Shoe Trade S.A.C — Res. 475-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: registro de control de asistencia (Sub materia: incluye todas), remuneraciones (Sub materia: gratificaciones, pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (sueldo y salarios)), bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas), compensación por tiempo de servicios (Sub materia: depósitos de CTS), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: horas extras, vacaciones). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal del periodo julio y diciembre 2017 y del periodo trunco julio 2018, más los intereses legales, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del periodo julio y diciembre 2017 y del periodo trunco julio 2018, más los intereses legales, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las horas extras, correspondiente al periodo laborado, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios del semestre noviembre 2017 y mayo 2018, más los intereses legales, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 20 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Reitera los argumentos del escrito de descargo al Informe Final, señalando que las actuaciones inspectivas han superado el plazo legal de treinta (30) días hábiles establecido en el artículo 13 de la LGIT, por cuanto el procedimiento inspectivo inicio el 16 de noviembre de 2018 y culminó el 21 de abril de 2021 con la notificación del Acta de Infracción, transcurriendo más de veintinueve (29) meses. En caso de interpretarse que la notificación del Acta queda fuera del plazo de los treinta (30) días hábiles, ello supondría que dicha notificación podría efectuarse en cualquier momento, atentando el principio de legalidad, en esa medida, la extensión indebida de las actuaciones inspectivas suponen que el procedimiento administrativo ha caducado, por lo que, debe dejarse sin efecto. ii. Por otro lado, la notificación de la Imputación de Cargos es manifiestamente extemporánea, motivo por el cual se debe dejar sin efecto. iii. Que, de la revisión del Informe Final se observa que adolece de un vicio de carácter formal al extenderse del plazo legal de diez (10) días, dispuesto en el numeral 7.1.2.6, a) de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII “Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL; de este modo, al haberse emitido sin contemplar el plazo máximo establecido impide que pueda ser considerado un acto válido y que, por ende surta los efectos correspondientes, vulnerando el principio del debido procedimiento, por lo que, debe declarase nulo el Informe Final. iv. La Compañía realizó un correcto pago de la participación adicional de utilidades; sin embargo, la Sub Intendencia considera que el monto pagado por concepto de gratificaciones, bonificación extraordinaria, horas extra y CTS estaría incompleto, al no considerar el cálculo por concepto de “Part Utilidades ante de DJ Anual RTA”, que a su entender constituye un concepto remunerativo, cuyo criterio es rechazado por la Compañía dado que dicho concepto califica como una participación adicional a las utilidades, pues la naturaleza jurídica de la partición adicional de utilidades, de acuerdo al artículo 1 y 10 del Decreto Legislativo N° 892, así como del artículo 19 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-97-TR, no constituye un concepto remunerativo y, por ello no supone la generación de obligaciones de pago de beneficios sociales, tributos, aportes y contribuciones derivados a su entrega, salvo el impuesto a la renta de quinta categoría. v. En el considerando 12 de la resolución apelada, la Sub Intendencia cuestiona que la Compañía haya efectuado el pago de la participación adicional de utilidades mediante adelanto mensuales, sosteniendo que únicamente se puede efectivizar el pago una vez que se generan las utilidades del ejercicio correspondiente; sin embargo, la Compañía sostiene que si se puede otorgar adelantos de utilidades a sus trabajadores, siendo que, tales desembolsos califican como un préstamo al personal (para efectos tributarios) y no debe ser considerado como remuneración para efectos laborales, cuyo sustento en virtud de que el ordenamiento legal no

