Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 932-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos).

20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Relaciones Laborales, por realizar actos de hostilidad que afectan la dignidad del trabajador como no permitir realizar ocupación efectiva, hecho que afecta la dignidad de cuatro (04) trabajadores, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

i. A la fecha, el Gobierno Regional de Ica (Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica) no ha concretado la transferencia de competencias en materia de fiscalización y potestad sancionadora a la SUNAFIL, dispuesta a través de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, y siendo ello así, la Intendencia Regional de Ica, ha causado intromisión en la misma, pues ha obviado que carece de competencia en el presente proceso administrativo, vicio que afecta todo lo actuado.

ii. Por tanto, se afecta el principio de legalidad, contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG, pues no se observó que carece de competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora en la Región Ica.

iii. Sostiene que no hay explicación o razón por la cual el inspector de trabajo sustenta que la presunta infracción ha agotado sus efectos dañosos o que no pudiera ser remediado el presunto perjuicio, ni en el anexo de insubsanabilidad y tampoco en el acta de infracción.

iv. Que, es la autoridad judicial la que declara la existencia de un acto de hostilidad, y más aún, después de declarada fundada la demanda recién podrá emitirse las multas respectivas, pues resulta lógico que, es la autoridad judicial la que determina si ha existido un acto de hostilidad como indica la misma norma. Entonces, la inspección de trabajo no ha podido analizar un caso cuya determinación aun ha debido ser analizada por el poder judicial.

v. La empresa estuvo autorizada para despachar mineral vía marítima. A pesar de ello, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, realizó desde el inicio del estado de emergencia, 16 de marzo de 2020, acciones tendientes a interrumpir el cumplimiento de las actividades esenciales, lo que denota sin alguna justificación que, los representantes de los trabajadores obreros se negaban a prestar servicios.

vi. Asimismo, precisa que, las convocatorias efectuadas por la empresa se han realizado a través de cada organización sindical representativa y a través de comunicaciones generales a todos los trabajadores.

- Mediante comunicado dirigido a todos los trabajadores, familiares y comunidad en general, de fecha 23 de mayo de 2020. - Mediante comunicado dirigido a todos los trabajadores y familiares de fecha 29 de mayo de 2020, se convocó a los trabajadores según plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19. - Cartas dirigidas al Sindicato de Obreros mediante DRI2020-300 de fecha 29 de mayo de 2020, donde se ofició el reinicio de operaciones y sus afiliados deberían apersonarse a los paraderos de ómnibus el día 30 de mayo para laborar; y DRI2020-303 de fecha 30 de mayo, donde fueron citados en esa misma fecha a horas 4:00pm en las oficinas administrativas, donde se les reiteró por última vez que los trabajadores debían estar en sus paraderos de ómnibus el 1ero de junio para ser trasladados acorde al plan a las charlas de capacitación y servicios médicos. - Comunicado de fecha 02 de septiembre de 2020, el mismo que fue repartido casa por casa y difundido a través de las redes sociales, donde se precisa a los trabajadores que quieran trabajar comunicarse a los números señalados o apersonarse a las oficinas de administración de personal en el horario de atención.

i. Que, de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, se evidencia con precisión la fecha de inicio para el ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de SUNAFIL, la misma que no se encuentra supeditada a la realización de transferencia alguna, así como también ha establecido la fecha en que la

2 Notificada a la impugnante el 11 de julio de 2022, véase folio 200 del expediente sancionador.

Intendencia Regional de Ica asume competencia y no como quiere hacer ver la inspeccionada.

ii. De igual manera el Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de la Resolución N° 114- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ratifica la competencia con la que cuenta la SUNAFIL, como la Intendencia Regional de Ica para fiscalizar y sancionar; en ese entender no es necesario ahondar ante lo reiteradamente expuesto.

iii. En ese sentido, la IRE de Ica concluye que a lo largo del desarrollo del procedimiento inspectivo y sancionador no existe vulneración al principio de legalidad, ni mucho menos al principio del debido procedimiento, acreditando respectivamente su competencia, a fin de realizar actuaciones e iniciar el procedimiento sancionador.

