Servicios Generales Rambell E.I.R.L — Res. 258-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Trabajo forzoso (Sub materia: Incluye todas); Autorización para el trabajo dependiente (Sub materia: Prevención y erradicación del trabajo infantil); Trabajo de adolescentes menores de 14 años (12 a 13 años de edad) (Sub materia: Prevención y erradicación del trabajo infantil); Trabajo de adolescentes menores de 18 años (14-17 años de edad) (Sub materia: Prevención y erradicación del trabajo infantil); Trabajo infantil (05 a 11 años de edad) – prohibido (Sub materia: Materia laboral); Trabajos peligrosos para las y los adolescentes (Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES) (Prevención y erradicación del trabajo infantil); y, Peores formas de trabajo infantil (art. 3 del Convenio N° 182 de la OIT) (Sub materia: Prevención y erradicación del trabajo infantil). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

su edad; en atención al operativo denominado “Operativo de Fiscalización Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso ABRIL 2019 ILM I”.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar cumplir con las disposiciones relativas con el trabajo de adolescente menor de edad, en tanto que contrató a un menor de 17 años, sin la autorización correspondiente y para la realización de labores consideradas como trabajo peligroso por encima de la jornada máxima de trabajo, tipificada en el numeral 25.7 del artículo 25 el RLGIT.

i. Refieren que la Sub Intendencia ha confirmado que cumplieron en tiempo y forma con el requisito establecido en el numeral 48.1-A del RLGIT, el cual es necesario para la aplicación del beneficio de reducción del monto de la multa impuesta, al 1% del total de ingresos netos que se ha percibido dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección. Pese a ello, la Administración señala que dicho beneficio no es aplicable, en tanto existe un límite en los supuestos contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D. ii. Sostienen que la Administración interpreta el contenido de la citada norma, adicionando el texto “(…) Este límite no es aplicable en los supuestos contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D (…)”, el cual ya no forma parte del numeral 48.1- A del RLGIT desde su modificación a través del Decreto Supremo N° 008-2020-TR.

2 Notificada el 04 de enero de 2022. Véase folio 96 del expediente sancionador. soft

iii. Señalan que el nuevo texto del numeral 48.1-A del RLGIT, consta de solo cuatro párrafos, y si bien al incluir el último de ellos se aprecia el símbolo “(…)”; ello no implica de manera alguna que deba entenderse que subsista alguna parte del texto anterior y mucho menos el referido límite en la aplicación del beneficio de reducción del monto de la multa, más aun cuando la Administración no explica en base a qué motivo se debería realizar la lectura del articulado de manera tal que se empalme en texto del numeral modificado con el resto del texto previo, actualmente derogado. iv. Precisan que el símbolo “(…)” no tiene el significado que la Sub Intendencia le pretende atribuir, dado que, utilizando su lógica, la lectura del Decreto Supremo N° 008-2020-TR no tendría sentido. v. Alegan que, resulta menester saber identificar cuando la normativa advierte que está ante un numeral que está siendo modificado por completo y cuando se está modificando un párrafo en particular, lo cual es de suma relevancia a fin de no caer en una lectura e interpretación equivocada de las normas. vi. Manifiestan que, el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ permite ratificar lo sustentado por la empresa, pues del mismo se puede verificar que el texto actual del numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT sustituye de manera íntegra al texto anterior, razón por la cual resulta un imposible jurídico pretender rescatar partes del artículo previo a su modificación y anexarlos al texto modificado. vii. Por otro lado, señalan que en la “Normas Legales Actualizadas del Diario Oficial del Bicentenario El Peruano”, no se consigna más el símbolo “(…)”, encontrándose entre comilla el texto integro luego de su modificación del numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT, sin hacerse mención alguna respecto al límite que establecía su versión anterior. viii. Por lo expuesto, refieren que el beneficio de reducción de la multa establecida en el numeral 48.1-A debe ser aplicado a la empresa, toda vez que se ha cumplido con acreditar su condición de pequeña empresa y el total de ingresos netos anuales al ejercicio fiscal anterior a la generación de la orden de inspección. ix. Por último, sostienen que el 1% del total de ingresos netos percibidos por la empresa en el ejercicio fiscal 2018 equivale a la suma de S/ 69,685.29. En ese sentido, en estricta aplicación de lo establecido en el tercer párrafo del numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT, corresponde reducir y recalcular a la suma del S/ 69,685.29.

