Servicios Especializados de Telemarketing S.A.C — Res. 1158-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub Materia: Registro de trabajadores y otros en la planilla); Seguridad social (Sub Materia: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

de seguridad social en salud, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con registrar en la planilla electrónica, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 65,362.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en seguridad social, por no cumplir con la inscripción y declaración al sistema de seguridad social en salud, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 65,362.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de noviembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en la planilla electrónica, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 420,187.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en seguridad social, por no cumplir con la inscripción en el régimen de la seguridad social en salud, tipificada en el numeral 44- B.1 del artículo 44-B° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 420,187.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 28,012.50.

2 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se establece que, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 3 El monto final de la sanción se determinó aplicando el literal a) del artículo 39° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, el cual dispone que las infracciones muy graves se sancionan con una multa máxima de doscientas (200) unidades impositivas tributarias (UIT). En el presente caso, al haberse verificado tres infracciones calificadas como muy graves, cuyo importe acumulado superaba dicho límite, se aplicó el tope legal establecido, fijándose la sanción en S/. 830,000.00, equivalente a doscientas unidades impositivas tributarias vigentes para el año 2018.

i. Manifiesta que, de conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, el Informe Final debía notificarse en un plazo de diez (10) días hábiles; sin embargo, este se notificó el 30 de junio de 2022, es decir, treinta y cuatro días calendarios después del vencimiento legal. Asimismo, conforme al literal c) del numeral 53.3 del artículo 53° del RLGIT, la resolución apelada debió emitirse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de descargos, lo que tampoco se cumplió. ii. Aunado a ello, la SUNAFIL ha vulnerado el derecho a un plazo razonable, toda vez que el procedimiento administrativo sancionador se inició hace cuatro años, contados desde la generación de la Orden de Inspección en cuestión, en fecha de octubre de 2018, lo cual genera la nulidad de lo actuado por haberse transgredido las garantías inherentes al procedimiento administrativo. iii. Por otra parte, el personal inspectivo debió determinar de forma individual la situación de cada una de las cuarenta y cinco (45) personas señaladas, y no efectuar un análisis general que induce a una imprecisión. En el procedimiento administrativo sancionador caducado, mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 956-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, se concluyó que solo siete (7) personas resultaban afectadas, en tal sentido, dicho pronunciamiento debió ser considerado en la resolución apelada. Asimismo, los inspectores comisionados se limitaron a invocar de manera genérica los elementos de la relación laboral, sin acreditar de manera específica cómo se configuraban en los hechos. Los supuestos trabajadores no estuvieron presentes en las visitas, no se registraron en el control de asistencia y, además, luego de la inspección no volvieron a emitir recibos por honorarios. iv. En cuanto a las cuarenta y cinco (45) personas que prestaron servicios de manera autónoma e independiente, asumiendo íntegramente los costos. La única evidencia considerada fueron los recibos por honorarios, lo cual no es suficiente para acreditar una relación laboral. La autoridad inspectiva omitió valorar de forma individualizada los demás medios probatorios. En concordancia a ello, corresponde indicar que, con los fundamentos séptimo y noveno de la Casación Laboral N° 2399-2014-LIMA, no corresponde declarar vínculo laboral cuando existen contratos de locación de servicios y las partes reconocen haber pactado el régimen civil. v. Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, es el Poder Judicial y no la autoridad administrativa, quien está facultado constitucionalmente para determinar la existencia de vínculo laboral. En consecuencia, no corresponde que la administración, de manera unilateral, declare la existencia de relaciones laborales a partir de contratos civiles, máxime si las personas no continuaron prestando servicios luego de las actuaciones inspectivas. vi. Asimismo, no corresponde considerar como remuneración los pagos que no tuvieron periodicidad ni monto fijo mensual, pues se realizaron en función de la acumulación de servicios durante el mes. Tampoco se acreditó la subordinación, ya que las personas no contaban con superior inmediato, organizaban su propio trabajo bajo sus propios recursos y sin estar sujetas a directrices. El personal inspectivo no presentó documentos que evidencien control de asistencia u horario de trabajo, lo que debió ser sustentado con pericia correspondiente de ser el caso. vii. De otra parte, los inspectores comisionados requirieron el ingreso a la planilla de personas que no prestaban servicios desde setiembre de 2018, llegando a solicitar cartas de renuncia de personas que nunca fueron trabajadores. Según los formatos R12, treinta y cinco (35) personas mantuvieron únicamente vínculo civil hasta

