Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 1253-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no entregar los resultados de las pruebas Covid, en perjuicio de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,452.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 09 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 62,392.00.

i. El Acta de Infracción no cumple con los requisitos contenidos en la LGIT y el RLGIT. Señala, además, que debe declararse la nulidad de todo el procedimiento de actuaciones inspectivas o comprobatorias, así como el proceso sancionador iniciado con la imputación de cargos y el acta de infracción en razón de no haberse observado los requisitos de validez de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. ii. La empresa manifiesta que, en la medida de requerimiento la inspectora consideró un cuadro con determinados datos, sin embargo, en el acta de infracción, figuran otros datos adicionales. Recién con dicha acta, la inspectora de trabajo considera las fechas en las que presuntamente no se habría realizado la entrega de pruebas COVID-19, señalando períodos específicos por más de un mes; no obstante, si se compara con el anexo de la medida de requerimiento, en esta última solo se precisó un período general para todos los trabajadores desde agosto de 2020 a junio 2021, no señalando períodos específicos o meses específicos como sí se ha hecho en el Acta de Infracción, lo cual evidencia la afectación del derecho, pues si la información contenida en el Acta de Infracción hubiera sido trasladada en la medida de requerimiento entonces la empresa habría tenido pleno conocimiento de los períodos específicos de los cuales se exigía acreditar la entrega de resultado de prueba COVID-19. iii. La inspectora de trabajo comisionada no concluyó su investigación con la medida de requerimiento, sino que recién culminó su evaluación después de presentada la información de la medida de requerimiento. La Directiva N° 001- 2020 señala que los criterios señalados en las medidas inspectivas como las de

2 Se ha consignado la nomenclatura conforme el propio proveído a folios 71, emitido por la misma sub intendencia, además de lo consignado en la resolución impugnada.

requerimiento deben contener los mismos fundamentos del Acta de Infracción; sin embargo, se observa que los períodos específicos por cada trabajador recién han sido considerados en el Acta de Infracción vulnerando el derecho a la predictibilidad, por lo que se debe dejar sin efecto la propuesta de sanción al haberse afectado el derecho a no poder subsanar cualquier presunta infracción, vulnerando el derecho a un debido procedimiento de investigación. iv. La inspectora requirió en su medida que se acredite el levantamiento de las observaciones detalladas en el punto tercero de los hechos constatados mediante documentos idóneos y fehacientes; sin embargo, no precisó que documentos eran los que se debían presentar, afectando y dejando en incertidumbre al inspeccionado si un documento resulta idóneo y/o fehaciente. v. Existe una motivación aparente en el Acta de Infracción y la inaplicación del principio de tipicidad, toda vez que, el inspector comisionado, refiere y sustenta su tesis de incumplimiento en base a lo establecido en el artículo 102 del D. S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, al considerar que la no entrega de resultados de prueba COVID-19 se considera un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, dicha norma dispone que se debe informar al trabajador sobre resultados de exámenes médicos, mas no de una prueba de descarte COVID-19, teniendo en cuenta que ambos conceptos son totalmente diferentes y el objetivo de ambos ni siquiera se parecen.

i. La nulidad no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo, debiendo tener presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones inspectivas, que se encuentra sujeta a evaluación en el procedimiento administrativo sancionador, a través de los órganos competentes. ii. Era obligación del empleador informar a los trabajadores en forma individual de los resultados de los exámenes médicos por medio del informe escrito debidamente firmado por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo que la inspeccionada estaba obligada a evidenciar el cargo de entrega de dicho informe a los trabajadores afectados. iii. Sobre reiteran los alegatos planteados en el escrito de descargos sobre el cual la Autoridad Instructora emitió su pronunciamiento, desvirtuando los mismos en el considerando 13 al 23 del Informe Final. Si bien se aprecia que la inspeccionada comunicó, con fecha 06 de agosto de 2021, en relación a la