3 Notificada a la impugnante el 13 de junio de 2022. Véase folio 178 del expediente sancionador.

i. En atención a lo alegado por el inspeccionado, es pertinente citar la modificatoria que introdujo el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, respecto al numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT. ii. Los puntos suspensivos que han sido colocados en la citada modificatoria que efectúa el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, dan cuenta que el resto de párrafos siguientes se mantienen, y no se modifican. iii. Conforme al precepto normativo, y estando a que la infracción materia el presente procedimiento sancionador se encuentra tipificada en el numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT, no resulta aplicable al presente caso el límite a la multa al 1% del total de ingresos netos que haya percibido dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección. Por consiguiente, no corresponde aplicar la reducción de la multa solicitada por el inspeccionado al amparo de lo establecido en el numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT para el límite a la multa al 1% que se ha mencionado, pues de ninguna manera le resultará aplicable. iv. Respecto al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ y a la publicación de las “Normas Legales Actualizadas del Diario Oficial del Bicentenario El Peruano”, se advierte que ha habido un error al haber estos omitido los párrafos que continuaban al texto modificado en el numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT, los cuales no han sido modificados ni derogados por el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, tal como se aprecia del contenido de esta norma, cuyo texto integro se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2020, siendo citado textualmente lo relativo al numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT en el considerando 3.10 de la presente resolución. Es de citar que la citada norma en su Disposición Complementaria Derogatoria señala específicamente las disposiciones que deroga, de lo cual se advierte que no deroga del numeral 481.-A que: “Este límite non es aplicable en los supuestos contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES RAMBELL E.I.R.L.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 957-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Cuestionan el criterio empleado por la Administración respecto a la interpretación de la lectura del numeral 48.1-A del RLGIT, posterior a su modificación mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, dado que consiste en sustituir los primeros párrafos del texto, incorporando nuevos párrafos a la parte final, y, además, manteniendo la última parte del texto anterior. ii. Efectúan un análisis histórico de las diversas modificaciones que se han dispuesto en el numeral 48.1-A del RLGIT, señalando que ha tenido tres (3) textos desde su incorporación, todos ellos establecieron cambios relevantes que mejorarían la aplicación de la normativa legal; por dicha razón, no se ha optado por derogar el numeral, dado cuenta que sigue vigente a la fecha, tampoco se señala que se haya incorporado algún nuevo párrafo, lo que significaría que se adicionaría nuevo texto al ya existente, ni se ha modificado específicamente algún párrafo del numeral, que permitiría entender que solo se habría sustituido parcialmente su texto en uno o más párrafos específicos, siendo en buena cuenta una mezcla de estos dos últimos supuestos lo que en opinión de la Administración sería el caso. iii. Sostienen que lo que el legislador ha señalado es la “modificación del numeral”, es decir, que el texto anterior ha sido sustituido de manera total por uno nuevo, sin dejar duda alguna de ello, ya que no se establece una modificación o sustitución parcial del texto dejando vigente parte del anterior, por lo que, es contrario a la verdad lo que se señala en el pie de página de la resolución de intendencia. iv. Manifiestan que, para la Administración el hecho de que se establezca textualmente que el numeral ha sido modificado (íntegramente), por algún motivo no modifica una parte específica de su texto, atribuyéndose la facultad de determinar cuáles son los alcances de la modificación del texto a conveniencia, sin mayor argumento que su propia opinión. v. Precisan que no han cuestionado que el numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT haya sido derogado, toda vez que lo correcto es señalar que fue modificado, pero no se puede pretender considerar que tal modificación es meramente parcial,

cuando la norma no lo estipula o precisa de manera alguna. Sin embargo, consideran que su modificación ha alterado de manera sustancial su contenido excluyendo parte de su texto anterior, lo cual ya no forma parte del numeral modificado, por lo que, no resulta equivocado sostener que el contenido que actualmente no forma parte del numeral ya resulta aplicable. vi. Alegan que para saber identificar cuando la normativa advierte que se está ante un “numeral” que está siendo modificado por completo y cuando se está modificando solo un “párrafo” en particular, puede valerse de las herramientas de la tecnología y de la información digital, como es el caso de la página web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, el cual se encuentra al alcance de la Administración y que en el caso de autos permite verificar que, el numeral ha sido modificado en toda su extensión, por lo que, el texto actual sustituye de manera integra al texto anterior, razón por la cual resulta un imposible jurídico pretender rescatar partes del artículo previo a su modificación y anexarlos al texto modificado. vii. Por tanto, consideran que, basta y sobra con hacer una lectura literal de la norma para advertir la diferencia que existe entre su nueva versión y la anterior, por lo que, les sorprende que la Administración se pronuncie señalando que hubo un error al haber omitido los párrafos que continuaban al texto modificado en el numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT, lo que carece de sustento, en tanto si solo se hubiese modificado parcialmente el texto del numeral, la propia norma lo señalaría apropiadamente. viii. Precisan que, en el supuesto negado de que tal argumento fuera cierto, dicho error sería atribuible a la administración y no podía tener efectos sobre los administrados, quienes no somos responsables de las omisiones publicadas por medios oficiales, máxime si toman conocimiento de las disposiciones legales vigentes, a través de dichos medios, situación que vulneraría el principio de predictibilidad. ix. Discrepan con la interpretación de la Administración respecto al significado del símbolo “(…)”, remitiéndose a la publicación de las normas legales del Diario oficial El Peruano en su edición del lunes 10 de febrero de 2020, donde se publicó el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, en el que se advierte el extracto del texto modificado del numeral 48.1-A del RLGIT. Al respecto, precisan que el nuevo texto consta de solo cuatro (4) párrafos y si bien al concluir el último de ellos se aprecia el símbolo “(…)”, ello no implica que deba entenderse que subsiste alguna parte del texto anterior y mucho menos el referido al “límite” en la aplicación del beneficio de reducción del monto de la multa, más aún cuando la Administración no explica a razón o en base a que motivo se debería realizar la lectura del articulado de manera tal que se empalme el texto del numeral modificado con el resto del texto previo y que actualmente no forma parte del numeral, ciñéndose a su mera opinión. x. Refieren que, lo correcto es que dicho símbolo aduce a un espacio entre los artículos/numerales, es decir, desde un artículo/numeral modificado hasta el siguiente artículo/numeral modificado, señalan que, la modificación va del numeral 48.1-A “(…)” al siguiente numeral modificado el cual corresponde al 48.1- C; por lo que, el símbolo “(…)”, implica que entre ambos numerales existe otro numeral que no ha sido materia de modificación, como es el caso del numeral 48.1-B y por tanto carece de sentido consignarlo. xi. Aducen que, en el supuesto negado de que la interpretación que se le da al símbolo “(…)” fuera correcta, la propia conclusión de la Administración sería equivocada, dado a que en los pronunciamientos se sostiene que el símbolo debe entenderse como la continuación de los últimos párrafos del numeral 48.1-C, es

decir, que el símbolo equivale únicamente al texto “(…) Este límite no es aplicable en los supuestos contemplados en los incisos 48.1-B. 48.1-C y 48.1-D. En ningún caso las multas podrán tener un valor inferior a: a) En el caso de la micro empresa, al valor previsto para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando se afecta a 1 trabajador. B) En el caso de la pequeña empresa, al valor previsto para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando se afecta de 1 a 5 trabajadores (…)”. xii. Por tanto, consideran que, si se toma como valida la postura de la Administración, no contendría el texto correspondiente al numeral 48.1-B, dado que si fuera así la comprensión que se le da al símbolo sería cada vez aún más descabellada e inverosímil. xiii. Precisan que, si bien el símbolo “(…)” es utilizado en el Decreto Supremo N° 008- 2020-TR, como en la gran mayoría de normas, para no redactar innecesariamente el texto de numerales o artículos que no presentan modificaciones en sus textos; sin embargo, su uso se aplica para no citar artículos o numerales completos que no han sido modificados, pero en ningún caso se utiliza el símbolo dentro o a mitad de un artículo o párrafo modificado. xiv. Evidencian que la interpretación efectuada por la Administración carece de asidero, remitiéndose a las “Normas Legales Actualizadas del Diario Oficial del Bicentenario El Peruano”, donde no se consigna más el símbolo “(…)”, encontrándose entre comillas el texto íntegro luego de su modificación, sin hacerse mención alguna respecto al límite que establecía su versión anterior. xv. Rechazan la respuesta de la Administración respecto a la prueba presentada respecto a las “Normas Legales Actualizadas del Diario Oficial del Bicentenario El Peruano”, que demuestra cuál es el texto actual vigente del numeral 48.1-A del RLGIT, limitándose a calificar la publicación nuevamente “como un error por omisión”, sin mayor fundamento, extralimitándose en sus facultades y atribuciones, contraviniendo el principio de presunción de veracidad. Por tanto, la decisión se fundamenta en base al criterio y opinión particular de la norma, lo cual es un claro sesgo que infringe el principio de imparcialidad, contenido en el numeral 1.5 del TUO de la LPAG y en el punto 3 del artículo 2 de la LGIT, al negarse a otorgar el beneficio de reducción de multa, afectando al debido procedimiento. xvi. Invocan el principio de predictibilidad o de confianza legítima establecido en el numeral 1.15 del TUO de la LPAG, en tanto que, la Administración no puede y esta impedida de variar irrazonablemente e inmotivadamente, la interpretación de las normas aplicables. xvii. Sostienen que la Administración no ha cumplido con su deber de motivar debidamente su decisión, dado que no se ha pronunciado respecto a nuestra posición en relación al análisis de la correcta lectura del numeral 48.1-A del RLGIT, la cual tiene bases, fundamentos, ejemplos y evidencia, evitando pronunciarse en torno a ello y únicamente señala su posición sin atender la del administrado.

xviii. Por tanto, solicitan se les aplique el beneficio de reducción de la multa contenido en el numeral 48.1-A del RLGIT modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020- TR, y se proceda a realizar el cálculo del 1% del total de ingresos netos, en el ejercicio fiscal 2018, que equivalen a la suma de S/ 69,685.29.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el trabajo de adolescentes menores de edad

“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan (…)”.

“Derecho a trabajar del adolescente. - El adolescente que trabaja será protegido en forma especial por el Estado. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las restricciones que impone este Código, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (énfasis añadido).

“Trabajos prohibidos. - Se prohíbe el trabajo de los adolescentes en subsuelo, en labores que conlleven la manipulación de pesos excesivos o de sustancias tóxicas y en actividades en las que su seguridad o la de otras personas esté bajo su responsabilidad. El PROMUDEH, en coordinación con el Sector Trabajo y consulta con los gremios laborales y empresariales, establecerá periódicamente una relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de los adolescentes en las que no deberá ocupárseles

“El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias” (énfasis añadido).

“Las niñas, niños y adolescentes no deberán ser admitidos en trabajos, actividades y empleos por debajo de la edad mínima de admisión que establece la normativa vigente, ni realizar trabajos cuyas actividades sean peligrosas por su naturaleza o condición, bajo sanción administrativa y penal (...)”.

“Artículo 51º.- Edades requeridas para trabajar en determinadas actividades Las edades mínimas requeridas para autorizar el trabajo de los adolescentes son las siguientes: 1. Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de dependencia: a) Quince años para labores agrícolas no industriales; b) Dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras; y, c) Diecisiete años para labores de pesca industrial. 2. Para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es de catorce años. Por excepción se concederá autorización a partir de los doce años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en programas de orientación o formación profesional. Se presume que los adolescentes están autorizados por su padres o responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo manifestación expresa en contrario de los mismos”.

Artículo 56º.- Jornada de trabajo.- El trabajo del adolescente entre los doce y catorce años no excederá de cuatro horas diarias ni de veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales (énfasis añadido).

efectos de la mencionada infracción, de conformidad con el artículo 49 del RLGIT y sus modificatorias, que establece: “Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos”, y con el artículo 48.1-D del RLGIT que establece: “Las infracciones tipificadas en los numerales 25.7 y 25.18 del artículo 25 tienen el carácter de insubsanables”. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la multa impuesta

“48.1-A Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, la tabla de multas para las micro y pequeñas empresas incluye la reducción del 50%. Para la aplicación de la tabla de multas prevista para las microempresas y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado presenta, hasta antes de la resolución de segunda instancia, la constancia de inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE que la acredita como tal. Las multas impuestas a las microempresas y pequeñas empresas en el REMYPE no pueden superar, en un mismo procedimiento sancionador, el 1% del total de ingresos netos que hayan percibido dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección. Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los ingresos netos anuales del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección ante el inspector de trabajo y/o en el marco del procedimiento sancionador, hasta antes de la resolución de segunda instancia, y ante el Intendente que resulte competente, o el que haga sus veces. (…)”.

“48.1-D Las infracciones tipificadas en los numerales 25.7 y 25.18 del artículo 25 tienen el carácter de insubsanables. Respecto de tales infracciones, las multas a imponerse serán las siguientes: (…) *100 UIT’s para el caso de las pequeñas empresas registradas como tales en el REMYPE

(…)”. Por ende, los puntos suspensivos que han sido consignados en la citada modificatoria, advierten que el resto de párrafos con los que cuenta el articulado se mantienen, es decir no se modifican.

Figura N° 01

Figura N° 02

“Artículo 47.- Criterios de graduación de las sanciones (…) 47.3 Adicionalmente a los criterios antes señalados, la determinación de la sanción debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

- Adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. Esto es, cumplir y no desnaturalizar la finalidad para la cual fue acordada la competencia de emitir el acto de gravamen. - Mantener la proporción entre los medios y fines. Quiere decir que la autoridad al decidir el tipo de gravamen a emitir o entre los diversos grados que una misma sanción puede conllevar, no tiene plena discrecionalidad para la opción, sino que debe optar por aquella que sea proporcional a la finalidad perseguida por la norma legal” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, J. (2021) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Edición Conmemorativa por los 20 años de vigencia de la LPAG. TOMO I. 16° Edición 11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27444. Sexta Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2007, p. 646. 12 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Séptima Edición actualizada. Buenos Aires, 2002, p. 12.

resultan desproporcionadas con las conductas sancionables o sancionadas, respectivamente”.13

7. Así, el artículo 25.7 del RLGIT prevé la tipificación de las faltas contra las normas relativas al trabajo de menores de edad, incluyendo, tanto a las infracciones comunes como a las peores formas de trabajo infantil, atribuyéndoles la misma consecuencia punitiva, esto es, una tabla de multas agravada (artículo 48.1-D). No obstante, a consideración de este Tribunal, esta equiparación resulta ajena al principio de razonabilidad y a la correcta aplicación del principio de tipicidad en la determinación de la conducta reprochada. 8. Entonces, en aplicación del principio de razonabilidad, resulta incompatible que sea inelegible el llevar a los niveles de multa máximos (50, 100 o 200 UIT’s, según el tipo de empleador) a incumplimientos que recaigan en faltas formales, por lo que, a consideración del Tribunal de Fiscalización Laboral, dichas sanciones no podrán ser ejecutadas por constituir un supuesto de exceso de punición, criterio adoptado anteriormente en la Resolución N° 169-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Las faltas formales referidas al procedimiento de autorización ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, deberán ser apreciadas conforme a los elementos concurrentes de cada caso, como son la disponibilidad de una Autoridad Administrativa con competencias para autorizar el trabajo infantil, el comportamiento diligente del propio imputado para evitar el incumplimiento o,

13 Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Loc. Cit.

incluso, las situaciones límite como la reducida cantidad de días faltantes para el cumplimiento de la mayoría de edad del trabajador que es menor de 18 años.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.38 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar cumplir con las disposiciones relativas con el trabajo de adolescente menor de edad, en tanto que contrató a un menor de 17 años, sin la autorización correspondiente y para la realización de labores consideradas como trabajo peligroso por encima de la jornada máxima de trabajo. Numeral 25.7 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS GENERALES RAMBELL E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 957-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 09 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5317-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 957-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción en materia de relaciones laborales, por no acreditar cumplir con las disposiciones relativas con el trabajo de adolescente menor de edad, tipificada en el numeral 25.7 del artículo 25 el RLGIT.

TERCERO. - EXHORTAR a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana a que se pronuncie sobre la reducción de la multa impuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT, atendiendo a los considerandos del 6.25 al 6.37 de la presente resolución.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. -Notificar la presente resolución a SERVICIOS GENERALES RAMBELL E.I.R.L., a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250312MCR – HR 112320-2022