajo.

En ese contexto, el hecho de que la autoridad inspectiva haya analizado el contenido y alcance de las cláusulas del convenio colectivo no implica que haya ejercido una función de naturaleza jurisdiccional ni que haya asumido competencias reservadas al Poder Judicial. Dicho análisis constituye un examen estrictamente instrumental e indispensable para determinar si el empleador cumplió con las obligaciones convencionales asumidas y, en consecuencia, para verificar la existencia o no de un incumplimiento susceptible de generar responsabilidad administrativa. En ningún momento la autoridad inspectiva resolvió una controversia sobre la validez, eficacia o nulidad del convenio colectivo, ni emitió un pronunciamiento con efectos de cosa juzgada respecto de los derechos discutidos entre las partes.

En tal sentido, la actuación de la SUNAFIL se limitó al ejercicio de la potestad fiscalizadora y sancionadora que el ordenamiento jurídico le reconoce, verificando el cumplimiento de obligaciones derivadas tanto de la legislación laboral como de los convenios colectivos, conforme al ámbito material de la inspección del trabajo previsto en la LGIT. Sostener que toda labor de interpretación de una cláusula convencional corresponde exclusivamente a la jurisdicción laboral supondría restringir indebidamente las competencias de la autoridad inspectiva, pues impediría verificar administrativamente el cumplimiento de obligaciones convencionales, desnaturalizando la finalidad preventiva y fiscalizadora del Sistema de Inspección del Trabajo.

Por tanto, corresponde desestimar el agravio formulado por la impugnante, toda vez que no se advierte extralimitación alguna en el ejercicio de las competencias de la SUNAFIL, sino el legítimo desarrollo de las funciones que la LGIT le confiere para vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, incluidas aquellas derivadas de convenios colectivos.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13° del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT ha establecido que, las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Las mismas que pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En virtud de lo expuesto, corresponde al sujeto inspeccionado dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva; caso contrario, su inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento constituye una infracción a la labor inspectiva calificada como muy grave, conforme a lo previsto en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, siendo sancionable con multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la LGIT.

Bajo esa línea argumentativa, y de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

Es pertinente señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza

En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento emitida de 24 de noviembre de 2022, obrante en el expediente digital, dispuso a la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado8, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de tres (3) días hábiles: Figura N° 01:

En el presente caso, de acuerdo con el numeral 4.10 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, y considerando la verificación efectuada mediante el uso de tecnologías de la información, el personal inspectivo concluyó que el administrado no cumplió con acreditar, dentro del plazo otorgado, el cumplimiento de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse considerado que no cumple con acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante dicha medida (énfasis añadido).

Asimismo, de la verificación realizada a la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, ésta cumple con los Principios de Razonabilidad, Proporcionalidad y Legalidad, al haber sido emitida en el marco de las actuaciones inspectivas originadas por la Orden de Inspección N°1053-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, y en concordancia con los hallazgos verificados

En consecuencia, no resulta valedera lo alegato por la impugnante que existe una supuesta vulneración al principio de legalidad, toda vez que, el personal inspectivo ha aplicado correctamente lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT, los cuales señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia, la verificación de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral. Tal supuesto se ha configurado en el presente caso, toda vez que, durante la fase inspectiva, se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada.

Es pertinente precisar que, el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento exige la atención integral, oportuna y conforme a los términos expresamente establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida impone la obligación de acatar en su totalidad el mandato contenido en ella, cumpliendo con cada extremo dentro del plazo señalado, sin que sea válido el cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado.

En efecto, aunque la medida inspectiva de requerimiento pueda contener diversos mandatos específicos, cada uno de éstos responde a un incumplimiento específico y constituye una obligación autónoma que debe ser cumplida de manera independiente. A pesar de la eventual invalidez o cuestionamiento de alguno de los mandatos, no compromete la exigibilidad de los demás, asegurando la eficacia de la función inspectiva y la finalidad correctiva y preventiva del sistema. Siendo así, el administrado mantiene latente su deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica dar cumplimiento a las obligaciones válidamente dispuestas, incluso cuando pueda discrepar sobre algún extremo individual. Esta interpretación razonable y proporcional garantiza que la medida sea cumplida con su objetivo sin que la discusión sobre un mandato específico afecte la efectividad de los demás.

En el presente procedimiento administrativo sancionador, respecto del mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante sostiene que cumplió con el pago de la bonificación a favor de los trabajadores afectados y que dicha medida no debió ser atendida por cuanto habría sido emitida como consecuencia de una supuesta extralimitación de las competencias de la autoridad inspectiva al interpretar las cláusulas del convenio colectivo. No obstante, conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, dicho argumento carece de sustento, toda vez que la autoridad inspectiva actuó dentro del ámbito de las competencias que le confiere la LGIT, limitándose a verificar el cumplimiento de obligaciones sociolaborales derivadas del convenio colectivo, sin invadir competencias propias de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, la medida inspectiva de requerimiento fue emitida en el ejercicio regular de la función inspectiva y, por tanto, se encontraba revestida de presunción de validez y eficacia, siendo de obligatorio cumplimiento para la impugnante.