3 Notificada a la impugnante el 26 de enero de 2023, véase folio 80 del expediente sancionador.

información solicitada en requerimiento de información de fecha 03 de agosto de 2021, de acuerdo al punto tercero de la medida de requerimiento, esta resultó insuficiente para acreditar el cumplimiento de la entrega de los resultados de las pruebas COVID tomadas a sus trabajadores correspondientes a los meses de agosto de 2020 a junio de 2021, siendo los trabajadores afectados ochocientos diez (810). Debido a ello, la inspectora comisionada requirió en la medida inspectiva de requerimiento que se efectúe el levantamiento de las observaciones detalladas en el punto tercero. En vista de ello, se evidencia, que se ha descrito de forma clara, precisa y concisa el período del incumplimiento, los trabajadores afectados y hechos, por lo que queda desvirtuado lo alegado en este extremo del recurso de apelación. iv. Sobre la vulneración al principio de tipicidad, en el caso concreto se observa, tanto en la evaluación de la Inspectora comisionada como en la de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, que los mismos han subsumido los hechos en el tipo sancionador previsto en el numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT, que prevé taxativamente como infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo: “No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador”. Respecto, a los tipos de exámenes médicos ocupacionales encontramos los exámenes de inicio, periódicos, de salida; en el caso de los periódicos se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones del estado de salud del trabajador, tal es el caso de los efectos generados por el COVID 19. En vista de ello, el médico ocupacional deberá realizar la evaluación médica, y si es necesario se deberá realizar la prueba de descarte de COVID. Entonces al ser este tipo de prueba de descarte parte de los exámenes médicos ocupacionales, resulta correspondiente desestimar lo señalado por la impugnante. v. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, durante las actuaciones inspectivas se advirtió incumplimientos a la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo por lo que, ante ello, la Inspectora comisionada, conforme a sus facultades, extendió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de agosto de 2021, mediante la cual requirió a la inspeccionada que, en el plazo de tres (03) días hábiles, proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia del Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de SST en las empresas, respecto a la información de las evaluaciones médicas a los trabajadores, al no acreditar la entrega de los resultados de las pruebas Covid, tomadas a sus trabajadores, correspondiente a los meses de agosto de 2020 a junio 2021. vi. No obstante ello, la inspeccionada no cumplió con lo requerido en la citada medida de requerimiento en su totalidad, conforme se señala en el punto 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción; lo cual evidencia la inobservancia al deber de colaboración con la inspección, deber contenido en el artículo 9 de la LGIT. Siendo ello así, ninguno de los argumentos alegados en el recurso de apelación, con relación a la medida inspectiva de requerimiento, tienen asidero para desvirtuar su incumplimiento. vii. Sobre la vulneración a la motivación de la resolución apelada, en el caso de autos no se verifica la existencia de causales de nulidad que recaigan en la resolución apelada conforme al artículo 10 del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0065-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Tanto la Ley como el Reglamento inciden en la obligatoriedad de consignar en el Acta de Infracción, la infracción o infracciones imputadas tal y como queda expresamente señalado en el artículo 46° de la LGIT, donde se precisa que las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejaran: a) Los hechos constatados por el inspector de trabajo que motivaron el acta; ello resulta concordante con el artículo 54° del RLGIT, que indica que los hechos comprobados por el inspector de trabajo, constitutivos de infracción.

ii. Que, en el cuadro de la medida de requerimiento, la inspectora ha considerado un cuadro con datos distintos a los consignados en el Acta de Infracción, siendo adicionales conforme a las imágenes que se adjuntan al recurso de revisión. Es recién el Acta de Infracción que la inspectora considera las fechas en las que presuntamente no se habría realizado la entrega de pruebas COVID-19, señalándose allí los períodos específicos por más de un mes. Si se compara con el anexo de la medida de requerimiento en esta última solo se precisó un período general para todos los trabajadores, de agosto de 2020 a junio de 2021, no señalando períodos específicos o meses específicos como sí se ha hecho en el acta de infracción, lo cual evidencia afectación a los derecho de la impugnante, pues si la información que se consignó en el Acta de infracción hubiera sido trasladada a la medida de requerimiento, entonces la empresa hubiera tenido pleno conocimiento de los períodos específicos de los cuales se exigía acreditar entrega de resultados de pruebas covid-19. Se ha vulnerado el principio de legalidad y, por ende, el debido procedimiento administrativo. iii. Se ha inaplicado la directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INI, donde se señala que los criterios señalados en las medidas inspectivas como en las medidas de requerimiento, deben contener los mismos fundamentos del Acta de Infracción, lo que no se ha acreditado en el presente caso ya que los períodos específicos por cada trabajador recién han sido considerados en el Acta de Infracción. Por lo que las deficiencias de la medida inspectiva de requerimiento ha causado afectación al impedir cualquier subsanación a raíz de la información de la que recién se tomó conocimiento en el Acta de Infracción. iv. Existen precedentes en dicha materia, constituidos por la Resolución de Sub Intendencia N° 478-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE2, así también en el Expediente N° 07191-2019-0-0401-JR-LA-11 donde el Juzgado Laboral de la Ciudad de Arequipa ha emitido Sentencia en el caso seguido por la Clínica San Juan de Dios Arequipa en contra de SUNAFIL. Además, el Exp. Sancionador N° 233-2018-SUNAFIL/IRE-ICA-SIRE, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 455-2019-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA. Además, se debe considerar lo determinado por la Corte Superior de Justicia, con respecto a la medida inspectiva de requerimiento, recaído en el Numeral 9 y 10 del SEXTO considerando de la Sentencia Nro. 315-2020-11JET (Exp. N° 07191-2019-0- 0401-JR-LA-11), que resuelve declarar FUNDADA la demanda Contenciosa Administrativa sobre nulidad de resolución administrativa lo determinado por la Corte Superior de Justicia, con respecto a la medida inspectiva de requerimiento, recaído en el Numeral 9 y 10 del sexto considerando de la Sentencia Nro. 315-2020- 11JET (Exp. N° 07191-2019-0- 0401-JR-LA-11), que resuelve declarar fundada la demanda Contenciosa administrativa sobre nulidad de resolución administrativa. v. Existe una motivación aparente en el Acta de Infracción e inaplicación del principio de tipicidad. Ello porque si lo que se está sancionando es “la no entrega de resultados de prueba COVID 19" y ello es un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, no es congruente que el inspector comisionado compare “un examen médico” con una prueba de descarte covid-19, si ambos son conceptos totalmente diferente y el objetivo de ambos ni siquiera se parecen. Así, no se ha observado que la motivación de actos administrativos constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, debe declarase la nulidad del Acta de Infracción N° 178-2022-SUNAFIL/INSSI y por ende la nulidad de todo el procedimiento sancionador. vi. Se ha vulnerado el principio de tipicidad y legalidad, ya que en el presente caso, se pretende sancionar a Shougang Hierro Perú S.A.A. por el presunto incumplimiento de informar a los trabajadores sobre los resultados de las pruebas COVID-19, afectando a 179 trabajadores, que no se les habría enviado los resultados de la