iv. Sobre el particular, se tiene por dilucidado que la inspeccionada no podría subsanar el incumplimiento advertido por los inspectores comisionados, en tanto si bien podría remediar ello otorgándole a sus trabajadores el trabajo efectivo, cierto es también que el periodo perpetrado de incumplimiento data desde el 23.06.2020 al 05.11.2020, periodo que a la fecha de las actuaciones inspectivas, como a la emisión de la insubsanabilidad, ya se encontraba consumado, siendo aquel periodo insubsanable, toda vez que, el tiempo transcurrido no podría revertirse a efectos que la inspeccionada pueda otorgar el trabajo efectivo a sus trabajadores.

v. Estando bajo lo delineado, se puede advertir entonces que pese a que la inspeccionada, a raíz de las actuaciones inspectivas que forman parte integrante del presente procedimiento, haya cambiado la actitud errada que venían ejecutando procediendo a notificar casa por casa a cada uno de los trabajadores el retorno a sus labores, ello no lo enerva de la responsabilidad en la que incurrió durante el periodo del 23.06.2020 al 05.11.2020.

vi. Que, los actos de hostilidad que menoscaben la dignidad del trabajador en una relación laboral por no tener ocupación efectiva, pueden ser determinado por la autoridad inspectiva de trabajo, y no solo por el Poder Judicial, en tanto el legislador ha previsto de modo amplio las finalidades del Sistema de Inspección del Trabajo.

vii. Situándose en los hechos constatados por el inspector comisionado, se tiene que si bien a través del D.S N° 044-2020-PCM publicado el 15.03.2020, se declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, ordenando el aislamiento social obligatorio (cuarentena), limitándose durante la vigencia del estado de emergencia nacional y cuarentena, el derecho a la libertad de tránsito de las personas únicamente para la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, que establece en su artículo 4°; cierto es también que, el artículo 8° de la norma, en su numeral 8.3 refiere que “El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal”. Que, así las cosas en el numeral 4.12 de los hechos constatados del acta de infracción, se advierte que conforme al cuadro de “transferencias – movilización” de carga (FKPS) se evidencia que desde el inicio de las actividades es decir el 23 de junio de 2020 hasta octubre, la inspeccionada tiene casi la misma capacidad de transferencia de movilización

de carga en comparación al periodo del año 2019, arribando a la conclusión que la inspeccionada durante el periodo junio a octubre si venía realizando actividades en la sección transferencia San Nicolás.

viii. Que, los trabajadores detallados en el cuadro 02 del acta de infracción, venían desempeñando labores en la sección transferencia San Nicolas, en los cargos de: operador stacker y ayudante de fajas, como bien consta en el cuadro del numeral 4.13 de los hechos constatados del acta, siendo reemplazos por los trabajadores: De La Cruz Aramburu Jhonatan Landro, Atocsa Contreras Erick Alonso y Heros Maldonado Fredson Clinton (con cargos de operador y mantenimiento) que no trabajaban en la sección transferencia de San Nicolas antes de la reanudación de las labores en el mes de junio, siendo los trabajadores afectados: Calla Contreras Alfredo Renan, Conde Flores Martín, Díaz Zamora José David y Tambra Lagos Gustavo Adolfo, los que venían laborando en dicha zona hasta febrero de 2020, cuando se paralizaron las labores en la sección de transferencia.

ix. En ese sentido, se tiene que el inspector comisionado advirtió que dichos trabajadores, se le menoscabo su dignidad como tal, al no haber sido convocados para continuar laborando pese a no estar considerados como personal de riesgo y peor aún, ser reemplazados en sus puestos de trabajo con personal que no correspondía a dicha área. Asimismo, señala que, los trabajadores afectados venían laborando en la sección transferencia de San Nicolás hasta febrero 2020, y al reanudarse las labores en junio 2020 no fueron llamados a realizar labor efectiva, pese a no ser considerados trabajadores de riesgo; y, se les otorgo licencia con goce sin causa justa y objetiva.

x. Aunado a ello, se advierte que la inspeccionada a través de comunicados de fecha 23.05.2020 y 29.05.2020 (adjuntas en el expediente de actuaciones inspectivas), hace de conocimiento el retorno a las labores, sin embargo, son comunicados en PDF que no muestran prueba que haya sido recepcionada por cada uno de los trabajadores afectados, asimismo, las cartas suscritas por el Jefe del Departamento de Relaciones Industriales, fueron dirigidas al Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, más no de forma individualizada y directa a cada uno de sus trabajadores afectados.

xi. Respecto a lo delineado, menciona que, la inspeccionada pudo cursar comunicación personal, individualizada y directa con los trabajadores afectados detallados en el cuadro 02 del acta de infracción, por medio de la información contenida en el T-Registro que forma parte de la Planilla Electrónica, toda vez que, dicho registro es un instrumento en el cual entre otras cosas contiene información laboral de los trabajadores, como dirección, número de teléfono móvil de

contacto, correo electrónico de contacto; siendo obligatorio el registro de las dos últimas premisas, conforme a lo establecido en la RM N° 242-2017-TR desde el 01.03.2018; quedando determinado que la inspeccionada pudo haber cursado comunicación directa con cada uno de ellos.

xii. Concluye que, la inspeccionada no acredito haber convocado de forma individualizada y directa a sus trabajadores afectados para que retornen a sus labores, posteriores a la declaración del Estado de emergencia nacional, declarado a partir del 16.03.2020 conforme el D.S N° 044-2020-PCM. Y advierte que, a través del documento obrante a folios cinco (05) y seis (06) en el expediente de actuaciones inspectivas, los trabajadores afectados, suscriben carta de fecha 16.09.2020, cursada al señor Giovanni Gutiérrez Candiotti, en calidad de asistente de Gerencia de Administración, como carta cursada al señor Wu Yimin, en calidad de Gerente de administración, solicitando ser incluidos en las convocatorias de reanudación de labores en la empresa, con copia a SUNAFIL, Ministerio de trabajo y promoción del empleo y el sindicato de obreros mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos; quedando acreditado con ello que los trabajadores requirieron de manera expresa el retorno a sus labores.

xiii. Por consiguiente, la Intendencia Regional determina que, la inspeccionada no les permitió ejercer a los trabajadores afectados, su derecho a la ocupación efectiva, es decir, el derecho a trabajar, menoscabando de esa manera su dignidad como trabajadores; evidenciándose que, la decisión del empleador sobre la licencia con goce de haber, no fue bajo los estándares del principio de razonabilidad, de tal manera que no persiguió una finalidad lícita y/u legitima, ya sea para la debida atención de sus necesidades comerciales, o para evitar escenarios de mayor lesividad a sus colaboradores, generando así transgresión a los derechos de los trabajadores afectados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se afecta el principio de legalidad y por ende al principio del debido procedimiento administrativo, el cual deriva del principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa. ii. Por otro lado, alegan que la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, dispuso aprobar el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Ica, a partir del 13 de diciembre de 2014, estableciéndose previamente que debía transferirse las competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Ica a la SUNAFIL, lo que no ha ocurrido a la fecha, pese a que el último párrafo del artículo 2 del cuerpo normativo antes citado, estableció que la comisión de transferencia debía instalarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución Ministerial en El Peruano, es decir, hasta el viernes 05 de diciembre de 2014.

iii. En ese sentido, señalan que la SUNAFIL no puede asignarse competencia mientras éstas aún no han sido transferidas, y al haber ejercido función inspectiva en la Región Ica, ha causado intromisión en la misma, pues ha obviado que carece de competencia en el presente proceso administrativo, vicio que afecta todo lo actuado.

iv. Asimismo, cuestionan que la SUNAFIL, tiene que admitir que la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, debe cumplir de forma sistemática, y no en parte, al sostener que ha asumido competencia en la Región de Ica desde la fecha 13 de diciembre de 2014, pues antes de iniciar el ejercicio de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora en la Región Ica, debió transferirse las competencias a la SUNAFIL.

v. En tal sentido, bajo la premisa de la SUNAFIL, que la Intendencia Regional de Ica, habría asumido competencia desde el 13 de diciembre de 2014, qué sentido tendría

la Resolución Ejecutiva Regional N° 0021-2016-GORE-ICA/GR, de fecha 14 de enero de 2016.

vi. De igual manera, por todo lo argumentado, señalan que se ha vulnerado el derecho de defensa, pues la SUNAFIL no observó que carece de competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora, vicio que afecta todo lo actuado.

vii. Sostiene se ha inaplicado lo dispuesto en el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG sobre el derecho al debido procedimiento.

viii. Considera que, la Administración debe motivar adecuadamente sus resoluciones a fin de que acredite que el administrado ha incurrido en una infracción a la normativa sociolaboral, y tal fundamentación debe ser de tal magnitud que pueda vencer la presunción de inocencia o principio de presunción de licitud. En consecuencia, cuestiona que el trabajador no ha imputado al empleador ningún acto de hostilidad, por lo que, se estaría cometiendo una grave afectación a su representada, pues por un lado, la autoridad de trabajo señala que se esta ante un hecho insubsanable, y por otro, la ley señala que claramente existe una oportunidad que tiene el empleador de enmendar algún presunto acto de hostilidad, por esos motivos, la propuesta de multa debe dejarse sin efecto.

ix. Que, la empresa estuvo autorizada para despachar mineral vía marítima. A pesar de ello, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Anexos, realizo desde el inicio del estado de emergencia, 16 de marzo de 2020, acciones tendientes a interrumpir el cumplimiento de las actividades esenciales, lo que denota sin alguna justificación que, los representantes de los trabajadores obreros se negaban a prestar servicios.

x. Asimismo, precisa que, las convocatorias efectuadas por la empresa se han realizado a través de cada organización sindical representativa y a través de comunicaciones generales a todos los trabajadores. Como las siguientes:

- Mediante comunicado dirigido a todos los trabajadores, familiares y comunidad en general, de fecha 23 de mayo de 2020. - Mediante comunicado dirigido a todos los trabajadores y familiares de fecha 29 de mayo de 2020, se convocó a los trabajadores según plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19. - Cartas dirigidas al Sindicato de Obreros mediante DRI2020-300 de fecha 29 de mayo de 2020, donde se ofició el reinicio de operaciones y sus afiliados deberían apersonarse a los paraderos de ómnibus el día 30 de mayo para laborar; y DRI2020-303 de fecha 30 de mayo, donde fueron citados en esa misma fecha a horas 4:00pm en las oficinas administrativas, donde se les reitero por última vez que los trabajadores debían estar en sus paraderos de ómnibus el 1ero de junio para ser trasladados acorde al plan a las charlas de capacitación y servicios médicos. - Comunicado de fecha 02 de septiembre de 2020, el mismo que fue repartido casa por casa y difundido a través de las redes sociales, donde se precisa a los trabajadores que quieran trabajar comunicarse a los números señalados o

apersonarse a las oficinas de administración de personal en el horario de atención.

xi. Que, estas comunicaciones fueron presentadas al inspector comisionado, sin embargo, estas no fueron valoradas.

xii. Cita la Resolución N°104-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 15 de julio de 2021, en cuanto este tribunal determina que lo argumentado por los administrados debe ser tomado por cierto en tanto no haya prueba de lo contrario, de acuerdo al principio de presunción de veracidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la interpretación errónea de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR 6.1 La impugnante alega, conforme ha planteado en otros recursos absueltos por este Tribunal, que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica es la competente para fiscalizar en el ámbito geográfico que comprende dicha región, pues (supuestamente) no se ha transferido la competencia fiscalizadora a la Intendencia Regional de Ica. Así, sustenta este alegato en la ausencia de transferencia de competencias fiscalizadoras y sancionadoras, agregando que, en la resolución impugnada, existe una la falta de análisis de la Resolución Ministerial Nº 257-2014-TR.

9 - Decreto Supremo N° 003-2013-TR, Decreto Supremo que precisa la transferencia de competencias y los plazos de vigencia contenidos en la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL): “Artículo 1°- De la Transferencia de funciones En la transferencia de atribuciones a la SUNAFIL se considera lo siguiente: 1.1.- Transferencia de competencias La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los Gobiernos Regionales a la SUNAFIL se realiza progresivamente, conforme al cronograma de transferencias que se aprueba mediante resolución ministerial, en la que se determina la fecha específica del inicio de funciones de la SUNAFIL en cada jurisdicción. La culminación del proceso de transferencia se realiza antes del 10 de enero de 2014, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981, Ley que crea la SUNAFIL. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los Gobiernos Regionales mantienen su competencia en materia de inspección del trabajo

sobre las pequeñas, medianas y grandes empresas hasta la transferencia de competencias referida en el párrafo anterior del presente artículo. 1.2.- Competencias y transferencia de expedientes administrativos en trámite Las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los Gobiernos Regionales mantienen sus competencias de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora en materia de pequeña, mediana y gran empresa hasta la fecha que se determine en el cronograma mencionado en el numeral 1.1 del presente artículo. Igualmente, ocurrida la transferencia de competencias a la SUNAFIL, los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mantienen competencia respecto de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la transferencia y hasta su culminación; salvo, que suscriban convenios de delegación de facultades, en cuyo caso se transfiere el acervo documentario correspondiente a estos procedimientos. Los expedientes administrativos relativos a las órdenes de inspección en trámite, que se encuentren a cargo de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los Gobiernos Regionales, y sobre los que no se haya iniciado procedimiento administrativo sancionador al momento de la transferencia de competencias, deben remitirse a la SUNAFIL de acuerdo a lo establecido en el cronograma referido en el numeral 1.1. del presente artículo, bajo responsabilidad. Los plazos del procedimiento de inspección del trabajo y del correspondiente procedimiento sancionador se suspenden, lo que se determina mediante resolución ministerial”. 10 Ley N° 30814, Ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo. “Artículo 1. Objeto de la ley La presente ley tiene por objeto fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo, asignándole, de manera temporal, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las competencias y funciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”.

sancionar infracciones en materia socio laboral y la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, advertidas mediante Actas de Infracción11.

Figura N°02

Sobre la supuesta vulneración a la debida motivación

11Resolución Ministerial Nº 069-2019-TR. Establecen que el proceso de transferencia temporal de competencias, funciones personales y acervo documentario de los Gobiernos Regionales de Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambayeque a la SUNAFIL, comprende la conformación de comisiones, y emiten otras disposiciones. Artículo 3.- Inicio de la transferencia temporal e inicio del ejercicio de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora Establézcase la fecha de inicio de la transferencia temporal de competencias, funciones, personal y acervo documentario de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales del Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambayeque a la SUNAFIL, así como la fecha de inicio del ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de la SUNAFIL, en el ámbito territorial de los citados gobiernos regionales, conforme al siguiente cronograma:

12 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

13 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Asimismo, se aprecia de los numerales 3.12 al 3.18 de la Resolución de Intendencia Nº 089-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, así como de los numerales 34 al 43 de la Resolución de Sub Intendencia de Resolución Nº 118-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, que se han desvirtuado, adecuadamente, los fundamentos expuestos por la impugnante en este extremo, sin que se haya aportado nuevos argumentos o elementos, que los desvirtúen.

15 Véase folios 56 del expediente inspectivo. 16 Conforme se aprecia del numeral 4.18 de Constancia de Actuaciones Inspectivas y Hechos Insubsanables, así como del Acta de Infracción.

Sobre la competencia de la autoridad administrativa para determinar la ocurrencia de actos de hostilidad

“Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en:

1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad

17 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037- 2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 18 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La Sunafil es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 19 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 “Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 20 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 21 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 22 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981

empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 2. Los vehículos y los medios de transporte en general, en los que se preste trabajo, incluidos los buques de la marina mercante y pesquera cualquiera sea su bandera; los aviones y aeronaves civiles, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra, para el servicio de aquellos. 3. Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala, destino, en lo relativo a los viajes de migraciones laborales. 4. Las entidades, empresas o cooperativas de trabajadores que brinden servicios de intermediación laboral. 5. Los domicilios en los que presten servicios los trabajadores del hogar, con las limitaciones a la facultad de entrada libre de los inspectores, cuando se trate del domicilio del empleador. 6. Los lugares donde se preste trabajo infantil.

No obstante, lo anterior, los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia esté legalmente atribuida a la competencia de otros órganos del Sector Público, continuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la Inspección del Trabajo en las materias no afectadas por la misma.” (énfasis añadido)

“La actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, aun cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Se ejerce en las empresas, centros y lugares de trabajo a los que se refiere el artículo 4 de la Ley.”

cuestionar y desconocer las competencias, objetivos y fines de la SUNAFIL como ente fiscalizador de trabajo, lo cual resulta contrario a los deberes de buena fe procedimental23 que todo administrado debe seguir.

Sobre los elementos constitutivos del acto de hostilidad

23 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha”(énfasis añadido).

24 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 25 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

Sobre los actos de hostilización en el caso materia de revisión

“ Décimo: (…) la demandante señala haberse sentido afecta en su dignidad en tanto no se le asignaron funciones a realizar, las mismas que si bien se ha señalado están especificadas en la hoja de descripción de cargo, sin embargo, no se apareja medio de prueba de que el jefe de inmediato le haya asignado una o algunas funciones, menoscabando su dignidad, al crearle sentimiento de insatisfacción que atenta a su buen equilibrio emocional al mantenerla durante largos periodos de tiempo sin realizar labor alguna, hecho contraproducente además para la institución.

