Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 933-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Colectivas (Sub materia: libertad sindical (licencia sindical, cuota sindical entre otros); y, jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: descanso semanal obligatorio).

20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

Ortiz Pinto (Secretario General del Sindicato de Obreros Mineros), por supuestos actos de violación contra los derechos de huelga.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no haber cumplido con realizar el pago íntegro del día de descanso del periodo del 15/03/2021 al 29/03/2021; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo; respecto a la medida inspectiva notificada el 27 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 184,932.00.

i. A la fecha, el Gobierno Regional de Ica (Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica) no ha concretado la transferencia de competencias en materia de fiscalización y potestad sancionadora a la SUNAFIL, dispuesta a través de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, y siendo ello así, la Intendencia Regional de Ica, ha causado intromisión en la misma, pues ha obviado que carece de competencia en el presente proceso administrativo, vicio que afecta todo lo actuado.

ii. Por tanto, se afecta el principio de legalidad, contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG, pues no se observó que carece de competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora en la Región Ica.

iii. Que, ante la advertencia de defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez del acto administrativo emitido, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2) del artículo

10° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, acarrea la nulidad del procedimiento administrativo sancionador, la imputación de cargos, el acta de infracción, y los que resultan nulas para todos sus efectos, en razón de no haber observado la competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora que adolece la SUNAFIL en la REGIÓN ICA.

iv. Al haberse omitido que el informe de los inspectores del trabajo cuente con el visto bueno del supervisor inspector a cargo, como señal de aprobación de los hechos acontecidos, vulnera el numeral 6.5.4 del numeral 6.5 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL y afecta indudablemente el principio del debido procedimiento administrativo, contemplado en el numeral 1.2 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, el cual deriva del principio constitucional del debido proceso.

v. Cabe precisar que lo sostenido por la Autoridad Instructora, carece de sustento, en precisar que la correcta aplicación de la norma en este caso sería el acápite c) del artículo 3° del D. S N° 012-92-TR, en razón que este refiere a los descansos semanales obligatorio y sus pagos correspondientes en caso de huelga, mientras que el acápite b) del artículo 77° del D.SN ° 010-2003-TR, se refiere de manera general al pago de remuneraciones. Al respecto cabe preguntarse ¿El pago por el día de descanso semanal obligatorio no es una remuneración? Obviamente si, y al ser este una remuneración, en huelga se suspende la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral.

vi. En consecuencia, debe darse preferencia a la norma contenida en el acápite b) del artículo 77 del D.S N° 010-2003-TR, por cuanto esta norma prevé consecuencia jurídicas que se adaptan mejor al supuesto hecho presentado, dado que es ilógico que se pretenda otorgar un pago del Descanso Semanal Obligatorio a trabajadores en huelga, en razón que este escenario suspende la obligación, y en el presente caso no ha existido una prestación de servicios por parte de los trabajadores detallados en el cuadro 2 de la medida de requerimiento de fecha 27 de abril de 2021.

vii. Asimismo, precisa que, con fecha 01 diciembre 2011, la Dirección General de inspección del trabajo emitió la Resolución Directoral N° 124-2011-MTPE/2/16, mediante la cual aprobó el lineamiento general que regula la adopción y seguimiento de la medida inspectiva de requerimiento y la aplicación de los principios “concurso de infracciones” y “non bis in ídem” en el procedimiento inspectivo sancionador, con lo cual, refiere se ha vulnerado el principio non bis in ídem.

i. Que, de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, se evidencia con precisión la fecha de inicio para el ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de SUNAFIL, la misma que no se encuentra supeditada a la realización de transferencia alguna, así como también ha establecido la fecha en que la Intendencia Regional de Ica asume competencia y no como quiere hacer ver la inspeccionada.

ii. En ese sentido, la IRE de Ica concluye que a lo largo del desarrollo del procedimiento inspectivo y sancionador no existe vulneración al principio de legalidad, ni mucho menos al principio del debido procedimiento, acreditando respectivamente su competencia, a fin de realizar actuaciones e iniciar el procedimiento sancionador.

iii. Asimismo, advierte que la orden de inspección 418-2021, tuvo como objetivo inspeccionar las materias de relaciones colectivas que comprenden las sub materias Libertad sindical (licencia sindical, cuota sindical, entre otros); no obstante, de ello se desprende que luego de las diligencias inspectivas de trabajo, seguidas por los inspectores comisionados a efectos de comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral advirtieron incumplimientos en el pago de los días de descanso semanal obligatorio, lo que conllevo a solicitar el refrendo de materias. Respecto al contenido de la medida inspectiva de requerimiento, teniendo a la vista la citada medida, contrario a lo alegado por la impugnante, queda demostrado que el contenido mínimo se encuentra debidamente emitido y suscrito por el inspector comisionado, advirtiéndose el cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII – Versión 01.