prohíbe la entrega de adelantos, además, los adelantos constituyen anticipos con cargo a la generación de utilidades, en otras palabras, son calculados y otorgados sobre la expectativa de que la Compañía distribuya utilidades dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por la Autoridad Tributaria para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta Corporativo, en ese sentido, una vez que la Compañía genere utilidades, los adelantos otorgados obtendrán la calidad de participación adicional de utilidades, por ello, el adelanto de utilidades se asemeja a la figura de un préstamo al personal, aunado a ello, el adelanto de la participación adicional de utilidades se encuentra en la política corporativa que regula el beneficio, el cual es de conocimiento de todos los trabajadores, entre los que se incluye a la extrabajadora Ana María Quispe Amesquita, por tanto, queda claro que es legal que la Compañía pueda otorgar adelantos de la participación adicional de utilidades. vi. Por su parte, el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 13178-2021, ha señalado que la Ley de CTS al excluir a las utilidades voluntarias de los conceptos remunerativos, no ha previsto condición o límite alguno, sabiendo posible que éstas se relacionen con el desempeño del trabajador y mantener su naturaleza no remunerativa, siendo así, la Autoridad Tributaria considera que debido a que legalmente no se ha establecido ninguna limitación para la configuración de las utilidades adicionales, no era relevante que dicho concepto sea o no contraprestativo para carecer de naturaleza remunerativa, por todo ello, queda plenamente acreditado que si es posible otorgar una participación adicional de utilidades condicionada al cumplimiento de metas. vii. La Compañía ha cumplido con el pago íntegro de la gratificación, la bonificación extraordinaria, las horas extra y la CTS a favor de la extrabajadora Ana María Quispe Amesquita, en tanto se ha acreditado que la participación adicional de utilidades cumple con los requisitos para calificar como un concepto no remunerativo de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 19 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-97-TR. viii. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem al haberse impuesto multas correspondientes a distintas infracciones que se fundamentan en el mismo hecho, tal es así que, las multas por infracción de normas sociolaborales se sustentan en el incumplimiento de pago de manera íntegra de las gratificaciones, bonificación extraordinaria, la CTS y las horas extra y; la multa a la labor inspectiva deriva por el incumplimiento de la medida de requerimiento que implica cumplir con el pago de dichos beneficios sociales. ix. No obstante, teniendo en cuenta que la Compañía si cumplió con sus obligaciones laborales respecto a la extrabajadora Ana María Quispe Amesquita, se evidencia que también se cumplió con la medida de requerimiento; sin perjuicio de ello, cabe tener presente el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral que recae en la Resolución N° 95-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en el cual señala que el administrado no se encontraba obligada a cumplir con la medida de requerimiento porque no respetaba el principio de legalidad, y en el supuesto que las instancias de resolución determinen que no correspondía dicho pago, la Compañía se habría visto afectada económicamente por realizar un pago que legalmente no estaba obligada.

i. Sobre los plazos para iniciar las actuaciones inspectivas de investigación y extender el Acta de Infracción durante la actividad de fiscalización, cabe resaltar que dicho aspecto ya ha sido abordado por la autoridad de primera instancia al señalar que los actos de administración realizados tardíamente no afectan la validez de las actuaciones inspectivas ni del procedimiento sancionador, citando el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG; en consecuencia, si bien el Acta de Infracción N° 4186-2018-SUNAFIL/ILM de fecha 28 de diciembre de 20182 junto a la Imputación de Cargos N° 1777-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 19 de octubre de 20203, se notificó a la inspeccionada el 21 de abril de 20214, habiendo transcurrido el plazo señalado, los plazos excedidos en el trámite de las actuaciones inspectivas de investigación no están afectos a nulidad en tanto la LGIT y el RLGIT no dispone dicha consecuencia jurídica para los casos planteados por la inspeccionada; en consecuencia, resulta improcedente la nulidad deducida por extemporaneidad de los plazos para dar inicio y extender el Acta de Infracción. ii. Así también, resalta que, con la notificación de la Imputación de Cargos, no se advierte en autos que la referida extemporaneidad le haya impedido a la inspeccionada ejercer su derecho de defensa aportando los medios probatorios que considere convenientes; en consecuencia, se mantiene la responsabilidad de la inspeccionada por las infracciones sancionadas. iii. Que, no hay mérito para declarar la caducidad administrativa del procedimiento sancionador ya que la Resolución de Sub Intendencia fue notificada dentro de los nueve (9) meses que señala el literal 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG. iv. Sostiene que, si bien el Informe Final de Instrucción N° 1623-2021- SUNAFIL/ILM/AI27, fue emitido el 08 de julio de 2021 y notificada a la inspeccionada el 04 de agosto de 20218, habiendo transcurrido el plazo señalado; sin embargo, la extemporaneidad de la notificación del Informe Final considerando su fecha de emisión no está afecta de nulidad, al no existir norma alguna que expresamente así lo establezca; razón por la cual, se desestima la solicitud de nulidad del Informe Final. v. Sobre el caso, considera que la participación de los trabajadores en las utilidades que se regula en el Decreto Legislativo N° 892 es un beneficio que tiene semejanzas y diferencias con la participación adicional o voluntaria en las utilidades. Así, no desconoce que el empleador puede establecer para su otorgamiento una serie de condiciones vinculadas con el cumplimiento de metas o la asistencia al centro laboral, en tanto no transgreda los principios constitucionales, disposiciones legales

