Servicios Turísticos BON Gourmet E.I.R.L — Res. 1003-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Trabajo forzoso (Sub materia: Incluye todas); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con facilitar la información necesaria pata el desarrollo de las funciones inspectivas, solicitada mediante requerimiento de información notificado el 16 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,008.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con facilitar la información necesaria pata el desarrollo de las funciones inspectivas, solicitada mediante requerimiento de información notificado el 24 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,008.00.

i. Manifiestan que la Resolución de Sub Intendencia, al no permitir el derecho al informe oral, ha vulnerado los derechos del debido procedimiento, puesto que no permitió que se puedan exponer las circunstancias y razones de fuerza mayor y caso fortuito que contra su voluntad han impedido atender el requerimiento de inspección.

ii. Refieren que, son hechos de caso fortuito y fuerza mayor los que han impedido cumplir con los requerimientos, al no poder tomar conocimiento fehaciente de la existencia de la notificación de éstos en la casilla electrónica; así ante el contexto de la emergencia sanitaria, alegan que mediante Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, se estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas; por lo que, en cumplimiento y en preservación de la salud de sus colaboradores, la impugnante dispuso la asistencia mínima de personal al centro de trabajo, consecuentemente el personal encargado de verificar las comunicaciones virtuales se vio impedido de realizar esta labor, al disponer su no asistencia al centro de trabajo.

iii. Por último, señalan que la resolución recurrida es nula al pretender sancionar dos veces con similar infracción y por el mismo hecho, es decir, se sanciona por no cumplir con facilitar

2 Mediante Resolución de Trámite N° 2, de fecha 08 de abril de 2022, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, encausa el recurso de reconsideración interpuesto, a través del recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 130-2022-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, conforme a lo dispuesto por el artículo 156 del TUO de la LPAG.

la información necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas solicitada mediante requerimientos de información notificados el 16 y 24 de febrero de 2021, pretendiéndose multar dos veces por lo mismo, atentándose contra los principios de concurso de infracciones y non bis in ídem.

i. Respecto a la supuesta vulneración al principio non bis in ídem, se tiene que, la conducta infractora de este procedimiento en curso es contra la labor inspectiva que se deriva del incumplimiento de dos requerimientos de información efectuados por la autoridad inspectiva respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales; infracciones que se configuraron frente a la negativa de remisión de documentación en dos diferentes requerimientos de fechas 16 y 24 de febrero de 2021; por lo que, lo alegado carece de sustento.

ii. Por otro lado, respecto a que ha existido vulneración del principio de concurso de infracciones, en el presente caso, no se observa transgresión al referido principio, toda vez que las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la impugnante se han configurado de manera independiente, habiendo incumplido dos veces con las medidas inspectivas de requerimientos de información notificadas en diferentes fechas, inobservando el mandato del inspector como facultad conferida por ley, transgrediendo los bienes jurídicos concernientes a la Administración Pública; por lo que, no cabe admitir lo alegado.

iii. Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento por no permitir el informe oral; al respecto, cabe invocar la Resolución N° 097-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala; en tal sentido, estando a los actuados obrantes en el expediente, en la carpeta inspectiva y sancionadora, es que la Sub Intendencia a través de la notificación del Informe Final de Instrucción, otorgó a la impugnante la oportunidad para ejercer su derecho de defensa a través de la realización de descargos, por lo que, no consideró pertinente llevar a cabo el informe oral solicitado, situación que no constituye una transgresión al derecho de defensa ni al debido procedimiento.

iv. Respecto a la observancia del debido procedimiento, puede corroborarse que se ha desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes.

3 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022. Véase folio 86 del expediente sancionador.

v. Sobre las infracciones en materia de labor inspectiva sancionadas; respecto a lo alegado por la impugnante, se tiene que, el estado de la pandemia generada por el COVID-19, no implica el no cumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones laborales, así como la atención a los requerimientos efectuados por la inspectora actuante, toda vez que el cumplimiento de ésta sería realizado de manera virtual, cuya inobservancia acredita la falta de un actuar diligente por parte de la impugnante, consecuentemente queda acreditada la infracción cometida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS BON GOURMET E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 188-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, no es cierto que se hayan negado a presentar la información solicitada, ni que hayan actuado dolosamente para impedir la verificación de los hechos contenidos en el requerimiento de información, asunto: Plan de vigilancia, prevención, control del Covid-19 en el centro de trabajo, documentación referida al periodo enero 2021.

ii. Alegan que, se debe tener en cuenta que la Orden de Inspección es motivada por una denuncia falsa y mal intencionada, hecha por el señor Luigi Calzolaio ante la 2da Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa.

iii. Manifiestan que, en las fechas que se les requiere, en la región Arequipa, el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, ordena medidas de restricción entre los días 15 y 28 de febrero de 2021, ordenando el aislamiento social obligatorio. Consecuentemente, en cumplimiento de lo ordenado, y en preservación de la salud de sus colaboradores, dispusieron la asistencia mínima de personal al centro de trabajo, debiendo acudir a laborar el personal de producción solo de las áreas de cocina y despacho. Por tanto, el personal de las áreas administrativas y el señor Francisco Gonzales del área de contabilidad, encargado de verificar las comunicaciones virtuales, se vio impedido de realizar esta labor y consecuentemente no tuvo acceso a la casilla electrónica.