Undécimo: Que siendo el trabajo la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, garantizada en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, los actos de la demandada resultan contrarios a la dignidad de la persona, subsumiéndose su conducta a la hipótesis que describe el artículo 30 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (…)” (énfasis añadido).

“4.14. Que, del ANEXO 3 del documento con sumilla requerimiento de información de fecha 14 de diciembre 2020 remitida por el sujeto inspeccionado al suscrito se puede observar que los trabajadores detallados en el cuadro 01 de la presente actuación inspectiva y hechos insubsanables quienes tienen el cargo de ayudante laboraron en la sección de transferencia San Nicolás hasta el mes de febrero de 2020 y a partir del mes de junio de 2020 cuando se reanudaron las actividades en esta sección ingresaron a laborar (…) quienes tienen el cargo de Operador y Mantenimiento con lo que se puede observar que estos trabajadores reemplazaron a los trabajadores detallados en el cuadro 01 de la presente Acta de Infracción. (…) en ese sentido, el empleador decide unilateral e injustificadamente reemplazar a sus trabajadores continuando con sus labores con otros trabajadores que tienen cargos diferentes.

y si bien es cierto el estado de emergencia otorgó a los empleadores la facultad de poder otorgar licencias con goce de remuneraciones, esto no significa que el sujeto inspeccionado pueda otorgar licencias con goce de remuneraciones sin justificación alguna como lo hizo con sus trabajadores de la sección de Transferencia San Nicolas y a quienes reemplazó con trabajadores (…) quienes tienen el cargo de Operador y Mantenimiento (…) desde el mes de junio 2020 hasta el mes de octubre 2020, con lo que se evidencia que el sujeto inspeccionado otorgó las licencias con goce de remuneraciones sin justificación razonable, vulnerando así el derecho a la ocupación efectiva de los trabajadores detallados en el cuatro Nº 01 de la presente Acta de Infracción.

“20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. 20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.”

de la pandemia del Covid-19, conferían al empleador la facultad de otorgar licencias con goce de haber compensable, ello no podía realizarse de forma injustificada. En ese sentido, conforme el numeral 6.32 de la presente resolución, esta licencia estaba condicionada a la imposibilidad, por la naturaleza de las labores, de la realización del trabajo remoto, así como por las condiciones y factores de riesgo o clínicos de los trabajadores, supuestos que no se habrían configurado en este caso. De este modo, la impugnante debió asignar funciones a sus trabajadores, pues el área de labores de estos, como sus puestos de trabajo no habían paralizado en mérito de la pandemia Covid-19, así como tampoco, dichos trabajadores habían sido considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias.

Figura Nº 01 Acta de Infracción

impugnante, pero, recién a mediados de noviembre de 2020. Por tanto, se debe desestimar los argumentos del impugnante, referidos a cuestionar que sus comunicados no fueron valorados por las instancias de mérito, pues, en los numerales 3.38 al 3.43 de la Resolución de Intendencia Nº 089-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, se aprecia que estos han sido valorados, concluyendo que la impugnante no acreditó haber comunicado a sus trabajadores afectados de forma individual, la incorporación a su puesto de trabajo, sino recién hasta noviembre de 2020.

recoger con claridad y rotundamente esta perspectiva y no en vano especifica que: “El trabajo (...) es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”26 .

Sobre la supuesta inaplicación de la presunción de veracidad por parte de las instancias previas.

26 Blancas, Carlos. El acoso moral en la relación de trabajo. Palestra, Lima, 2007, p. 100.

27 Guanche, Alberto. El derecho del trabajador a la ocupación efectiva. Civitas. Madrid, 1993, pp. 34 y 35. 28 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 29 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

impugnante, sino que se confirma. Por tanto, en este caso, la presunción planteada por la sancionada ha sido rebatida por la corroboración efectuada por el personal inspectivo, debiendo desestimarse lo alegado en este extremo.

Información Adicional

N° MATERIA CONDUCTA SANCIONADA TIPO LEGAL Y CALIFICACIÓN Relaciones Laborales Realizar actos de hostilidad que afectan la dignidad del trabajador como no permitir realizar ocupación efectiva, hecho que afecta la dignidad de cuatro (04) trabajadores. Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 11 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230928JCR