Servicio Nacional de Capacitación para la Industria… — Res. 466-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación no (Sub materia: Incluye todas); y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Formalidades de la planilla; y, Formalidades). 2 Véase folio 382 (reverso) del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro de los vales de consumo en la planilla de pago, a favor de ciento cuarenta y siete (147) trabajadores, tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 15 de febrero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 51,030.00.

i. Refieren que en la resolución apelada no se ha realizado una adecuada interpretación de la norma vigente al momento de imponer la sanción; toda vez que, se está considerando como parte de la remuneración, una prestación alimentaria indirecta, que corresponde a la decisión de otorgar un vale de consumo para alimentos por la suma de S/ 350.00 a la imposibilidad del incremento de la remuneración, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto Anual señalada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

ii. Sostienen que los vales de consumo se le otorga al personal bajo la modalidad contractual del régimen laboral privado, Decreto Legislativo N° 728; es una medida paliativa ya que, de manera unilateral, no puede realizar aumento de remuneraciones pues el órgano rector de los sistemas administrativos de presupuesto público es el Ministerio de Economía y Finanzas, quien por ley taxativamente ha establecido la prohibición de incremento remunerativo. Así, el literal a del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-98-TR que establece normas reglamentarias relativas a las obligaciones de los empleadores a llevar planillas de pagos, concordante con el artículo 6 del TUO de la LPCP, que señala que no constituye remuneración computable para tal efecto de cálculos de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias, otorgados bajo la modalidad de suministro indirecto. Es así que, estos vales de alimentos otorgados a sus trabajadores no

constituyen una fuente de ingreso, que contenga un concepto de liberalidad del monto que se otorga, puesto que solo y únicamente están destinados a ofrecer apoyo de manera sostenible canasta familiar y no son de libre disposición.

iii. Invocan la afectación al principio de non bis in ídem, principio que implica la interdicción de la sanción múltiple por el mismo hecho, y se presenta cuando ocurre la llamada triple identidad: sujeto, hecho y fundamento, con lo cual se impide que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador.

iv. Indican que existe un proceso judicial en el que se está dilucidando el mismo hecho que es objeto del presente procedimiento administrativo sancionador el cual es determinar la condición de los vales otorgados a los trabajadores, y, por tanto, si se encontraban o no en obligación de incorporar dichos conceptos en su planilla y boletas. En tanto, no se ha resuelto el proceso judicial, la autoridad administrativa no podía iniciar el procedimiento sancionador por el mismo hecho, justificando su actuar en que, se trata de un intervalo de tiempo posterior al que es objeto el proceso judicial.

i. Que, como lo ha explicado la autoridad de primera instancia, no correspondía inhibirse del conocimiento del caso, toda vez que, al evaluar la acción judicial realizada por el inspeccionado, determinó que no concurría la identidad de sujetos, hechos y fundamentos que exige el artículo 75 del TUO de la LPAG, toda vez que el Expediente N° 23156-2018-0-1801-JR-LA-75, ante el Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio, en materia de nulidad de resolución o acto administrativo formulo nulidad contra la Resolución Directoral N° 342-2018-MTPE/1/20.45, que confirma la multa impuesta en contra del inspeccionado, por ende dicha demanda fue formulada contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual no es parte del presente procedimiento, adicionalmente que los periodos contenidos en aquel acto administrativo son de enero 2009 a septiembre 2012.

ii. En el presente caso, se tiene que el inspector comisionado ha señalado que la conducta del inspeccionado al otorgar unilateralmente un vale mensual de S/ 350.00, entregado en el periodo de diciembre 2014 a diciembre 2018, a través de una tarjeta electrónica recargable para “Supermercados Peruanos S.A.”, sin restricción sobre el tipo de consumo a los ciento cuarenta y siete trabajadores, constituye un concepto remunerativo y, por ende, al no registrar los vales de consumo en la planilla de pago,

3 Notificada a la impugnante el 04 de agosto de 2022. Véase folio 116 del expediente sancionador.

incurrió en una infracción tipificada bajo los alcances del numeral 24.4. del artículo 24 del RLGIT.

iii. Por ende, el inspector comisionado ha precisado que el inspeccionado ha reconocido que otorgaba dicho vale de forma regular a los trabajadores; por tanto, debieron ser considerados como parte de su remuneración; no obstante, contrario a lo manifestado por el inspeccionado, en ninguna parte del acta de infracción se ha indicado que dicho concepto remunerativo, haya sido desnaturalizado y, por tanto, contrario a lo señalado en norma expresa deba ser considerado para el cálculo de beneficios sociales, por lo que, ese argumento no se encuentra en análisis, sino únicamente que el monto otorgado por concepto de vales de consumo no se encuentran registrados en la planilla de pago, pues aunque sean no computables, ello no incide en su debido registro y que hasta la emisión de la presente resolución no acredita haber subsanado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1309-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. Cuestionan la infracción normativa al tenor de lo previsto en el artículo 6 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala que no constituye remuneración computable para tal efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias, otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.