setiembre de 2018, sin registros en octubre ni en noviembre de 2018. Incluso, algunos supuestos trabajadores mantenían vínculo laboral con otra persona jurídica distinta, lo cual fue acreditado con las constancias de altas correspondientes. viii. No se realizaron entrevistas a las personas señaladas, a sus representantes o terceros que permitieran identificar con precisión sus labores. La autoridad inspectiva solo consignó de manera general que se desempeñaban como operadores de call center, sin haber realizado un análisis individualizado sobre modalidad, tiempo de trabajo, herramientas, supervisión ni fecha de inicio de una eventual relación laboral. ix. Finalmente, ante el supuesto negado de incumplimiento, debe indicarse que la medida fue atendida parcialmente mediante la inclusión de un grupo de personas en planilla, con acceso a salud y seguridad social. Resulta entonces arbitrario y desproporcionado imponer una multa por la totalidad, máxime si no existió perjuicio efectivo. Al amparo del Principio de Razonabilidad, debe reconocerse que el sujeto inspeccionado cumplió en lo posible con las normas sociolaborales, no correspondiendo la sanción impuesta.

i. Corresponde señalar que, en el presente procedimiento administrativo sancionador, se identificó el incumplimiento de los plazos establecidos en el RLGIT, tanto para la emisión del Informe Final como la Resolución de Sub Intendencia. Sin embargo, conforme al numeral 151.3 del artículo 151° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el vencimiento de estos plazos no implica la nulidad de las actuaciones administrativas, salvo que la norma así lo disponga expresamente, lo cual no ocurre en el presente caso. En efecto, del análisis jurídico, se destaca que el procedimiento puede continuar válidamente fuera de los plazos previstos, siempre que se respeten los principios del orden público. En este sentido, se enfatiza que la Administración no pierde su competencia ni se extinguen los derechos involucrados por el solo transcurso del tiempo. A diferencia del proceso judicial, el procedimiento administrativo sancionador persigue el bien común, lo cual justifica que ciertos plazos no tengan carácter perentorio. ii. En tal sentido, se señala que el objetivo del procedimiento administrativo sancionador es determinar responsabilidades por infracciones laborales que afectan derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en materia de registro en planilla y afiliación a la seguridad social. Este fin guarda relación directa con el interés público y respalda la validez de continuar con el procedimiento pese al incumplimiento de plazos, en el marco de operativos como “Perú Formal Urbano”.