2 Notificada a la impugnante el 6 de junio de 2022, véase folio 72 del expediente sancionador.

y aquellos que son propios del Derecho del Trabajo, conforme se ha mencionado en el Informe N° 023-2014-MTPE/2/14.1. vi. Sin embargo, en el presente caso, la inspeccionada ha circunscrito la aplicación de dichos criterios solo a cuatro puestos de trabajo (administrador, cajero, almacenero y vendedor) vinculados con las ventas, lo cual pierde sentido si se trata de dar una participación adicional en las utilidades a las que regula el Decreto Legislativo N° 892, pues se estría excluyendo de ese beneficio a aquellos que no se encuentren en su ámbito de aplicación. vii. De acuerdo a ello, expone que no se puede concluir que a la señora Ana María Quispe Amesquita, se le haya entregado este tipo de participaciones en las utilidades (adicionales o voluntarias), pues la inspeccionada no hace el cálculo del beneficio materia de análisis de las utilidades que genera en el año fiscal, sino de un porcentaje de las ventas mensuales, las cuales indirectamente pretende atribuir a las utilidades, además que los criterios, cuya objetividad no se cuestiona, no tienen vocación de generalidad. Debido a lo anterior, considera que el beneficio denominado Participación Adicional en las Utilidades que otorga la inspeccionada no calza en la excepción prevista en el artículo 19 literal b) del TUO de la LCTS, al no tener dicha naturaleza. viii. En tal sentido, concluye que la inspeccionada se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a las normas sociolaborales de las materias en cuestión y al no logar desvirtuar su responsabilidad en no haber acreditado el pago de los beneficios sociales detallados en el numeral 1.3 de la resolución de intendencia, es responsable por no acatar la orden de revertir los efectos antijurídicos de dicho incumplimiento en el plazo que otorgó la autoridad inspectiva a través de la medida inspectiva de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOE TRADE S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 931-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Considera que la medida inspectiva de requerimiento reviste de vicios de ilegalidad, así argumenta que se ha interpretado erróneamente el artículo 19 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo N°001-97-TR. ii. Que, la política interna de la PAU señala 3 criterios para su otorgamiento, los cuales son (i) el cumplimiento de las metas de la Compañía, (ii) el cumplimiento de las metas establecidas internamente por la Compañía y, (iii) la asistencia del personal. iii. Alega que se ha inaplicado el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG, relacionado al principio del debido procedimiento, pues se observa que tanto la Resolución de Intendencia como los actos administrativos anteriores incurren en inexistencia de motivación o motivación aparente, tanto que se han llegado a la conclusión, carente de fundamento de que la PAU constituye beneficio remunerativo y por lo tanto, la Compañía habría Incumplido en el pago de beneficios sociales, a pesar de que dicho beneficio está expresamente regulado como no remunerativo en la LCTS y respaldado por la política interna de la Compañía. iv. Asimismo, expone que se ha interpretado erróneamente el artículo 13 de la LGIT en tanto SUNAFIL afirmó haber cumplido con los plazos establecidos para las actuaciones inspectivas, y que la notificación del Acta de Infracción no se encuentra contenida en el plazo de 30 días hábiles de actividades inspectivas. Situación que también sucede con el Informe Final que debió emitirse a más tardar el 12 de mayo de 2021 y no el 08 de julio de 2021. v. Agrega que se ha vulnerado de forma directa el debido proceso por no respetar los plazos establecidos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y a la motivación de las resoluciones

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Sobre el plazo para la extensión del Acta de Infracción y el Informe Final

cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la LGIT contempla las facultades inspectivas que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad para ejercer durante el desarrollo de las funciones de inspección. Por ello, el numeral 5.512 del referido artículo 5 de la LGIT señala que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

12 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...)

13 Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: (…)

suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual, por lo que deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones.

Sobre la emisión de la medida inspectiva de requerimiento

inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”14: Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

14 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

requerimiento; configurándose con ello, la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Figura 04

por el periodo correspondiente, pagándose dicho porcentaje de forma mensual desde el año 2014. En consecuencia, es evidente que dichos montos otorgados fueron de libre disponibilidad de la trabajadora y fueron otorgados desde el inicio hasta el fin de la relación laboral. 6.32 De esta forma, esta Sala concluye que dicho concepto es remunerativo, siendo distinto al concepto que hace referencia el numeral b del artículo 19 del TUO de la LCTS; por lo tanto, resulta correcto que el inspector comisionado exigiera a la impugnante a través de la medida inspectiva de requerimiento acredite el pago de los beneficios sociales correspondientes (CTS, gratificaciones, bonificación extraordinaria), considerando a dicho concepto como parte de la remuneración computable y se efectué dentro el recalculo. En consecuencia, debe desestimarse dicho argumento al no acreditarse la supuesta infracción cometida.

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SHOE TRADE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 931-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 2 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del periodo julio y diciembre 2017 y del periodo trunco julio 2018, más los intereses legales, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios del semestre noviembre 2017 y mayo 2018, más los intereses legales, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las horas extras, correspondiente al periodo laborado, a favor de la ex trabajadora Ana María Quispe Amesquita. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento adoptada el 20 de diciembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4426-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 931-2022-SUNAFIL/ILM, en los extremos relacionados a las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SHOE TRADE S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240515JCR- HR: 80898-2018