ii. Señalan que la Sexta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, prescribe que, las entidades del Sector Público sujetas del régimen laboral de la actividad privada, por excepción, seguirán otorgando a sus trabajadores las remuneraciones, beneficios o tratamientos especiales que por costumbre, disposición legal o negociación vienen otorgando, de acuerdo con la normatividad laboral, tratándose de entregas de beneficios derivados de negociaciones colectivas. En atención a ello, los vales de alimentos otorgados a los 147 trabajadores no constituyen una fuente de ingreso que contenga un concepto de liberalidad del monto que se otorga, puesto que solo y únicamente, están destinados a ofrecer un apoyo de manera sostenible a la canasta familiar, y no son de libre disposición somo señala la resolución impugnada.

iii. Sostienen que, no es posible incorporar los vales de consumo que se le otorgan a los trabajadores dentro de las planillas/planillas electrónicas, toda vez que se configuraría un incremento de remuneraciones; cuestión que de realizarse, transgrede el artículo 6 de la Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, la cual establece que las entidades del Gobierno Nacional, así como también las entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado por dicha norma, se encuentra prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, entre otros conceptos.

iv. Por otro lado, refieren que se evidencia la infracción del artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú, en tanto que, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, en concordancia con el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artículo 75 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General; esto es que SUNAFIL como entidad administrativa ya no podía pronunciarse respecto de una controversia que se encuentra judicializada.

v. Alegan que se encuentra en trámite el expediente judicial N° 23156-2018-0-1801-JR-LA- 75, seguido contra la Resolución Directoral N° 405-2015-MTPE, proceso que versa sobre el mismo tema en cuestión; al respecto, invocan la Sentencia recaída en la Casatoria Laboral N° 8389-2018-MOQUEGUA.

vi. Por consiguiente, señalan que, dado que SUNAFIL tiene conocimiento de la existencia de un proceso judicial y acepta que el antes señalado proceso judicial y el procedimiento

administrativo convergen en la misma materia de discusión, correspondía que se abstenga de pronunciarse sobre la presunta infracción incurrida, hasta que la autoridad judicial determine en definitiva, cual es la condición de los vales de alimentación que se vienen otorgando a los trabajadores y deje sin efecto la multa impuesta; evitando que la administración califique el hecho de manera distinta al órgano jurisdiccional.

vii. Asimismo, consideran que se ha vulnerado el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referido al principio del debido proceso, en tanto que, la resolución emitida en el presente proceso sancionador vulnera el derecho de motivación y fundamentación en cuanto a la sanción por un requerimiento ilegal para la institución, puesto que la misma nos indica cumplir con lo mencionado, sin embargo, a pesar de u cumplimiento la SUNAFIL emitió el requerimiento para cumplir nuevamente con “registrar los vales de consumo en la planilla de pago, a favor de ciento cuarenta y siete (147) trabajadores, hecho que se cumplió con la entrega y de las tarjetas electrónicas.

viii. Consideran que se ha afectado el principio de legalidad del Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, en tanto que se confirma una infracción muy grave en materia de labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de febrero de 2019; al respecto señalan que es preciso considerar lo indicado en la que ”una medida de requerimiento, a través de la cual se exige al investigado una acción u omisión dirigida a suspender la vulneración de la normativa sociolaboral, con las características señaladas líneas arriba, emitida cuando se encuentre acreditada la vulneración del ordenamiento sociolaboral”. Y en el mismo sentido la Resolución N° 228-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en tanto que, el requerimiento tiene un carácter unitario y que el administrado no puede elegir cumplir solo alguna o algunas de las órdenes impartidas, sino la totalidad de las mismas, en el caso que alguna de ellas no respete el principio de legalidad, el administrado tiene derecho a resistirse al requerimiento por ser violatorio del artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

ix. En consecuencia, refieren que no se encontraba obligada a cumplir con la medida de requerimiento porque no respetaba el principio de legalidad, no habiendo por tanto incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada. Por tanto, sostienen que la decisión impugnada afecta el debido proceso, vulnerando el principio de legalidad, la inaplicación de la Directiva de SUNAFIL, así como la calificación indebida de infracción conforme al acta de infracción. En tal sentido, solicitan la nulidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Figuras 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Transitorio, es sobre nulidad de resolución o acto administrativo, y de la revisión del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial del Perú, se advierte que formuló la nulidad de la Resolución Directoral N° 342-2018-MTPE/1/20.4 de fecha 11 de julio de 2018, que confirma la Resolución Sub Directoral N° 66-2018- MTPE/1/20.45 de fecha 27 de febrero de 2018, que impone una multa a la impugnante por la suma de S/ 50,260.50 soles, siendo que, si bien la referida resolución concierne a la misma materia de autos, no comprende los periodos contenidos en la presente resolución; toda vez que, corresponde al periodo enero 2009 hasta septiembre 2012. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

11 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” 12 Ibídem, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.21 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el registro de los vales de consumo en la planilla de pago, a favor de ciento cuarenta y siete (147) trabajadores. Numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 15 de febrero de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO, en contra la Resolución de Intendencia N° 1309-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 02 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1880-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1309-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250514MCR - HR 76569-2018