Servicios Integrados de Limpieza S.A — Res. 20-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la Relación Laboral (Sub materia: incluye todas), Contratos de Trabajo (Sub materia: incluye todas), Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: madre trabajadora durante los periodos de embarazo y lactancia), Discriminación en el trabajo (Sub materia: otras discriminaciones). soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el empleo fraudulento de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuando se trata de una relación laboral a plazo indeterminado, respecto de la recurrente Córdova Ortiz Gina Natalia, quien realizaba su labor (personal de limpieza) en una actividad al giro de la actividad principal del sujeto inspeccionado, de manera continua y permanente, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

i. No se ha tenido en cuenta que son una empresa especial de intermediación laboral, que brinda servicios de limpieza y que está sujeta a la vigencia de contratos con instituciones públicas y privadas lo que conlleva a que se destaque trabajadores operarios para brindar sus servicios, los que están sujetos a temporalidad; siendo que los contratos intermitentes y de suplencia celebrados con la trabajadora, responden a lo regulado en el artículo 61 literal c) del artículo 16 del TUO del D.L N° 728, donde la vigencia del contrato se extinguirá en la fecha de regreso del titular del puesto. ii. Los contratos sujetos a modalidad intermitente y de suplencia celebrados con la trabajadora cuentan en su cláusula segunda, con el objeto del contrato, el cual señala: “(…) para suplir en la labor del ------- quien se desempeñaba como OPERARIO, el mismo que por razón de su descanso FÍSICO VACACIONAL, se ausentara por espacio del ----”, siendo que la desnaturalización de los contratos por suplencia no considera cuando el trabajador que reemplaza a otro en el puesto del cual es titular, continúe laborando en el mismo cargo e incluso suscriba prórrogas para trabajar en dicha plaza, días después de vencido el contrato anterior, siendo que en la cláusula segunda del contrato de suplencia, queda establecido que su vigencia dependía indefectiblemente de la reincorporación, renuncia o cese definitivo de la trabajadora suplida, ello no implica su desnaturalización. iii. Al no tenerse acreditada la desnaturalización de los contratos intermitentes y de suplencia suscritos, señalándose la causa objetiva de la contratación, el único ámbito de aplicación que conllevaría a la aplicación de una sanción, debe cumplir con el Principio de Tipicidad, siendo así, la imputación de una desnaturalización contractual, que no está vigente y que respondía al carácter temporal de sus servicios, sumado a

que la trabajadora cumplió las labores de suplencia designadas, motivos por los cuales la sanción propuesta no debe ser acogida, debiendo declarar fundada su apelación y nula la resolución apelada. iv. En cuanto a la multa propuesta, no se ha valorado lo dispuesto por el D.S N° 015-2017, el cual modifica el reglamento del a LGIT, a fin de ajustar la escala de sanciones en función a criterios del principio de razonabilidad, y cuando se trate 1 a 10 trabajadores, como en su caso que es solo 01 trabajadora; asimismo, el Acta de Infracción al haberse emitido con falta de motivación, objeto y contenido y vulnerando normas legales y constitucionales deviene en nula.

i. Refiere que, lo detallado en el Acta de Infracción respecto a la infracción determinada por el inspector actuante, se refiere a los contratos firmados como contrato de trabajo sujetos a modalidad intermitente, detallando lo siguiente: “(…) la trabajadora recurrente Córdova Ortiz, Gina Natalia, efectuó la prestación personal de un servicio subordinado y continuo a cambio de una remuneración, en una actividad vinculada al giro principal del sujeto inspeccionado por un periodo mayor a 12 meses de labor continua sin interrupciones, que demuestra la necesidad permanente de contar con los servicios de la trabajadora recurrente, ya que, de los contratos DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD INTERMITENTE, que se celebraron con sus renovaciones desde el 02/01/2020 hasta el 31/07/2020, no precisan la necesidad real objetiva aplicable al caso concreto, que justifique la contratación temporal”; sin cuestionar los contratos de suplencia celebrados con la trabajadora, contratos que el sujeto inspeccionado ha puesto como hechos que han sido observados por el inspector, cuando en realidad no es así, ya que los observados son los contratos intermitentes. ii. Al respecto, se citó la Casación N.° 13816-2017, DEL SANTA, de fecha 28 de noviembre de 2019, en la que se define y precisa las características del contrato intermitente en su fundamento Sexto, señalando: “El contrato intermitente se define como aquella negociación jurídica celebrada entre un empleador y un trabajador, con el objeto de cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas, pues la actividad laboral se ve interrumpida por factores propios de su naturaleza. Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá el derecho preferente en la contratación, pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma automática, por lo que, no es necesario que se requiera de un nuevo contrato o renovación. Para perfeccionar

2 Notificada a la impugnante el 07 de marzo de 2022, véase folio 126 del expediente sancionador.

estos contratos sujetos a modalidad, y en aras de no vulnerar el derecho del trabajador sobre el acceso al empleo, es necesario que el contrato sea de manera escrita y no verbal; además, de consignar dentro de sus cláusulas de forma clara y precisa las circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente del contrato. De acuerdo a lo detallado, en los párrafos precedentes, las labores prestadas por los trabajadores mediante contratos intermitentes son permanentes pero discontinuas, motivo por el cual, los derechos laborales se computarán en función al tiempo efectivamente laborado.” iii. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de la República y la doctrina nacional, se analizó los argumentos del recurso de apelación, y de la revisión de los actuados se advierte que el sujeto inspeccionado, durante todo el proceso siempre ha sostenido que los contratos suscritos con la trabajadora afectada, fueron elaborados de acuerdo a las normas que regulan los contratos sujetos a modalidad; sin embargo, la autoridad administrativa de trabajo ha determinado que en dichos contratos de trabajo intermitentes no se han especificado de manera precisa la causa objetiva de los referidos contratos, cuyo incumplimiento es sancionado con la desnaturalización de los mismos. iv. Es decir, los contratos por intermitencia celebrados con la trabajadora CORDOVA ORTIZ, GINA NATALIA, se observa que señalan como causa objetiva: “LA EMPRESA requiere contratar los servicios de EL TRABAJADOR en el cargo de OPERARIO con el objeto de atender los requerimientos intermitentes, derivados de la atención del servicio contratado por los diversos usuarios”, de lo establecido, se tiene que la misma no precisa la necesidad real y objetiva aplicable al caso concreto. v. Motivo por el cual, la autoridad de primera instancia ha sancionado a la inspeccionada por motivo que los contratos de trabajo intermitentes suscritos con la trabajadora afectada no cuentan con una causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado, es decir, la inspeccionada no cumplió con consignar de forma expresa las causas objetivas determinantes de la contratación bajo dicha modalidad, conforme a un mandato expreso del artículo 72 del TUO de la LPCL, razón por la que se encuentran desnaturalizados considerándose como contratos de duración indeterminada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del mismo cuerpo legal que señala: "Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: (...) d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley", incurriendo en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, ello concordante con lo dispuesto en el artículo 73 del TUO de la LPCL, que señala: "La Autoridad Administrativa de Trabajo podrá ordenar la verificación de los requisitos formales a que se refiere el artículo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido.”. vi. Lo alegado por el sujeto inspeccionado en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que sus alegatos están referidos a los contratos por suplencia, los mismos que no han sido materia de imputación, no desvirtúa la infracción advertida, toda vez que a través de ello el sujeto inspeccionado no logra acreditar el carácter temporal que justifique la modalidad de contratación, concluyendo que en los contratos intermitentes no consignó la causa objetiva determinante de la contratación modal; por lo que se desestima lo alegado en este extremo. vii. La tipificación propuesta en el Acta de Infracción fue la contenida en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los

contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación.”. viii. Respecto a la mencionada tipificación, se aprecia que la misma resulta ser suficiente y precisa, toda vez que el mencionado tipo infractor delimita que la normativa incumplida sea en materia de relaciones laborales, y que su incumplimiento está referido al incumplimiento con contratos de trabajo; por tanto, el incumplimiento normativo que describe el tipo infractor está especificado. En ese sentido, la tipificación del numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT no contraviene el principio de tipicidad, por ende, se desestima lo argumentado por la inspeccionada, en este extremo. ix. En cuanto al monto de la multa impuesta, se tiene que, los criterios señalados en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG sirven para graduar la multa a imponer. En el presente caso, la tabla de multa No MYPE, aplicada al sujeto inspeccionado, establece montos fijos que han sido preestablecidos por el legislador y modificados en función al principio de razonabilidad, respecto de los cuales la autoridad de primera instancia no tiene discrecionalidad para imponer un monto mayor o menor al tasado; por lo que se confirma la multa determinada en la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. (SILSA).

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 009-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i) Argumenta la violación del principio del debido procedimiento y a la debida motivación puesto que no ha explicado a qué se refiere que no precisa la necesidad real en los contratos de intermitencia. ii) Alega que existe una disyuntiva, con respecto a determinar qué es una causa objetiva determinante de la contratación sujeta a modalidad. Respecto a este punto, la impugnante ha señalado que la causa objetiva determinante de la contratación tanto en los contratos de suplencia como intermitentes son claras, para el primero de los casos, reemplazar al trabajador suplente y en el segundo caso de contratación, que la intermitencia se debió a las necesidades de las empresas usuarias a las cuales prestan el servicio. iii) Por otra parte, expresa que se puede observar en las hojas de asistencia que la recurrente no asistió a prestar sus labores en el período mensual completo, esto, debido a la naturaleza de su contratación (contrato intermitente), en consecuencia, como bien la norma lo señala, el contrato de intermitencia, se celebra para la prestación del servicio de actividades que no son continuas. En efecto es lo que en la realidad se ha producido, la prestación del servicio discontinuo por la recurrente, razón por la cual, pretender desconocer este hecho real por el inspector, constituye un acto arbitrario. iv) Asimismo, refiere que, en los contratos de trabajo suscritos por la impugnante con la recurrente no existe deficiencia de la causa objetiva, por lo tanto, pretender sancionarla corresponde un acto arbitrario por una errónea interpretación de normativa de la Directiva N° 1-2020-SUNAFIL/INNI, la misma, que deberá ser revisada por este Tribunal a fin de dar la interpretación correcta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a

producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana".

(Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

imputada. Sin embargo, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

Sobre la presunta violación a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

10 “TUO de la LPAG

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio trascendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”12(énfasis añadido).

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 12 El subrayado no es del original.

objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral.” (en negrita agregado)

“SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

LA EMPRESA requiere contratar los servicios de EL TRABAJADOR en el cargo OPERARIO de con el objeto de atender los requerimientos intermitentes, derivados de la atención del servicio contratado por los diversos usuarios”

los requisitos formales para la validez de los contratos, al no precisar la causa objetiva de la contratación laboral.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales El empleo fraudulento de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuando se trata de una relación laboral a plazo indeterminado, respecto de la recurrente Córdova Ortiz Gina Natalia, quien realizaba su labor (personal de limpieza) en una actividad al giro de la actividad principal del sujeto inspeccionado, de manera continua y permanente. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. (SILSA), en contra de la Resolución de Intendencia N° 009-2022-SUNAFIL/IRE- HUA, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 213-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 009-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. (SILSA), y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230111JCR