Servicio Nacional de Sanidad Agraria — Res. 567-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (sub materia: otros hostigamientos). 20555195444 soft 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica”, notificado el 03 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica”, notificado el 09 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Hace semanas atrás los requerimientos efectuados han sido remitidos y/o ingresados a través de mesa de partes de la entidad, advirtiendo que no se viene haciendo uso exclusivo de la casilla electrónica y, al haber activado la casilla electrónica el 13 de abril de 2021, los requerimientos efectuados con anterioridad no han podido visualizarse, por lo que no se han podido atender los pedidos en su oportunidad.

ii. La SUNAFIL viene ocasionando falta de predictibilidad respecto de las notificaciones a ser alcanzadas a las entidades públicas, puesto que las normas para el funcionamiento del sistema de fiscalización laboral, señalan que, ante la imposibilidad del uso de notificación vía casilla electrónica, la unidad responsable efectúa la notificación utilizando las modalidades previstas en el numeral 20.11 de la Ley Nº 27444.

iii. Además, indica que se está ante una única infracción y no dos como ha planteado la SUNAFIL, al tratarse de una sola, pero continuada, por lo que se tendría una única sanción.

iv. Mediante Oficio N° 60-2021-MIDAGRI-SENASADETUM, de fecha 21 de mayo de 2021, se envió la información laboral del señor Jimmy Bardales Mendoza, por lo que se debe considerar como atenuante el oficio mencionado, al haber remitido la información solicitada.

i. Sobre la vulneración al derecho de defensa, al estar este derecho inmerso en el principio del debido procedimiento, debido a que no se le habría notificado el contenido de la resolución a la Procuraduría Pública de MIDAGRI, a fin de que interponga las acciones convenientes a nuestra defensa. Al respecto, se indica que la Resolución de Sub Intendencia N° 063-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIRE fue remitida el día 15 de junio de 2021 al Procurador Publico del Ministerio de Desarrollo y Riego al correo tramitevirtual@midagri.gob.pe y registrado en el Sistema de Gestión Documentaria de su representada, con CUT N° 20060-2021, por lo que lo alegado por el recurrente carece de fundamento fáctico y jurídico.

ii. La obligación de depositar los requerimientos de información por los inspectores comisionados inició desde el 31 de diciembre de 2020, conforme a lo establecido la normativa. Por ende, el sujeto responsable no puede alegar desconocimiento de la ley, puesto que la Constitución Política del Perú, en su artículo 109 prescribe: “Articulo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”, máxime si el Procurador Público del Ministerio de Desarrollo y Riego ha manifestado, en su escrito de apelación, que han activado la casilla electrónica a partir del 13 de abril de 2021, con lo que se corrobora la obligación del sujeto responsable de revisar periódicamente la casilla electrónica a partir del 31 de diciembre 2020, de acuerdo con el cronograma establecido.

iii. La Directiva N° 002-2020-SUNAFIL aprobada por la Resolución de Gerencia General N° 017-2020-SUNAFIL/GG, “Normas para el funcionamiento del sistema informático de notificación electrónica de la SUNAFIL”, indica que en caso hubiese imposibilidad de notificar mediante casilla electrónica a los sujetos inspeccionados, se procederá a notificar conforme lo establece la Ley N° 27444 en su artículo 20; sin embargo, dicha normativa no es aplicable en este caso, puesto que no se ha reportado dificultad alguna para la notificación de las actuaciones en el expediente inspectivo ni sancionador a la recurrente, por lo que lo alegado por los recurrentes queda desvirtuado.

iv. En cuanto a la vulneración del principio de Non bis in ídem que alega el Procurador Público del Ministerio de Desarrollo y Riego, se precisa que, para su configuración,

2 Véase folio 199 del expediente sancionador

deben configurarse los 3 elementos de manera simultánea: a) identidad de sujetos, b) identidad de hechos y la c) identidad de fundamentos. Siendo que, en el caso en concreto, no existe una identidad de hechos, puesto que los requerimientos de información y su incumplimiento data de fechas distintas, por lo que carece de fundamento fáctico y jurídico lo alegado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral. 3.4 Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Servicio Nacional De Sanidad Agraria

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 010-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando lo siguiente:

Vulneración al debido procedimiento y contravención a principios del procedimiento administrativo sancionador

i. Al resolver, la Intendencia Regional de Tumbes tenía conocimiento sobre la importancia de notificar a la Procuraduría Publica de MIDAGRI para salvaguardar el derecho de defensa de la entidad ahora sancionada, tal es así que la Resolución de Sub Intendencia N° 063-2021- SUNAFIL/IRE-TUM/SIRE fue remitida el día 15 de junio de 2021 al Procurador Público del MIDAGRI al correo tramitevirtual@midagri.gob.pe. No obstante, resulta preciso señalar que la Procuraduría Publica de MIDAGRI tiene su propio correo de mesa de partes virtual el cual es procuraduría@midagri.gob.pe, el mismo que tiene carácter público y sirve para efectos de notificación. Por lo tanto, es importante establecer que no existió una notificación válida para poder ejercer el derecho de defensa de SENASA, pues la Procuraduría Pública no tuvo conocimiento del contenido de la Resolución de Sub Intendencia N° 063-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIRE, situación que imposibilitó el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de SENASA.

ii. Sobre el principio de Non bis in ídem, en relación a la identificación del sujeto, es de observar que las mismas infracciones calificadas de muy graves e imputadas a SENASA, van dirigidas única y exclusivamente a un sujeto sancionado, a SENASA. Ahora, a efectos

8 Iniciándose el plazo el 19 de agosto de 2021.

de determinar si verdaderamente se trata de identidad de hecho, se remite a la elaboración de una sola Acta de Infracción N° 00057-2021- SUNAFIL/IRE-TUM (Acta de infracción), la cual ha consignado dos (02) hechos constatados, los cuales advierte son idénticos en contenido variando únicamente la fecha de requerimiento de la remisión de información en el marco de dar cumplimiento a la labor inspectiva. En ese sentido, se puede observar que el segundo requerimiento en realidad tendría calidad de reiterativo del primer momento en que se requirió la información a SENASA. Consecuentemente, se estaría frente al mismo hecho determinado como el incumplimiento del requerimiento respecto a proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica”.

iii. Finalmente, el omitir remitir la información requerida en su oportunidad, 03 y 09 de febrero 2021, acorde al RGLIT, se configura como una infracción muy grave; no obstante, el criterio asumido por la Intendencia Regional de Tumbes resulta arbitrario al imputar la comisión de dos (02) infracciones muy graves al hecho único de requerir la misma información, independientemente de la Oportunidad en la que fue solicitada.

Análisis Del Recurso De Revisión

9 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. (…)” 6.4 Para el caso de las entidades públicas, en “los procedimientos sancionadores instaurados en su contra, la autoridad competente en cada instancia o fase debe notificar también a los procuradores de estas entidades los actos administrativos y documentos emitidos, para su conocimiento y consideración, y así no vulnerar los derechos de defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución.”10

10 Oficio N° 035-2020-SUNAFIL/INII 11 Decreto Legislativo N° 1326, “Artículo 24.- Las Procuradurías Públicas Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano especializado, responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado.” 12 Constitución Política del Perú de 1993, “Defensa Judicial del Estado Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.” 13 Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, “Artículo 14.- Acto de notificación a los/las procuradores/as públicos/as (…) 14.2. Las procuradurías públicas son notificadas en el domicilio real o procesal (casilla física y/o electrónica), con todas las disposiciones y resoluciones que se emitan en una investigación, proceso o procedimiento en que el Estado es parte.” 14 Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 26.- Domicilio y notificaciones

- Con fecha 14 de mayo de 2021 se notificó en la casilla electrónica de la impugnante la Imputación de Cargos N° 060-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIAI-IC. Asimismo, con correo electrónico, de fecha 12 de mayo de 202115, se notificó al procurador público, en su correo procuraduría@minagri.gob.pe. Cabe señalar que, en la misma fecha, la señora Katty Aquize Cáceres, procuradora pública, comunicó la recepción de dicha notificación y autorizó la notificación por dicho medio.

- Con fecha 02 de junio de 2021 se notificó al correo procuraduría@minagri.gob.pe el Informe Final de Instrucción N° 052-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIAI. Además, mediante correo, de fecha 03 de junio de 2021, emitido por la misma dirección electrónica, se confirmó la recepción16.

- Con fecha 14 de junio de 2021 se notificó a la inspeccionada, mediante casilla electrónica, la resolución de primera instancia. Asimismo, mediante correo electrónico, de fecha 15 de junio de 202117, remitido a la dirección electrónica tramitevirtual@midagri.gob.pe. Lo señalado se corrobora de la Cédula de Notificación N° 0000027932-2021, en el cual se señala como observación: “Notificado por mesa de partes virtual”18.

Las Procuradurías Públicas con competencia sectorial y especializada tienen domicilio procesal, real, fiscal y legal en la capital de la República, donde deben dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la defensa jurídica del Estado. Se puede fijar domicilios procesales alternativos, conforme al procedimiento establecido por el Reglamento del presente Decreto Legislativo.” Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 39.- Ejercicio de la defensa jurídica del Estado 39.1. El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a las siguientes acciones: (…) 3. Participar como denunciante o sujeto procesal en defensa de los intereses de la entidad donde ejerce sus funciones, en representación del Estado, interviniendo en las audiencias que corresponda, contribuyendo con los objetivos de la investigación, ofreciendo medios probatorios o requiriendo la realización de actos procesales, de investigación o indagación, conforme a la ley de la materia. (…)” 15 Véase folio 12 del expediente sancionador. 16 Véase folio 66 vuelta del expediente sancionador. 17 Véase folio 78 del expediente sancionador. 18 Véase folio 79 del expediente sancionador.

dirección electrónica diferente, lo que implica una transgresión al principio del debido procedimiento, en razón que el administrado se habría visto limitado de poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa al no haber sido válidamente notificado con la resolución de primera instancia.

19 Cf. Sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento 24 al 26. 20 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)” 21 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 22 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad

no se sujetó al procedimiento establecido, transgrediendo las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos en el procedimiento administrativo sancionador

sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” 23 TUO de la LPAG, “Artículo 213.- Nulidad de oficio 213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 213.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. (…)”

como vele por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo y del procedimiento administrativo sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA y, en consecuencia, NULO todo lo actuado a partir de la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 063-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIRE, de fecha 11 de junio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tumbes, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 060-2021- SUNAFIL/IRE-TUM, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

24 TUO de la LPAG, “Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. (…)”

SEGUNDO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Tumbes, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.18 de la presente resolución. TERCERO.- Notificar la presente resolución al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Tumbes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga