Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 413-2024

Mediante Orden de Inspección N° 1492-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 130-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no proporcionar la información solicitada mediante requerimientos de información notificados en fechas 11 y 20 de noviembre de 2020, así como por obstaculizar la participación de los trabajadores en la diligencia del 30 de octubre de 2020; en atención a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el Secretario General del Sindicato de Obreros de Shougang Hierro, por supuestos actos antisindicales.

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 48-2022-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, de fecha 13 de enero de 2022, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ica, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 439-2022-SUNAFIL/IRE-SISA- ICA, de fecha 15 de agosto de 2022, notificada el 16 de agosto de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 56,459.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 07 de septiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 439-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 30 de octubre de 20222, la Intendencia Regional de Ica, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de noviembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001205- 2022-SUNAFIL/IRE-ICA, recibido el 29 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral. II. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 130-2022- SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, que confirmó la sanción impuesta de S/ 56,459.00, por la comisión de tres (03) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.3 y 46.5 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 03 de noviembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, en el numeral 3.1 del inciso 3 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Por lo que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2. de la versión 02 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

Los vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, publicada el 08 de agosto de 2021 en el diario oficial El Peruano, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo.

En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

Sobre el particular, del expediente inspectivo se verifica que la impugnante fue debidamente notificada por medio de correo electrónico autorizado en la visita inspectiva de fecha 30 de octubre de 202011, con los requerimientos de información remitidos el 11 y 20 de noviembre de 2020, conforme a lo dispuesto por el numeral

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, no se frustró o impidió la labor de fiscalización laboral; máxime que es imposible entregar algo que no existía al momento de las actuaciones inspectivas. Al respecto, precisan que, los inspectores comisionados, debieron advertir que existe una negativa en brindar la información, y requerir la misma, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, situación que no han realizado los inspectores comisionados, y que tampoco ha sido advertida por el Intendente de Ica. Asimismo, cuestionan que lo solicitado en los requerimientos de información registra imprecisiones e inconsistencias, pues no se precisa sobre qué periodo debió presentar la información.

Contrario a lo alegado por la impugnante, se advierte que la impugnante no entregó o proporcionó la información solicitada mediante requerimientos de información notificados el 11 y 20 de noviembre de 2020, hecho que conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, frustró la fiscalización laboral, ya que no se pudo cumplir con el objetivo de la orden de inspección, de comprobar la materia de: Discriminación en el trabajo (Sub materia: Por afiliación sindical); y, Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos), sancionándose en ese sentido, por infracciones a la labor inspectiva.

Por otro lado, se advierte de los “Requerimiento de Información” de fechas 11 y 20 de noviembre de 2020 que obran en el expediente inspectivo, que el inspector comisionado ha cumplido con realizar el apercibimiento en caso de incumplimiento, que a la letra dice: “Cabe recordar que la negativa y/o no remisión de la información solicitada, constituirá INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa (…)”; así como, se evidencia que ambos requerimientos precisan expresamente la información a presentar por parte del sujeto inspeccionado. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que la Intendencia Regional de Ica carece de competencia para resolver el presente procedimiento administrativo, vicio que afecta todo lo actuado y que, por ende, se vulnera el principio de legalidad y el principio del debido procedimiento administrativo. Sobre el particular, se tiene que, el numeral 1.2 del Decreto Supremo N° 003-2013-TR, establece que las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales, mantendrán la competencia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora en materia de pequeña, mediana y gran empresa hasta la fecha que se determine en el cronograma de transferencias que se aprueba mediante Resolución Ministerial, en la que se determina la fecha específica del inicio de funciones de la SUNAFIL, en cada jurisdicción.

Ahora bien, mediante Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, se dispuso aprobar el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Ica y Moquegua a la SUNAFIL. Asimismo, se estableció el cronograma de inicio del ejercicio

Asimismo, mediante Resolución Ejecutiva N° 0021-2016-GORE-ICA/GR, de fecha 14 de enero de 2016, el Gobernador Regional de Ica designó a los representantes del Gobierno Regional de Ica, para la transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora; sin embargo, contrario a lo alegado por la impugnante, que la transferencia no se haya realizado antes o durante del inicio de actividades de la Intendencia Regional de Ica, no limita a dicha intendencia a cumplir con las funciones encomendadas por la Ley N° 29881 (Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL), en tanto que, conforme a lo establecido en el párrafo 6 de la citada resolución, los presupuestos para asumir competencia son: 1) que se determine un cronograma de transferencia y ii) que sea aprobada mediante Resolución Ministerial, presupuestos que se han cumplido a cabalidad con la publicación de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR.

En ese sentido, independientemente de la conformación de la comisión de transferencia a cargo del Gobierno Regional, la Intendencia Regional de Ica es competente en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia, desde el 13 de diciembre de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 29881, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

La impugnante refiere que, se ha vulnerado el principio de tipicidad, en tanto que, existe un error en la tipificación, porque el lugar donde la inspectora auxiliar pretendía ingresar, a efectos de recoger los alegatos de los trabajadores, no era el centro laboral, por tanto, señalan que no calzaría el hecho de encapsular dicha conducta en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Por otro lado, alegan que la supuesta infracción no guarda relación con el numeral 46.5 del artículo 46 del RLGIT, en tanto que no existe correspondencia entre las actuaciones de investigación, la infracción determinada por la autoridad administrativa y su descripción en el marco legal, debido a que no se ha dejado constancia que el vigilante, por orden de la empresa, haya obstaculizado la participación en el acto de la inspección. Asimismo, refieren que el inspector no comunicó su presencia, así como que no se ha dejado constancia que se haya entrevistado a algún representante de la impugnante y que, por ende, no se aplicó correctamente lo establecido en el sub numeral 7.12.2.4 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII.

Sobre el particular, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) a) Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor; (…) c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas (…). Quienes representen a los sujetos inspeccionado deberán acreditar tal condición si las actuaciones no se realizan directamente con ellos. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a proporcionar a la inspección del trabajo los datos, antecedentes o información con la relevancia en las actuaciones inspectivas, siempre que se deduzcan de sus relaciones con los sujetos sometidos a la acción inspectiva y sea requerida para ello de manera formal” (énfasis añadido).

En ese sentido, la conducta referida a obstaculizar la participación de trabajadores en la visita inspectiva de fecha 30 de octubre de 2020, ha sido tipificada en el numeral 46.5 del artículo 46 del RLGIT, calificando dicha conducta como una infracción muy grave a la labor inspectiva.

Ahora bien, del numeral 4.18 de los hechos constatados del Acta de Infracción se advierte que, la inspectora comisionada ha dejado constancia que la impugnante obstaculizó o impidió el acceso de los trabajadores para su entrevista y cumplimiento de las actuaciones inspectivas en la visita inspectiva de fecha 30 de octubre de 2020, realizada en las instalaciones del Hotel Davar, ubicado en la Av. Andrés Avelino Cáceres S/N, San Juan de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica; causándole perjuicio a cinco (5) trabajadores: Noe Huaccharaqui Atahua, Jacksavit Hernández Pasco, Juan Carlos Vásquez Tubilla, Richard Roberto Atocsa Ripas y, Oscar Hernán Gutiérrez Ochoa.

Respecto a la diligencia de fecha 30 de octubre de 2020, en las instalaciones del Hotel Davar, de las actuaciones inspectivas de investigación, se advierte que la inspectora comisionada ha dejado constancia que, al apersonarse y explicar los motivos de la visita, el vigilante del hotel le negó el ingreso, argumentando que “no tenía autorización de permitir el ingreso a sus instalaciones”, sin exponer una causa válida o razonable que justifique el impediente de las actuaciones inspectivas; ante lo cual, la inspectora comisionada le comunicó las consecuencias de no permitir el ingreso del inspector, lo cual constituye una infracción muy grave a la labor inspectiva, respondiendo que “no se encontraba facultado para permitir el ingreso”. En ese contexto, habiendo transcurrido más de diez (10) minutos, la inspectora procedió a retirarse del lugar visitado.

Cabe precisar que, las actuaciones inspectivas de investigación iniciaron en atención a la denuncia realizada por el secretario general del Sindicato de Obreros de Shougang Hierro, por supuestos actos antisindicales, y que la inspectora comisionada en compañía del secretario de defensa del Sindicato, se apersonó a las instalaciones del Hotel Davar, lugar en donde se encontraban cinco (5) trabajadores del área de embarque del sujeto inspeccionado; conforme a los fundamentos de la citada

Ante la negativa de permitir el ingreso a la inspectora comisionada al Hotel Davar, antes de retirarse del lugar, se apersona el señor Christian Abel Argueda Pérez (encargado de vigilancia del hotel), quien le manifestó que “nadie podía ingresar sin autorización de la mina y que debían comunicarse con los representantes de la mina Shougang Hierro Perú”, ante lo cual, la inspectora decide acudir a la Comisaría PNP San Juan de Marcona, a fin de solicitar una constatación por parte del personal policial.

Contrario a lo alegado por la impugnante, referido a que no se ha dejado constancia que se haya entrevistado a algún representante, se advierte que al retornar la inspectora comisionada al Hotel Davar, acompañada del personal de la PNP, encontró en las afueras de las instalaciones del hotel, al representante de la impugnante, quien se identificó como el señor Gonzalo Fernando Alanoca Choquepuma, el mismo que señaló que “para ingresar al hotel debía cumplirse previamente con el protocolo de seguridad establecido por la mina, ya que el personal que se encontraba dentro de las instalaciones estaba en periodo de cuarentena”.

Al respecto, conforme a lo previsto en la primera disposición complementaria transitoria el Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se establece que: “La inspección de trabajo ejerce las funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales durante el Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria por la presencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por lo que mantiene sus competencias de fiscalización y sanción por incumplimiento de las normas laborales generales y de las especiales que se emitan durante el estado de emergencia para cautelar los derechos de los/as trabajadores/as”.

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 187-2020-PCM, establece en su artículo 3 que: “Corresponde a las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias realicen las acciones de supervisión y fiscalización respectivas, respecto del cumplimiento de las disposiciones que regulan las fases de la reanudación de actividades”.

De igual manera, el Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19), en el territorio nacional, sostiene en el sub numeral 7.1.1, que durante el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional, la inspección del trabajo ejerce de forma permanente sus funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo (…). Asimismo, el sub numeral 7.1.2, sostiene que los integrantes del SIT ejercen sus funciones de manera virtual y presencial, esta última de manera restringida, por lo cual se privilegia su accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de las TIC’s, a fin de evitar contagios; sin embargo, una de las priorizaciones de las acciones del SIT, recae en fiscalizar la afectación de derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador.

En tal sentido, se evidencia que la impugnante habría ordenado que nadie pueda ingresar, orden que incluía a los inspectores comisionados, lo cual configuró la obstaculización de la participación de los trabajadores que se encontraban en el referido hotel, debido a que no expuso ni evidenció fehacientemente un motivo razonable para que la inspectora comisionada no pueda realizar sus actuaciones inspectivas necesarias y entrevistar a los cinco (5) trabajadores afectados. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a la vulneración del principio de tipicidad, debemos indicar que el tipo infractor postulado por los inspectores es el numeral 46.5 del artículo 46 del RLGIT, y no el tipo legal contenido en el numeral 46.1 del artículo 46 del citado cuerpo normativo; lo que se ha dejado constancia en el numeral 4.18 de los hechos constatados del Acta de Infracción, al señalar la inspectora comisionada que el sujeto inspeccionado impidió u obstaculizó el acceso de los trabajadores afectados para su entrevista y cumplimiento de las actuaciones inspectivas, respecto a la diligencia de fecha 30 de octubre de 2020. Por tanto, la infracción recae en el numeral 46.5 del artículo 46 del RLGIT, el cual determina la conducta de: “Obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical”, como una infracción muy grave a la labor inspectiva. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Asimismo, sobre el alegato referido a que la infracción registra incongruencias, en razón que los inspectores comisionados en un primer momento dejan constancia que ha existido un impedimento de ingreso al Hotel Davar, a la inspectora auxiliar de trabajo, para posteriormente señalar que se ha obstaculizado la participación de los trabajadores, tipificando la supuesta infracción en el numeral 46.5 del artículo 46 del RLGIT. Sobre el particular, de los hechos constatados del Acta de Infracción, se advierte el hecho de haber impedido el ingreso de la inspectora comisionada al Hotel Davar para tomar las declaraciones de los cinco (5) trabajadores afectados, ha ocasionado que se obstaculice la participación de los mismos. En efecto, si evaluamos la conducta reprochable, esta recae en la obstaculización por parte de la impugnante, para que la inspectora comisionada pudiera recoger los testimonios de los trabajadores afectados, los mismos que se encontraban el 30 de octubre de 2020 en el Hotel Davar, lugar que venían ocupando los trabajadores, a razón del cumplimiento del Plan de vigilancia para evitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 439-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, como la Resolución de Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.