prueba covid-19, declarando dicha infracción como GRAVE y no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de la medidas en orden al cumplimiento de la normativa de SST como infracción MUY GRAVE; sin embargo, no precisa de qué manera se cumplirá de manera fehaciente e indubitable con lo requerido, además de que las pruebas de descarte covid-19 no son exámenes médicos y tomando en consideración que los resultados de las pruebas rápidas son al promediar 10 a 15 minutos. vii. Dicha conducta se encontraría tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT, el cual señala que: “No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores”. viii. En este caso claramente el tipo infractor antes mencionado no recoge la conducta que se pretende sancionar, por lo que luego de la revisión del Acta de Infracción hemos podido verificar que no se ha citado ninguna norma que precise que la toma de pruebas de covid-19 sean considerados pruebas ocupacionales o parte de los exámenes médicos ocupacionales. ix. Esta es una situación plenamente advertida por SUNAFIL, debido a lo señalado en los párrafos 3.15 al 3.17 del Informe N° 0328-2021-SUNAFIL/INII, que sirve como fundamento para imputarle responsabilidad a la Empresa. Así no se comprende por qué se pretende sancionar por una presunta conducta infractora que no se encuentra identificada, dentro de las conductas prohibidas. Así, se evidencia que SUNAFIL ha incurrido en una clara vulneración a los principios de legalidad y tipicidad. Por ello, se solicita se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad por contravenir a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias, contenido en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. x. Se ha vulnerado el principio de culpabilidad porque existe una falta de antijuricidad de la supuesta conducta imputada. En el caso de las personas jurídicas como SHOUGANG HIERRO PERÚ, no se puede imputar en estricto una actuación dolosa, sino que la culpabilidad se identifica como un "déficit de organización", de modo que su conducta será reprochable cuando se acredite que no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa una infracción. En el presente caso, no se precisa como se puede acreditar de manera fehaciente e indubitable los resultados de las pruebas rápidas covid-19, es decir, debido a que el incumplimiento ha vulnerado el orden de cumplimiento de la normativa de SST, siendo que de lo antes indicado la normativa no precisa una formalidad para tales fines, asimismo no regula y/o señala que esto sea aplicable a las pruebas de descarte covid-19, pues estas no son exámenes médicos ocupacionales. xi. Se vulnera el principio de motivación, en la medida que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, se pretende sancionar a SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. en base a meras suposiciones y no hechos concretos que

constituyan infracciones administrativas. En efecto, la Resolución de Sub Intendencia contiene un análisis subjetivo del tipo infractor de la norma. xii. Se ha vulnerado el principio al derecho de defensa, la presunción de licitud y principio de veracidad. El accionar de la Sunafil contraviene directamente el principio de presunción de licitud, el cual ha sido definido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en su Resolución N° 25-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA. Por su parte, respecto al principio de veracidad, es importante mencionar que, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 104-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA, ha señalado que el inspector de trabajo debe tener por cierto el contenido de la documentación presentada por el administrado, caso contrario, debe fundamentar con hechos y pruebas el motivo de la subsistencia del incumplimiento. xiii. En este caso concreto, debido a la falta de pronunciamiento sobre la vulneración de los derechos procedimentales, lo que en sí mismo constituye una causal de nulidad, se constituyen una flagrante violación a las garantías mínimas del debido procedimiento, que acarrean la nulidad del presente procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral,

o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se

encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

FIGURA N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

FIGURA N° 02:

12 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”13, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”. (énfasis añadido)

13 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No entregó los resultados de las pruebas Covid, en perjuicio de los trabajadores afectados. Numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. –Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 0065-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de enero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1450-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 780-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, de fecha 27 de julio de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 0065-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo referente de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

CUARTO. – Notificar la presente resolución a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250917RZR HR 31364-2023