iii. Por otra parte, el procedimiento administrativo sancionador fue reiniciado válidamente tras declararse su caducidad, conforme al marco legal aplicable, sin que ello implique vulneración al derecho a un plazo razonable, ya que no hubo inacción injustificada por parte de la Administración. La caducidad no genera nulidad de actuaciones anteriores, sino solo su archivo, permitiendo reiniciar el procedimiento si las infracciones no han prescrito, como ocurrió en este caso. Además, se aclara que el análisis sobre el incumplimiento de plazos legales no corresponde resolverse dentro del procedimiento sancionador, sino mediante una queja por defecto de tramitación presentada en su momento; al no haberse seguido esa vía, no procede alegar nulidades por esta causa en sede recursiva. iv. En cuanto al vínculo laboral de los cuarenta y cinco (45) trabajadores involucrados, se ha determinado que el personal inspectivo evaluó de manera individual a cada uno de ellos, sustentando su análisis en diversos medios de prueba, como contratos de locación de servicios, registros de asistencia, presencia durante la visita inspectiva, emisión de recibos por honorarios, entre otros. A partir de estos elementos fácticos, se concluyó que existían rasgos de laboralidad comunes, los cuales fueron desarrollados con base en criterios del Tribunal Constitucional y estándares de la OIT. v. Cabe precisar que, en un procedimiento anterior ya caducado, se llegó a determinar que solo siete (07) trabajadores cumplían con los elementos de una relación laboral. No obstante, dicha resolución fue declarada nula por falta de motivación y coherencia, lo que dejó sin efecto dicho pronunciamiento. Por lo tanto, en el nuevo procedimiento administrativo sancionador iniciado, resultaba jurídicamente correcto no considerar los criterios expuestos en el acto anulado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que prohíbe dar validez a actos declarados nulos. Estando a ello, en el presente procedimiento reiniciado, la existencia de una relación laboral se sustentó en la verificación de los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Se identificó que los trabajadores cumplían funciones vinculadas directamente con el giro del negocio, percibían una remuneración mensual fija, y se encontraban bajo control directo de la empresa, a través de mecanismos como supervisión, instrucciones específicas, registro de asistencia, y evaluación de resultados. vi. En tal sentido, se aclaró que no era necesario que todos los trabajadores fueran encontrados en el momento de la visita inspectiva, ya que para aquellos ausentes se valoraron otros indicios válidos como asistencia registrada o contratos vigentes. Además, cualquier corrección de la conducta empresarial respecto a los vínculos laborales debió realizarse antes del vencimiento del requerimiento otorgado por la inspección, siendo irrelevante lo ocurrido posteriormente para efectos de determinar la existencia del vínculo laboral al momento de la fiscalización. vii. De otra parte, se determinó que las funciones realizadas por los teleoperadores no pueden considerarse autónomas ni independientes, ya que, según lo constatado en la inspección, estos trabajadores recibían bases de datos, instrucciones específicas, guiones y supervisión directa, lo que evidencia una relación de subordinación. No obstante, respecto a siete (07) personas del grupo evaluado, se advirtió que los únicos indicios recabados fueron sus nombres en una relación de locadores y la referencia a recibos por honorarios, sin que conste evidencia suficiente sobre continuidad en la prestación de servicios ni registro de asistencia, además de no haber sido encontrados laborando durante la inspección. Ante la falta de elementos que confirmen la existencia de un vínculo laboral con estas personas, se considera necesario revocar la decisión adoptada respecto a ellas, quedando a salvo su derecho

para ser ejercido por la vía legal correspondiente, y continuando el análisis del caso solo respecto a los restantes treinta y ocho (38) trabajadores. viii. Asimismo, se debe indicar que, la inspección del trabajo cuenta con competencia legal para determinar la existencia de una relación laboral cuando se evidencie una desnaturalización de contratos de locación de servicios, conforme al artículo 3 de la LGIT, el cual le atribuye la función de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas sociolaborales, incluyendo las referidas a relaciones individuales y colectivas. Esta facultad se basa también en el Principio de Primacía de la Realidad, consagrado en el artículo 2° de la misma ley, que obliga a privilegiar los hechos constatados por sobre lo declarado en documentos formales. ix. Bajo este marco, se reconoce que la labor fiscalizadora incluye no solo la verificación de formalidades contractuales, sino también la evaluación de la verdadera naturaleza del vínculo entre el prestador de servicios y la empresa. Por ello, tanto las inspectoras como las autoridades del procedimiento sancionador están legitimadas para aplicar el Principio de Primacía de la Realidad y concluir la existencia de una relación laboral cuando se presenten los elementos esenciales de esta, al igual que podría hacerlo un juez en la vía judicial, siempre que dicha determinación esté debidamente sustentada en los hechos constatados durante la actuación inspectiva. x. Respecto a la remuneración, se verificó que los contratos de locación de servicios revisados por las inspectoras establecían un pago mensual de S/. 930.00, al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, lo cual fue corroborado en algunos casos mediante recibos por honorarios. En aquellos casos donde no se tuvo acceso a estos documentos, se aplicó el criterio de remuneración debida, al considerar que la prestación de servicios no puede entenderse como gratuita, constituyendo este pago un indicio de remuneración, independientemente de su denominación o monto. En consecuencia, no se logra desvirtuar la existencia de este elemento esencial del contrato de trabajo. xi. Respecto a los treinta y ocho (38) trabajadores considerados en este pronunciamiento, se identificó que, si bien no se señaló expresamente la existencia de un superior inmediato, quienes fueron encontrados durante la visita inspectiva estaban sujetos a control sobre el tiempo de llamadas, volumen de llamadas realizadas, ventas cerradas o reclamos atendidos. En el caso de los no encontrados, se constató que recibían instrucciones detalladas, pautas, y materiales para ejecutar su labor, como bases de datos de clientes y guiones de atención. En ambos supuestos, se evidenció la existencia de subordinación funcional, al realizar sus actividades conforme a las directrices de la empresa, lo cual constituye un claro indicio de laboralidad, en línea con la “Recomendación núm. 198 de la OIT” aplicada en el análisis. xii. Además, se verificó que, salvo tres excepciones, los trabajadores registraban su asistencia mediante un reloj marcador digital, según la información entregada por la propia empresa durante la inspección. Esta evidencia fue documentada en el Cuadro N° 01 del acta, y proporcionada por la supervisora de gestión humana. Por tanto, se

