Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C — Res. 1092-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de Trabajo (sub materia: formalidades); desnaturalización de la relación laboral (sub materia: incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la contratación a plazo indeterminado en perjuicio de doce (12) trabajadores, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 8 de enero de 2020, en perjuicio de doce (12) trabajadores, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,350.00.

i. Solicita se declare la nulidad de la Imputación de Cargos, Informe Final y Resolución de Sub Intendencia, al haberse vulnerado el principio de legalidad y el derecho del debido procedimiento. ii. Que, existe un vicio de motivación insuficiente al no haberse valorado los medios probatorios presentados, los mismos que demuestran el motivo de contratación, ello en relación al fundamento 15 del Acta de Infracción, pues, el contrato no puede ser valorado en sentido peyorativo, toda vez que no existe norma legal que los obligue a tener redacción, forma y estructura de contratos distinta por cada trabajador que se contrata. iii. Refiere que existe un vicio de deficiencia en la motivación externa, ya que, en el análisis de los tres gráficos anexados al Acta de Infracción, se ha dado una mala interpretación de éstos, al no tener en cuenta que la empresa tiene y maneja una cartera de cuentas por cobrar que adquiere en virtud de un nuevo contrato comercial con empresas financieras, las cuales han sido analizados de manera individual, cuando debe ser sistemático y considerando el total de la información. iv. Que, la SUNAFIL no tiene competencia para declarar la desnaturalización de un acto jurídico como lo es el contrato de trabajo sujeto a modalidad. Recalca que la competencia legalmente establecida para la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad corresponde al Poder Judicial.

v. Alega una vulneración del principio Non Bis In Ídem. vi. Por último, sostiene que, al considerar una sola acción para imputar dos acciones distintas a su empresa, corresponde aplicar el principio de concurso de infracciones y reducir la sanción. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 244-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 12 de agosto de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. De la investigación inspectiva, se determinó que la inspeccionada contrató a doce (12) trabajadores, entre ellos (09) gestores de cobranza, un (01) sectorista de cobranza tercerizada, un (01) asistente administrativo y un (01) asesor de servicios, empleando contratos por incremento de actividad, señalando como causa objetiva de contratación un incremento de actividad; no obstante, se verificó que la causa objetiva de contratación ya era existente, siendo originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado según su propia actividad, concluyendo así, bajo la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, que la inspeccionada simuló la contratación temporal de 12 trabajadores. ii. Que, la Inspectora en ningún momento reconoce que en los contratos laborales se ha consignado los hechos que motivan la contratación conforme es de verse en el mismo numeral del Acta de Infracción que cita la inspeccionada, sino más bien se trata de un concepto general que cita para posteriormente efectuar un análisis del caso concreto, por lo que, no se advierte ninguna contradicción en ese extremo. iii. Por otra parte, la impugnante alega nulidad respecto a la Imputación de Cargos, Informe Final y Resolución de Sub Intendencia, por tener errores en la valoración y conclusiones equivocadas de los contratos de trabajo; sin embargo, de la revisión de los contratos presentados, se tiene por verificado que efectivamente se utiliza el mismo tenor para cada uno de ellos. Si bien es cierto, no existe norma legal que los obligue a tener redacción, forma y estructura de contratos distinta por cada trabajador que se contrata, también es verdad que los contratos sujetos a modalidad se definen como aquellos contratos atípicos por su naturaleza determinada, cuyo objeto es contratar trabajadores para atender nuevas actividades de la empresa, entendidas como el inicio de una actividad o consecuencia de un incremento de actividades que ya existen. En el presente caso, ha quedado determinado que la causa objetiva de contratación ya era existente, siendo originada por variaciones sustanciales de la

2 Notificada a la impugnante el 15 de agosto de 2022, véase folio 80 del expediente sancionador.

demanda en el mercado según su propia actividad, ello en relación de las carteras asignadas a la inspeccionada durante los meses de marzo 2017 a noviembre del 2018, cuya fuente principal es la interpretación efectuada en el Gráfico N° 1 del Acta de Infracción, donde la Inspectora verifica que no se advierte un incremento de carteras asignadas en el tiempo, tal es así, que los Gráficos N° 2 y 3 del Acta de Infracción, denotan que los trabajadores afectados no han tenido un incremento significativo entre los meses de marzo 2017 a noviembre 2019, sino por el contrario, se advierte una disminución en los años 2018 al 2019, siendo un claro ejemplo el de los gestores de cobranza que ha ido disminuyendo considerablemente; lo cual se encuentra mejor detallado en los Cuadros N° 2, 3 y 4 de la referida Acta, motivos por los cuales, la autoridad sancionadora determinó que la inspeccionada no logró acreditar el incremento de actividad que sustente la contratación de trabajadores bajo un contrato modal a plazo fijo que cumpla con la causa objetiva del contrato que la misma inspeccionada ha presentado como medio de prueba principal. iv. En cuanto a la nulidad planteada, no se advierte vicios ni en la valoración del contrato de trabajo que fue materia de análisis, ni en la interpretación de la documentación postulada por la inspeccionada, por el contrario, se denota que los citados documentos, contienen una adecuada motivación al identificar correcta y claramente la conducta infractora sobre la que se debe ejercer el poder punitivo y así establecerse la responsabilidad administrativa sobre la base de la subsunción de hechos y sujetos en las normas correspondientes; por lo que, no se evidencia vulneración al debido procedimiento. v. Sostiene que, no se ha producido la vulneración al principio del non bis in ídem, respecto a las infracciones mencionadas, toda vez que no se verificó la triple identidad, de sujeto, hecho y fundamento, motivos por los cuales lo alegado por la inspeccionada no resulta amparable en este extremo. vi. Respecto al concurso de Infracciones, las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la inspeccionada son diferentes, pues una conducta infractora se refiere a la normativa en materia de relaciones laborales y la otra conducta infractora que se le atribuye se refiere a no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de enero de 2020, que se adopta para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, por lo tanto, no se advierte el supuesto de concurso de infracciones, toda vez que, el mismo implica que una misma conducta califique como más de una infracción, lo que no ocurre aquí, ya que se trata de hechos que se configuran como infracciones independientes. vii. Consecuentemente, al no haberse producido agravio que devengue de la resolución sancionadora, al ser expedida conforme a ley con la debida fundamentación y carente de vicio que acarree su nulidad, corresponde confirmar la sanción impuesta.

SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 07 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 244-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega infracción normativa por inaplicación del numeral 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, al incurrir en una falta de motivación externa, toda vez que las premisas fácticas relacionadas a la causa objetiva del contrato sujeto a modalidad de incremento de actividad carecen de validez. ii. Refiere que se ha interpretado erróneamente el artículo 57° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues es totalmente licito que un trabajador bajo la modalidad de contrato por incremento de actividad pueda desarrollar labores de naturaleza permanente y correspondientes a la actividad económica de la empresa. iii. Sostiene que se ha inaplicado el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG. iv. Argumenta se ha inaplicado el artículo 48-A del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR, norma concordante con el numeral 6 del artículo 248° del TUO de LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

trato, buena fe y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación. Por lo que, no se advierte afectación en este extremo en los términos alegados por la impugnante, correspondiendo no amparar el referido recurso.

Sobre la celebración de contratos de trabajo por incremento de actividad y la supuesta interpretación errónea del artículo 57° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral

“el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación”.

“4.3.5. Haber simulado una relación laboral de carácter temporal cuando en realidad era de naturaleza permanente, vulnerando un elemento esencial de la contratación temporal, configurándose la causal de desnaturalización prevista en el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, por lo que dicho contrato se ha convertido en un contrato de duración indeterminada. Siendo así, los contratos de trabajo suscritos por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica, pues mediante ellos se pretendió encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado.”

10 A manera ilustrativa, el Tribunal ha considerado que los contratos temporales se desnaturalizan por inobservar sus requisitos esenciales tales como no haber especificado la causa objetiva de contratación (Exp. N° 3683-2012-AA/TC, fundamento jurídico 3.3.6) y no especificar los servicios a prestar por el trabajador, así como bajo qué condiciones deberá realizarlos (Exp. N° 4598-2008-AA/TC, fundamento jurídico 9).

“Artículo 53°. - Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes”.

“Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquél celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa”. 6.10 En consideración a lo determinado por la norma antes citada, en el contrato de trabajo por inicio o incremento de actividad, se debe establecer la causa objetiva o, lo que es lo mismo, precisar la actividad de la empleadora que ha sido incrementada, a fin que se justifique la contratación temporal. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional Peruano en diversas sentencias, al señalar:

“(…) la ley permite contratar a personal bajo la modalidad de incremento de actividad para que preste sus servicios en una actividad nueva en el giro del empleador, como en el caso de que la organización económica emprenda una nueva actividad o para el desarrollo de la actividad propia del giro de la empresa cuando ésta se incrementa”11. “(…) no se ha cumplido con explicitar la causa objetiva del contrato; y, en segundo lugar, que la Municipalidad emplazada ha contratado al recurrente utilizando inválidamente esta modalidad contractual para atender una necesidad permanente, y no coyuntural, de mano de obra”12. 6.11 En el caso particular, se tiene como hecho verificado por el inspector comisionado, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.15 del Acta de Infracción, que de la vista de los contratos individuales de trabajo por incremento de actividad suscritos por los doce trabajadores detallados en el cuadro N° 01 de la misma Acta, se obtuvo que la causa objetiva para la contratación temporal por incremento de actividad mantuvo una misma estructura y contenido en todos los contratos, variándose solo la fecha de los mismos y el monto del saldo capital ascendente. En tal orden de ideas, se observa que la cláusula contractual que contiene la causa objetiva analizada, respecto a los puestos de Gestor de Cobranza y Sectorista de Cobranza Tercerizada y Asistente Administrativo y Asesor de Servicios, es la siguiente:

