Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 1135-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planes y programas de SST (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo); Sistema de gestión SST en las empresas. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131257750 hard

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no adoptar las medidas de prevención contra el COVID19 en el centro de trabajo, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT.

i. Se solicita la nulidad del procedimiento de actuaciones inspectivas y del Acta de infracción, por no contener los requisitos mínimos señalados en la LGIT y el RLGIT, en tanto no se han señalado los motivos por los que se considera que se incumplió con adoptar las medidas de prevención contra el Covid19, vulnerándose también la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII.

ii. El Acta de infracción no cumple con los requisitos de validez pues no desarrolla de forma clara y expresa cuáles fueron los hechos constatados en la investigación limitándose a enumerar información recabada y proporcionada por los familiares del trabajador afectado y nombrar artículos de la Ley de Seguridad, tampoco se ha realizado la tipificación de la conducta infractora que corresponde de acuerdo al RLGIT, vulnerando el principio de legalidad.

iii. Se notificó el Anexo de la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación sin cumplir con los requisitos mínimos de contenido, toda vez que, no se ha señalado debidamente cuáles fueron las medidas de prevención que no fueron adoptadas.

iv. Debe tomarse en cuenta que se ha cumplido con pagar cada contribución mensual correspondiente a la seguridad social, específicamente aportes de ESSALUD, sin embargo, no se ha investigado la responsabilidad de Essalud en la atención médica del trabajador.

i. Se observa que se señalaron los motivos por los que se considera dicha infracción expresándose en el punto 4.6 la determinación respecto a tales trabajadores, no

2 Notificada a la impugnante el 4 de julio de 2022, ver folio 123 del expediente sancionador.

señalándose de manera enunciativa la documentación presentada por los familiares, conforme indica la inspeccionada.

ii. El personal inspectivo, determinó teniendo como sustento la investigación realizada en cuanto a los hechos ocurridos, así como la documentación revisada que obra en el expediente inspectivo, que la inspeccionada no adoptó las medidas preventivas y de protección suficientes frente a los riesgos en la salud laboral en el ambiente de trabajo, lo cual afectó a tres (3) trabajadores, en tanto se contagiaron con Covid19 cuando realizaban labores para la inspeccionada.

iii. Estando a que la infracción relacionada al incumplimiento con la adopción de medidas preventivas y de protección suficientes frente a los riesgos en la salud laboral en el ambiente de trabajo, se trató de una infracción insubsanable.

iv. La infracción no está relacionada a la presentación de un Plan de vigilancia, prevención y control de Covid19, sino a la adopción de medidas preventivas y de protección suficientes frente a los riesgos en la salud laboral, siendo uno de estos riesgos el Covid19, en el ambiente de trabajo. Es preciso indicar que, la presentación de documentos suscritos por los señores Cruz y Peña, no enervan lo determinado por la autoridad sancionadora.

v. La inspección de trabajo tuvo en consideración lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, toda vez que, si bien la inspección tuvo en consideración a 12 trabajadores, sólo se determinó responsabilidad de la inspeccionada respecto a 3 trabajadores, estando a la documentación evaluada por el personal inspectivo.

vi. El pronunciamiento de primera instancia, que decide sancionar a la inspeccionada por no cumplir con sus obligaciones reconocidas en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra fundamentada, pues se aprecia los hechos que motivaron la sanción, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción; por tanto, no se ha vulnerado el derecho de debido procedimiento administrativo como lo refiere.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 25 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1116-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Se ha inaplicado lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, sobre el derecho al debido procedimiento. Asimismo, la Resolución de Intendencia vulnera el principio de culpabilidad, pues se pretende sancionar por supuestamente no haber cumplido con acreditar adoptar las medidas de prevención contra el Covid19 en el centro de trabajo; sin embargo, no se sustenta cuáles fueron las medidas que no adoptó, ni las razones, ni motivo que lleva a concluir que no se adoptaron medidas de prevención en el centro de trabajo, cuando se acreditó contar con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid19 actualizado con la Resolución Ministerial N° 972-2021-MINSA.

- Los inspectores de trabajo solo realizaron una mención general y ambigua del supuesto hecho detectado, siendo indispensable que el Acta de Infracción motive adecuadamente la conclusión arribada, por los inspectores de trabajo, debiendo detallar las medidas de prevención y de protección que no fueron aplicadas y que perjudicaron la salud de los trabajadores, no se especifica cuáles fueron las medidas que no se adoptaron.

- Ha implementado cada una de las medidas preventivas de protección y más señaladas por el gobierno, en el centro de trabajo, para evitar la propagación del Covid19; garantizándose el establecimiento de los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

- Cada trabajador tiene la obligación de velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, y de la misma manera se hace responsable de los incumplimientos en los que pueda incurrir en caso de la propagación en el centro de trabajo de Covid19.