iv. Sobre el particular, cita el contenido de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en relación a los sub numerales 6.5.3, 6.5.4. y 6.5.5. Al respecto de ello, referente al primer sub numeral, señala que los inspectores comisionados al advertir el incumplimiento a las normas sociolaborales referente al incumplimiento de pago de los días de descanso semanal obligatorio, pudieron obtener y asegurar los medios de prueba necesarios para requerir el refrendo de materias, sin la necesidad de dar a conocer ello al supervisor inspector, toda vez que ello hubiera sido necesario en caso de NO haber podido actuar a efectos que se genere una nueva orden de inspección. Ahora bien, refiriéndose al segundo sub numeral, menciona que dentro del plazo establecido de haber conocido los hechos indebidos, los inspectores comisionados emitieron un informe dirigido a la Sub Intendencia de actuaciones inspectivas a efectos de que tome conocimiento de las circunstancias que los llevaron a requerir el refrendo de materias, sin que ello sea invalidado por la falta del V° B° del supervisor inspector, toda vez que este último se encontraba ausente, lo que de ninguna manera genera invalidez del informe ya que la Directiva en alusión indica que el V° B° no es requisito necesario. Finalmente, sobre el tercer sub numeral en cuestionamiento, precisa que la Sub Intendencia de actuaciones inspectivas opto por ampliar la materia de origen en atención a la materia advertida por los inspectores comisionados, que en el presente caso responde a “jornada, horario de trabajo y descansos remunerados”, teniendo inmersa la sub materia de descanso semanal obligatorio.

2 Notificada a la impugnante el 11 de julio de 2022, véase folio 200 del expediente sancionador.

v. Así las cosas, el informe dirigido a la sub intendencia de actuaciones inspectivas, como el multicitado refrendo de materia se realizaron el mismo día, es decir el 26 de abril de 2021, cumpliendo así con el plazo establecido la directiva en alusión, que evidentemente no superó los tres (3) días hábiles de recibido el informe.

vi. En consecuencia, las alegaciones realizadas por la inspeccionada como medio de defensa para pretender sostener una presunta vulneración al principio del debido procedimiento, queda desvirtuada, habiéndose verificado que el requisito establecido para el refrendo de materias ha sido cumplido a cabalidad por la autoridad competente, en tanto corresponde desestimar la alegación venida en alzada.

vii. Sobre el incumplimiento de pago de remuneraciones, refiere que se ha advertido como medio probatorio fehaciente y sustentatorio los registros de control de asistencia, los reportes R6 Y R7 del PDT PLAME, en la cual se evidencia que la inspeccionada ha considerado la suspensión perfecta de sus trabajadores con motivo a su derecho a huelga, el mismo que no ha sido declarado ilegal o improcedente, desde el 16 de marzo de 2021 al 29 de marzo de 2021. En ese sentido, la conducta reprochable a la inspeccionada se circunscribe en el incumplimiento de pago de los días de descanso semanal obligatorio que debió ser pagado a favor de sus trabajadores afectados detallados en el cuadro N° 2 del acta de infracción.

viii. En efecto, resulta sustancial precisar que el literal b) del artículo 77 del D.S N° 010- 2003- TR, alude a la suspensión de abonar la remuneración referida a la contraprestación que recibe el trabajador de la relación laboral, es decir, la remuneración será para la ley el total de lo que recibe el trabajador por prestar el servicio al empleador; sin embargo en el caso que nos atañe el referido incumplimiento se perpetra sobre el descanso semanal obligatorio como aquella excepción a la regla, ello en referencia a lo establecido en el literal c) del artículo 3° del D.S N° 012-92-TR que textualmente señala lo siguiente: “Por excepción, y solo para efectos del pago del día de descanso semanal, se consideran días efectivamente trabajadores los siguientes: […] c) Los días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal […]”

ix. En ese orden de premisas, y teniéndose en evidencia los medios sustentarios obrantes en autos que acreditan los días de huelga legal y procedente ejecutada por los trabajadores afectados, siendo esta corroborada por la propia inspeccionada en sus documentos internos, se arriba a la conclusión de confirmar la sanción impuesta a la inspeccionada por el incumplimiento de pago de los días de descanso semanal obligatorio por los días de huelga ejecutados por los trabajadores afectados dentro del periodo del 15 al 29 de marzo de 2021.

x. Respecto al principio de non bis in ídem, se tiene que la infracción detallada en el numeral 01 del cuadro N° 02 de la resolución venida en alzada, vulnera el bien jurídico protegido de los derechos laborales de los trabajadores respecto al cumplimiento de las normas de relaciones laborales y la infracción detallada en el numeral 02 del cuadro N° 02 de la resolución venida en alzada, quebranta la labor inspectiva, lo que evidentemente lesiona el bien jurídico de la Administración Pública, sobre el deber de colaboración respecto a la función inspectiva.

xi. Por tanto, si bien se trata del mismo sujeto, no se evidencia que exista una estricta identidad de hechos y fundamentos; por consiguiente, al no haberse configurado el requisito esencial de la triple identidad, no se denota transgresión al principio de non bis in ídem.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 088-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se afecta el principio de legalidad y por ende al principio del debido procedimiento administrativo, el cual deriva del principio constitucional del debido proceso. ii. Por otro lado, alegan que la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, dispuso aprobar el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Ica, a partir del 13 de diciembre de 2014, estableciéndose previamente que debía transferirse las competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Ica a la SUNAFIL, lo que no ha ocurrido a la fecha, pese a que el

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

último párrafo del artículo 2 del cuerpo normativo antes citado, estableció que la comisión de transferencia debía instalarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución Ministerial en El Peruano, es decir, hasta el viernes 05 de diciembre de 2014. iii. En ese sentido, señalan que, la SUNAFIL, no puede asignarse competencia mientras éstas aún no han sido transferidas, y al haber ejercido función inspectiva en la Región Ica, ha causado intromisión en la misma, pues ha obviado que carece de competencia en el presente proceso administrativo, vicio que afecta todo lo actuado. iv. Asimismo, cuestionan que la SUNAFIL, tiene que admitir que la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, debe cumplirse de forma sistemática, y no en parte, al sostener que ha asumido competencia en la Región de Ica desde la fecha 13 de diciembre de 2014, pues antes de iniciar el ejercicio de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora en la Región Ica, debió transferirse las competencias a la SUNAFIL. v. En tal sentido, bajo la premisa de la SUNAFIL, que la Intendencia Regional de Ica habría asumido competencia desde el 13 de diciembre de 2014, qué sentido tendría la Resolución Ejecutiva Regional N° 0021-2016-GORE-ICA/GR, de fecha 14 de enero de 2016. vi. De igual manera, por todo lo argumentado, señalan que se ha vulnerado el derecho de defensa, pues la SUNAFIL no observó que carece de competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora, vicio que afecta todo lo actuado. vii. Argumenta que se ha interpretado erróneamente el Sub Numeral 6.5.4 del numeral 6.5 de la Directiva N°001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N°031-2020-SUNAFIL, en la medida que los inspectores comisionados omitieron que dicho informe debe contar con el visto bueno del Supervisor Inspector a cargo. viii. Por otro lado, sostiene que se ha inaplicado el acápite b) del artículo 77° del Decreto Supremo N°010-2003-TR, pues este suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, incluyendo la obligación del empleador de abonar la remuneración. Que, el descanso semanal obligatorio es un derecho que se le otorga a los trabajadores al término de una jornada semanal de trabajo. ix. Alega que existe una controversia por la correcta aplicación normativa, del acápite c) del artículo 3 del Decreto Supremo N°012-92-TR y el acápite b) del artículo 77° del Decreto Supremo N°010-2003-TR. Sostiene que es necesario recurrir a los tres criterios que la teoría general del derecho plantea sobre la determinación de la norma aplicable: la jerarquía, la especialidad y la temporalidad. x. Argumenta que el acápite c) del artículo 3 del Decreto Supremo N°012-92-TR se refiere a los descansos semanales obligatorios y sus pagos correspondientes en caso de