desvirtúa el argumento de la parte impugnante que cuestiona la existencia de este medio de control, ya que fue la misma inspeccionada quien lo presentó como parte de la diligencia inspectiva. xiii. Por lo demás, se precisó que siete trabajadores fueron excluidos del procedimiento por no haberse verificado una prestación continua ni de cierta duración; sin embargo, respecto a los restantes treinta y ocho, se comprobó que algunos tenían contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 y otros fueron encontrados laborando durante la visita inspectiva del 11 de octubre de ese año, desvirtuando así la afirmación de que el vínculo laboral se habría extinguido en setiembre de 2018. La responsabilidad de la inspeccionada se mantiene al no haber corregido la desnaturalización detectada, sin que exista evidencia en el expediente de cartas de renuncia, como alega. Además, el argumento de que se ha incluido indebidamente a personas que trabajaban para otra empresa no resulta válido, ya que se ha excluido expresamente a quienes se acreditó que laboraban para otra entidad, mientras que respecto a otros dos casos mencionados por la inspeccionada no se aportaron pruebas que justifiquen su exclusión. xiv. En relación con los trabajadores incluidos en el procedimiento, se verificó que aquellos encontrados durante la visita inspectiva del 11 de octubre de 2018 completaron el Anexo N° 2 (Ficha de Trabajo – Formalización Laboral), lo que, junto con otros medios como contratos de locación de servicios, recibos por honorarios y registros de asistencia mediante reloj marcador digital, permitió confirmar la existencia de una prestación personal, remunerada y subordinada. El personal inspectivo evaluó detalladamente las condiciones del trabajo de call center, concluyendo que este se realizaba bajo instrucciones precisas y con supervisión directa cuando se desarrollaba en las instalaciones de la empresa, aunque no se identificaron elementos como entrega de herramientas o jefes inmediatos. xv. Si bien no se precisó la fecha exacta en la que se habría producido la desnaturalización de los contratos, a fin de respetar el Principio de Presunción de Inocencia, se determinó que las obligaciones de registro en planilla e inscripción en el sistema de seguridad social en salud respecto de los treinta y ocho (38) trabajadores debieron cumplirse, al menos, desde el momento en que se realizó la visita inspectiva el 11 de octubre de 2018, fecha en la cual se constataron suficientes elementos que evidenciaban la existencia de un vínculo laboral. xvi. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de noviembre de 2018, al no haberse corregido las infracciones respecto de treinta y ocho (38) trabajadores, se configuró una infracción muy grave conforme al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. xvii. Finalmente, al acreditarse un cumplimento parcial, se adecuó la sanción en función a los treinta y ocho (38) trabajadores afectados, determinándose un total de S/. 737,662.50 por las infracciones en materia de relaciones laborales, seguridad social en salud y por incumplimiento a la labor inspectiva, conforme a lo establecido en los numerales pertinentes del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 6 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 7 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 9 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELEMARKETING S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1714-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. El debido procedimiento constituye una garantía esencial en el procedimiento administrativo sancionador, en tanto asegura que el administrado pueda exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión fundada en hechos y en derecho, conforme al literal a) del artículo 44° de la LGIT. ii. En concordancia con ello, el numeral 1.2 del artículo IV y el artículo 6° del TUO de la LPAG establecen la motivación como requisito de validez del acto administrativo, exigiendo que toda decisión de la Administración se sustente en fundamentos claros y razonados. iii. En tal sentido, el Acta de Infracción y las actuaciones inspectivas deben observar el ordenamiento jurídico, respetar los derechos fundamentales y cumplir estrictamente con los requisitos de validez de los actos administrativos.

