Servicios Metal Mecanicos Peruanos S.A — Res. 332-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan para vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo); y, Gestión interna de Seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de equipos de seguridad o emergencia). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por su negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 25/08/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por su negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 07/09/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. En ningún momento se ha solicitado el reexamen de algún medio probatorio precisamente porque la actuación de la autoridad inspectiva ha sido arbitraria y contraviniendo la normativa constitucional, toda vez que no ha permitido presentar los medios probatorios pertinentes debido a un vicio en la notificación, es por ello que se solicitó la reconsideración, puesto que, con un nuevo (único) medio probatorio, se pretende demostrar que existe un vicio en el acto administrativa y que la presunta falta cometida no obedece a una conducta obstructiva por parte de su representada, pues al contrario, al no estar debidamente notificada, no se pudo presentar la documentación requerida; por tanto, considera que, resulta una arbitrariedad haber rechazado el recurso de reconsideración pues, para llegar a la verdad, la actuación del medio probatorio resulta totalmente necesario, ello, según el numeral 174.1 del artículo 174 del TUO de la LPAG. ii. Los argumentos presentados en el recurso de reconsideración no han sido rebatidos, negados o analizados; es decir, la apelada no contempla motivación alguna, afectándose el derecho al derecho constitucional a la motivación de las resoluciones, vulnerándose totalmente el principio al debido procedimiento, al derecho a la prueba como garantía del debido procedimiento, cuyo contenido esencial se basa en el derecho a la valoración idónea de los medios probatorios ofrecidos, y al principio de verdad material. iii. La SUNAFIL tiene la obligación de poner en conocimiento del administrado sobre la notificación, ello a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica y/o mediante el servicio de mensajería, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR.

i. En el presente caso, de acuerdo a lo consignado en el numeral 4.5 al 4.7 del Acta de Infracción N° 947-2021-SUNFIL/IRE-LIB, el personal inspectivo dejó constancia que, en fechas de 25.08.2021 y 07.09.2021, se notificó a la inspeccionada, los requerimientos de información pertinentes mediante uso de Casilla Electrónica, los mismos que contaban con un plazo de respuesta hasta el 02.09.2021 y 15.09.2021 respectivamente y que, además, tenían la finalidad que cumpla con exhibir la documentación solicitada; sin embargo, de la revisión del sistema, la comisionada advierte que la inspeccionada incumplió con remitir la información solicitada en el plazo establecido a pesar de encontrarse válidamente notificada; por lo cual, se obstruyó la labor del personal comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección, configurándose dos infracciones a la labor inspectiva, una por cada incumplimiento. ii. En ese sentido, el personal comisionado determinó la configuración de una infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de inspección del Trabajo, tipificada y calificada como infracción muy grave a la labor inspectiva, la conducta del sujeto inspeccionado referidas a la negativa de brindar información y documentación necesarias para el desarrollo de la función inspectiva. iii. En tal sentido, se verificó la existencia de las notificaciones de los requerimientos de información conforme las constancias consignadas en el considerando precedente y; con ello, se advierte que las mismas fueron depositadas a la Casilla Electrónica de la empresa inspeccionada, notificando a la misma de forma válida. iv. Asimismo, resulta relevante para el presente caso señalar que, todos los dispositivos legales antes señalados se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano; por tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación conforme lo establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú; por ello, al ser responsabilidad del administrado el conocer lo dispuesto en las normas citadas, y siendo que ésta pudo tomar conocimiento sobre los alcances de la implementación de la casilla electrónica, no se advierte la falta de la razonabilidad en la aplicación de un procedimiento que se encuentra en regulado en las normas legales de la materia. v. En ese sentido, en el presente caso, a la fecha de la realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección N° 2323-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, la normativa referente a la implementación de la Casilla Electrónica de Sunafil ya se encontraba en plena vigencia; por tanto, en base a ello y a las consideraciones antes señaladas, el presente despacho determina que el personal comisionado ha efectuado las notificaciones de requerimiento de información válidamente, tal y como se acredita con las Notificaciones Electrónicas obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, quedando en la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla

2 Notificada a la impugnante el 20 de octubre de 2022, véase folio 125 del expediente sancionador.

electrónica asignada con la finalidad de evitar posibles eventualidades e infracciones al ejercicio de la labor inspectiva; por consiguiente, no corresponde acoger lo argumentado por el administrado en el presente extremo. vi. Finalmente, por las consideraciones antes expuestas, se concluye que, ha quedado acreditado que la inspeccionada incurrió en infracción a la labor inspectiva, y a razón de ello la Subintendencia de Sanción impuso la sanción respectiva; por tanto, quedan desvirtuados los argumentos formulados por la administrada, no existiendo agravio alguno que pudiera ocasionarse con la resolución apelada, al haber sido expedida conforme a ley y con la fundamentación apropiada, sin la vulneración de los derechos y principios que invoca el administrado, tales como derecho al debido proceso, principio de legalidad, verdad material; pues, se ha verificado que se ha desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observándose las garantías respectivas del administrado. vii. En consecuencia, este Despacho, como titular de la potestad sancionadora para determinar la responsabilidad de existencia de sanción y de aplicar la sanción económica correspondiente, considera pertinente confinar la multa impuesta contenida en la Resolución de Subintendencia N° 744-2022-SUNAFIL/IR-LL/SISA.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Artículo 1. Creación y finalidad. Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS METAL MECANICOS PERUANOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 248-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Se solicitó como nueva prueba un informe por parte de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de SUNAFIL, con la finalidad de demostrar si es que su representada tuvo conocimiento de las notificaciones depositadas en la casilla, a través de la alerta respectiva al correo electrónico, sin embargo, no se consideró ello como nueva prueba, y se ampara pues en un bonito informe de SUNAT, el Informe N° 042-2008-SUNAT/28000, donde citando al Profesor Morón Urbina señalan que «(…) la ley exige que se presente un hecho tangible y no evaluado con anterioridad (…)», claro

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

está que en ninguna parte de la inspección o procedimiento sancionador se ha tomado en cuenta los argumentos esbozados en la reconsideración, esto es, la falta de la alerta en el correo electrónico de la inspeccionada respecto a los requerimientos de información el inspector a cargo, por ende, era completamente necesario y justificable la emisión del referido informe, sin embargo, ello no fue tomado en cuenta. ii. Y, ya que la autoridad sancionadora trae a colación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es pertinente también mencionar a la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03394-2021-PA/TC, en la cual, a manera de resumen declara NULAS ciertas resoluciones emitidas en base a que se debe tener certeza absoluta de que el contribuyente (para el caso mencionado) conoció el procedimiento, necesariamente se deben tomar medidas complementarias y necesarias para garantizar el derecho a la defensa. Cuyo caso es similar al de su representada, pues SUNAFIL pretender sancionar a su representada sin que haya tenido conocimiento de los requerimientos de información realizados por el inspector a cargo, toda vez que nunca recibió la alerta al correo electrónico. Es irrazonable emplear únicamente notificaciones a casillas electrónicas administradas por la propia SUNAFIL, sin que hayan agotado todas las vías o medios posibles para que el contribuyente tome conocimiento de sus decisiones, podría (al menos) haber cotejado el correo electrónico declarado ante SUNAT o verificar el domicilio fiscal. iii. SUNAFIL pretende que SERMEP demuestre el que no fue notificado con la respectiva alerta cuando es la misma SUNAFIL, a través de su Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) quien tiene el acervo documental para poder demostrar su pretensión. iv. Esa actuación vulnera totalmente el Principio del Debido Procedimiento, por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende, entre otros, el derecho a obtener una decisión motivada y fundamentada; el Derecho a la Prueba como garantía del debido procedimiento, cuyo contenido esencial se basa en el derecho a la valoración idónea de los medios probatorios ofrecidos, pues la prueba no consiste en averiguar, sino en verificar los hechos postulados por el administrado, teniendo como finalidad producir certeza o formar convicción sobre algo; dicha oportunidad ha sido negada, nuevamente, por SUNAFIL; vulnera también el Principio de Verdad Material, ya que a pesar de tener los medios necesarios (solicitar informe a la OGTIC) no ha cumplido con verificar la legalidad de sus mismos actos. v. De qué manera, entonces, SERMEPSA pudo haber incurrido en infracciones graves contra la actuación inspectiva, si nunca tuvo conocimiento de los requerimientos de información, cómo pudo colaborar con los inspectores si no se agotaron todas las vías para que el administrado tome conocimiento de la inspección que se venía desarrollando. Es cierto que el administrado tiene la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica, pero, no es posible pues, que la autoridad de