En consecuencia, la sola discrepancia de la impugnante respecto de los fundamentos que sustentaron la emisión de la medida inspectiva de requerimiento no la habilitaba para sustraerse de su cumplimiento ni para determinar, por decisión propia, su inaplicación. Por el contrario, correspondía atender íntegramente el mandato impartido dentro del

En ese contexto, aun cuando la impugnante sostenga haber efectuado el pago de la bonificación reclamada, ello no desvirtúa el incumplimiento imputado cuando no acredita haber dado cumplimiento oportuno e íntegro a la medida inspectiva de requerimiento en la forma, plazo y condiciones establecidos en esta. Por consiguiente, corresponde desestimar el argumento formulado en este extremo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde mantener la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse constatado que la impugnante incurrió en el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento notificada mediante casilla electrónica el 24 de noviembre de 2022 por la autoridad inspectiva en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT. Dicha medida fue válidamente notificada y contenía un mandato expreso, razonable y proporcional, orientado a revertir la situación antijurídica previamente constatada durante la etapa inspectiva.

Por tanto, al no advertirse vulneración alguna a los principios del procedimiento administrativo sancionador ni causal de nulidad, corresponde confirmar la sanción impuesta por la comisión de la referida infracción, desestimándose en consecuencia los alegatos formulados por la impugnante en cuanto se encuentran relacionados con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

En relación con el argumento del impugnante referido a que el Poder Judicial, mediante el Expediente N.° 00292-2019-0-1409-JR-LA-01, ha reconocido la facultad del empleador para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, corresponde señalar que dicho criterio no resulta pertinente para el análisis del presente extremo del recurso.

Ello es así, por cuanto la infracción materia del presente procedimiento no se encuentra referida al ejercicio de la facultad directriz del empleador para disponer cambios de guardia o modificar la organización del trabajo, sino al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida por la autoridad inspectiva, mediante la cual se ordenó acreditar el cumplimiento de las obligaciones advertidas durante las actuaciones inspectivas.

En ese sentido, la invocación de un criterio jurisprudencial referido al ejercicio del ius variandi no resulta suficiente para justificar el incumplimiento de una medida inspectiva válidamente emitida. En efecto, conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, la autoridad inspectiva actuó dentro del ámbito de las competencias que le confiere la Ley General de Inspección del Trabajo, verificando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio colectivo y emitiendo, como consecuencia de dicha verificación, la correspondiente medida inspectiva de requerimiento. Cabe precisar que la medida inspectiva no tuvo por objeto restringir la facultad de la impugnante de efectuar cambios de guardia, sino requerir que acreditara el cumplimiento de las obligaciones cuya inobservancia había sido advertida durante la inspección. Así, el hecho de que el convenio colectivo reconozca la posibilidad de modificar las guardias por necesidades del servicio no enerva el deber del administrado de atender la medida de requerimiento, máxime cuando el propio convenio colectivo prevé expresamente las consecuencias que tales modificaciones generan respecto de las bonificaciones vinculadas al sistema de turnos.

En consecuencia, el criterio judicial invocado por la impugnante no desvirtúa el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que versa sobre una materia distinta a la que constituye objeto del presente procedimiento sancionador, esto es, la obligación del sujeto inspeccionado de cumplir, dentro del plazo y en los términos establecidos, el mandato impartido por la autoridad inspectiva.

Por otro lado, sobre la invocación de la Resolución N° 00082-2021-SUNAFIL/TFL, corresponde señalar que dicho pronunciamiento no resulta aplicable al presente caso, por tratarse de supuestos fácticos y jurídicos distintos. En efecto, la resolución citada por la impugnante se encuentra referida a la obligación de la autoridad inspectiva de valorar y motivar adecuadamente los medios probatorios presentados por el sujeto inspeccionado para sustentar el cumplimiento de las obligaciones objeto de fiscalización. En tal sentido, dicho pronunciamiento no establece que el administrado pueda dejar de cumplir una medida inspectiva de requerimiento por discrepar de la valoración efectuada por la autoridad inspectiva ni reconoce la facultad de sustraerse unilateralmente de los mandatos emitidos en el ejercicio regular de la función inspectiva.

En el presente caso, se advierte que la autoridad inspectiva sustentó la emisión de la medida inspectiva de requerimiento en la revisión de la documentación exhibida por la propia impugnante durante las actuaciones inspectivas, entre ella las boletas de pago correspondientes al período comprendido entre enero y agosto de 2022, concluyendo que estas no acreditaban el pago íntegro de la bonificación por turno tarde y noche en los términos previstos en el convenio colectivo. En consecuencia, la medida inspectiva no fue emitida prescindiendo de la valoración de los medios probatorios aportados por la inspeccionada, sino precisamente como resultado del análisis efectuado sobre dicha documentación.

Sin perjuicio de lo señalado, resulta menester señalar que, el pronunciamiento de la resolución antes señalada no constituye precedente de observancia obligatoria, conforme a los artículos 22° y 23° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral. Para que una resolución adquiera dicha calidad, debe ser expresamente declarada como precedente vinculante y publicada en el diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional de la SUNAFIL, lo que no ocurre en el presente caso. Por lo que, se desestima el alegato de la impugnante en estos extremos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.