iv. La motivación de las decisiones de los inspectores de trabajo resulta determinante, pues su omisión o sustentación deficiente conlleva a que los actos administrativos carezcan de eficacia y efectos jurídicos. v. En el presente caso, el Acta de Infracción fue emitida sin una explicación razonada que vincule los hechos constatados con los supuestos normativos invocados como infringidos. vi. El procedimiento inspectivo debe desarrollarse bajo el respeto al Principio de Presunción de Inocencia del empleador, reconocido en el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución, de modo que, hasta que no se acredite con pruebas idóneas la comisión de una infracción, corresponde considerarlo inocente. vii. Este principio exige que cualquier imputación se funde en pruebas suficientes, valoradas conforme a derecho y con pleno respeto a las garantías del debido procedimiento. viii. En esa línea, el debido procedimiento implica asegurar una tutela efectiva bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, evitando actuaciones arbitrarias por parte de la Administración. ix. Las actuaciones de los inspectores deben sujetarse estrictamente al Principio de Legalidad, limitando sus facultades discrecionales a lo previsto expresamente por la LGIT. x. Esta exigencia cobra mayor relevancia al aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, el cual requiere que los hechos se encuentren debidamente acreditados y las pruebas valoradas en su real contexto, lo que no autoriza a presumir la veracidad de las actuaciones inspectoras sin la debida constatación objetiva. xi. Pese a los escritos presentados por la empresa, los inspectores no individualizaron las presuntas faltas ni identificaron de manera específica a los supuestos trabajadores afectados. El análisis se realizó de forma general y conjunta, sin examinar cada caso particular, vulnerando así el derecho de defensa. xii. Esta vulneración implica la nulidad del Acta de Infracción, al haberse impedido el pleno ejercicio de las garantías de contradicción y defensa. xiii. La imputación realizada se sustenta en una resolución inmotivada que, al ser confirmada, impidió ejercer debidamente el derecho de defensa, por lo que corresponde desestimar la sanción impuesta. xiv. La actuación administrativa evidencia una clara falta de motivación. xv. Asimismo, la medida inspectiva de requerimiento, emitida en noviembre, incluyó a personas que ya no prestaban servicios al momento de la inspección. Ello no fue valorado, a pesar de que se presentaron los reportes R-12 posteriores, en los que consta que dichas personas no mantenían vínculo alguno con la empresa. xvi. La resolución impugnada se limita a señalar la existencia de rasgos de laboralidad en general, pero no acreditó individualmente las condiciones de los treinta y ocho supuestos trabajadores, lo que constituye una omisión esencial en el análisis. xvii. En aplicación del Principio de Debido Procedimiento, correspondía que el personal inspectivo emita un informe detallado sobre cada uno de los supuestos trabajadores, en lugar de generalizar la situación de todos en un solo grupo y desestimar los argumentos de la empresa. xviii. Se advierte que los treinta y ocho locadores supuestamente considerados trabajadores no estuvieron presentes en la visita inspectiva, no figuran en el registro de control de asistencia y dejaron de emitir recibos por honorarios, los cuales además se dirigieron a favor de otra empresa. xix. La única evidencia utilizada fueron los recibos por honorarios, los cuales por sí solos no acreditan la existencia de una relación laboral ni configuran los elementos esenciales de subordinación, prestación personal y remuneración. xx. Por el contrario, existen contratos de locación de servicios en los que se establecieron las condiciones de la prestación, documentos que fueron firmados y aceptados expresamente por los locadores.

xxi. Asimismo, se presentó un cuadro que acredita la imposibilidad de incluir a dichos prestadores en planilla, toda vez que treinta y cinco cesaron en septiembre de 2018, conforme al R-12 de noviembre de ese año, mientras que otros ocho no contaban con asistencia, documentos o indicios de laboralidad. xxii. Tampoco obran entrevistas a los supuestos trabajadores, representantes o terceros que permitan corroborar de manera objetiva los hechos imputados. xxiii. No se determinó con exactitud la prestación personal de los cuarenta y cinco locadores, limitándose a consignar de manera genérica el cargo de “operador/a call center”, sin analizar aspectos fundamentales como la modalidad de prestación, horarios, tiempos de trabajo o herramientas de trabajo. xxiv. Respecto a lo señalado en los considerandos 4.9 a 4.11 de la resolución impugnada, no se advierte qué fundamentos fácticos llevaron a concluir la concurrencia de los elementos esenciales de la relación laboral. xxv. El Acta de Infracción fue emitida sin un razonamiento lógico y objetivo que vincule hechos debidamente constatados con los supuestos normativos, afectando así la validez del acto administrativo. xxvi. Finalmente, la presunción de veracidad atribuida a las actuaciones inspectoras ha afectado gravemente los derechos de la empresa administrada, configurando una vulneración directa al debido procedimiento y al derecho de defensa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la potestad sancionadora y la correcta determinación del número de trabajadores afectados

incide directamente en la cuantía de la multa administrativa a imponer, esto conforme a lo dispuesto por el artículo 38° de la LGIT, el cual establece que las sanciones se gradúan atendiendo a criterios como la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa.

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley N° 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones

realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada”.

10 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 2. – Principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: (…) 2. Primacía de la Realidad, en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados.

ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL PERU S.A.C., mientras que, la Intendencia correspondiente excluyó a siete (07) trabajadores comprendidos debido a que no se pudo verificar la existencia de una prestación continua ni de cierta duración conforme al considerando 3.13 de la resolución impugnada. En consecuencia, las actuaciones y la aplicación de sanciones se centraron únicamente en los treinta y ocho (38) trabajadores restantes, cuyos vínculos laborales pudieron ser verificados de manera fehaciente mediante contratos vigentes, registros de asistencia, supervisión directa y la realización efectiva de las funciones propias del giro del negocio.

“11. Atendiendo a lo explicado, este Tribunal considera que la labor del personal inspectivo debe orientarse a verificar el cumplimiento de las normas objeto de su competencia, para lo cual corresponde que adopte y ponga en práctica todas las medidas y acciones de investigación que tiene a su disposición y que sean pertinentes para cada caso concreto. En tal sentido, en situaciones en las que este advierta la falta de respuesta de un primer requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, se debe considerar efectuar alguna otra modalidad de actuación inspectiva (por ejemplo, una visita de inspección o una comparecencia), con la finalidad de emplear alternativas adicionales de investigación que coadyuven en la determinación o no del cumplimiento sociolaboral investigado. 12. Adicionalmente, siempre que sea razonable, el inspector debe considerar la comunicación con el sujeto inspeccionado por vía telefónica, mensajes de texto, mensajería instantánea (por ejemplo: WhatsApp) o mediante cualquier otro mecanismo que tenga por finalidad establecer contacto directo con algún representante del empleador para informarle sobre la notificación realizada a la casilla electrónica. Esto, conforme con los antecedentes de cada empleador fiscalizado, reconociendo en la prexistencia de comunicaciones entre dicho administrado o de sus representantes y los servidores de la inspección del trabajo, un valor necesario para procurar contacto bajo estos canales, cuando exista la autorización

correspondiente (expresa o tácita). En ese sentido, el proceder del personal inspectivo debe conducir, al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, agotando todos los medios necesarios para lograr el objetivo de la orden de inspección. 13. Si el personal inspectivo se dirigiese al sujeto inspeccionado para que presente información por casilla electrónica, sin respuesta de parte del sujeto requerido, y se limita a reiterar su solicitud bajo el mismo canal, sin procurar otro tipo de comunicación o sin disponer otra actuación inspectiva de investigación, resultará difícil la concreción de la finalidad de la inspección del trabajo. Los acápites anteriores y otros medios emprendidos creativamente deben permitir al fiscalizador actuante cumplir con el objeto de la inspección, procediendo con la profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo”. (Énfasis añadido)

“33. Por ello, en la misma medida en la que la autoridad inspectiva cuenta con amplias facultades de supervisión, extendiéndose a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de la normativa sociolaboral, los inspectores comisionados deben realizar todas las acciones legalmente permitidas para cumplir con la función de vigilancia y exigencia que les ha sido conferida; sin inhibirse de examinar, analizar y valorar los documentos que son presentados por el sujeto inspeccionado a lo largo del procedimiento inspectivo, sea como respuesta a los requerimientos efectuados por la autoridad inspectiva o como contraprueba. 34. En ese sentido, se atenta contra la finalidad de la inspección laboral al acudir a formalismos o exigencias en la forma de presentación de la información solicitada, sin revisar la data exhibida por el sujeto inspeccionado, dando por concluida las actuaciones inspectivas e imputándose la falta de colaboración del sujeto inspeccionado por no presentar lo requerido por la actuación inspectiva, en el medio solicitado. Tal proceder resulta contrario a lo establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL (fundamento 23), así como a los principios de verdad material e informalismo, expresamente reconocidos en el Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS”.

“6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente”.

“6.5 Por ello, no es razonable –ni proporcional– que durante las actuaciones inspectivas y la posterior etapa instructiva – dentro del procedimiento administrativo sancionador – se acuda a una lectura muy superficial del contenido de la información disponible por la interoperatividad institucional existente, lejos de determinar de manera fehaciente cuántos fueron los reales afectados con las conductas objeto de investigación. (…) 6.12 A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse identificado correctamente la identidad y, con ello, el número de trabajadores afectados —elemento sustancial para la determinación de la cuantía de la multa a imponer— genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en los casos analizados por la inspección del trabajo y por los órganos sancionadores de la SUNAFIL. 6.13 En este extremo, con el fin de subrayar el control que debe practicarse sobre el particular desde la instauración del procedimiento sancionador, es importante recordar que la versión 02 de la “Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ INII - Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL del 28 de junio de 2021, le confiere a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Resolución) la potestad de estimar la suficiencia del Informe Final de Instrucción, pudiendo disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere estrictamente indispensables para resolver el procedimiento (literales “c” y “g” del punto 6.4.2.4). (…). 6.15 En ese sentido, la falta de una correcta determinación de los trabajadores afectados atendiendo a las condiciones identificadas durante las actuaciones inspectivas de investigación – y complementadas durante la etapa instructiva - conlleva a una afectación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; incurriéndose además en un supuesto de indebida motivación de las infracciones impuestas o a imponer”.

fundamento de “meras sospechas”, ni tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado su inocencia11.

Sobre la vulneración al Principio del Debido Procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

11 Carmona Ruano, M. (1990). Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia. Jueces para la Democracia, (9), 24.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis añadido).

establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario

cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

actos, así como el derecho de defensa, los Principios de razonabilidad, Proporcionalidad y Debido Procedimiento.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha

precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…). e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)”. (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELEMARKETING S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 1013-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 26 de agosto de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 003-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Resolución de Sub Intendencia N° 1013-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 26 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.48 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELEMARKETING S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903MABJ – HR: 194261-2022