trabajo interprete la norma de manera restrictiva el D.S N° 003-2020-TR, se debe tener en cuenta que, existe la obligación de SUNAFIL de poner en conocimiento sus decisiones (requerimientos) al administrado. vi. No se puede imputar a SERMEPSA, la omisión de la obligación de colaborar con la actuación inspectiva, referida a la no presentación de la documentación solicitada, por cuanto nunca se recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en el correo electrónico declarado o a través del servicio de mensajería en el domicilio declarado, o, a falta de este, en el domicilio fiscal, tal como lo ordena el artículo 6° del D.S. N° 003-2020-TR. vii. Los argumentos presentados en la reconsideración y la apelación no han sido rebatidos, negados o analizados, es decir, la apelada no contempla motivación alguna, pero se puede apreciar un interesante resumen de la normativa y, sobre todo, una serie de citas, donde consigna pues resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, por lo que resulta necesario traer a colación la Casación N° 208-2018-Amazonas, que si bien es cierto se trata de un proceso penal, no es menos cierto lo que la Corte Suprema refiere respecto a la motivación cuando describe que «No se cumple con el deber de motivación cuando se transcriben citas bibliográficas extensas o jurisprudencia de la Corte nacional o extranjera, dado que estas deberán ser ideológicas y su instrumentalidad ha de radicar en la imperiosa necesidad de dilucidad un extremo concreto y útil para la solución del caso juzgado, que requiera la aplicación de otras fuentes del derecho», vulnerando así el derecho constitucional a la motivación de las resoluciones, pues solo se limitan a consignar jurisprudencias sin realizar un análisis, al menos resumido, de la casuística, si es que obedece o no al mismo caso o a uno parecido, incumpliendo lo estipulado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en lo referido a la motivación del acto administrativo, que debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, concordante con el artículo 6° del mismo cuerpo normativo, toda vez que no ha valorado la prueba. viii. Y, por último, existen ya numerosas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que amparan su pretensión, tales como la N° 552-2021; N° 006-2022, señalando que «(…) 6.18. Para poder ejercer el derecho de defensa, es indispensable que las partes tengan un conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan(...)N° 034-2022. Por lo expuesto, en aquellos casos en los cuales el inspector empleó la notificación electrónica prevista por el SINEL-SUNAFIL, y no se tiene constancia del envío de las alertas por correo electrónico o por servicio de mensajería deberá dejarse sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos a través del sistema de casilla electrónica (…)»; N° 508-2022 que considera que mientras los administrados no reciban la alerta que la administración se ha comprometido en enviarles, su derecho a la defensa podría verse vulnerado al no tener el conocimiento previo y oportuno de la medida o requerimiento en el que se le impone obligaciones.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación de las resoluciones administrativas

esencial del debido procedimiento9. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado). 12 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

- A folio 02 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 25 de agosto de 2021; y, a folio 04, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la fecha de 25 de agosto de 2021, mediante la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 01:

- Así también, se aprecia a folio 05, el documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 07 de septiembre de 2021; y, a folio 07, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada el 08 de septiembre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 02:

Figura N° 03:

Figura N° 04:

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”15.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

14 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 15 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

“(1) Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen. (2) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. (3) Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne” (énfasis añadido).

su primer acceso a la casilla y registró su contacto el 25 de agosto de 2021, a horas 15:29:33 y 18:38, respectivamente. Por tanto, respecto al primer requerimiento de información, de fecha 25 de agosto de 2021 y notificado a horas 14:01, la impugnante no recibió la alerta a través del correo electrónico. Posteriormente, el Sujeto inspeccionado volvió a ser notificado vía casilla electrónica, con el requerimiento de información, de fecha 07 de septiembre de 2021, siendo que, la impugnante sí recibió la alerta a través del correo electrónico porque conforme a lo mencionado precedentemente, a la fecha de notificación, específicamente el 08 de septiembre de 2021, la Inspeccionada ya había registrado su contacto.

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada 6.29 La impugnante incurrió en incumplimiento a su deber de colaboración, al no haber atendido esta exigencia dentro del plazo otorgado por el personal inspectivo, lo cual no puede entenderse como que el accionar del inspector no es objetivo, puesto que, conforme al apercibimiento de ambos requerimientos, en caso de su incumplimiento, correspondería la sanción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. En consecuencia, se advierte que, tanto en la evaluación del inspector de trabajo como la de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, han calificado correctamente los hechos en los que se ha subsumido el tipo sancionador del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, no verificándose afectación a los principios de objetividad, proporcionalidad, buena administración, tipicidad ni legalidad, por cuanto, la Administración ha procedido respetando el debido procedimiento administrativo y conforme a ley.

inspeccionada al no ser desvirtuada la presunción de certeza de los hechos plasmados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 25/08/2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 07/09/2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS METAL MECANICOS PERUANOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 248-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 960-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 248-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS METAL MECANICOS PERUANOS S.A., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL DESIRÉE BIANCA ORSINI WISOTZKI Con el debido respeto de la opinión de mis colegas vocales, disiento respetuosamente de la posición jurídica en mayoría, con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en el extremo de confirmar la infracción por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021, el cual cambia el criterio adoptado previamente, por la Primera Sala del

Tribunal de Fiscalización Laboral, en mayoría, referido a la obligatoriedad de las alertas del SINEL- SUNAFIL a efectos de evidenciar el conocimiento de la impugnante de las notificaciones recibidas en la casilla electrónica. Fundamento el presente voto en las siguientes consideraciones:

Sobre las notificaciones realizadas mediante casilla electrónica 1. La impugnante alega afectación al debido procedimiento, por lo tanto, corresponde analizar en principio, la legalidad de las notificaciones efectuadas a la impugnante en el presente caso, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo. No puede dejar de señalarse que las instancias inferiores realizan un análisis ligero sobre la notificación, dando por sentado que ésta ha sido correctamente llevada a cabo.

2. Sobre el particular, cabe indicar que en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

3. El Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución– en numerosos pronunciamientos, como en la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC, establece que “los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se aplique sanciones o que se limite los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa” (énfasis añadido).

4. En ese mismo sentido, en relación con el derecho a la debida notificación, precisa en la sentencia recaída en el expediente N° 2540-2012-PA/TC, en cuyo fundamento jurídico 4 establece: “en cuanto al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los procedimientos (sea cual fuere su naturaleza), no solamente porque está ligada íntimamente a un deber de la Administración, sino porque resulta esencial para ejercer el derecho de defensa de los administrados” (énfasis añadido).

5. Ahora bien, respecto a lo alegado en el escrito de revisión, que invoca la omisión del envío de las alertas correspondientes según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la falta de la debida notificación y la vulneración a su derecho de defensa, esta Sala se ha pronunciado en extenso sobre los alcances de la notificación electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL), aprobado a través del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con los alcances del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG.

6. Así, desde el primer pronunciamiento de esta Sala, recaído en la Resolución N° 129-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 22 de julio de 2021 hasta la fecha, han quedado plenamente acreditados los siguientes conceptos:

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

7. Sin embargo, el envío de alertas del SINEL-SUNAFIL ha sido un argumento central en los recursos presentados a esta Sala, vinculados en su mayoría a cuestionar las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT (negativa a entregar la información requerida por el inspector comisionado). En el presente caso, el inspeccionado afirma no haber tomado conocimiento de los requerimientos efectuados.

8. Lo descrito precedentemente, motivó a esta Sala, en estricta aplicación del Principio de verdad material16 a verificar, caso por caso, con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR17. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma.

9. Siendo así, el artículo 6 establece que la Administración, por medio de su Sistema Informático de Notificación Electrónica, comunicará al usuario o administrado, cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, mediante una alerta al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. Se concluye entonces que los administrados tienen una expectativa justificada de que tendrán conocimiento de cualquier notificación depositada en la casilla electrónica por medio de la mencionada alerta.

10. Sin embargo, el artículo 11 del mismo Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cuando norma la validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica establece:

16 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 17 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.”

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

11. La lectura de estas dos disposiciones presenta, aparentemente, una antinomia. Sin embargo, las antinomias sólo existen cuando se trata del conflicto entre dos normas y no de disposiciones de un mismo cuerpo normativo18. Por tanto, corresponde a quien tiene el deber de interpretar esas disposiciones, hacerlo de modo tal que evite la contraposición y logre su armonización. En el caso del procedimiento administrativo sancionador la integración se debe realizar en base a los principios que lo rigen y, en particular, al derecho fundamental al debido proceso.

12. Así tenemos que el principio de predictibilidad o de confianza legítima establece que la “autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener”19. En el caso de la notificación por medio de la casilla electrónica, SUNAFIL ha establecido, que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico o servicio de mensajería. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR (énfasis añadido).

13. De acuerdo al artículo 139 inciso 14 de la Constitución, el derecho de defensa establece que nadie puede “ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Y el Tribunal Constitucional ha reafirmado en reiterada jurisprudencia que “el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la Administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Cfr. STC 4889- 2004-AA)”20.

18 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435. 19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15. 20 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC.

14. Ese mismo Tribunal ha declarado que, para poder ejercer el derecho de defensa, es indispensable que las partes tengan un conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan21. Por tanto, las “exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que, in abstracto, las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna”22.

15. En consecuencia, considero que mientras que los administrados no reciban la alerta que la Administración se ha comprometido a enviarles, su derecho de defensa podría verse vulnerado, al no tener el conocimiento previo y oportuno de la medida o requerimiento que le impone determinadas obligaciones. De esta manera se les impediría, de modo injustificado, “argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses”23.

16. Esta interpretación se realiza aplicando también el principio de informalismo, el cual establece que las “normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”24. Consecuentemente, considero que es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

17. Asimismo, considero que se debe de resolver los procedimientos sancionadores, “de manera independiente; esto es, sin estar sometidos a presiones internas o externas que dobleguen su voluntad para determinar el sentido de lo resuelto. En definitiva, deben contar con todas las garantías necesarias para resolver conforme a Derecho las controversias que se sometan a su consideración”25. Es por esta razón que no es posible negar eficacia a una conducta que la propia Administración ha previsto como parte de su comportamiento, durante el trámite de notificación: la emisión de las alertas. Negar esta obligación sería contrario también al principio de buena fe procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”26(énfasis añadido).

18. En consecuencia, considero que independientemente de la eficacia de la recepción de la notificación electrónica y la obligación que tiene el usuario de revisar de forma periódica la casilla

21 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 22 Ibid. fundamento jurídico 4. 23 Loc. Cit. 24 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 25 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 26 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.” (énfasis añadido)

electrónica -según los alcances antes referidos–, la impugnante en el presente caso no recibió las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Por tanto, es razonable considerar que el cumplimiento de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica (artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR), se encuentra estrictamente ligado a la recepción de las alertas que el Sistema Informático de la SUNAFIL va a emitir.

19. En el caso materia de autos, del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 25 de agosto de 2021; y la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la misma fecha a la Casilla Electrónica de la impugnante, con la cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 05:

20. Así también, se aprecia del expediente inspectivo, el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 07 de septiembre de 2021; y, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada el 08 de septiembre de 2021 a la Casilla Electrónica de la impugnante, con la cual se deja constancia del depósito del referido documento en la misma fecha, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 06:

21. Asimismo, conforme a la información brindada por el aplicativo de “Búsqueda de Notificaciones y Alertas de Correo” de la SUNAFIL, a la fecha de notificación del primer requerimiento de información, de fecha 25 de agosto de 2021, la impugnante no recibió la alerta a través del correo electrónico, porque realizó su primer acceso a la casilla y registró su contacto el 25 de agosto de 2021 a horas 15:29:33, es decir, con hora posterior a la notificación del primer requerimiento. Respecto al segundo requerimiento de información, de fecha 07 de septiembre de 2021, la impugnante sí recibió la alerta a través del correo electrónico porque conforme a lo mencionado precedentemente, a la fecha de notificación, específicamente el 08 de septiembre de 2021, la Inspeccionada ya había registrado su contacto, como se muestra a continuación:

Figura N° 07:

Figura N° 08:

22. Con relación al requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021, no puede imputarse a la impugnante la negativa a cumplir sus obligaciones contenidas en el artículo 15 del RLGIT, pues no recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, pues aún no había registrado su correo.

23. Esta conducta fue sancionada por la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2022-SUNAFIL/IR- LL/SIRE, de fecha 20 de mayo de 2022, como una negativa al deber de colaboración a la labor inspectiva, determinando el reproche administrativo en contra del sujeto inspeccionado, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, sin evaluar y analizar adecuadamente los extremos de la notificación por casilla electrónica y los alegatos de defensa planteados por la impugnante sobre la notificación realizada, a la luz del principio de buena fe procedimental citado en el fundamento 17 del presente voto en discordia.

24. En tal sentido, se verifica que ni la Sub Intendencia de Resolución, ni la Intendencia Regional de La Libertad han cumplido con verificar que todas las actuaciones realizadas en el procedimiento inspectivo y sancionador se hayan llevado conforme a los principios contemplados en el artículo IV del TUO de la LPAG.

25. Así las cosas, la ausencia de análisis adecuado y suficiente por las instancias anteriores, sobre las notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, constituye una vulneración al principio de buena fe procedimental, dado que la autoridad administrativa ha realizado

actuaciones interpretando la regulación contraria al administrado; lo cual afecta el derecho de defensa del administrado27 como parte del derecho al debido procedimiento, al no haberse motivado adecuadamente la validez y eficacia de las notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, sin explicar la ponderación o razonabilidad de la medida en perjuicio de éste; lo que vulnera los principios de informalismo, motivación y debido procedimiento, sin tomar en cuenta el análisis efectuado en los fundamentos 6 a 22 del presente voto en discordia.

26. En consecuencia, la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 20 de mayo de 2022, que impone una infracción muy grave a la labor inspectiva por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021, debe dejarse sin efecto en dicho extremo, pues se ha incurrido en un vicio dentro del procedimiento, al no recibir el administrado la alerta de correo de la notificación electrónica del requerimiento de información de fecha 25 de septiembre de 2021, lo cual impidió que conociera de la exigencia de presentar dicha información al inspector comisionado.

27. Por otra parte, respecto a la segunda infracción muy grave por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 07 de septiembre de 2021, considero que no se aprecia vicio alguno que traiga como consecuencia su nulidad, por lo que, debe confirmarse dicha infracción, por encontrarse en el supuesto tipificado del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGT.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare FUNDADO EN PARTE y, en consecuencia, SE DEJE SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 20 de mayo de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 248-2022-SUNAFIL/IRE-LIB en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva por el incumplimiento al requerimiento de información de fecha 25 de agosto de 2021; y SE CONFIRME la Resolución de Intendencia N° 248-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 07 de septiembre de 2021.

20240403MLA

27 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”