- El Acta de Infracción no cumple con los requisitos de validez, al no desarrollar de forma clara y expresa cuales fueron los hechos constatados en la investigación, solo se limita a enumerar la información recabada y proporcionada por los familiares del trabajador afectado, revisión de formatos, así como nombrar los artículos de la Ley de seguridad, sin señalar cuales son los hechos constados referidos a los incumplimientos, vulnerando el principio de legalidad y el deber de motivación.

- Se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones, así como el principio de carga de la prueba. La Intendencia además pretende trasladar la carga de la prueba a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. al pretender que sea esta quien acredite que ha incurrido en algún supuesto incumplimiento cuando es claro que a quien corresponde acreditar de manera fehaciente que el sujeto inspeccionado ha cometido la infracción para poder imputársela, es a la administración.

- En el presente caso existe una grave vulneración a los principios de legalidad y de tipicidad, ello debido a que no existe norma alguna donde se determine que la presunta conducta infractora sea susceptible de ser sancionada, y no existe una tipificación de la presunta infracción en donde su pueda subsumir la presunta conducta infractora. La infracción tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT no alcanza los hechos que pretende sancionar la SUNAFIL y no hay manera lógica de entender que el haber acreditado tener un Plan de Vigilancia, Prevención y control de Covid19 en el centro de trabajo, actualizado con la Resolución Ministerial N° 972-2021-MINSA, conforme dejaron constancia los inspectores comisionados, no es adoptar las medidas de prevención contra el COVID19. en el centro de trabajo, y constituya una infracción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.3. A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 6.4. Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.6. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también

en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado) 6.7. Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 10 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”. (énfasis añadido)

efectivamente la Inspeccionada incurrió en la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, demostrando de manera fehaciente e indubitable la conducta imputada al investigado.

- Con respecto al señor TUBILLAS CANCHO JORGE LUIS su última cuarentena, la inició el 11/11/2020, dio negativo en las pruebas para la detección del virus COVID19 e ingresó al centro de labores el 19/11/2020 y trabajó el 15.03.2021, según información enviada por la inspeccionada. De la información obtenida de los familiares se tiene el reporte de Resultados del Instituto Nacional de Salud - INS donde se puede apreciar que el 15.03.2021 se le realizó una prueba RT-PCR cuyo resultado fue positivo, es decir el señor TUBILLAS CANCHO JORGE LUÍS salió del centro de trabajo infectado con el virus de la COVID19. Concluyendo en ese sentido que el trabajador se contagió del virus de la COVID19, dentro de las instalaciones del centro de trabajo de la inspeccionada, lo cual se infiere al relacionar el Informe de Resultados del Instituto Nacional de Salud - INS, fecha de ingreso al hotel para su aislamiento, fecha de ingreso a laborar, fecha de salida o bajada al domicilio, lugar donde se toma la muestra y la fecha en que es tomada la muestra; teniendo en cuenta además que al ingresar a laborar el resultado de la prueba Covid19 dio negativo. Cabe señalar que la prueba fue tomada en la IPRESS privada BIOLAB & INMUNOMED, que conforme a la información que obra en el expediente correspondiente a la Orden de Inspección N° 294-2021-SUNAFIL/INSSI, se encuentra ubicada en las instalaciones de la empresa inspeccionada.

- Con respecto al señor PEÑA BRAVO FERNANDO su última cuarentena, la inició el 29/10/2020, dio negativo en las pruebas para la detección del virus COVID19 e ingresó al centro de labores el 06/11/2020 y trabajó hasta el 02/02/2021, según información enviada por la inspeccionada. De la información obtenida de los familiares se tiene el reporte de Resultados del Instituto Nacional de Salud - INS donde se puede apreciar que el 04/02/2021 se le realizó una prueba RT-PCR cuyo resultado fue positivo, que indica como lugar de toma de muestra SSMM de SHOUGAN HIERRO PERU SAA. Según Io indicado por la esposa del trabajador en el documento con fecha 24/08/2021, el trabajador sale del centro de trabajo el día 03/02/2021 a las 20:30 horas y que ese mismo día se le realizó la prueba para la detección del virus del COVID19. Que el día 04/02/2021 no se le realizó ninguna prueba para la detección del COVID19. Conforme a lo señalado se puede determinar que el trabajador salió del centro de trabajo infectado con el virus de la COVID19, pues la prueba fue tomada en la IPRESS privada SSMM de SHOUGAN HIERRO PERU SAA, que conforme a la información que obra en el expediente

correspondiente a la Orden de Inspección N° 294-2021-SUNAFIL/INSSI, se encuentra ubicada en las instalaciones de la empresa inspeccionada.

- Con respecto al señor CARLOS JAVIER CRUZ CHECCO su última cuarentena, la inició el 05/01/2021, dio negativo en las pruebas para la detección del virus COVID19 e ingresó al centro de labores el 13/01/2021 y trabajó hasta el 01/02/2021, según información enviada por la inspeccionada. De la información obtenida de los familiares se tiene el reporte de Resultados del Instituto Nacional de Salud - INS donde se puede apreciar que el 05/02/2021 se le realizó una prueba de antígeno cuyo resultado fue positivo, así también exhibe la constancia de resultado de fecha 04/02/2021 donde se le realizó el test rápido de antígeno teniendo como resultado positivo. De igual forma el INFORME N° 007-JMQX-"FTG"-GRA-ICA-ESSALUD-2021 emitido por la Dra. MEJIA VARGAS ELVIA, Jefe Médico Quirúrgico, en cuyo asunto señala "Informe de paciente CARLOS JAVIER CRUZ CHECCO" del 22/02/2021 el cual indica “1. Paciente varón de 42 años de edad, ingresó al servicio de Emergencia el día 05/02/2021 a horas 11:53, con un tiempo de enfermedad de 7 días, presentando dificultad respiratoria, tos seca con un tiempo de enfermedad de 7 días con prueba antígena de forma particular Covid positivo". Además, se exhiben conversaciones de WhatsApp del 31, 01 y 02 de febrero donde "javito:)" (el trabajador) indica tener síntomas como fluido nasal, agitación, dolor de cuerpo, tos, que tiene una saturación de oxígeno entre 94 a 95, que le han dado corticoides, que le sacaron sangre y que el doctor les sello el pase para su salida el día 02 de febrero. Por lo que se concluye que el señor CARLOS JAVIER CRUZ CHECCO salió del centro de trabajo infectado con el virus de la COVID19.

- Asimismo, en el numeral 4.7 del mismo documento señala que: “Los incumplimientos anotados en el numeral 4.6, se configuran en infracciones insubsanables en materia de seguridad y salud en el trabajo, incumplimientos por parte del sujeto inspeccionado con respecto a no haber tomado las medidas de prevención necesarias para que sus trabajadores no se contagien con el virus de la COVID19 durante el periodo que se encontraban cumpliendo sus funciones dentro de las instalaciones del centro de trabajo, no habiendo garantizado en ese sentido el sujeto inspeccionado, la seguridad y salud de sus trabajadores en el centro de trabajo, pues se ha comprobado que los trabajadores se contagiaron mientras laboran en sus instalaciones, siendo por lo tanto inseguro y no saludable el ambiente de trabajo donde laboraban, resultando por ello insuficientes las medidas de vigilancia, prevención y control de COVID19, adoptadas por el sujeto inspeccionado”.

11 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23).

Constitucional, recaída en el expediente N° 02698-2012-AA/TC, señala que “dichas actas no están exentas del deber de motivación de los actos administrativos, así como de la ponderación de todas las pruebas aportadas, pues precisamente dan inicio al procedimiento administrativo sancionador en ciernes, siendo que la decisión tomada por la autoridad laboral traerá como consecuencia la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias. Dicha inspección debe estar dotada de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en términos constitucionales”.

investigación o comprobatoria, dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID19) en el territorio nacional”. En ese sentido, dispuso en la fase 3 de su Anexo 01, una serie de actuaciones inspectivas dirigidas a verificar en el centro de trabajo el procedimiento o certificación de limpieza o desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo, la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, donde se haya incluido la exposición al riesgo biológico de SARS-COV-2, el registro de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo, respecto a la correcta higiene de manos, desinfección de los ambientes de trabajo (reforzamiento en de mayor contacto como manijas, pasamanos, ascensores, vehículos de transporte entre otros), el control del aforo de personas, la señalización de los puntos de lavado y desinfección, entre otros, el registro de EPP, con énfasis al riesgo de contagio de COVID19, etc.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no

todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba,

actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado) 6.30. En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia no ha efectuado el análisis de validez de las actuaciones inspectivas, así como tampoco ha determinado qué acción preventiva concreta incumplió la inspeccionada, conforme a lo señalado previamente. Por lo que, se advierte que su decisión carece de sustento jurídico exigido.

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado) 6.32. Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia de Resolución, dado que debió de evaluar de manera adecuada los hechos y lo actuado en la fase inspectiva.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 491-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 22 de abril de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1342- 2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 491-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 22 de abril de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO.- Notificar la presente resolución a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.38 de la presente resolución. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20231129CEC