Servicio Social del Director y Supervisor — Res. 684-2026

Antecedentes

1 Cabe precisar que la Imputación de Cargos en cuestión fue inicialmente tramitada para su notificación mediante Cédula de Notificación N° 0000050729-2020, expedida el 31 de agosto de 2020; sin embargo, dicha diligencia no pudo concretarse, siendo devuelta por el notificador comisionado. En ese contexto, y a fin de asegurar la continuidad del procedimiento y garantizar el derecho de defensa del sujeto inspeccionado, la Autoridad Instructora II, mediante Proveído S/N de fecha 25 de octubre de 2021, dispuso efectuar una nueva notificación, 20555195444 soft

y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar gratificación legal de Fiestas Patrias y Navidad 2018 y Fiestas Patrias 2019 trunco (del 01 de enero de 2019 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la bonificación extraordinaria de Fiestas Patrias y Navidad 2018 y Fiestas Patrias 2019 trunco (del 01 de enero de 2019 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la CTS de los semestres devengados en noviembre de 2018 y mayo de 2019 trunco (del 01 de noviembre de 2018 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de setiembre de 2019; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

verificándose previamente la implementación de una mesa de partes virtual del administrado a través de su portal web institucional. En consecuencia, la Imputación de Cargos, el Acta de Infracción y el referido proveído fueron remitidos a la dirección electrónica habilitada por el sujeto inspeccionado, teniéndose por válidamente notificados el 29 de diciembre de 2021. 2 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. (…). 3 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…).

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS4, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia5. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo 209.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 5 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026- JUS. Ello en atención a que los Textos Únicos Ordenados constituyen instrumentos de técnica normativa destinados a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, con la finalidad de dotarlas de coherencia interna y facilitar su aplicación; careciendo, por su propia naturaleza, de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, al tratarse de una labor de sistematización normativa, las remisiones efectuadas al texto único ordenado previamente aprobado conservan su eficacia jurídica y deben ser comprendidas como referidas al texto que integra y ordena dichas disposiciones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 8 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 9 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1. El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución –en días hábiles– es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

11 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Servicio Social Del Director Y Supervisor

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1685-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. En virtud de lo previsto en el artículo 207° del TUO de la LPAG, se formula el recurso impugnatorio; en tal sentido, se solicita su reexamen al advertirse deficiencias en su motivación y vulneración del Principio de Debido Procedimiento. ii. Se sostiene que, para la emisión del Acta de Infracción no se valoraron adecuadamente los medios probatorios consistentes en contratos de locación de servicios y su respectiva adenda, los cuales evidencian la existencia de una relación de naturaleza civil caracterizada por la autonomía en la ejecución del servicio y la ausencia de subordinación, descartándose así la configuración de un vínculo laboral. En efecto, se cuenta con contratos de locación de servicios profesionales suscritos en fechas 23 de febrero de 2018, 30 de abril de 2018 y 30 de noviembre de 2018, con vigencias sucesivas pactadas entre las partes, así como con una adenda de fecha 24 de enero de 2019 que precisa las condiciones del servicio y el cronograma de actividades, documentos que, en conjunto, establecen obligaciones orientadas a la entrega de un resultado específico, conforme a lo

12 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

acordado contractualmente, sin que ello implique sujeción a dirección o control propios de una relación laboral. iii. Se sostiene que la determinación del vínculo laboral efectuada en la resolución de primera instancia resulta incorrecta, en tanto parte de una interpretación errónea de los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación, concluyendo indebidamente la existencia de una relación laboral. En cuanto a la pretendida prestación personal, los servicios se enmarcan en contratos de locación de servicios regulados por el Código Civil, en los cuales se pactó la ejecución autónoma de actividades consistentes en la organización de archivos físicos ubicados en el local institucional. La naturaleza del servicio exigía necesariamente su realización de forma personal y presencial, debido a que se trataba de documentación física que no podía ser manipulada de manera remota, lo cual no implica subordinación ni dirección por parte de la entidad, sino únicamente la ejecución del encargo conforme a las condiciones pactadas. Asimismo, se precisa que no existía un área orgánica de archivo, sino únicamente un espacio físico donde se encontraban los documentos, por lo que no se trataba de una labor integrada a la estructura organizativa. iv. En esa línea, la emisión de recibos por honorarios como forma de pago periódico responde a un acuerdo entre las partes propio de una relación civil y no constituye indicio de dependencia laboral. Del mismo modo, los servicios prestados no tenían carácter indispensable dentro de la organización, sino que estaban orientados a la organización de documentación histórica, diferenciada de la documentación corriente gestionada por las áreas correspondientes. En consecuencia, no se advierten elementos que desnaturalicen la contratación civil ni que acrediten la existencia de subordinación jurídica, por lo que la conclusión de la resolución de primera instancia carece de sustento fáctico y jurídico, vulnerando el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento. v. Se sostiene que la calificación de los pagos efectuados como “remuneración” carece de sustento, en tanto desconoce la naturaleza civil de la relación contractual y la evidencia documental existente. Durante la diligencia inspectiva se verificó la emisión de recibos por honorarios, los cuales acreditan que los pagos correspondían a una contraprestación propia de un contrato de locación de servicios, sin que exista elemento alguno que permita reconducirlos al concepto de remuneración. En ese sentido, la conclusión adoptada en la resolución de primera instancia responde a una apreciación parcializada, al omitir valorar adecuadamente dichos documentos y atribuirles una naturaleza distinta a la que jurídicamente les corresponde, pese a que reflejan el pago de honorarios profesionales sujetos al régimen tributario aplicable. vi. En esa línea, en los contratos de locación de servicios la retribución percibida constituye honorarios y no remuneración, al no existir vínculo de subordinación ni integración en la estructura organizativa del empleador. Asimismo, se acredita que la percepción de dichos honorarios se encontraba condicionada a la presentación de los respectivos informes de avance de los servicios contratados, lo cual refuerza su carácter autónomo y orientado a

resultados. En consecuencia, no se configura el elemento remunerativo propio de una relación laboral, por lo que la conclusión contenida en la resolución de primera instancia resulta contraria al Principio de Legalidad y al Principio de Debido Procedimiento. vii. Se sostiene que no se configura el elemento de subordinación, en tanto el prestador organizaba de manera autónoma la ejecución de sus servicios, incluyendo la determinación de su propio horario, sin sujeción a directivas propias de una relación laboral. El registro de ingreso y salida consignado en el cuaderno de seguridad responde a un protocolo general aplicable a toda persona que accede al local institucional, constituyendo una medida de control de seguridad y no un mecanismo de fiscalización de jornada laboral. Asimismo, las actividades desarrolladas se encontraban delimitadas contractualmente y orientadas a la obtención de un resultado específico —ordenamiento de archivos—, precisándose mediante adenda un cronograma de actividades cuya ejecución condicionaba el pago de honorarios, lo cual evidencia una relación de naturaleza civil basada en resultados y no en la sujeción a órdenes o supervisión continua. viii. En esa línea, se advierte que el prestador presentó reportes de actividades conforme a lo pactado; sin embargo, no culminó las labores comprometidas ni continuó con la ejecución del servicio tras requerirse información adicional, lo que evidencia la ausencia de poder disciplinario o de dirección propio de un vínculo laboral. Tales circunstancias no fueron debidamente valoradas en la resolución de primera instancia ni en el Acta de Infracción, los cuales concluyen de manera subjetiva la existencia de subordinación sin analizar integralmente los medios probatorios, como los contratos de locación de servicios y su adenda. En consecuencia, no se acreditan los elementos configurativos de una relación laboral, descartándose la existencia de subordinación y, por ende, del vínculo laboral, en concordancia con el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento. ix. Se sostiene que no corresponde la imposición de las sanciones derivadas de la resolución de primera instancia, en tanto no se ha configurado conducta infractora en materia laboral, dado que los servicios prestados se enmarcaron en contratos de locación de servicios de naturaleza civil, lo que excluye la obligación de otorgar beneficios propios de una relación laboral, tales como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios u otros conceptos análogos, así como el cumplimiento de requerimientos sustentados en una supuesta relación laboral inexistente. En consecuencia, las sanciones impuestas carecen de sustento legal al contravenir el marco normativo aplicable, por lo que se solicita la elevación de los actuados al superior jerárquico a efectos de que se declare la nulidad de la resolución de primera instancia y se dejen sin efecto las sanciones impuestas, conforme a los fundamentos expuestos y a la documentación obrante en el expediente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos

en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad13.

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. (…)”.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se

14 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas.

encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 30 de setiembre de 2019

15 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

contenidos en la misma se encuentra condicionada a su conformidad con el marco normativo aplicable, así como a su naturaleza esencialmente correctiva. En ese sentido, únicamente resultan exigibles aquellos mandatos que se encuentren válidamente formulados, esto es, que identifiquen de manera clara la conducta infractora y establezcan acciones concretas orientadas a revertir la situación de incumplimiento. Por el contrario, aquellos que se limiten a requerir la remisión o presentación de información o documentación, sin incorporar un contenido correctivo, no satisfacen los presupuestos previstos en el artículo 14° de la LGIT, lo que incide directamente en su validez y, por ende, en su exigibilidad dentro del presente procedimiento administrativo sancionador.

“6.32. Por tanto, cuando en la realización de las actuaciones inspectivas los comisionados adviertan la existencia de una relación de carácter laboral sobre la que las partes celebraron un tipo de contrato de servicios distinto al correspondiente (locación de servicios, comisión mercantil, etcétera), deben procurar requerir información necesaria u obtener la misma, haciendo uso de las amplias facultades reconocidas en favor de la inspección del trabajo, a fin de poder determinar la verdadera naturaleza jurídica de dicha relación18. 6.33. De comprobarse la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo (esto es, que la relación existente entre el supuesto afectado y la inspeccionada sea de naturaleza laboral), debe justificarse la naturaleza subordinada del vínculo jurídico existente, lo que requiere de un análisis de tipo cualitativo que explique la interacción entre los indicios concurrentes.19 Dicha fundamentación puede estar establecida de manera clara y suficiente en la medida inspectiva de requerimiento o en un documento previo de la fiscalización al que ésta haga referencia. En cualquiera de estos escenarios, el inspector actuante deberá considerar, según corresponda, el requerimiento de subsanación de las infracciones que haya determinado como consecuencia de su investigación y que correspondan a los efectos jurídicos propios del reconocimiento del vínculo existente como uno de tipo laboral (por ejemplo: pago de beneficios sociales, registro en la seguridad social en salud y en pensiones). En sentido contrario, resulta evidente que la mencionada medida inspectiva no podría contener un mandato dirigido al pago de beneficios sociales si, previamente, la inspección no ha expuesto las razones que justifican la calificación de la relación entre la inspeccionada y el supuesto afectado como una de naturaleza laboral”. (Énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar gratificación legal de fiestas patrias y navidad 2018 y fiestas patrias 2019 trunco (del 01 de enero de 2019 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar bonificación extraordinaria de fiestas patrias y navidad 2018 y fiestas patrias 2019 trunco (del 01 de enero de 2019 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la CTS de los semestres devengados en noviembre 2018 y mayo 2019 trunco (del 01 de noviembre de 2018 al 14 de marzo de 2019) a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de

la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1685-2022- SUNAFIL/ILM, notificada el 17 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2289-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 929-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 25 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1685-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260506MABJ – HR: 37426-2019