GESTOR DE COBRANZA Y SECTORISTA DE COBRANZA TERCERIZADA “TERCERA: NATURALEZA TEMPORAL Y CAUSA OBJETIVA […] Mediante contrato de fecha *** EL EMPLEADOR recibió de Scotiabank Perú S.A.A. la transferencia de la totalidad de derechos y acreencias derivadas de un paquete de cuentas por cobrar que constan detalladas en el Anexo N° 1 de dicho contrato, las cuales tienen un saldo capital accedente a la suma de ***. Obtener este nuevo conjunto de derechos y acreencias supone incrementar en un porcentaje importante varias de las actividades de EL EMPLEADOR, para lo cual requiere contar, entre otras ocupaciones, la de un *** que pueda encargarse de las funciones descritas en la cláusula quinta del presente contrato”.

11 Fundamento 3.3.5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 03623 2012-PA/TC. 12 Fundamentos 7 y 8 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 10777-2006-PA/TC.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASESOR DE SERVICIOS “CUARTA: DE LA CAUSAL DE CONTRATACIÓN SUJETA A MODALIDAD […] Mediante contrato de fecha *** EL EMPLEADOR recibió de Scotiabank Perú S.A.A. la transferencia de la totalidad de derechos y acreencias derivadas de un paquete de cuentas por cobrar que constan detalladas en el Anexo N° 1 de dicho contrato, las cuales tienen un saldo capital accedente a la suma de ***.”

De lo señalado se verifica que, la causa objetiva invocada se refiere a que debido a la modificación de su portafolio de productos ha dado lugar a la intensificación de actividades de colocación, promoción, seguimiento y recuperación de créditos derivados de sus productos. Así, de la causa invocada no se verifica la determinación de la actividad específica que se ha incrementado y sobre que dicho incremento se encuentre vinculado en específico al puesto de trabajo de la trabajadora antes referida; esto es, cuál de las actividades que a tenor de lo señalado en el contrato por la inspeccionada, ha repercutido en la necesidad de contar con personal de manera temporal, en el puesto de “Ejecutivo de Servicios”.

efectivamente, no se demuestra un incremento de las actividades “temporales” que contrató la impugnante, muy por el contrario, se observa que conforme a la cantidad de trabajadores que tenía en un inicio de las contrataciones por incremento de actividad, se ha disminuido la cantidad de trabajadores que laboran para la impugnante en el año 2019, con lo cual, no se observa la necesidad real de la contratación temporal de dichos trabajadores. Esta situación se puede observar del Cuadro 05 del acta de infracción, detallado en la siguiente figura:

Figura N° 01:

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (el énfasis es añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia,

requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (el énfasis es añadido).

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

13 Véase folio 301 del expediente inspectivo.

artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. De esta manera, se verifica que, con la presentación del escrito remitido por la impugnante en ocasión del descargo de la Medida Inspectiva de Requerimiento, no se dio cumplimiento a lo requerido en dicha medida, por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre el principio de concurso de infracciones

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes”.

TEMA ACUERDO Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso de que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Sobre una vulneración al principio de non bis in ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador

haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”14 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C.

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada son por haber incurrido en una infracción muy grave a la labor inspectiva al no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y por haber incurrido en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, referida a no acreditar la contratación a plazo indeterminado, en perjuicio de doce (12) trabajadores, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Lo que evidencia que, los hechos que sustentan las infracciones en materia de labor inspectiva y relaciones laborales son independientes y diferentes, así como el hecho de que los fundamentos jurídicos, en consideración a los bienes jurídicos e intereses tutelados (labor inspectiva y relaciones laborales), son distintos.

c) Identidad de Fundamentos: La medida inspectiva persigue la subordinación legalmente justificada de los administrados, a fin de garantizar la eficacia de la actividad de inspección, y lograr con ello la promoción del cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. En ese orden de ideas, existe una notable diferencia en los fundamentos que tutela las medidas de requerimiento, respecto a las obligaciones en materia laboral que pretende tutelar, dado que, en ella, se garantiza exclusivamente la eficacia de la inspección dentro del marco de promoción de las obligaciones laborales. En cambio, en la infracción en materia de relaciones laborales, se reprimen aquellos incumplimientos de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico sociolaboral, cuya consumación resulta independiente del plano de la actividad inspectiva.

14 Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar la contratación a plazo indeterminado, en perjuicio de doce (12) trabajadores. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva Incumplimiento de la medida de requerimiento notificada el 8 de enero de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia Nº 244-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 113-2020-SUNAFIL/IRE- AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –. CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 244-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231115JCR