iv. Señalan, en cuanto a la Orden de Inspección, que la inspectora se limitó a requerir virtualmente a través de la casilla electrónica el envío de información, sin tener en cuenta las circunstancias graves de la denuncia, así como las circunstancias pandémicas decretadas por el gobierno, lo cual cambiaba radicalmente la normalidad de actuaciones de la autoridad inspectora de trabajo.

v. En cuanto a la conducta infractora refieren que estuvieron impedidos de conocer de las notificaciones realizadas por la inspectora de trabajo, por razones de caso fortuito y fuerza mayor, mas no hubo conducta dolosa o mal intencionada para impedir la constatación de los hechos.

vi. En tal sentido, refieren que la inspectora de trabajo debió considerar lo establecido en el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, por el cual se privilegia el accionar fiscalizador, orientador y de asesoría jurídica, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.

vii. Asimismo, precisan que se debió considerar el criterio contenido en el Informe N° 01-2021- SUNAFIL/IRE-AQP-CEMA-CRGC, recaído en la Orden de Inspección N° 259-2021-SUNAFIL/IRE- AQP, en la que el Supervisor Inspector ha emitido el no refrendo del acta de infracción propuesta, por no cumplir con la finalidad de las actuaciones inspectivas. En tal sentido, se debió considerar realizar una visita de inspección al centro o lugar de trabajo para la verificación de la materia “Trabajo Forzoso”.

viii. Ofrecen como medio probatorio nuevo, el hecho de que en similares circunstancias y en fechas cercanas, la empresa La Italiana Bon Gourmet E.I.R.L., fue requerida de forma presencial por el inspector auxiliar de la Intendencia Regional Arequipa, resultando agraviante que la inspectora no haya actuado con similar criterio.

ix. Alegan que, respecto a la denuncia hecha a la 2da Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, han procedido a realizar descargos y a presentar información solicitada que demuestran el cumplimiento de los lineamientos y protocolos de prevención contra la Covid-19 en el trabajo, y además de demostrar que no se ha obligado, a ningún trabajador, a realizar trabajo forzoso y mucho menos a trabajar enfermos de Covid-19.

x. Refieren, en cuanto a la graduación de la sanción, se comete agravio, en tanto se pretende determinar cómo trabajadores afectados a la totalidad de los trabajadores registrados en la planilla de la empresa, sin advertir que la orden de inspección se origina por una denuncia en la cual se señala que supuestamente se obliga a trabajar a 21 trabajadores enfermos y contagiados de Covid-19; por lo que, la autoridad administrativa debió meritar la sanción en base al número de trabajadores supuestamente afectados, y no a la totalidad de trabajadores de la empresa (65). Al respecto, señalan que la sanción económica propuesta carece de razonabilidad, al ser emitida sin considerar la imposibilidad a la que se encontraba sujeta.

xi. Asimismo, alegan que, por aplicación al principio de culpabilidad, no cabe aplicar sanción si no se es capaz de identificar elementos dolosos o culposos en la conducta del imputado; por lo que, al haberse demostrado que el incumplimiento fue motivado por causas objetivas, no debió sancionarse, siendo nula la resolución por vulnerar el artículo 10 del TUO de la LPAG.

xii. Consideran que la resolución impugnada desconoce el derecho al debido proceso administrativo contemplado en el TUO de la LPAG, esto al no considerar el hecho de no haberles permitido acceder al derecho del informe oral, el cual fue solicitado desde que presentaron descargos al Informe Final de Instrucción.

xiii. Por último, refieren que se ha vulnerado el principio non bis in ídem, en tanto que objetivamente se aprecia que en el presente proceso han concurrido los tres elementos de identidad de sujeto, hecho y fundamento para determinar las dos infracciones y las dos sanciones punitivas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”10 (énfasis añadido).

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad11.

11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva”.

- A folio 14 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 16 de febrero de 2021; y la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 16 de febrero de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 16, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 24 de febrero de 2021; y, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 24 de febrero de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

12 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

situación, el inspector actuante se limitase a reiterar su solicitud bajo el mismo canal, sin procurar otro tipo de comunicación o sin disponer otra actuación inspectiva de investigación, resultará difícil la realización de la finalidad de la inspección del trabajo. Los acápites anteriores y otros medios emprendidos creativamente deben permitir al fiscalizador actuante el cumplir con el objeto de la inspección, procediendo con la profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

13 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el

14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Sobre el principio del non bis in ídem 6.35 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

15 Fund. Jur. N°. 3.3. 16 Fund. Jur. N°. 19. 17 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Información Adicional

18 Directiva 01-2016 SUNAFIL/INII aprobada por resolución de Superintendencia N° 039-2016 SUNAFIL en su artículo 7.2.18 dispone: “Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propondrá una multa teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben sancionarse por separado”.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No cumplir con facilitar la información necesaria pata el desarrollo de las funciones inspectivas, solicitada mediante requerimiento de información notificado el 16 de febrero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con facilitar la información necesaria pata el desarrollo de las funciones inspectivas, solicitada mediante requerimiento de información notificado el 24 de febrero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS TURÍSTICOS BON GOURMET E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 188-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 15 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 400-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 188-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS TURÍSTICOS BON GOURMET E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231018MCR