huelga, y el acápite b) del artículo 77° del Decreto Supremo N°010-2003-TR, esta referido de manera general al pago de remuneraciones. xi. Sobre el incumplimiento a la adopción de la medida de requerimiento de fecha 27 de abril de 2021, sostiene que se ha inaplicado de numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. xii. Señala también que, el acápite b) del artículo 77° del Decreto Supremo N°010-2003- TR, suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, incluyendo la obligación del empleador de abonar la remuneración, con lo cual se evidencia la incorrecta aplicación del principio de legalidad. xiii. Indica que, su representada no se encontraba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se ha respetado el principio de legalidad, y por lo tanto no ha incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la interpretación errónea de la Resolución Ministerial N°257-2014-TR 6.1 La impugnante alega, conforme ha planteado en otros recursos absueltos por este Tribunal, que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica es la competente para fiscalizar en el ámbito geográfico que comprende dicha región, pues (supuestamente) no se ha transferido la competencia fiscalizadora a la Intendencia Regional de Ica. Así, sustenta este alegato en la ausencia de transferencia de competencias fiscalizadoras y sancionadoras, agregando que, en la resolución impugnada, existe una la falta de análisis de la Resolución Ministerial Nº 257-2014-TR.

9 - Decreto Supremo N° 003-2013-TR, Decreto Supremo que precisa la transferencia de competencias y los plazos de vigencia contenidos en la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL): “Artículo 1°- De la Transferencia de funciones En la transferencia de atribuciones a la SUNAFIL se considera lo siguiente: 1.1.- Transferencia de competencias La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los Gobiernos Regionales a la SUNAFIL se realiza progresivamente, conforme al cronograma de transferencias que se aprueba mediante resolución ministerial, en la que se determina la fecha específica del inicio de funciones de la SUNAFIL en cada jurisdicción. La culminación del proceso de transferencia se realiza antes del 10 de enero de 2014, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981, Ley que crea la SUNAFIL. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los Gobiernos Regionales mantienen su competencia en materia de inspección del trabajo sobre las pequeñas, medianas y grandes empresas hasta la transferencia de competencias referida en el párrafo anterior del presente artículo. 1.2.- Competencias y transferencia de expedientes administrativos en trámite Las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los Gobiernos Regionales mantienen sus competencias de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora en materia de pequeña, mediana y gran empresa hasta la fecha que se determine en el cronograma mencionado en el numeral 1.1 del presente artículo. Igualmente, ocurrida la transferencia de competencias a la SUNAFIL, los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mantienen competencia respecto de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la transferencia y hasta su culminación; salvo, que suscriban convenios de delegación de facultades, en cuyo caso se transfiere el acervo documentario correspondiente a estos procedimientos.

Los expedientes administrativos relativos a las órdenes de inspección en trámite, que se encuentren a cargo de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los Gobiernos Regionales, y sobre los que no se haya iniciado procedimiento administrativo sancionador al momento de la transferencia de competencias, deben remitirse a la SUNAFIL de acuerdo a lo establecido en el cronograma referido en el numeral 1.1. del presente artículo, bajo responsabilidad. Los plazos del procedimiento de inspección del trabajo y del correspondiente procedimiento sancionador se suspenden, lo que se determina mediante resolución ministerial”. 10 Ley N° 30814, Ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo. “Artículo 1. Objeto de la ley La presente ley tiene por objeto fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo, asignándole, de manera temporal, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las competencias y funciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”.

en materia socio laboral y la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, advertidas mediante Actas de Infracción11. Figura N°02

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

11Resolución Ministerial Nº 069-2019-TR. Establecen que el proceso de transferencia temporal de competencias, funciones personales y acervo documentario de los Gobiernos Regionales de Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambayeque a la SUNAFIL, comprende la conformación de comisiones, y emiten otras disposiciones. Artículo 3.- Inicio de la transferencia temporal e inicio del ejercicio de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora Establézcase la fecha de inicio de la transferencia temporal de competencias, funciones, personal y acervo documentario de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales del Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambayeque a la SUNAFIL, así como la fecha de inicio del ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de la SUNAFIL, en el ámbito territorial de los citados gobiernos regionales, conforme al siguiente cronograma:

12 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 13 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

15 Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-TR, publicado el 04 julio 2021, siendo en la actualidad, inciso d) del numeral 8.5 del artículo 8° del Decreto Supremo N°019-2006-TR. 16 Véase folio 234 del expediente inspectivo.

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos” (énfasis añadido).

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

17 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 03 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 04

Pese a que se advirtió que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa, consta, en los hechos constatados- numeral 4.17- en el Acta de Infracción, que la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

derivadas de la Orden de Inspección N° 418-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no haber cumplido con realizar el pago íntegro del día de descanso del periodo del 15/03/2021 al 29/03/2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral; respecto a la medida inspectiva de requerimiento notificada el 27 de abril de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 088-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 07 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 274-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 088-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230928JCR