Servicios Integrados de Limpieza S.A — Res. 498-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Incluye Todas), Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas (Incluye Todas), Equipos de protección personal, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Incluye Todas). 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no brindar la información correspondiente a los trabajadores afectados, posteriormente al fallecimiento del ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari, por el COVID-19, al haber podido estar en contacto con el virus Sars- CoV-2; asimismo, no cumplir con efectuar la debida sensibilización y capacitación al ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari respecto a las medidas de prevención ante el contagio de la COVID-19 en el centro de trabajo, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,446.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con especificar las características de los equipos de protección personal de los trabajadores afectados, lo que no permite acreditar una entrega efectiva de los mismos, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,446.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la coyuntura de la COVID-19, al no aplicar ni cumplir con las medidas de prevención (control de temperatura), y el procedimiento y protocolo a seguir ante la sospecha de un caso COVID-19 (pruebas de descarte), en perjuicio del ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 10 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,884.00.

i. Se ha cumplido con capacitar respecto del uso de EPP, información y prevención del COVID-19 durante los meses de marzo, mayo y junio. En dichas capacitaciones

participó el señor Julio Huallpa Alccamari, identificándose con nombre y firma. De igual modo, colocaron información en espacios visibles del centro de trabajo y entregaron rotafolios al respecto a cada uno de los trabajadores. No obstante, la Sub Intendencia cuestiona la suficiencia de medios probatorios, para imponer la sanción correspondiente. ii. Respecto de la obligación de implementar un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aduce que la solicitud de medio probatorio con anterioridad al fallecimiento del trabajador constituye una prueba diabólica al ser difícil e imposible de acreditar. Refiere que el jefe de la unidad de la red asistencial de Arequipa cumplió con reportar los casos COVID-19, por lo que el protocolo de vigilancia clínica de los trabajadores sospechosos ha estado en constante aplicación. iii. La conducta referida a la entrega del reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo no se condice con el tipo infractor imputado, al referirse que no se cuenta con un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con la coyuntura del COVID-19, vulnerándose los principios de tipicidad y de debido procedimiento. iv. De igual forma, obra en el expediente un cuadro con la entrega de los EPPS a los trabajadores, con el nombre, marca y características; por lo que corresponde la exoneración de responsabilidad dado que sí cumplieron con la obligación. v. Añade que se ha evidenciado la vulneración de los principios de debido procedimiento, presunción de licitud y presunción de inocencia, ya que no han incurrido en la infracción imputada; así como a la debida motivación de las resoluciones, entre otros.

i. Dada la “naturaleza dialéctica del procedimiento sancionador”, el derecho de contradicción – por parte del administrado – permite considerar el concepto de carga dinámica y el criterio de que quien tiene la carga de la prueba es quien está en mejor condición de probar. Esta modalidad de la utilización de la prueba dinámica fue aplicada por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 1776-2004-AA/TC. ii. Así, en aplicación de la carga dinámica le correspondió a la impugnante, durante la etapa investigativa, la presentación de los medios probatorios con la finalidad de rebatir los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo observados por inspectores actuantes, al haber verificado que no cumplió con sus obligaciones en sistema de gestión de SST, de formación e información en materia de SST y respecto a los equipos de protección personal respecto de cuarenta y cuatro (44) trabajadores,

2 Notificada a la impugnante el 12 de noviembre de 2021, ver fojas 106 del expediente sancionador.

desvirtuándose lo comprobado por los inspectores, quedando acreditadas las infracciones incurridas, y desvirtuándose la causal de nulidad alegada por la impugnante. iii. De la resolución apelada, la autoridad sancionadora ha cumplido con manifestar y rebatir las razones por las cuales corresponde aplicar las sanciones determinadas. iv. Respecto de la infracción por no haber cumplido con las obligaciones en materias de sistema de gestión de SST, la no existencia de los registros solicitados demuestra el manifiesto incumplimiento de dicha conducta. v. Respecto del incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, la impugnante no ha acreditado haber cumplido con informar a los trabajadores respecto del estado de contagio y consecuente muerte del trabajador Huallpa Alccamari, con el objeto de evitar la propagación del Virus, así como para la aplicación de las medidas de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. vi. Respecto del incumplimiento de las obligaciones en materia de equipos de protección personal, la documentación presentada por la impugnante no constituye elemento suficiente para determinar que los trabajadores recibieron el equipo de protección personal eficiente y adecuado establecido en su plan de prevención, pues de los registros de entrega no se puede verificar que éstos posean las especificaciones técnicas que se necesitan respecto de los riesgos en el desempeño de sus funciones dado la pandemia por el COVID-19, así como tampoco que hayan sido entregadas en la cantidad suficiente de acuerdo al período laborado y a la totalidad de los cuarenta y cuatro (44) trabajadores afectados. vii. Respecto de la infracción a la labor inspectiva, a través de la medida notificada el 10 de agosto de 2020, al no cumplirse con la totalidad de lo exigido, se constituye la transgresión con carácter de insubsanable.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 3 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 136-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando lo siguiente:

i. Sostiene que se ha vulnerado el debido procedimiento, al no haberse tomado en consideración – por parte de la Intendencia Regional de Arequipa – de los vicios que oportunamente han advertido, validando un Acta de Infracción y un Informe Final que consideran nulos. ii. Así, señalan que se ha inaplicado el Principio de culpabilidad, pues existe una falta de antijuridicidad en la supuesta conducta imputada. Reitera que han cumplido con las capacitaciones (relacionadas con la conducta tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT), la entrega de documentos que responden a una campaña de sensibilización contenida en el procedimiento o protocolo de vigilancia, por lo que discrepan el argumento de la Intendencia, referido a que carecen de procedimiento o protocolo de vigilancia clínica a los trabajadores sospechosos o con resultado positivo. iii. Reiteran el alegato referido a que las fotos que muestran la toma de temperatura no constituyen una evidencia que se realizó antes del fallecimiento del señor Julio Huallpa Alccamari, configurando una “prueba diabólica”, con una clara contravención a la presunción de inocencia. iv. Refiere que se ha incluido un correo adicional de fecha 07 de julio de 2020, en el que se evidencia que el jefe de la Unidad de la Red Asistencial de Arequipa reportó los casos de COVID-19, en los cuales se hace un especial informe respecto al señor Huallpa Alccamari, especificando su situación, así como la de otros trabajadores afectados, y demostrando que existía un seguimiento tanto al trabajador Huallpa Alccamari como a otras personas afectadas. v. Respecto de las obligaciones en materia de EPP, señala que se cumplió con adjuntar un cuadro con todas las entregas al personal, detallando los nombres, marca y características, adjuntando fichas técnicas de los mismos. Detalla, con relación a estos, la presunción de licitud y principio de veracidad, en relación a pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. vi. En igual medida, sostiene que se han inaplicado los principios de legalidad, debida motivación y razonabilidad de la medida de requerimiento, cuestionando si lo solicitado a través de la misma puede calificar como subsanable, a la luz de los hechos acontecidos en

el presente procedimiento (fallecimiento del trabajador afectado) y el criterio de la unidad de la medida inspectiva de requerimiento, utilizado por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia.”

De la obligación de adoptar un enfoque de Sistema de Gestión como parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la infracción impuesta a la impugnante.

9 Artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú de 1993. 10 Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominada “Declaración de Filadelfia” (1944). 11 Así, la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, detalla que “En cumplimiento de los preceptos constitucionales que reconocen el derecho a la salud y la protección de los trabajadores (artículo 23), en el marco de la Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y de otros instrumentos internacionales ratificados por el Perú, el 20 de agosto de 2011 se promulgó la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12 Exposición de Motivos del Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 13 Artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

14 Artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 15 Artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 16 Artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 17 Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

supervisores de la organización pero no la puesta en práctica del mismo ni el nivel de cumplimiento del mismo.

18 De conformidad con el Anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo N° 003-98- SA, las actividades de limpieza de edificios (Código CIIU, Rev. 3: 7493 1), como parte de los servicios de saneamiento y similares, son comprendidos como actividades de alto riesgo.

“Sobre la culpa corresponde indicar que el actuar imprudente implica la inobservancia de un deber legal exigible al sujeto. Este debe adecuar su comportamiento a lo prescrito por la norma; al no observar los parámetros normativos establecidos y, por ende, realizar la conducta tipificada, corresponde imputársele la comisión por un actuar imprudente, negligente, imperito o descuidado. Como se observa no existe una voluntad de transgresión de la norma, sino una desatención de esta que conllevó a la comisión de una infracción”19 (énfasis añadido).

“…las personas jurídicas responderán por su capacidad de cometer infracciones partiendo de la culpabilidad por defectos de organización. Aquí la falta de cuidado se evidencia por no haber tomado las medidas necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades de conformidad con la normativa, las que hubiesen evitado la producción de infracciones. Al no adoptarlas, nos encontramos en el supuesto de déficit organizacional que acarrea la comisión de la infracción y, por ende, la imposición de una sanción”20 (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 10 de agosto de 2021.

19 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 457 20 MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. Página 458.

De la presunta vulneración a los principios del debido procedimiento, licitud y presunción de veracidad y el principio de buena fe procedimental.

“…utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por

21 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (énfasis añadido). 22 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.” 23 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio”.24

“…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso”25 (énfasis añadido).

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Multa impuesta Seguridad y Salud en el Trabajo No brindar la información correspondiente a los trabajadores afectados posteriormente al fallecimiento del ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari por la Covid- 19, al haber podido estar en contacto con el virus Sars-CoV- 2; asimismo, no cumplir con efectuar la debida sensibilización y capacitación al Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE S/ 22,446.00

24 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106. 25 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari respecto a las medidas de prevención ante el contagio de la COVID-19 en el centro de trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con especificar las características de los equipos de protección personal de los trabajadores afectados, lo que no permite acreditar una entrega efectiva de los mismos. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE S/22,446.00 Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la coyuntura de la COVID-19 al no aplicar ni cumplir con las medidas de prevención (control de temperatura), y el procedimiento y protocolo a seguir ante la sospecha de un caso COVID-19 (pruebas de descarte), en perjuicio del ex trabajador afectado Julio Huallpa Alccamari. Numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE S/ 11,309.00 Labor inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 10 de agosto de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE S/ 33,884.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - SILSA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 136-2021-SUNAFIL/IRE- AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 321-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 136-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, y a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. – SILSA, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA